por INNOS | Sep 30, 2025 | Publicaciones
Un informe recientemente publicado por la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) reportó que la deuda total de EPS, Estado y aseguradoras con hospitales y clínicas alcanzó un récord de 24 billones de pesos a junio de 2025. Las implicaciones de este déficit afectan directamente a los pacientes quienes están sufriendo las consecuencias de la negación de servicios, las demoras en su atención y las deficiencias en la continuidad de sus tratamientos. A continuación, presentamos un análisis de la situación actual y algunas propuestas de solución y fuentes complementarias sobre financiación del sistema de salud.
Datos Clave del Informe ACHC
Según la Asociación, la deuda total de 24 billones de pesos se incrementó en más del 18 % en los últimos 6 meses. La mora total es del 56,0%, con 2,2 billones adicionales en deuda vencida.
De estas deudas la mayoría corresponde a EPS del Régimen Contributivo, con 12,1 billones de pesos, seguido por el Régimen Subsidiado con 6,3 billones de pesos. La deuda del Estado representado por el antiguo FOSYGA y el actual ADRES llega a casi 2 billones de pesos.
Uno de los aspectos más relevantes de este informe está en que la Nueva EPS, bajo intervención del gobierno nacional, es la principal deudora con las clínicas y hospitales del país, poniendo nuevamente en debate la conveniencia y la verdadera eficacia de la intervención estatal en las aseguradoras. Nueva EPS debe más de 6,6 billones de pesos, lo cual representa casi el 61% del total adeudado.
Junto con Nueva EPS, las otras 10 EPS bajo intervención y en vigilancia especial, les adeudan a los prestadores de servicios públicos y privados, casi 13 billones de pesos. Esto se aproxima al 80% de todas las deudas acumuladas actualmente en el sistema.
Otro aspecto importante a tener en cuenta es lo que se reporta con respecto a las deudas acumuladas y vencidas de EPS liquidadas, que suman 2,3 billones de pesos. No es claro cómo podrán recuperarse estos recursos, dado que estas entidades ya no existen legalmente en el sistema.
Las propuestas de la ACHC
En este informe la Asociación de prestadores de servicios presenta algunas recomendaciones para enfrentar la situación de emergencia que se está viviendo en la salud en el país. De una parte, piden que se incremente el giro directo por parte del gobierno hasta un 90% de los recursos, que se utilicen los recursos invertidos en las reservas técnicas para el pago de carteras vencidas y que se cree un fondo de garantías para la operación corriente del sistema; entre otras propuestas. La ACHC plantea a las aseguradoras que hagan un aporte de capital que respalde las deudas existentes y permita la continuidad del flujo de caja, y, con ello, el funcionamiento normal de la prestación de los servicios a los pacientes.
En un escenario tan complejo, es importante analizar nuevas fuentes de financiación del sistema de salud, para que el país no continúe en este deterioro sistemático de los recursos y el consecuente deterioro de los indicadores de salud pública.
Deben considerarse opciones como el aumento de impuestos “saludables” para aumentar los recursos para la atención en salud, como los que ya existen sobre tabaco, alcohol y bebidas azucaradas.
Así mismo, otras fuentes fiscales, aumento de contribuciones, recursos de cooperación internacional y algunas más, se han mencionado en diversos foros académicos y en el propio informe de la ACHC.
Los datos de las aseguradoras
Estos anuncios de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas se suman a los datos que ha presentado ACEMI en las mesas técnicas convocadas por el Ministerio, para analizar y corregir los problemas de suficiencia de la UPC.
En la raíz del problema de la crisis financiera, está, sin lugar a duda, la insuficiencia acumulada por años (incluso décadas) de la Unidad de Pago por Capitación. ACEMI ha alertado sobre las inconsistencias en los datos y las metodologías que utiliza el gobierno para el cálculo anual de la UPC, lo que ha llevado al déficit acumulado en las finanzas de clínicas y hospitales, así como de las mismas empresas aseguradoras (EPS), que han entrado en crisis de sostenibilidad; lo que se coincide y se refleja precisamente en los datos que ha presentado la ACHC.
Tanto ACEMI como la Supersalud coinciden en los datos del aumento de la siniestralidad que llegaron hasta del 109% en 2024, lo cual hace insostenible el costo de operación del sistema, porque significa que se gasta más de lo que se tiene. Estos datos ya obligan, de manera inaplazable, a revisar y ajustar muchos procesos, partiendo por las fuentes de financiación, el modelo de atención y la gestión del riesgo; sin olvidar la urgencia de generar mayores niveles de eficiencia y control del gasto, con estrategias innovadoras.
Las consecuencias de este panorama de desfinanciación en todos los niveles del sistema son múltiples. De una parte, el gobierno ha destinado más de 100 billones de pesos al sistema en 2025, superando significativamente presupuestos anteriores, pero esto resuelto la crisis de liquidez ni ha eliminado las alertas sobre un posible colapso inminente.
