por INNOS | Nov 21, 2024 | Noticias
Actualmente, en el Congreso de la República se discute el Proyecto de Acto Legislativo 018, que busca reformar la Constitución en lo referente al Sistema General de Participaciones (SGP). Este análisis normativo tiene como objetivo aclarar los puntos principales de esta reforma y destacar algunas de las implicaciones para el sector salud, uno de los más sensibles a los cambios en la estructura del SGP y que podría verse impactado por esta iniciativa.
La reforma al SGP, liderada por el partido En Marcha y apoyada por organizaciones como la Federación Nacional de Departamentos y Asocapitales, busca fortalecer la autonomía de los municipios, distritos y departamentos mediante el aumento gradual de las transferencias de ingresos corrientes de la Nación (ICN) del 20% al 46,5% para el año 2034. Este Proyecto de Acto Legislativo pretende equilibrar el centralismo con una mayor responsabilidad fiscal y administrativa de las regiones, garantizando que los recursos adicionales se acompañen de una redistribución de competencias y funciones.
En los últimos días, y tras varios debates, se lograron algunos acuerdos para avanzar en la aprobación de la iniciativa. Según el senador Ariel Ávila, ponente del proyecto, se redujo el porcentaje de las transferencias a las entidades territoriales del 46,5% al 39,5%, y se amplió el plazo de transición de 10 a 12 años. Además, se estableció que la reforma no entrará en vigor hasta que el Congreso apruebe una ley de competencias, lo que asegura que las regiones asuman las nuevas responsabilidades de manera ordenada. También se pactaron ajustes en salud y educación para cerrar brechas en las regiones más vulnerables, y se estableció un límite de seis meses para que el Gobierno presente dicha ley al Congreso.
El SGP, creado por la Constitución de 1991, agrupa los recursos que la Nación transfiere a las entidades territoriales según lo dispuesto en los artículos 356 y 357 (modificados posteriormente por los Actos Legislativos 01 de 2001 y 04 de 2007). Estos recursos están destinados a sectores prioritarios como educación, salud, agua potable y saneamiento básico, entre otros servicios esenciales. Su distribución es regulada por normas como las Leyes 715 de 2001 y 1176 de 2007.
En términos generales, el 96% de los recursos del SGP se asigna a sectores específicos: educación (58,5%), salud (24,5%), agua potable (5,4%) y propósitos generales (11,6%). Este último porcentaje incluye actividades como servicios públicos, infraestructura, medio ambiente, deporte y seguridad, entre otras. Dentro del sector salud, los recursos se dividen principalmente en tres componentes: financiación del régimen subsidiado (87%), prestación de servicios de salud (3%) y salud pública (10%).
La estructura del SGP ha sido ajustada a lo largo de los años mediante diferentes normas. En 2007, la Ley 1122 introdujo modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, enfocándose en mejorar la prestación de servicios y en fortalecer la promoción y prevención en salud pública. Más tarde, en 2011, la Ley 1438 buscó garantizar la cobertura universal del aseguramiento en salud y reforzó los controles sobre el uso de los recursos destinados a este sector. En 2020, durante la emergencia sanitaria por COVID-19, el Decreto 800 permitió una reorientación temporal de los recursos del SGP para atender las necesidades inmediatas de la pandemia, como la compra de insumos médicos y la implementación de medidas preventivas.
Una cuestión fundamental en la reforma del SGP es la relación entre las competencias de las entidades territoriales y los recursos asignados. Desde la Ley 715 de 2001, se definieron las responsabilidades municipales, distritales y departamentales en áreas como la dirección del sector salud, la prestación de servicios, la salud pública y el aseguramiento de la población. Sin embargo, estas competencias han sufrido modificaciones con el tiempo y requieren ser revisadas para garantizar una gestión más eficiente que esté alineada con las demandas actuales del sistema.
El Proyecto de Acto Legislativo 018 plantea varios desafíos en términos de sostenibilidad fiscal. Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, advirtió que un aumento del 65% en las transferencias del SGP significaría $60 billones adicionales por año, un monto superior al presupuesto de inversión para 2025, que es de $44 billones. En un debate de control político en la Comisión IV Constitucional del Senado, Mejía señaló que incluso eliminando por completo la inversión del Gobierno nacional, no sería posible financiar un aumento de esta magnitud.
