La expansión rapida de la pandemia en estos días marca, quizás, su final. Haremos luto por quienes no pudieron resistir. Nuestro compromiso y en su homenaje, será fortalecer la salud pública en todo el país. Una salud preventiva, con capacidad de predicción, donde la fuerza laboral sanitaria sea tratada con el máximo de respeto, estabilidad y dignidad laboral.

“Esta es mi propuesta señor ministro de salud, permita que millones de pruebas de antígeno rápidas se puedan vender en farmacias con precio subsidiado por el gobierno, para que la persona misma pueda controlar la enfermedad del COVID y aislarse si es positiva”.

La posibilidad de que en Colombia puedan utilizarse las pruebas rápidas de antígenos existe desde la expedición del Decreto No 476 de 2020 e, igualmente con la Resolución 522 de 2020 se establecieron los requisitos para fabricar o importar los insumos necesarios para mitigar los efectos de la pandemia. Por lo tanto, desde 2020 el INVIMA puede otorgar certificados y permisos. Al respecto, en la página de la entidad se pueden consultar las certificaciones y permisos para importar las siguientes pruebas: PANBIO™ COVID-19 AG RAPID TEST DEVICE (NASAL) y SARS-COV-2 RAPID ANTIGEN TEST, entre otras. Sin embargo, existen dos apremios de carácter institucional. En primer lugar, en Colombia solo el personal de salud está autorizado para realizar pruebas diagnósticas, así lo establece la Resolución 200 de 2021. En segundo lugar, aunque la prueba fuera realizada por el personal autorizado, según la normatividad vigente, los resultados deben ser siempre confirmados a través de pruebas analizadas en laboratorios, tal como se indica en el artículo 20 del Decreto No. 1374 de 2021, entonces, mientras no se superen dichos apremios, la posibilidad de realizar pruebas caseras sigue siendo una sugerencia.

Frente al tema del precio subsidiado, es importante recordar que el 25 de agosto de 2020, el MinSalud expidió la Resolución 1463. Esta se tramitó en el marco del programa PRASS, el cual centra su atención en aumentar la realización de las pruebas diagnósticas para la Covid-19. De esta manera, la resolución estableció lo siguiente: “Los recursos para la financiación de las pruebas de búsqueda, tamizaje y diagnóstico COVID-19 […] serán los previstos en el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) e incorporados en el Presupuesto del Ministerio de Hacienda Público, dispuestos al Ministerio de Salud y Protección Social y transferidos a la ADRES” (artículo 6).

Entonces, ¿por qué es importante que el MinSalud estudie la venta en farmacia de pruebas rápidas caseras? Según la OMS, este tipo de pruebas presentan tres ventajas. En primer lugar, los resultados se obtienen de 10 a 30 minutos. En segundo lugar, su realización suele ser más sencilla. En tercer lugar, suelen ser menos costosas. Esto permite que un mayor número de personas pueda acceder a ellas. Y, por último, las personas no tendrían que desplazarse hacía laboratorios o, incluso, pagar un servicio adicional por la realización de pruebas domiciliarias.  De todas maneras, es importante recordar, que si bien presentan las ventajas anteriormente mencionadas, los resultados suelen ser menos precisos que las pruebas de PCR, así, un falso negativo podría implicar un riesgo de contagio para otras personas.

En conclusión, la propuesta de permitir que millones de pruebas de antígeno rápidas se puedan vender en farmacias, puede ser viable si se modifican los apremios institucionales mencionados. Para el caso del subsidio en los precios, es importante resaltar que mediante la Resolución 1463 de 2020, el MinSalud tiene previsto una serie de recursos de financiación, por tal razón es algo que ya se hace. Por último, aunque estas pruebas rápidas caseras presentan ventajas importantes, los resultados diagnósticos suelen ser menos precisos que las pruebas PCR, así, se podría crear una falsa seguridad que terminaría con la aparición de nuevos casos positivos y un mayor riesgo de contagio.

La expansión rapida de la pandemia en estos días marca, quizás, su final. Haremos luto por quienes no pudieron resistir. Nuestro compromiso y en su homenaje, será fortalecer la salud pública en todo el país. Una salud preventiva, con capacidad de predicción, donde la fuerza laboral sanitaria sea tratada con el máximo de respeto, estabilidad y dignidad laboral.