Además, lo que es más grave, el gasto de bolsillo en salud ha escalado al 16,8% del gasto corriente en 2024 (desde el 14,2% en 2021), acercándose al umbral del 20% que la OMS considera crítico para la accesibilidad.
Las cifras no hacen más que crecer y mostrar una y otra vez, que se requieren acciones inmediatas de parte del gobierno y que, además lidere un análisis profundo que lleve a soluciones consensuadas para resolver las emergencias cotidianas del sistema y los desajustes estructurales que las están produciendo y reproduciendo. La situación no da más espera. Todos los actores deben asumir una posición constructiva y colaborativa si queremos rescatar los logros del sistema de salud y reconducirlo por el camino correcto.
por INNOS | Jan 30, 2025 | Noticias
La semana pasada la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, de la Corte Constitucional, emitió el Auto 007 de 2025 (23 de enero) por medio del cual hace una evaluación del cumplimiento de las ordenes impartidas en la Sentencia, en particular las órdenes 21 y 22, relativas al cálculo y la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) con la cual se financia el Plan Básico de Salud (PBS). Algunas semanas atrás la Corte había declarado el incumplimiento general respecto a la suficiencia de presupuestos máximos en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y abrió un incidente de desacato al ministro de salud, al tiempo que le ordenó al Ministerio pagar los presupuestos máximos pendientes de 2024 y 2025.
Este nuevo Auto de la Corte se produce como consecuencia de las expresiones de preocupación y de las demandas de muchos actores del sector salud, quienes han aportado análisis y documentos que fueron tenidos en cuenta para sus conclusiones y para emitir una serie de órdenes que se presentan a continuación:
Antecedentes:
- En 2023 la Sala Especial declaró que continuaban las debilidades del sistema de información y baja calidad de los datos reportados por las EPS. Estos sistemas no registran ni actualizan fielmente las necesidades de la población. Los registros de frecuencias de uso de servicios son deficientes. Minsalud no demostraba la suficiencia de la UPC ni que la UPC del Régimen Subsidiado llegara al 95% de la del Régimen Contributivo.
- En la evaluación de los Presupuestos Máximos la Corte también declaró bajo cumplimiento de lo referente a este componente.
- La Corte le solicitó al MSPS la metodología de cálculo de la UPC en marzo de 2024.
- Con base en estos y otros documentos y fuentes de información la Sala Especial hizo un análisis al cumplimiento de sus órdenes y una valoración integral sobre el cálculo y la suficiencia de la UPC, así como la equiparación de la UPC-S al 95% de la UPC-C.
- La Corte considera que, aunque se ha reportado que existen falencias en las fuentes de información que se utilizan para el cálculo de la prima desde 2011, no se han desarrollado correctivos suficientes que resuelvan esta situación y que no hay medidas adecuadas al respecto.
- La inclusión de servicios y tecnologías en el Plan Básico de Salud cubierto por la UPC, que previamente se financiaban por medio de los PM, ha generado un nuevo déficit en la prima. Estas inclusiones se han hecho por varios años y se resalta en el Auto, la realizada en enero de 2022 cuando se aumentó el número de principios activos financiados por la UPC en un 130%.
- El Ministerio ha reportado, junto con la Supersalud, casos de desviación de recursos de la UPC, que también han sido puestos en conocimiento de la Contraloría y de la Fiscalía. Al respecto, la Corte tiene en cuenta estos reportes, pero considera que no se ha logrado demostrar la magnitud e impacto de estas conductas.
Conclusiones de la Sala:
- La metodología utilizada para calcular al UPC debe ser actualizada de forma permanente, incluyendo los cambios y necesidades del sistema de salud y de la población a la que atiende. Debe ampliarse la participación a otros sectores.
- La metodología que viene aplicándose debe complementarse también con mecanismos ex post.
- La información suministrada por el MSPS no deja claro de qué forma se incorporan mecanismos de ajuste por el aumento en la siniestralidad. Los datos del sistema muestran que esta ha aumentado, llegando en 2022 al 105% en el régimen contributivo y al 106% en el subsidiado.
- El análisis del aumento de la UPC en 2024 que hizo la Sala Especial muestra que no hubo un incremento real de los recursos, que era lo esperado dadas las dinámicas de siniestralidad, costos de operación e inflación específica del sector salud; lo cual afectó a todos los actores del sistema.
- A este déficit se sumó la destinación que hizo el MSPS del 5% de la UPC para el desarrollo de los Equipos Básicos de Salud (EBS). La Corte considera que no es válido desfinanciar la UPC con el argumento de fortalecer la promoción y la prevención. Más aún, la Corte considera que “esta es una disposición abiertamente inconstitucional”
- De acuerdo con la Corte, los EBS no deben cubrirse con la UPC y no podrán desarrollar funciones ni prestar servicios cubiertos por esta prima.
