por INNOS | Mar 3, 2025 | Noticias
El último día del mes pasado el Ministerio de Salud y Protección Social sorprendió a muchos con la expedición de la resolución que crea la mesa de trabajo que se encargará de revisar la Unidad de Pago por Capitación del año 2024, según lo había ordenado en el Auto 007 de 2025 la Sala Especial de la Corte Constitucional.
La sorpresa de esta resolución radica en que el propio ministerio había ya solicitado la nulidad del Auto emitido por la Corte, por considerar que la Corte incurría extralimitación de funciones porque, a juicio del ministerio, no tiene competencia para determinar la UPC, así como para declarar su insuficiencia.
En un comunicado publicado en la tarde del pasado 28 de febrero, el ministerio anuncia ahora la conformación de esta mesa, como “una instancia participativa y de contrastación de la información en la cual se expondrán las preocupaciones y puntos de vista, para que estos sean considerados por el Ministerio de Salud y Protección Social, entidad en la cual radica la competencia legal y reglamentaria para la fijación de la Unidad de Pago por Capitación” según se lee en la Resolución 370.
Esta mesa será conformada por:
- El Ministerio de Salud y Protección Social.
- El Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
- La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES.
- La Procuraduría delegada para la Salud, la Protección Social y el Trabajo Decente.
- La Procuraduría delegada para el Seguimiento al Cumplimiento de las Sentencias de Tutela.
- La Fiscalía General de la Nación.
- La Contraloría General de la República.
- La Superintendencia Nacional de Salud.
- Las Entidades Promotoras de Salud y sus agremiaciones.
- Las Instituciones Prestadoras de Salud y sus agremiaciones.
- Las agremiaciones de pacientes.
- El sector académico.
Esta conformación de la mesa cumple rigurosamente lo dispuesto en el Auto 007. Las funciones que la Corte dispuso para la mesa fueron:
- El rezago de la UPC desde 2021
- El aumento de la siniestralidad y de las frecuencias de uso
- El impacto de las inclusiones en el PBS-UPC
- Las variables de ajuste de riesgo
- La definición de criterios para realizar los ajustes ex post y el reconocimiento del ajuste de la UPC 2024 a las EPS, con porcentajes y fechas máximas de pago.
El auto también determinó que el plazo máximo para definir el ajuste a la UPC de 2024 es de 2 meses. No obstante, en la resolución 370 del 28 de febrero de 2025, no se especifica cuál va a ser el tiempo de funcionamiento de la mesa.
El ministerio ha dispuesto en la resolución, que la mesa tendrá por objeto: “recibir, analizar y socializar información, insumos y aportes de los participantes sobre un eventual rezago en el valor de la UPC de las vigencias 2021, 2022, 2023 y 2024, para efectos de que el Ministerio de Salud y Protección Social cuente con elementos de juicio suficientes para determinar técnicamente si hay lugar o no a efectuar el reajuste de la prima”
Los integrantes deberán analizar información pertinente para lograr este propósito, por lo cual tendrán acceso a:
- La información reportada por parte de las Entidades Promotoras de Salud para el cálculo de la UPC.
- La siniestralidad y las variaciones en las frecuencias de uso.
- El efecto de las inclusiones en el PBS de la vigencia inmediatamente anterior
- La definición de las variables y ajustadores de riesgo que deben ser tenidos en cuenta para establecer la UPC.
- Revisar la viabilidad de realizar ajustes ex post a la Unidad de Pago por Capitación.
El viceministro de salud será el presidente de la mesa y la secretaría técnica también estará a cargo del ministerio, en este caso, de la Dirección de beneficios, costos y tarifas.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, así como los eventos alrededor de los pronunciamientos de la Corte y las respuestas del Ministerio, se genera una gran expectativa en todos los actores del sistema, con respecto a lo que pueda aportar esta mesa técnica. En el momento crítico que atraviesa el sistema de salud, lo más pertinente es, sin duda, llegar a decisiones concertadas y bien fundamentadas en datos y en análisis acertados sobre lo que ocurre y sobre lo que debe modificarse para beneficio común y para resolver la dura situación que viven en la actualidad pacientes, familias, profesionales e instituciones del sistema.