“Casi toda la población colombiana terminará infectada por el COVID, morirá gente vulnerable no vacunada. Esas muertes solo serán el producto de una distribución desigual de la vacuna”.

Desde la declaración de Ómicron como variante de interés por parte de la OMS (26 de noviembre 2021), dada su alta transmisibilidad, el número de casos activos en el mundo creció un 71%; así, por ejemplo, para el caso de América Latina, se experimentó un crecimiento inquietante: la OPS estimó que el 1 de enero los casos reportados en la región ascendían a 3,4 millones, mientras que, para el 8 de enero se contaban alrededor de 6,1 millones. Colombia también percibió un aumento en los casos positivos; así, durante los primeros días del mes de enero, el país pasó de 13.576 casos activos a 73.378. Por tal razón, en días pasados, el MinSalud señaló que la variante Ómicron tenía un potencial de contagio de cinco a diez veces mayor que otras variantes, aunque los casos positivos han aumentado considerablemente por Ómicron, esto no significa, necesariamente, que “casi toda la población” vaya a contagiarse al mismo tiempo, es decir, no existe evidencia contundente que indique que toda la población terminará contagiada. De todos modos resulta muy difícil establecer el número exacto de personas contagiadas, dado el subregistro (no todas las personas con síntomas se realizan la prueba y hay personas asintomáticas). Colombia, según la base de datos de la Covid 19 de la OMS, tiene 11.628 casos acumulados activos de Covid-19 por cada 100.000 habitantes. Al comparar el país con 12 países (tres europeos y ocho de la región de América), Colombia se ubica en el puesto ocho entre los 12 países (ver gráfica) con casos positivos acumulados.

Frente a la frase “morirá gente vulnerable no vacunada”, la afirmación es correcta, tal como lo establece el MinSalud en un estudio realizado entre el 28 de diciembre y el 8 de enero, los no vacunados tienen de 4 a 9 veces más riesgo de morir. Incluso, aunque las personas adultas mayores tienen un riesgo alto de fallecer si contraen la enfermedad, a partir de los 30 años el riesgo aumenta para los no vacunados. No obstante, cuando el candidato se refiere a “esas muertes solo serán el producto de una distribución desigual de la vacuna”, es importante mirar, en primer lugar, cómo va Colombia en materia de vacunación. Según Our World in Data para el 29 de enero el país reportó las siguientes cifras: el porcentaje de personas vacunadas con esquema completo se ubicó en 61,49%, mientras que, el porcentaje de personas con esquema parcial fue de 17,05%, es decir, el porcentaje total fue de 78,54%. En segundo lugar, reconocer una serie de características demográficas y geográficas. De esta manera, el MinSalud asigna una cantidad de dosis, luego las entrega y las secretarías de cada una de las entidades territoriales se encargan de la distribución para su aplicación. Allí pueden presentarse dificultades logísticas, sin embargo, se podría decir que la distribución resulta más o menos proporcional a la densidad demográfica. En tercer lugar, es importante señalar que desde el anuncio del arribo de vacunas, el MinSalud estableció un sistema de priorización, éste se dividió en cinco etapas orientadas, justamente, a una distribución desigual de las dosis teniendo en cuenta el riesgo por edades, comorbilidades o sobreexposición al virus (OPS: COVID-19 y comorbilidades en las Américas). En cuarto lugar, también es importante tener en cuenta las personas que no quieren vacunarse, así, Encuesta Pulso Social del DANE presentada en septiembre de 2021 arrojó un dato interesante, el 6,2% de los encuestados no quería inocularse, cuando se les preguntó por las razones, dos de estas llamaron la atención, la primera porque la vacuna es insegura. La segunda, la vacuna no es lo suficientemente efectiva. Así mismo, el mayor número de personas encuestadas que no querían vacunarse se ubicaron en Quibdó (23,4%), en Neiva (13,5%) y en Villavicencio (12,8%).

Por consiguiente, se puede considerar que esta última frase es parcialmente correcta, ya que las personas vulnerables no vacunadas tienen mayor riesgo de morir, pero esas muertes no son producto de una distribución desigual de la vacuna, pueden ser el resultado de otros factores, como, por ejemplo, las personas que deciden no vacunarse. De todas formas, es importante que continúen los esfuerzos de vacunación para evitar muertes innecesarias.