- Existe evidencia de un rezago en la información que se utiliza para el cálculo de la UPC que afecta la viabilidad financiera del sistema de salud. Esto se advierte, entre otros aspectos, debido a las inclusiones de procedimientos, intervenciones, tecnologías y medicamentos que son cubiertos por la UPC. Por ello el MSPS deberá ajustarla, partiendo de un análisis de suficiencia desde el año 2021.
- El Ministerio deberá definir un periodo de transición para que las EPS restablezcan sus reseras técnicas, una vez se hagan los ajustes ordenados a la UPC.
Decisiones de la Corte:
- Declara el incumplimiento general del componente de suficiencia de la UPC en ambos regímenes.
- Declara la insuficiencia de la UPC de 2024.
- Ordena al MSPS:
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- Crear una mesa de trabajo para revisar la UPC 2024 y lograr su suficiencia. Lo anterior, considerando aspectos mencionados previamente como:
- El rezago de la UPC desde 2021
- El aumento de la siniestralidad y de las frecuencias de uso
- El impacto de las inclusiones en el PBS-UPC
- Las variables de ajuste de riesgo
- La definición de criterios para realizar los ajustes ex post y el reconocimiento del ajuste de la UPC 2024 a las EPS, con porcentajes y fechas máximas de pago.
- La mesa tendrá un plazo máximo de 2 meses para definir el ajuste a la UPC de 2024.
- Esta mesa será orientada por el MSPS quien presentará informe mensual a la Sala Especial, sobre el desarrollo de sus funciones.
- Establecer un periodo de transición para el restablecimiento de las reservas técnicas de las EPS.
- Reajustar la metodología del cálculo de la UPC, teniendo en cuenta todos los criterios mencionados en el Auto 007. Lo anterior deberá además considerar:
- Un proceso participativo y transparente
- Tener en cuenta el IPC proyectado para la vigencia y la inflación
- Las nuevas inclusiones
- El rezago existente en la prima
- No fraccionar ni realizar destinaciones diferentes de la UPC.
- Incluir ajustadores ex ante y ex post.
- Equiparar al 95% el valor de la UPC del RS con respecto a la del RC.
- También ordena a la SNS, la CGR y la Fiscalía que desplieguen las investigaciones para establecer responsabilidades en el posible uso indebido de la UPC. Para ello le ordena a fiscalía y Contraloría que conformen un equipo de trabajo destinado a investigar los malos manejos de la UPC en el sistema de salud.
- La Corte le ordena al Ministerio de Hacienda que disponga y garantice los recursos necesarios para cumplir los mandatos de la Sentencia T-760 de 2008, a los que hace alusión el presente Auto.
Si bien es cierto que este Auto no aborda la problemática de la UPC del año 2025, las órdenes que emite deberían tener efectos posteriores en su reajuste, luego de resolver las inconsistencias que vienen desde hace más de 10 años atrás y que se han agudizado recientemente. La decisión del alto tribunal constituye un paso importante para encontrar soluciones al problema de la suficiencia de la UPC, la cual se destina a cubrir los costos de los servicios y tecnologías en salud.
Sin lugar a duda, este pronunciamiento de la Corte muestra con claridad que es urgente una acción correctiva de parte del gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Salud y Protección Social, coordinada con la Superintendencia Nacional de Salud y con el Ministerio de Hacienda; así como de los organismos de control como la Contraloría y la Fiscalía en lo de sus competencias.
El mensaje de transparencia en la gestión de los recursos que hace la Corte es fundamental para que el gobierno asuma su rol de rectoría del sistema de una manera más clara y participativa y, para que todos los demás actores contribuyan activamente a resolver una gama de problemáticas acumuladas que actualmente tienen al sistema de salud en una de sus peores crisis. No obstante, todo ello requiere el fortalecimiento de los sistemas de información disponibles, que también hace parte de las órdenes de emitidas en la Sentencia T-760 de 2008. No se puede pasar por alto que la sostenibilidad del sistema de salud depende en gran medida de un cálculo adecuado de la UPC, el cual debe hacerse bajo metodologías claras que reduzcan la incertidumbre de los actores y permitan tomar decisiones que beneficien el sistema de salud y a sus usuarios.
¿Cómo se entienden las intervenciones a las EPS luego de este fallo de la Corte?
Es evidente que las órdenes impartidas por la Corte constituyen un paso decisivo para resolver la crisis actual, pero los desafíos del sistema exigen también un gran trabajo de parte de las EPS quienes deben garantizar la continuidad en la prestación de los servicios y salvaguardar el derecho a la atención en salud. Si bien las aseguradoras tienen autonomía en el manejo de los recursos, la misma Corte ha establecido que esta autonomía debe estar sujeta a controles para garantizar que los recursos no se destinen a finalidades distintas de la prestación de los servicios de salud. El aumento de la UPC que ha ordenado la Corte contribuye a estos mismos objetivos y, es una medida absolutamente necesaria pero no suficiente, ya que el sistema depende de la operación responsable y transparente de muchos actores para proteger el bienestar de todos los ciudadanos.
por INNOS | Nov 6, 2024 | Noticias
Como lo habíamos anunciado y analizado hace algunas semanas (Propuestas de reforma a la salud 2024) el gobierno radicó el 13 de septiembre nuevamente un proyecto de ley para reformar el sistema de salud colombiano.