Aunque reconoció la importancia de fortalecer la autonomía de las entidades territoriales, Mejía sugirió ajustar el proyecto para que la participación del SGP en los ingresos corrientes aumente al 30%, en vez del 46,5% propuesto inicialmente. “Este porcentaje supera el promedio histórico del periodo 2000-2019 y se sitúa 10 puntos por encima de lo observado en 2023”, destacó el director de Fedesarrollo.
Más allá de la cantidad de dinero que se destine a un sector específico o a una intervención determinada, es fundamental que se aclaren las competencias de departamentos, distritos y municipios en cuanto a esos sectores, aclarando dudas sobre lo que deben y pueden hacer las entidades territoriales y, de otra parte, definir con absoluta claridad los mecanismos de control del uso de esos recursos. Esta es una de las mayores preocupaciones que conlleva un incremento de las trasferencias económicas a los alcaldes y gobernadores.
El acto legislativo, de aprobarse, tendrá que ser acompañado de leyes que aclaren con total precisión y con criterios técnicos, los usos apropiados de los recursos, los procesos de monitoreo, vigilancia y control que se aplicarán para evitar su desvío y la eficiencia en su utilización, de forma tal que haya transparencia y no se repitan experiencias pasadas de corrupción con los dineros de la salud y de los demás sectores que requieren inversiones permanentes.
A pesar de la gran trascendencia que tiene este proyecto de Acto Legislativo, el concepto emitido por el ministerio de salud, no profundiza en los aspectos de fondo del proyecto, que implican los que previamente se han mencionado en este análisis, como las competencias, destinación, vigilancia y control, y la relación con otras fuentes de financiación del sector, como las que están incluidas en el Sistema de Salud actualmente (régimen contributivo, promoción y prevención, SOAT) al igual que las nuevas que se han propuesto en los proyectos de reforma.
Garantizar la continuidad de los recursos, establecer una correlación efectiva entre competencias y responsabilidades, y reforzar los mecanismos de vigilancia son prioridades que deben ser atendidas para que esta reforma sea una solución y no un agravante para los problemas que actualmente tiene el sistema de salud. En un contexto de crisis, resulta necesario incrementar los recursos y gestionar su uso de manera eficiente y transparente para evitar que se conviertan en oportunidades para la corrupción presente en el sistema.
Referencias
por INNOS | Nov 15, 2024 | Noticias
El proyecto radicado en la última semana de octubre tuvo ya su primer debate y votación de artículos en la comisión séptima de la Cámara de Representantes. La semana pasada se rechazó la ponencia negativa y con ello, comenzó la discusión del proyecto del gobierno que, hasta el martes 12 de noviembre, había aprobado 21 artículos de 58 que contiene la iniciativa.
La comisión ha aprobado en primera instancia algunos artículos que no tuvieron modificaciones ni proposiciones en la revisión y unificación de los proyectos de gobierno y partido Alianza Verde, que dieron como resultado este nuevo proyecto. Entre estos artículos aprobados se resalta la posibilidad de movilizar recursos de las Cajas de Compensación Familiar para pagar deudas de servicios de salud, cuando los han ofrecido estas entidades. De forma similar, se aprobó el traslado de recursos excedentes del SGP para pago de deudas de atención en salud a población pobre no afiliada y a personas migrantes que han sido atendidas sin afiliación. Así mismo se aprobaron los servicios complementarios en salud, que buscan atender transporte, hospedaje y servicios de cuidado.
Una de las críticas que se ha hecho a esta primera fase de discusión, es la votación de artículos en bloque, lo cual ha generado rechazo por parte de algunos representantes, quienes consideran que no se ha hecho el análisis requerido y que se ha impuesto su aprobación por la bancada que es afín al proyecto, con el apoyo del gobierno. Hasta el momento, los artículos aprobados son más de un tercio del articulado propuesto. Cómo se sabe desde el punto de vista técnico, votar de esta forma puede significar un desgaste de la democracia interna de los partidos, pues no se tiene en cuenta la voz y el voto de los miembros de las organizaciones políticas. Asimismo, puede desincentivar la colaboración y el intercambio de ideas entre partidos, pareciendo que el proceso legislativo sea menos incluyente. Ahora, para efectos de esta reforma puede existir un riesgo importante cuando se toman decisiones apresuradas, no solo afectando la calidad de la legislación, sino reviviendo el fantasma del impacto fiscal por el cual se archivó el primer intento de reforma.