Lo que se espera en el país y que reiteramos desde INNOS, es que los participantes utilicen los insumos señalados en la resolución y aporten verdaderas recomendaciones útiles para la toma de decisiones necesarias para garantizar la sostenibilidad y el acceso oportuno y con calidad a los servicios de salud en todo nuestro territorio. Queda en responsabilidad del ministerio acoger debidamente las recomendaciones y avanzar para evitar el colapso del sistema.
por INNOS | Feb 24, 2025 | Noticias
Un nuevo giro dentro de la secuencia de acontecimientos en esta crisis del sistema de salud ha ocurrido hace un par de días. Primero, y luego de controversias, discusiones y solicitudes de aclaración de los Autos emitidos por la Corte; el ministerio de salud y protección social informó que daría cumplimiento a lo dispuesto en los Autos 2049 y 007, referentes al pago de los presupuestos máximos (PM) y a la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) de 2024.
Argumentando errores de forma en el Auto 2049, que se ocupa del ajuste requerido en los PM, el ministerio presentó una solicitud de aclaraciones que la Corte respondió y resolvió debidamente, pero enfatizó en la competencia del ministerio para resolver los problemas de flujo de recursos derivados de las fallas ya documentadas en el giro de los PM y su impacto negativo en la sostenibilidad financiera del sistema, así como en la calidad de vida de todos los pacientes y sus familias.
Sobre el Auto 007, que se enfocó en el análisis de la suficiencia de la UPC del año pasado, la Corte ratificó que el ministerio debe modificar el procedimiento y los mecanismos para su cálculo, con el fin de corregir las deficiencias acumuladas que han generado gran parte de las problemáticas actuales del sistema de salud. (Ver: https://inos.ateneo.co/se-profundiza-la-crisis-en-el-sistema-de-salud-al-inicio-de-2025)
En un primer momento, el comunicado del ministerio dejaba ver que se acogían de forma positiva las aclaraciones de la Corte, en donde, de paso, el tribunal insiste en las ordenes impartidas previamente y le hace observaciones adicionales al ministerio, por las deficiencias que observó en la información enviada y porque, a su juicio, el ministerio en su solicitud de aclaraciones también emitió observaciones sobre las competencias de la Corte para analizar y fallar sobre estos asuntos del sistema de salud.
En las aclaraciones enviadas por la Corte, se ratificó que es el MSPS la entidad del gobierno nacional responsable de elaborar las políticas públicas en salud, los estudios técnicos y demás acciones relacionadas con la función de rectoría del sistema, según lo dispuesto en la Constitución y las Leyes. Lo mismo ocurre con respecto a la conformación de mesas de actores que ordenó la Corte para resolver los problemas de suficiencia de la UPC. A manera de síntesis, las órdenes impartidas en el Auto 007 son:
- Crear una mesa de trabajo para revisar la UPC 2024 y lograr su suficiencia. La mesa tendrá un plazo máximo de 2 meses para definir el ajuste a la UPC de 2024, teniendo en cuenta: El rezago acumulado de la UPC desde 2021, los cambios en las frecuencias de uso, el impacto de las inclusiones en el Plan Básico de Salud, los cambios en el riesgo en salud y criterios de ajustes ex post.
- Establecer un periodo de transición para el restablecimiento de las reservas técnicas de las EPS.
- Reajustar la metodología del cálculo de la UPC mediante un proceso particpativo y transparente, que incluya todos los criterios anteriores, así como otros contenidos en el Auto. (Ver: https://inos.ateneo.co/nuevo-pronunciamiento-de-la-corte-constitucional-intenta-corregir-la-crisis-del-sistema-de-salud)
En un primer momento, el MSPS publicó un comunicado en el que afirmaba que dispondría los recursos necesarios para cumplir con las órdenes que contienen los dos Autos de la Corte Constitucional.
No obstante, horas después, se ha conocido un nuevo pronunciamiento del ministerio en el que presentan una solicitud de nulidad del Auto 007. Según lo publicado, el ministerio justifica esta solicitud en una supuesta falta de competencia de la Corte para determinar la UPC y sus condiciones de suficiencia y, con ello, plantea una posible extralimitación de funciones. En la solicitud de nulidad fechada el 18 de febrero, el ministerio además argumenta que la Corte no siguió el debido proceso y que no se le dio la oportunidad de conocer los datos en los que se basó el Auto y, por tanto, de controvertirlos.