En esta ocasión, el proyecto del gobierno que es el No. 312 se unificó con el proyecto No. 135 que había sido presentado por el partido Alianza Verde y que, en su momento, también se incluyó en el análisis que desarrollamos desde INNOS. Según el documento radicado en la comisión séptima de la Cámara de Representantes el 25 de octubre, este proyecto es producto de la acumulación de los dos mencionados, que se hizo por resolución de la mesa directiva de la comisión, el 15 de octubre pasado. Para llegar al texto final se desarrollaron mesas técnicas y audiencias públicas entre el 2 y el 23 de octubre, que tuvieron la participación de agremiaciones y asociaciones del sector salud, sindicatos, EPS, IPS y usuarios del sistema.
Si bien en nuestro análisis previo se habían mostrado las coincidencias entre ambos proyectos, es importante precisar qué modificaciones sufrió el articulado que será discutido con respecto a las primeras versiones y, especialmente, con respecto a los aportes de las mesas técnicas y de las audiencias públicas.
Cambios principales:
- Gobernanza y rectoría.
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- Se agregaron precisiones sobre las responsabilidades en la gestión de riesgos, que serán compartidos entre los actores del sistema y el Estado, que asume directamente el riesgo financiero.
- En la conformación del Consejo Nacional de Salud se incorporan instituciones como el DNP, la ADRES, las Gestoras de Salud y Vida y las IPS que no aparecían en el proyecto inicial. También participarán el director del INVIMA y del INS con voz, pero sin voto.
- Se eliminó el artículo 7 que modificaba los trámites ante el INVIMA: Seguramente, la decisión de eliminarlo se justifica por dos razones. La primera, porque no hubo un acuerdo general sobre los requisitos de simplificación de trámites y los alivios financieros propuestos inicialmente. En este artículo se había sugerido medidas para agilizar la aceptación de documentos internacionales sin apostilla y ofrecía descuentos en intereses sobre sanciones pecuniarias pendientes. La segunda razón, para eliminarlo es el enfoque administrativo y financiero que se propone en el proyecto acumulado. Posiblemente, lo establecido en el artículo 7 del proyecto 132 requería un tratamiento separado de índole regulatorio.
- Además, la ponencia acumulada podría haber priorizado temas estructurales de gobernanza y acceso universal, limitando los artículos dedicados a temas de operación administrativa en entidades de control y vigilancia. Al respecto, el proyecto de ley 132 se complementa con la información del proyecto presentado por el Partido Verde (proyecto de Ley 135), así, este sistema permitirá que el CNS y otras entidades monitoreen y coordinen la información sanitaria en tiempo real. Como se sabe, esta centralización de datos es clave para garantizar la transparencia en el uso de recursos, simplificar trámites para los usuarios, y permitir una gestión sanitaria que priorice la prevención y atención primaria, con un enfoque de cobertura total, especialmente en zonas rurales.
2. Recursos financieros del sistema de salud:
- Se modificaron algunas funciones de la ADRES referentes al pago de servicios de salud de mediana y alta complejidad, pago de incentivos y remuneraciones a las gestoras, constitución de un fondo para atención de emergencias y acuerdos con prestadores de servicios y gestores farmacéuticos.
- En cuanto a las fuentes de recursos, se eliminó como fuente los recursos del FONPET por tener destinación específica.
- Se adicionaron los recursos provenientes del recaudo de los impuestos saludables incluidos en la ley 2277 y se propuso destinar el 0,5% del IVA social. Para esto, se agregó un artículo nuevo (artículo 11) que se refiere a los impuestos saludables.
- Aunque hay consenso sobre la necesidad de ampliar las fuentes de financiación del sistema de salud, en este proyecto no se incluyen otras fuentes, más allá de lo expuesto previamente. Esta es una de las mayores debilidades del proyecto de Ley.
- En cuanto a los usos de los recursos, se aclaró el mecanismo de financiación del nivel primario y de los CAPS y se eliminó la prohibición a que las cuentas del Fondo único Público de Salud hagan unidad de caja para permitir traslados de recursos entre estas cuentas independientes. Para ello se agregó un nuevo artículo (artículo 14).
- Las fuentes para la Atención primaria se aclararon en el nuevo texto. Estos son: recursos del SGP de prestación de servicios de salud y del régimen subsidiado, recursos de explotación de juegos de suerte y azar, recursos propios de los municipios que se giran a la ADRES, recursos del aporte de solidaridad de regímenes exceptuados y recursos fiscales y parafiscales que se destinen para la APS.