En medio de las críticas a las intervenciones de las EPS que, de alguna manera, sirven como referencia para entender la forma como operará el sistema de salud, una vez aprobada la reforma, crecen las preocupaciones de algunos sectores por la concentración del poder y de la administración de los recursos en manos de entidades públicas, justamente por los riesgos de malversación que se hicieron evidentes recientemente. Una situación que evidenció INNOS hace un par de días cuando se analizó el texto en el cual se acumularon los proyectos de ley presentados por el gobierno y el Partido Verde, en el cual no se mantuvo la propuesta del Proyecto de Ley 135 (proyecto de ley Partido Verde) de dejar en manos de las EPS algunas funciones como aseguradoras.
De otra parte, se ha señalado que no se incorporaron cambios en cuanto al régimen laboral y salarial del talento humano en salud, que ha sido uno de los principales propósitos de la reforma y que estaba en la propuesta de la Alianza Verde.
El gobierno defiende que la aprobación de este primer grupo de artículos promueve la prestación de servicios sociales y complementarios para ampliar las condiciones de acceso a servicios de salud, en los casos en que las personas se deben desplazar a otros territorios para recibir atención especializada, por ejemplo. Al respecto, sobresale el artículo 37 que hace referencia al sistema de referencia y contrarreferencia. De igual manera se defiende que el gobierno, en especial el presidente, tendrá facultades para crear el régimen especial de los trabajadores de salud del sector público, sin incluir a quienes laboran en las entidades privadas, quienes son la mayoría de la fuerza laboral del sistema. Está decisión podría generar, por ejemplo, una centralización excesiva de parte del Ejecutivo, así cómo un impacto negativo en términos de sostenibilidad financiera, pues un régimen especial podría implicar mayores costos para el Estado.
Igualmente, en la discusión del martes no se profundizó sobre las implicaciones de abordar en bloque los artículos de los servicios complementarios, los créditos para que las IPS salden deudas, así cómo, el posible uso de los recursos clasificados como excedentes para el saneamiento financiero del sistema. Sobre este último punto, INNOS considera importante mencionar que, la Corte Constitucional ha abordado en algunas sentencias el uso de excedentes para garantizar el derecho a la salud, siempre que estos recursos se destinen de forma prioritaria a mejorar el sistema de salud, así cómo, favorecer las condiciones de sostenibilidad y transparencia. Valdría la pena recordar la Sentencia T-760 de 2008 con la cual se hace un llamado para llevar a cabo ajustes en el sistema de salud con el fin evitar crisis recurrentes y reiterar la obligación de garantizar una financiación adecuada y sostenible del sistema.
La discusión de la reforma se reanudó el miércoles 13 de noviembre, pero la sesión se tornó tensa y fue suspendida sin avances en artículos importantes como aquellos que abordan el modelo basado en APS, el aseguramiento social y la identificación única del talento humano. Ese mismo día, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC) emitió un comunicado en el que cuestiona el proyecto de ley y su discusión, señalando que lo aprobado hasta ahora no representa un avance real en las condiciones laborales del sector. La ACSC advirtió que el proyecto no aborda problemas medulares como la precarización y la vulneración de derechos de los trabajadores de la salud, manteniendo así las condiciones laborales injustas.