Este hecho no avanza en la resolución de las situaciones críticas que el sistema atraviesa actualmente y, por el contrario, genera aún más ruido y confusión a las relaciones entre los actores del sistema, sumando ahora un episodio de conflicto entre el ministerio y la Corte Constitucional. Desde luego, hacemos un llamado urgente desde INNOS para que haya un acuerdo rápido, para que se enfoquen los esfuerzos en el sentido correcto, y para que, sin más aplazamientos, se resuelva uno de los aspectos más importantes que han generado las condiciones actuales de detrimento de la atención en salud en el país, como lo es la incertidumbre sobre la suficiencia de la UPC. Esperamos que en los próximos días el ministerio asuma completamente estas responsabilidades y que le dé una respuesta eficaz y transparente a todas las personas que tienen derecho a atención sanitaria oportuna y con calidad.
por INNOS | Feb 13, 2025 | Noticias
En lo que podría considerarse una nueva derrota para el gobierno, su convocatoria a sesiones extraordinarias entre el 11 y el 13 de febrero, que buscaba avanzar rápidamente en la aprobación del proyecto de Ley 312 de 2024; no fue acatada por la presidencia de la Cámara, para evitar un vicio de trámite. Lo anterior debido a que no se ha resuelto formalmente el nombramiento del nuevo ministro del interior, quien no cuenta aún con el acto administrativo que lo designa en este cargo, incluso en calidad de encargado. No se entiende cómo, en plena crisis ministerial y en ausencia del presidente, se hace esta convocatoria sobre el tiempo, para terminar en un intento fallido de aprobar el proyecto.
Este hecho es el más reciente de una secuencia que ha sumado, en pocas semanas, varias situaciones que continúan profundizado la crisis del sistema de salud y que tienen relación también con una crisis de gobernabilidad que el país está percibiendo cada vez con mayor intensidad. El domingo anterior el presidente de la República les pidió renuncia protocolaria a todos sus ministros, poco después de la discusión que se generó al interior del Consejo de ministros de la semana pasada. Allí mismo, hubo algunas renuncias de colaboradores cercanos, que anticipaban en cierta forma, la crisis ministerial que se consolidó hace solo unos días.
Fue evidente para el país que existen profundas discrepancias al interior del gobierno nacional y que, como lo advertimos desde INNOS, la situación crítica del sistema de salud ni siquiera entró en la agenda del ya reseñado Consejo. Esto hace pensar que tal problemática, no está dentro de las prioridades a resolver y que todo el esfuerzo se concentra en presionar la aprobación de la reforma en la Cámara, para llevarla luego a su debate en el Senado. Solo unos días antes habíamos advertido, sobre las consecuencias que pudo haber generado la crisis diplomática con Estados Unidos para toda la economía nacional y para la continuidad de los programas sociales, lo cual se ha venido agravando con las decisiones que se tomaron posteriormente y de forma unilateral, en cuanto al cierre de la agencia de cooperación USAID; de la cual Colombia recibe una cantidad considerable de ayuda, mucha de esta destinada a programas de salud pública.
Otro de los episodios previos, fue el Auto de la Corte Constitucional, que se pronunció de fondo con respecto a la insuficiencia de los presupuestos máximos y de la Unidad de Pago por Capitación (UPC); que son las fuentes principales de recursos para el pago de la atención en salud en todas las instituciones públicas y privadas del país. Lo que inicialmente se valoró como una decisión positiva y alentadora para comenzar a resolver la crisis actual, ha sido relegada a segundo plano por el ministerio, que decidió aplazar sus respuestas y tomar más tiempo del dispuesto por la Corte, para resolver las fallas encontradas y para comenzar a cumplir las ordenes que allí le impartió al gobierno.
Entretanto, el déficit en las cuentas del sistema de salud no se ha resuelto, aumentan las críticas al gobierno por la gestión de los recursos y los pacientes han expresado una vez más su descontento convocando a una manifestación masiva hace algunos días, para reclamar su derecho a la atención en salud de manera digna, oportuna e integral. Ya se había advertido el inconformismo generalizado por parte de la propia Supersalud, que en su informe anual mostró una elevación importante del número de quejas y reclamos entre 2023 y 2024.