- En cuanto a la UPC, se precisan aspectos del cálculo, suficiencia y financiación por recursos de oferta, de los CAPS.
- El pago de los servicios se hará con un giro inicial del 85% de la factura en los 30 días siguientes a su presentación y luego habrá un proceso de verificación de cuentas por parte de las Gestoras en un periodo de 60 días (antes eran 90 días).
En este proyecto se incluyeron algunos artículos enfocados en fuentes nuevas de financiamiento del sistema. En este mismo sentido, se conoció hace pocos días un proyecto de Ley radicado en el Senado que busca fortalecer el flujo de recursos del SGSSS. Varias propuestas de este nuevo proyecto coinciden con nuevos artículos en el proyecto de reforma a la salud. Entre estos resaltamos los siguientes:
- Se incluyó un artículo nuevo que permitirá el uso de recursos del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante (FOSFEC) para sanear cuentas de servicios de afiliados a Cajas de Compensación Familiar que presten servicios de salud.
- También se incluyó un artículo (25) que permite el uso de recursos de saldos de cuentas maestras del régimen subsidiado para pago se servicios a población pobre no asegurada, pasivos de las ESE, Saneamiento fiscal, cofinanciación del régimen subsidiado e inversión y mejoramiento de la red pública de prestación de servicios.
- El artículo 26 (nuevo) modifica la destinación de excedentes del proceso de saneamiento de aportes patronales financiados con recursos del situado fiscal y el SGP, para pagos de deuda por servicios y tecnologías en salud para población migrante no afiliada, población pobre en lo no cubierto con subsidio a la demanda y otras necesidades de las ESE.
- De igual forma, se incluye un artículo para utilizar saldos y excedentes de recursos de oferta del SGP y recursos de la estampilla pro-salud (Ley 669); para cubrir pagos pendientes de prestación de servicios de salud de población migrante no afiliada y pasivos de las ESE.
3. Gestoras de Salud y Vida.
- Se modificaron algunas funciones de las GSV para dejar más clara su responsabilidad como representante del usuario del sistema y su relación con las entidades territoriales.
- Se amplió el plazo de 2 a 3 meses para que las actuales EPS manifiesten su intención de transformarse en GSV.
- Se redujo el tiempo para el saneamiento de pasivos de las EPS de 48 a 18 meses.
- Se aclaran las condiciones de las EPS para su transformación, en términos de responsabilidades, manifestación expresa de su intención de transformarse en GSV y condiciones de su operación en el periodo de transición.
- Sobre la remuneración de las GSV, será con recursos de la UPC (5%).
- En el texto acumulado no se mantuvo la propuesta PL 135 de mantener algunas funciones en cabeza de las EPS como aseguradoras al mantener el control y manejo de los recursos públicos del sistema de salud. De esta manera, estas diferencias con el proyecto archivado en abril intentan que las Gestoras cumplan un rol de acompañamiento sanitario, mientras el Estado retoma el control financiero y la rectoría sobre el sistema.
- Auditoría y regulación más estrictas para las Gestoras, ya que estas estarán sujetas a auditorías regulares de la ADRES y del CNS. Esta estructura de supervisión busca reducir los problemas de corrupción y asegurar que el enfoque de las Gestoras permanezca en la calidad y continuidad de la atención.
- En este proyecto acumulado se menciona que, una vez se transformen en GSV, estas “nuevas entidades” deberán escindir la operación comercial relacionada con los Planes Voluntarios en Salud (Medicina prepagada, planes complementarios y pólizas de salud).
4. Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud (RIITS).
- Las GSV se incluyeron en los procesos de celebración de los acuerdos de desempeño con los CAPS.
- Se incluyen algunos incentivos que podrán tener las RIITS por resultados en salud, eficiencia y satisfacción de los usuarios.
- Modificado el plazo para reglamentar el funcionamiento de los CAPS de un año a 6 meses.
- Se incluyó la libre elección de CAPS dentro de la oferta territorial.
- Los CAPS tendrán una asignación per cápita que se ajustará con base en diversos criterios y variables.
5. Personal de salud
- Se incluyó y se definió el examen único nacional para especialidades médico-quirúrgicas.
- Los procesos de identificación del talento humano en salud se harán por medio del ReTHUS y se precisan los costos de verificación e inscripción en este registro.
6. Fondo Único Público de Salud
- El Fondo Único Público de Salud se compone de tres cuentas: dos son independientes y una es general. Originalmente, antes de la acumulación el artículo establecía que los recursos no se unificarán en una sola caja, sin embargo, se ha eliminado el último inciso del artículo para permitir el traslado de los excedentes presupuestarios.
Así, al analizar en conjunto el texto de la ponencia y del PL 312 de 2024, se observan algunos elementos que ilustran las principales coincidencias de los dos proyectos acumulados y que dan una idea de cuál es el perfil de la reforma que quiere proponer el gobierno. En primer lugar se observa un consenso alrededor de una transformación que ponga en el centro la Atención Primaria en Salud (APS) y que fortalezca la red pública hospitalaria. Esto desde luego implica garantizar el flujo de recursos necesarios sin afectar la sostenibilidad del sistema de salud.