El debate deberá continuar en las próximas sesiones de la comisión, y es fundamental que se escuchen las voces de todos los actores involucrados para lograr acuerdos que fortalezcan el sistema. Alcanzar consensos es esencial para construir un modelo de salud que responda a las necesidades actuales del país y garantice el derecho a la salud de manera sostenible y equitativa.
por INNOS | Nov 7, 2024 | Noticias
La intervención estatal en EPS como Sanitas, Nueva EPS y Asmet Salud, actualmente bajo control de la Superintendencia Nacional de Salud, pone de relieve una problemática seria y que desde INNOS hemos advertido con frecuencia: en países con altos niveles de corrupción, como Colombia, concentrar el poder y los recursos de la salud en pocos actores, sean públicos o privados, genera un alto riesgo de mal manejo y corrupción. Las recientes denuncias sobre presuntos sobrecostos, tráfico de influencias y desvío de fondos en estas EPS intervenidas confirman los peligros de confiar en modelos que concentran los recursos y la toma de decisiones en un número limitado de entidades, sin contar con los mecanismos necesarios de supervisión y transparencia.
A lo largo de 2024, la Superintendencia ha ejercido medidas de intervención en ocho EPS. Sin embargo, las denuncias de irregularidades persisten y han generado tal nivel de cuestionamientos que incluso resultaron en la salida del Superintendente de Salud. Estas intervenciones, en teoría, deberían mejorar la administración de recursos y la calidad de los servicios de salud. No obstante, los reportes sobre la persistencia de fallas en la gestión de recursos públicos y en la calidad del servicio demuestran que la intervención estatal sin herramientas de transparencia no solo no resuelve los problemas, sino que en algunos casos los agrava.
Para que cualquier modelo de gestión de salud sea efectivo, es indispensable contar con sistemas de información robustos y en tiempo real que permitan un seguimiento constante del flujo de recursos en cada nivel del sistema. La ausencia de estos mecanismos de trazabilidad es un riesgo que compromete directamente la transparencia y la efectividad en la administración de los fondos, dejando el sistema vulnerable a desvíos y mal manejo de recursos que deberían destinarse a la atención de los pacientes. Estos sistemas de información aún no están disponibles a la escala necesaria en el sistema de salud colombiano, lo que refuerza las preocupaciones de múltiples actores y aumenta la desconfianza de los ciudadanos en la capacidad del Estado para gestionar adecuadamente estos fondos.
La implementación de un sistema de información interoperable y accesible, que garantice trazabilidad en los contratos, los pagos y el uso final de los recursos de salud, es una necesidad urgente. Esta infraestructura permitiría verificar en tiempo real el destino de los fondos, reduciendo las oportunidades de corrupción y mal manejo y fortaleciendo la transparencia del sistema en su conjunto. En ausencia de esta herramienta, el riesgo de concentración de poder en pocos actores sin un monitoreo adecuado seguirá comprometiendo la estabilidad y confiabilidad del sistema de salud.
Una reforma que priorice la transparencia y un control riguroso
La discusión en el Congreso sobre la reforma a la salud debe considerar que el principal problema no es únicamente quién controla los recursos, sino cómo se garantiza la transparencia y el control efectivo de su uso. Más que incrementar el rol estatal sin una infraestructura adecuada de seguimiento, una reforma responsable debe enfocarse en implementar sistemas de control y rendición de cuentas que aseguren que cada peso destinado a la salud cumpla su propósito. La concentración de poder en pocos actores, sin la presencia de estas herramientas, no solo es una apuesta de alto riesgo, sino una amenaza directa al bienestar de los pacientes.
Desde INNOS, hacemos un llamado a priorizar la implementación de sistemas de información y transparencia, asegurando que el sistema de salud colombiano pueda operar con la confianza y eficacia que los ciudadanos merecen. Estos mecanismos son esenciales para evitar que los recursos se pierdan en malos manejos y para garantizar que el sistema de salud cumpla su objetivo: mejorar la calidad de vida de los colombianos.
por INNOS | Nov 6, 2024 | Noticias
En agosto de este año, se radicó para segundo debate en la Cámara de Representantes el proyecto de ley 166c de 2023, que busca reformar el Código Sustantivo del Trabajo y otras leyes que regulan las relaciones laborales en Colombia. El 17 de octubre, tras seis semanas de discusión, la Cámara aprobó el proyecto con 93 votos a favor y 13 en contra; ahora, el proyecto deberá pasar al Senado para su discusión final.