Al observar todo este panorama de forma general, es inevitable preguntarse ¿cuáles son las estrategias del gobierno nacional frente a la crisis del sector salud?. No es claro para la mayoría de los actores del sistema, de qué forma se va a cerrar el vacío que ha provocado la insuficiencia en los recursos y los retrasos en los pagos, agravados durante los dos últimos años. La Corte alertó sobre esta situación y mostró que este es un problema acumulado por mucho tiempo, a la vez que le ordenó al gobierno resolver de fondo estas inconsistencias. Las acciones que debe ejecutar el gobierno no se han producido y el país continúa a la espera.
De otra parte, una discusión apresurada del proyecto de reforma 312 2024 Cámara, con el propósito de conseguir su aprobación urgente y sin el análisis y el debate que la magnitud de esta reforma exige; deja serios interrogantes sobre lo que espera lograr el gobierno y, sobre lo que sería posteriormente su discusión en el Senado. Recordemos que, aunque en Cámara el gobierno ha conseguido avanzar con sus proyectos, el balance de fuerzas en el Senado no es el mismo y se enfrenta a posibles derrotas legislativas, más aún si los proyectos no cuentan con el consenso necesario para su aceptación.
En INNOS hemos insistido en la necesidad de construir una reforma al sistema de salud que resuelva las problemáticas ya identificadas, a la vez que se protegen y se refuerzan los logros que se han conseguido durante los últimos años. Los avances en cobertura y protección financiera, por citar solo algunos, no pueden ponerse en riesgo y no puede el sistema de salud que atiende a más de 50 millones de ciudadanos, quedar atrapado dentro de la crisis política que hoy en día tiene el gobierno. Por ello, reiteramos el llamado al ministro, hoy encargado de funciones presidenciales, así como a todos los demás actores institucionales, para que se comprometan a atender de forma inmediata y eficaz las problemáticas actuales, al tiempo que se reorienta la reforma del sistema con una participación amplia y efectiva, que avance realmente en el acceso a la salud y en la sostenibilidad del sistema a largo plazo.
por INNOS | Jan 30, 2025 | Noticias
Varias asociaciones de pacientes convocaron a una manifestación pacífica ayer 29 de enero, para expresar sus preocupaciones ante la crisis que vive actualmente el sistema de salud. La convocatoria busca crear conciencia en el gobierno nacional y que se generen de forma inmediata los correctivos necesarios para:
- Evitar las muertes que están ocurriendo debido a la falta de recursos que el gobierno debe girar a aseguradores y prestadores.
- Las deficiencias en asignación de citas y entrega de insumos y medicamentos de forma completa y oportuna.
- Las barreras de acceso que los gremios de IPS y EPS están creando para limitar aún más la prestación de los servicios.
- La moratoria en el pago de los salarios al personal médico y de la salud en general, lo cual afecta profundamente la calidad y la oportunidad de la atención.
Esta convocatoria se produce poco tiempo después de conocer el Auto 007 de la Corte Constitucional que ordena corregir el déficit acumulado de la UPC, que viene afectando la sostenibilidad del sistema de salud desde hace varios años y que hoy en día, ha provocado una situación crítica que requiere acciones inmediatas. Este fallo de la Corte respalda los reclamos justificados de los pacientes y en este sentido, define una ruta clara y de corto plazo para el gobierno.
También se han unido a esta manifestación algunos gremios de profesionales quienes tienen más críticas a la gestión de la salud de este gobierno. Algunos consideran que se le está dando un manejo clientelista al sistema, con la conformación de los Equipos Básicos de Salud y que, esto además ha dejado desfinanciados los servicios que los pacientes requieren con mayor premura.
Desde INNOS respaldamos este llamado de la sociedad civil y consideramos que el gobierno debe atender la inconformidad de pacientes y trabajadores del sector salud, dando respuesta inmediata a lo dispuesto por la Corte y a los requerimientos que se le hacen desde todas las organizaciones del sistema de salud.
por INNOS | Jan 29, 2025 | Noticias
La crisis de salud que atraviesa Colombia ha sido el epicentro de debates nacionales por meses, reflejando profundas desigualdades en el acceso a servicios, mientras que las crisis económicas, sociales y políticas recientes han intensificado la presión sobre el sector salud, convirtiéndolo en un punto clave de preocupación nacional. Con una acumulación de desafíos en la prestación de servicios, acceso a servicios, medicamentos y sostenibilidad financiera, el sistema atraviesa uno de los momentos más retadores de las últimas dos décadas. En este contexto, las recientes tensiones diplomáticas con Estados Unidos, detonadas el 26 de enero de 2025, han añadido un nivel de incertidumbre que amenaza con agravar los problemas existentes y que pudo haber representado un punto crítico con consecuencias severas para la estabilidad del sistema.