En segundo lugar, se mantiene la propuesta de transformar las EPS en Gestoras de Salud y Vida, redefiniendo las funciones que tienen actualmente y dándoles un enfoque territorial. Una de las coincidencias es que se debe garantizar su saneamiento financiero otorgándoles plazos prudentes para la transición. En este sentido, se puede decir que, hubo un consenso general sobre la necesidad de transformar las EPS en Gestoras de Salud y Vida, y de fortalecer el nivel primario de atención mediante los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS). Esto refleja un respaldo amplio a algunos cambios estructurales, que van en línea con el objetivo del proyecto acumulado de crear un sistema de salud más inclusivo y enfocado en lo territorial.
El proyecto también consolida la propuesta del giro directo desde la ADRES hacia los prestadores de servicios, eliminando el modelo de aseguramiento tal y como está estructurado en la actualidad. Así mismo se crea la Cuenta de Atención Primaria para la financiación de las estrategias de APS, incluyendo los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) y los equipos territoriales.
Otro elemento destacado que resulta de la unificación de ambas propuestas es la definición de criterios para el cálculo de la UPC, buscando así qué esta sea suficiente para financiar los servicios de salud. Para ello se tendrán en cuenta factores como variables geográficas, de dispersión, patologías prevalentes, costos de operación y otros criterios ajustados por riesgo.
Igualmente, se destacó la importancia de garantizar transparencia en el manejo de los recursos del Fondo Único Público de Salud, especialmente en los aspectos de trazabilidad y auditoría. La inclusión de mecanismos de seguimiento y la publicación de transacciones en el Sistema Público Unificado e Interoperable de Información en Salud fueron temas que recibieron consenso y enriquecen la propuesta en cuanto a transparencia, algo que ya se había mencionado en la versión archivada pero que ahora tiene un enfoque más robusto.
A manera de conclusión, resulta claro que el gobierno persiste en su propósito de reformar estructuralmente el sistema de salud que opera actualmente en el país. Muchos de los cambios que se plantean en este nuevo intento de reforma, se pueden encontrar en el proyecto presentado en febrero de 2023, que tuvo discusión en la Cámara durante el año anterior y que finalmente fue archivado en el Senado en abril de este año.
Dentro de las propuestas e iniciativas que recoge el documento que acompaña al articulado del proyecto de Ley, se resalta la posición de algunos actores como la ANDI que ha sido crítica de esta propuesta y que formuló cuestionamientos de fondo y de forma en sus participaciones. No obstante, estas observaciones no fueron recogidas en el texto final. La participación de ACEMI, gremio que representa a las ESP tuvo mayor impacto en los cambios que se incorporaron a la propuesta, dejando ver su interés en transformarse en Gestoras de Salud y Vida, en el nuevo sistema que resultará de ser aprobada esta Ley.
La integración con el PL 135 del partido Alianza Verde era previsible y aportó mayor claridad a varios aspectos de la propuesta del gobierno. Por ello también se puede prever que tendrá apoyo de esta bancada, lo que haría más fácil su trámite legislativo. No obstante, para algunos este proyecto acumulado acogió mayoritariamente las líneas, acciones e ideas del proyecto presentado por el gobierno el pasado mes de septiembre.
por INNOS | Oct 22, 2024 | Noticias
Hace poco más de un año, en INNOS iniciamos la discusión sobre una posible crisis del sistema de salud (Ver webinar). Para ese momento, nuestra reflexión se basó en una serie de preguntas sobre situaciones concretas que podrían desencadenar tal crisis.
Entre estas, consideramos las fallas internas en procesos de gobernanza, generación de recursos, financiamiento o prestación de servicios. También analizamos el impacto de eventos emergentes como epidemias, guerras o catástrofes naturales que generan un aumento desmedido de la demanda de servicios en muy corto tiempo, desbordando las capacidades del sistema y llevándolo a una situación crítica. Además, contemplamos las crisis estructurales del sistema sociopolítico con repercusiones en el sistema sanitario, como migraciones masivas, problemas económicos estructurales o ruptura del orden institucional.
En ese momento, los expertos diagnosticaron una situación preocupante en aspectos financieros y de talento humano, además de la falta de participación de actores clave en las discusiones sobre la reforma al sistema. Entonces, los expertos no entendían la situación como una crisis integral, pero llamaban la atención sobre la urgencia de tomar decisiones oportunas y acertadas para evitar la profundización de problemáticas en curso.
La situación actual: ¿qué ha sucedido?