Como sucede con toda reforma, el proyecto ha generado debate en todos los sectores. Por un lado, se argumenta que la reforma mejorará las condiciones laborales y brindará estabilidad a los trabajadores. Por otro, hay quienes señalan que la reforma aumentará las cargas para los empleadores, afectando así el empleo formal. En el sector salud, esta discusión es particularmente relevante, ya que la reforma podría impactarlo de diversas maneras. Aunque tiene el potencial de mejorar las condiciones laborales del personal de salud, también podría elevar los costos del sistema, agravando el problema de sostenibilidad existente. Desde INNOS, se propone el siguiente análisis para contextualizar y plantear algunos interrogantes de cara a las próximas discusiones.
¿Qué está buscando el gobierno colombiano con la reforma laboral?
El gobierno colombiano argumenta que la reforma laboral es un paso necesario para actualizar la legislación vigente y adaptarla a las condiciones actuales del mercado de trabajo, al tiempo que se mejoran las condiciones de los trabajadores y se garantiza su estabilidad laboral.
Uno de los pilares de esta reforma es la regulación de nuevas formas de trabajo, como el teletrabajo y las actividades realizadas a través de plataformas digitales. En un contexto donde estas modalidades han ganado importancia, el gobierno busca crear mecanismos que aseguren que los trabajadores en estos sectores no vean comprometidos sus derechos. La intención es establecer modalidades de contratación que sean flexibles y adaptadas a la economía digital sin sacrificar la protección social.
La reforma también tiene como objetivo reducir la informalidad y el desempleo, especialmente en sectores vulnerables. Según el gobierno, la flexibilización laboral introducida por la Ley 789 de 2002 no logró su propósito de generar empleo formal; en cambio, incrementó la precarización laboral. Por ello, la propuesta actual busca fomentar la formalización laboral mediante el fortalecimiento de la estabilidad en el empleo y el combate a la subcontratación.
Otra justificación importante es la protección de los derechos de los trabajadores. La reforma contempla el aumento de las indemnizaciones por despido injustificado, el restablecimiento de los recargos nocturnos y dominicales, y medidas más estrictas contra la tercerización laboral injustificada. Para el gobierno, estas acciones son esenciales para recuperar el equilibrio en las relaciones laborales y proporcionar condiciones más justas para los trabajadores, especialmente aquellos que laboran en horarios nocturnos.
Además, la reforma busca cerrar las brechas de género y promover la inclusión social. Incluye medidas específicas para garantizar la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor y para formalizar sectores desprotegidos, como el trabajo doméstico remunerado. También prevé protecciones adicionales para el trabajo comunitario y familiar, con un enfoque diferencial que considera las necesidades de diversos grupos poblacionales.
¿Cuáles son los posibles efectos de esta reforma en el sector salud?
El sector salud podría tener impactos importantes si la reforma es finalmente aprobada. Hay que tener en cuenta que ya desde la ley 2101 de 2021 se estableció la reducción gradual de la jornada laboral semanal a 42 horas. Esta modificación tiene efectos sobre hospitales, clínicas y centros de salud, pues obliga a muchas instituciones a reorganizar los horarios o contratar más personal, lo cual, aunque podría beneficiar a los trabajadores al ofrecerles un equilibrio laboral y mayor ingreso, representa un desafío financiero por mayores costos operativos.
Si a esto se le suma el restablecimiento de los recargos nocturnos y dominicales -contemplados en el texto de la reforma-, los cuales aumentarán gradualmente hasta alcanzar un 100% en 2026, las cargas financieras para las instituciones prestadoras de servicios de salud serían aun mayores. Esta medida, que beneficia a los trabajadores del sector salud que laboran en estos horarios, implica, sin embargo, un aumento en los costos para las instituciones, que deberán ajustar sus presupuestos para cumplir con estas obligaciones.
Finalmente, la reforma incluye medidas contra el acoso y la violencia laboral, con protecciones específicas para mujeres y otros grupos vulnerables. En el ámbito de la salud, donde el trabajo puede ser emocional y físicamente exigente, estas medidas son esenciales para garantizar un entorno laboral seguro y saludable.
¿Fue inclusivo el proceso de discusión de la reforma?