La negativa del presidente Petro a aceptar la llegada de los primeros vuelos de colombianos deportados en este nuevo periodo Trump, escaló rápidamente las tensiones, resultando en la advertencia de imposición de aranceles del 25% a productos colombianos, así como en sanciones adicionales, incluyendo la suspensión de visas y mayores controles fronterizos y aduaneros. Aunque la mayoría de los impactos económicos derivados de estas medidas aún no se han terminado de dimensionar y quedaron en pausa, según lo han expresado ambos gobiernos, la imposición de aranceles habría disminuido la competitividad de las exportaciones colombianas en su mercado más importante, provocando una posible contracción en sectores estratégicos que emplean a miles de personas.
Más allá de los efectos en los sectores industriales y comerciales, las medidas anunciadas por el gobierno Trump habrían generado impactos directos e indirectos profundos en el corto y mediano plazo al sistema de salud del país. La pérdida de empleos y la reducción de ingresos fiscales habrían complicado aún más la situación de un sistema de salud ya debilitado, al reducir la disponibilidad de recursos para la financiación de servicios esenciales y la adquisición de insumos médicos.
Según datos del Banco de la República, Estados Unidos hoy es el principal inversor extranjero en Colombia, con un flujo de IED superior a los US$1,709.1 millones. Las compañías estadounidenses han sido actores fundamentales en la implementación de proyectos de innovación tecnológica y prestación de servicios médicos en Colombia. Un deterioro en las relaciones diplomáticas podría reducir la llegada de capital para nuevas iniciativas, afectando la expansión de clínicas, hospitales y programas de salud digital.
De hecho, según datos de la Organización Mundial del Comercio, el 25% de las importaciones que realiza Colombia en el sector farmacéutico provienen de Estados Unidos, lo que significa que cualquier interrupción en estas importaciones podría tener un efecto dominó en el acceso a tratamientos críticos para millones de pacientes. Dentro de los valores totales de estas importaciones, se destaca la importación de medicamentos, tecnologías sanitarias y dispositivos médicos provenientes de EE.UU. Además, las restricciones diplomáticas habrían limitado el acceso a cooperación técnica y científica, que es crucial para la innovación y el fortalecimiento del sistema. Por ejemplo, según datos de CVN en 2022 el 13,5% de los equipos médicos que se importaron en Colombia fueron adquirido en el país norteamericano. Colombia importa desde Estados Unidos principalmente equipos de anestesia, equipos quirúrgicos, monitores de signos vitales, incubadoras y equipos de ventilación; todos ellos indispensables para la prestación de servicios de salud. Todo esto sin contar los más de USD 1.150 millones importados en tecnologías médicas.
Por su parte, la devaluación del peso colombiano frente al dólar, entendido como un potencial efecto de la crisis diplomática, encarecería dicha importación de medicamentos, insumos médicos y dispositivos de última generación, provocando un gran impacto tanto del sector público, como del privado.
Al igual que otros países en América Latina, Colombia mantiene una estrecha cooperación con EE.UU. en el ámbito de la salud, por medio de diferentes programas financiados por agencias como USAID, así como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Cabe mencionar que estos programas han sido fundamentales para el fortalecimiento del sistema de salud pública, especialmente en áreas como la vigilancia epidemiológica, la lucha contra enfermedades infecciosas, la salud materno-infantil y la capacitación del personal médico. Según información del Instituto Nacional de Salud (INS), desde 2016 y producto de la cooperación internacional, se han diversificado las áreas, los recursos y los equipos técnicos destinados para distintos proyectos de investigación y desarrollo.
Una crisis en la relación bilateral podría traducirse en la suspensión o reducción del financiamiento de iniciativas clave. Por ejemplo, el Plan de Emergencia del presidente de los EE. UU. para el Alivio del SIDA (PEPFAR) ha destinado más de $300 millones de dólares a Colombia en las últimas dos décadas, contribuyendo al tratamiento y prevención del VIH/SIDA. De manera similar, programas orientados a la prevención de enfermedades tropicales como el dengue, la malaria y la leishmaniasis han contado con apoyo financiero y técnico de instituciones estadounidenses, lo que ha permitido mejorar las capacidades de diagnóstico y respuesta del país, este es el caso, por ejemplo, de las enfermedades fúngicas y la resistencia a los antifúngicos.