Un año después, la situación no mejora y, por el contrario, la sensación de incertidumbre y las dificultades en todo el sistema se han incrementado significativamente. El déficit financiero ha aumentado, estimándose en cerca de 12 billones de pesos para 2024. La insuficiencia de la UPC (Unidad de Pago por Capitación) se remonta a 2022, exacerbada por cálculos inadecuados de incrementos necesarios y distorsiones causadas por la baja demanda durante la pandemia en 2020-2021. Otros factores que profundizan la crisis, tal como en su momento señalaron las EPS, incluyen el envejecimiento poblacional, el aumento de la siniestralidad y la mayor inflación en insumos y tecnologías de salud a nivel mundial.
Es importante recordar que para 2024, el gobierno presentó el estudio de suficiencia y ajuste de la UPC con información de sólo 4 EPS, que, a su juicio, cumplían con las condiciones técnicas para ser utilizadas como base para hacer este ajuste anual. Las quejas de diversos actores como las EPS, las IPS y las asociaciones de pacientes han sido persistentes, buscando que el gobierno reconozca la insuficiencia de los recursos asignados y resuelva esta brecha de forma urgente.
La prestación de servicios también ha sufrido un deterioro importante. De acuerdo con asociaciones científicas y de pacientes, se observa un empeoramiento en la oportunidad de atención para pacientes crónicos y agudos, así como el cierre de servicios de salud en varias zonas del país. El desabastecimiento de medicamentos e insumos esenciales, junto con los atrasos en tratamientos y procedimientos, han afectado directamente a los usuarios del sistema, poniendo en riesgo la continuidad de la atención.
Este deterioro se refleja en un incremento significativo de quejas y reclamos. Según la Superintendencia, se ha registrado un aumento del 13% en peticiones, quejas y reclamos en lo corrido de 2024.
La inestabilidad institucional del sistema también se ha agudizado. Hay un aumento de intervenciones a EPS e IPS por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, y algunas EPS han anunciado su retiro voluntario del sistema. Además, un informe de la Contraloría General reveló una pérdida de casi 6 billones por uso indebido de recursos de la UPC, lo que ha generado más incertidumbre en el sector.
Los profesionales de la salud también se han visto afectados por esta crisis. Muchos de ellos enfrentan problemas en los pagos por sus servicios, mayor inestabilidad laboral y una creciente incertidumbre sobre el futuro del sistema.
Consecuencias de la crisis: ¿cuál es el panorama?
La crisis actual del sistema de salud ha desencadenado una serie de consecuencias. El descontento generalizado y creciente con el sistema se ha convertido en una constante, reflejando la frustración de los usuarios ante las deficiencias en la atención y el acceso a los servicios.
Los indicadores de calidad de atención han experimentado un deterioro significativo. Se ha percibido un aumento en los tiempos de espera, dificultades en el acceso a especialistas y demoras en la realización de procedimientos diagnósticos. Resulta particularmente preocupante la pérdida de continuidad en los tratamientos de enfermedades crónicas, lo que pone en riesgo la salud y la vida de los pacientes.
Como resultado directo de estas deficiencias, se ha observado un incremento sustancial del gasto de bolsillo en salud. Las familias, especialmente las más vulnerables, se ven obligadas a destinar una porción cada vez mayor de sus ingresos a cubrir gastos médicos incluidos en el PBS. Además, hay un aumento en la contratación de servicios complementarios y planes voluntarios de salud, una tendencia que profundiza las desigualdades en el acceso a una atención de calidad.
En respuesta a esta crisis, el gobierno ha presentado un nuevo proyecto de reforma al sistema de salud, que guarda similitudes con el rechazado en 2023. Actualmente, se están llevando a cabo mesas de discusión con diversos actores del sector, previas al debate en la Cámara de Representantes. Existe una expectativa generalizada de que estas discusiones sean inclusivas y que la reforma resultante sea producto del consenso y la concertación, no una imposición unilateral.
Los diferentes actores del sistema de salud —desde profesionales médicos hasta asociaciones de pacientes— han hecho reiterados llamados para corregir el rumbo del sistema. En ese sentido, esperan que la reforma aborde de manera efectiva los problemas estructurales y logre un mejoramiento real y sostenible del sistema de salud.
Está claro que las dificultades persistentes exigen una acción concertada y urgente. Es imperativo que todas las partes interesadas —gobierno, prestadores de servicios, aseguradoras, profesionales de la salud y representantes de los usuarios— trabajen de manera colaborativa. Solo así se podrán encontrar soluciones integrales que aborden los síntomas inmediatos de la crisis, y que también ataquen sus causas, garantizando un sistema de salud de calidad, equitativo y sostenible para todos los ciudadanos.
por INNOS | Oct 31, 2023 | Blog, Blog Electoral, Noticias
En el marco del debate sobre la reforma a la salud en la Cámara de Representantes, la subcomisión accidental conformada para revisar el texto del proyecto entregó su informe final el pasado 3 de octubre. En este escenario, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI), que representa a las 11 EPS más importantes del país, ha expresado sus preocupaciones por la falta de acuerdos esenciales, en particular, en relación con los roles y responsabilidades de las aseguradoras dentro del nuevo sistema de salud propuesto en el proyecto de ley. Además, ACEMI llamó la atención sobre las dificultades financieras que actualmente enfrentan las aseguradoras agremiadas, principalmente debido a la insuficiencia de los recursos de la UPC.