La discusión de la reforma en la Cámara de Representantes contó con la participación de diversos sectores de la sociedad, con aproximadamente 3,000 propuestas presentadas. Esto refleja una alta participación ciudadana e interés general en el tema. El gobierno se reunió con gremios, empresarios y trabajadores, y estableció canales para recibir opiniones y sugerencias de la ciudadanía. Sin embargo, no queda claro si las asociaciones y gremios del sector salud tuvieron una participación en estas discusiones. Esto plantea dudas sobre si se consideraron adecuadamente las particularidades de este sector tan complejo en el proceso de redacción y aprobación inicial.
Es fundamental que las necesidades del sector salud sean tenidas en cuenta, ya que las características del empleo en este ámbito podrían verse afectadas de manera significativa por los cambios en la normativa laboral.
¿Qué se espera del próximo debate en el Senado?
Tras su aprobación en la Cámara, el proyecto de ley ahora se dirigirá al Senado, donde será debatido en la Comisión Séptima. En esta fase, los senadores revisarán el contenido del proyecto y analizarán si es necesario realizar modificaciones que se ajusten mejor a las necesidades de sectores específicos. Este será un momento clave para que el sector salud exprese sus preocupaciones y proponga ajustes que le permitan adaptarse a los posibles cambios.
El debate en el Senado también ofrecerá una oportunidad para evaluar si algunas disposiciones de la reforma podrían afectar la sostenibilidad financiera de ciertas instituciones, especialmente las pequeñas clínicas y emprendimientos que no tienen la capacidad económica para realizar grandes ajustes.
¿Qué preguntas surgen a partir de esta reforma para el sector salud?
Conforme la reforma avanza en el Congreso, surgen interrogantes sobre su impacto en el sector salud: ¿Podrán las instituciones de salud ajustar sus presupuestos para asumir los nuevos costos laborales sin afectar la calidad del servicio? ¿Cómo se evitará que el aumento de costos laborales impulse una mayor informalidad, que es precisamente lo que esta reforma intenta reducir? ¿Se adapta esta reforma a las necesidades específicas del sector salud? ¿Afecta la reforma la sostenibilidad financiera del sistema de salud?
El proyecto de reforma laboral puede representar un paso adelante hacia la mejora de los derechos laborales en Colombia. No obstante, en sectores sensibles como el de la salud, los cambios deben implementarse considerando tanto el bienestar de los trabajadores como la sostenibilidad de las instituciones que los emplean. La reforma promete cambios importantes, pero también plantea desafíos que solo podrán superarse mediante un diálogo amplio y una planificación cuidadosa.
por INNOS | Oct 22, 2024 | Noticias
Hace poco más de un año, en INNOS iniciamos la discusión sobre una posible crisis del sistema de salud (Ver webinar). Para ese momento, nuestra reflexión se basó en una serie de preguntas sobre situaciones concretas que podrían desencadenar tal crisis.
Entre estas, consideramos las fallas internas en procesos de gobernanza, generación de recursos, financiamiento o prestación de servicios. También analizamos el impacto de eventos emergentes como epidemias, guerras o catástrofes naturales que generan un aumento desmedido de la demanda de servicios en muy corto tiempo, desbordando las capacidades del sistema y llevándolo a una situación crítica. Además, contemplamos las crisis estructurales del sistema sociopolítico con repercusiones en el sistema sanitario, como migraciones masivas, problemas económicos estructurales o ruptura del orden institucional.
En ese momento, los expertos diagnosticaron una situación preocupante en aspectos financieros y de talento humano, además de la falta de participación de actores clave en las discusiones sobre la reforma al sistema. Entonces, los expertos no entendían la situación como una crisis integral, pero llamaban la atención sobre la urgencia de tomar decisiones oportunas y acertadas para evitar la profundización de problemáticas en curso.
La situación actual: ¿qué ha sucedido?
Un año después, la situación no mejora y, por el contrario, la sensación de incertidumbre y las dificultades en todo el sistema se han incrementado significativamente. El déficit financiero ha aumentado, estimándose en cerca de 12 billones de pesos para 2024. La insuficiencia de la UPC (Unidad de Pago por Capitación) se remonta a 2022, exacerbada por cálculos inadecuados de incrementos necesarios y distorsiones causadas por la baja demanda durante la pandemia en 2020-2021. Otros factores que profundizan la crisis, tal como en su momento señalaron las EPS, incluyen el envejecimiento poblacional, el aumento de la siniestralidad y la mayor inflación en insumos y tecnologías de salud a nivel mundial.