Además, la formación de personal médico y la cooperación en investigación son áreas sensibles de relación bilateral. Actualmente, hospitales universitarios y centros de investigación en Colombia tienen convenios con entidades estadounidenses que facilitan la transferencia de conocimiento y tecnología en áreas como la telemedicina, la genómica y la atención primaria en salud. La interrupción de estos intercambios limitaría el acceso a capacitaciones avanzadas y el desarrollo de nuevas estrategias para el manejo de enfermedades de alto impacto en la población.
Otras áreas del sector salud también podrían verse afectadas negativamente, como el turismo médico. En particular, esto impactaría a los pacientes colombianos que viajan a Estados Unidos para recibir tratamientos médicos especializados. Aunque el flujo de colombianos que acceden a procedimientos médicos en ese país no es significativo en términos absolutos, la situación es diferente si se analiza el ingreso de pacientes estadounidenses a Colombia. Según cifras de ProColombia, en 2022 más de 25.000 extranjeros —principalmente de EE. UU.— ingresaron al país con fines médicos, representando un mercado en crecimiento dentro del sector salud. Sin embargo, las recientes restricciones en materia de visados impuestas por el gobierno estadounidense podrían no solo limitar el acceso de colombianos a tratamientos en ese país, sino también afectar la llegada de pacientes internacionales, lo que tendría un impacto directo en la economía del turismo médico en Colombia.
Además, esta situación podría haber generado obstáculos adicionales en la movilidad de profesionales de la salud y en la realización de investigaciones conjuntas, reduciendo las oportunidades de cooperación científica y transferencia tecnológica y de conocimiento, frentes esenciales para fortalecer las capacidades del ciencia, tecnología, innovación e industria sanitaria del país.
En términos operativos, la reducción de la cooperación también afectaría la provisión de insumos médicos y el acceso a tratamientos innovadores, lo que podría incrementar las brechas en salud pública, especialmente en comunidades vulnerables. La continuidad de estos programas es, por lo tanto, fundamental para garantizar el fortalecimiento del sistema de salud colombiano y la sostenibilidad de los avances logrados en los últimos años.
A mediano plazo, las consecuencias habrían incluido aún mayores dificultades para la sostenibilidad del sistema, así como una presión adicional sobre los servicios de atención primaria y especializada, especialmente en las regiones más vulnerables. La inversión en desarrollo, renovación y reposición de tecnologías sanitarias tales como equipos radiológicos, de diagnóstico, quirúrgicos, de manejo hospitalario y rehabilitación; habría encontrado una barrera en la reducción de disponibilidad de insumos derivada del incremento en sus costos. Es claro que en la actualidad la industria colombiana no está en capacidad de suplir todas las demandas de este tipo de productos del sector salud en el corto ni en el mediano plazo. Así mismo, estas tensiones habrían evidenciado aún más la debilidad de los mecanismos y programas gubernamentales que han sido anunciados para impulsar el fortalecimiento de la industria de tecnologías sanitarias en el país.
Desde INNOS reconocemos esta situación como una oportunidad para reflexionar sobre la interdependencia entre las decisiones de política exterior y su impacto interno, particularmente sectores que, aunque aparentemente lejanos de las relaciones comerciales cotidianas, constituyen un eje central del bienestar y la calidad de vida de una nación, como es el caso de la salud. Es esencial que el gobierno analice cada decisión no solo desde una perspectiva económica o diplomática, sino también considerando su repercusión en la salud de los colombianos y la sostenibilidad del sistema de salud. La protección de los sectores estratégicos, incluida la industria de tecnologías sanitarias, debe ser una prioridad en cualquier negociación futura.
En medio de la incertidumbre, esta es una oportunidad para que Colombia dé pasos firmes hacia un sistema de salud en el que sus actores participen en un ecosistema global de ciencia, tecnología, innovación, industria y servicios de salud que responda de manera más efectiva a las necesidades de su población y aporte al desarrollo humano y económico del país. Para lograrlo, es fundamental que el gobierno, el sector privado y la comunidad internacional trabajen de manera articulada, aportando recursos, experiencia y colaboración para garantizar un impacto significativo y sostenible que en ningún caso se hace viable si el país termina apartado de su principal aliado en materia comercial y de ciencia, tecnología e innovación.
