“Yo no creo en el neoliberalismo entendido como fundamentalismo de mercado: que todos los esquemas simplemente privados van a resolver todos los problemas, y por eso entre otras cosas promoví la regulación de precios. Yo, por ejemplo, con los temas de propiedad intelectual tengo muchas críticas, y creo que la forma en que ha funcionado la propiedad intelectual ha sido nociva para mucha gente y ha excluido a buena parte de la humanidad el mismo conocimiento que la humanidad ha generado (…) Yo creo que los sistemas mixtos son los más adecuados, no creo en un neoliberalismo de ultranza, pero tampoco creo que, estatizando los servicios sociales, la salud o la educación, se van a resolver los problemas.”
Con respecto al planteamiento del candidato, conviene señalar que el neoliberalismo es una forma de liberalismo partidario del libre comercio, la privatización, la mínima intervención del Estado y la reducción del gasto público en servicios sociales. Sería apropiado que el candidato definiera claramente de qué manera comprende el neoliberalismo, y que aclarara en qué corriente o doctrina ideológica se enmarca su propuesta política. Es cierto que la regulación de precios a la que se refiere, podría entenderse como una acción contraria a la filosofía neoliberal; en tal sentido, podría reconocerse que algunas de las posturas que el candidato Gaviria ha tenido en el pasado, concretamente aquellas decisiones que tomó siendo Ministro, no se inscriben en una lógica de fundamentalismo de mercado.
Ahora bien, respecto a la regulación de los precios de los medicamentos, su afirmación es parcialmente correcta. Esta iniciativa, actualmente en curso, se ha implementado gradualmente desde 2013. A septiembre de 2021 sólo el 3,52 % de los medicamentos (646 de 18329) tienen su precio regulado en dicha fecha, de acuerdo con una consulta realizada al cubo SISMED el 27 de enero de 2022.
En general, las políticas de control de precios se oponen al neoliberalismo dado que, al causar escasez, no permiten el libre desarrollo del mercado y afectan tanto la demanda como la oferta. Ellas reducen la oferta ya que la producción o importación de medicamentos resulta menos atractiva. De este modo, cuando se estimula la demanda con precios más razonables, hay un exceso de demanda sobre la oferta. Esto puede provocar un aumento de los precios para alcanzar el punto de equilibrio. Por otro lado, el hecho de producir una gran cantidad de medicamentos a bajo costo sacrifica la calidad, así como la disponibilidad de medicamentos esenciales para poblaciones que presentan diferentes tipos de vulnerabilidad. Así, el control de precios puede profundizar la desigualdad.
En cuanto a la protección de la propiedad intelectual es coherente pensar que al protegerla también se protege a los fabricantes o comercializadores de productos. No obstante, su aplicación en un marco de regulación de precios de medicamentos es argumentable, dado que podría llevar a la no disponibilidad de medicamentos costosos, pues su comercialización no es rentable. Así, esto puede dar lugar a un aumento de la desigualdad.
Por último, la propuesta del candidato de aplicar sistemas mixtos puede ser viable, aunque la visión de la realidad de un contexto depende de múltiples factores y no se repite de la misma manera en diferentes momentos o lugares, aunque se consideren variables aparentemente similares entre sí. Así, el conocimiento o las acciones a llevar a cabo no se espera que sean exitosas si se implementan siguiendo políticas o acciones generales. Su éxito es dependiente de la observación, percepción y sugerencia de posibles salidas a problemas dinámicos para diferentes entornos. La aplicación de una solución global de forma similar en diferentes contextos profundiza la desigualdad y la vulnerabilidad, ya que no soluciona un problema local, sino que busca solucionarlo con base en una idea errónea fruto da una visión incompleta o equivocada de una realidad variable en tiempo y espacio. En la actualidad la política sanitaria colombiana se basa en la aplicación genérica de normas y no promueve su contextualización a los problemas locales. Tampoco promueve su solución mixta. Un esquema mixto favorable debería tener una visión global y una aplicación regional o local apropiada para cada contexto. Esto podría dar lugar a un motor de reducción de la desigualdad.
Sobre la reforma a la salud: “Proponemos entre otros: 1. Subir inversión en salud del 7% al 9% del PIB, 2. Mejorar condiciones laborales de trabajadores de la salud y pagar deudas a hospitales, 3. Limitar la integración vertical y no permitir doble función de asegurador y prestador.”
El candidato se refiere a varias acciones que deberían considerarse en una eventual reforma al Sistema de Salud, para ello utiliza algunas cifras y hace afirmaciones que requieren una revisión más profunda. Por ejemplo, en la actualidad, Colombia tiene un gasto en salud cercano al 7,2 % del PIB. De este porcentaje, aproximadamente el 70 % corresponde a gasto público, cuyos fondos provienen del presupuesto nacional. Aumentar el gasto público en 2 puntos del PIB es posible, como propone el candidato, pero en condiciones de disminución de ingresos fiscales es preferible identificar nuevas fuentes de financiación. Esto, desde luego, requiere un trabajo profundo para buscar otros recursos y para incentivar mayor gasto privado (gasto de bolsillo) en sectores poblacionales con capacidad de pago.
Por otro lado, el candidato Galán propone mejorar las condiciones laborales del personal de salud, las cuales se han deteriorado por el aumento en la informalidad, la disminución sustancial de las plantas de personal en el sector público (Empresas Sociales del Estado) y la tercerización laboral, problemáticas que se profundizaron durante la pandemia. Mejorar estas condiciones es un propósito que se declara frecuentemente, pero requiere una reorganización del sector público para incorporar a las plantas de personal, como mínimo, a todos los servidores misionales. En el sector privado, habría que modificar las normas de contratación del personal sanitario, por ejemplo, mediante estándares específicos en la habilitación de los servicios de salud.
En lo que se refiere al pago de las deudas dentro del sector salud, ya desde el inicio del gobierno Duque se hablaba de un acuerdo de punto final, el cual ha mostrado algunos avances; sin embargo, los avances alcanzados hasta este momento tienen un rezago significativo, pues al día de hoy no se ha cubierto la totalidad de los pagos que el Gobierno debe hacer a las EPS y estas a las IPS. Esto debe continuar en el próximo gobierno, asegurando que no vuelvan a acumularse deudas por prestación de servicios.
Finalmente, en lo relativo a la integración vertical, es claro que ésta afecta la libre competencia y la libre elección. Así, vale aclarar que el legislador decretó en el año 2007 un límite a la integración vertical, justamente con la intención de evitar abusos de posición dominante. Es necesario entonces evaluar sus efectos actuales y regularlos, porque también se ha argumentado que puede dar beneficios a los usuarios si se disminuyen trámites y tiempos de espera para acceder a los servicios.