Es importante recordar que para 2024, el gobierno presentó el estudio de suficiencia y ajuste de la UPC con información de sólo 4 EPS, que, a su juicio, cumplían con las condiciones técnicas para ser utilizadas como base para hacer este ajuste anual. Las quejas de diversos actores como las EPS, las IPS y las asociaciones de pacientes han sido persistentes, buscando que el gobierno reconozca la insuficiencia de los recursos asignados y resuelva esta brecha de forma urgente.
La prestación de servicios también ha sufrido un deterioro importante. De acuerdo con asociaciones científicas y de pacientes, se observa un empeoramiento en la oportunidad de atención para pacientes crónicos y agudos, así como el cierre de servicios de salud en varias zonas del país. El desabastecimiento de medicamentos e insumos esenciales, junto con los atrasos en tratamientos y procedimientos, han afectado directamente a los usuarios del sistema, poniendo en riesgo la continuidad de la atención.
Este deterioro se refleja en un incremento significativo de quejas y reclamos. Según la Superintendencia, se ha registrado un aumento del 13% en peticiones, quejas y reclamos en lo corrido de 2024.
La inestabilidad institucional del sistema también se ha agudizado. Hay un aumento de intervenciones a EPS e IPS por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, y algunas EPS han anunciado su retiro voluntario del sistema. Además, un informe de la Contraloría General reveló una pérdida de casi 6 billones por uso indebido de recursos de la UPC, lo que ha generado más incertidumbre en el sector.
Los profesionales de la salud también se han visto afectados por esta crisis. Muchos de ellos enfrentan problemas en los pagos por sus servicios, mayor inestabilidad laboral y una creciente incertidumbre sobre el futuro del sistema.
Consecuencias de la crisis: ¿cuál es el panorama?
La crisis actual del sistema de salud ha desencadenado una serie de consecuencias. El descontento generalizado y creciente con el sistema se ha convertido en una constante, reflejando la frustración de los usuarios ante las deficiencias en la atención y el acceso a los servicios.
Los indicadores de calidad de atención han experimentado un deterioro significativo. Se ha percibido un aumento en los tiempos de espera, dificultades en el acceso a especialistas y demoras en la realización de procedimientos diagnósticos. Resulta particularmente preocupante la pérdida de continuidad en los tratamientos de enfermedades crónicas, lo que pone en riesgo la salud y la vida de los pacientes.
Como resultado directo de estas deficiencias, se ha observado un incremento sustancial del gasto de bolsillo en salud. Las familias, especialmente las más vulnerables, se ven obligadas a destinar una porción cada vez mayor de sus ingresos a cubrir gastos médicos incluidos en el PBS. Además, hay un aumento en la contratación de servicios complementarios y planes voluntarios de salud, una tendencia que profundiza las desigualdades en el acceso a una atención de calidad.
En respuesta a esta crisis, el gobierno ha presentado un nuevo proyecto de reforma al sistema de salud, que guarda similitudes con el rechazado en 2023. Actualmente, se están llevando a cabo mesas de discusión con diversos actores del sector, previas al debate en la Cámara de Representantes. Existe una expectativa generalizada de que estas discusiones sean inclusivas y que la reforma resultante sea producto del consenso y la concertación, no una imposición unilateral.
Los diferentes actores del sistema de salud —desde profesionales médicos hasta asociaciones de pacientes— han hecho reiterados llamados para corregir el rumbo del sistema. En ese sentido, esperan que la reforma aborde de manera efectiva los problemas estructurales y logre un mejoramiento real y sostenible del sistema de salud.
Está claro que las dificultades persistentes exigen una acción concertada y urgente. Es imperativo que todas las partes interesadas —gobierno, prestadores de servicios, aseguradoras, profesionales de la salud y representantes de los usuarios— trabajen de manera colaborativa. Solo así se podrán encontrar soluciones integrales que aborden los síntomas inmediatos de la crisis, y que también ataquen sus causas, garantizando un sistema de salud de calidad, equitativo y sostenible para todos los ciudadanos.