Las inquietudes planteadas por ACEMI en relación con el proyecto de reforma se centran en dos cuestiones principales: en primer lugar, la falta de una definición sobre quién debe asumir la responsabilidad en la gestión del riesgo en salud y el riesgo financiero; y, en segundo lugar, la eliminación del principio de libre elección.
Según ACEMI, el proyecto de ley carece de una definición clara acerca de quién asumirá la responsabilidad de guiar al usuario de manera integral a lo largo de todo su proceso de atención, lo que podría generar obstáculos en términos de oportunidad y acceso a los servicios de salud. Además, no se ofrece una descripción precisa de cómo se configurarán las redes de servicios y los mecanismos de referencia y contrarreferencia, lo que podría complicar la transición del usuario desde el primer nivel de atención hacia los servicios especializados.
Adicionalmente, ACEMI subraya que el proyecto de ley no define de manera precisa la función de compra de servicios, lo que acarrea un potencial riesgo de desbordamiento en el gasto en salud y, como consecuencia, el agotamiento temprano de los recursos disponibles. Este escenario, indudablemente, daría lugar a interrupciones en la prestación de servicios, ya que los prestadores -las IPS- dejarían de recibir los pagos oportunamente. Para ACEMI, la falta de claridad en la gestión del riesgo financiero podría resultar contraproducente para el sistema, ya que no se establecerían mecanismos adecuados para controlar el gasto en salud.
Por último, el gremio destacó que la implementación del enfoque de adscripción territorial a través de los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) suprimiría el principio de libre elección que actualmente caracteriza al sistema de salud. Esto conllevaría a que las EPS, o las Gestoras de Vida y Salud, como se propone en el proyecto de ley, se vean obligadas a operar exclusivamente en los territorios designados por el gobierno.
Ante este escenario, las EPS asociadas en ACEMI han presentado una propuesta al gobierno nacional con el objetivo de crear un nuevo escenario para ser considerado en la discusión que se reanudará la próxima semana en la Cámara de Representantes.
En esta propuesta, el gremio de las aseguradoras sugiere una transformación en el papel de las EPS, que podrían evolucionar en Gestoras de Salud y Vida, conforme a lo propuesto en el proyecto de reforma. Bajo esta reconfiguración, las Gestoras asumirían la responsabilidad de la gestión del riesgo en salud, mientras que la gestión del riesgo financiero sería delegada al gobierno a través de la ADRES. En este escenario, las Gestoras tendrían la tarea de representar y guiar al usuario a lo largo de su ruta de atención, incluyendo la configuración de redes de servicios, aunque sin la administración de los recursos financieros. Por otro lado, la ADRES se encargaría de desembolsar los recursos a los prestadores organizados en las redes establecidas por las Gestoras, asumiendo el riesgo financiero correspondiente a esta operación y reconociendo a las Gestoras un porcentaje por su tarea.
Sin embargo, este escenario todavía plantea algunos interrogantes que deberían ser abordados en la discusión que se avecina en el congreso. En primer lugar, no está claro quién asumiría la responsabilidad de la compra de servicios, que es muy diferente de simplemente pagar la atención médica con los fondos mancomunados. Vale la pena recordar que la compra de servicios implica un enfoque más activo, que involucra la selección de proveedores habilitados, la adquisición de servicios costo-efectivos, el establecimiento de mecanismos de pago que fomenten el uso adecuado de recursos limitados, y la negociación de acuerdos. En este contexto, surge la pregunta de si la ADRES también asumiría esta función o si se limitaría a ser el pagador de los servicios prestados.
Otro aspecto que aún no está claro es si se mantendría el principio de libre elección para los usuarios. En otras palabras, si bajo el modelo de Gestoras, los usuarios podrían elegir a cuál afiliarse. Se ha mencionado que, según el modelo propuesto en la reforma, el primer nivel de atención funcionaría bajo el sistema de adscripción territorial y se financiaría la oferta, mientras que la atención especializada estaría a cargo de las Gestoras. La propuesta de ACEMI sugiere que las Gestoras se harían cargo de toda la ruta de atención, lo que cuestiona la idea de adscripción territorial contenida en el proyecto de ley.
De todas formas, es fundamental prestar atención a la discusión que comenzará en el congreso la esta semana y abordar las conversaciones relacionadas con las dificultades financieras derivadas de la insuficiencia de la UPC. Es importante comprender que cualquier cambio debe realizarse teniendo en cuenta la complejidad de los sistemas de salud y su frágil equilibrio. De lo contrario, el más perjudicado sería el usuario que busca una atención en salud oportuna, integral y de calidad.
Autor: Santiago Galvis- INNOS
