por INNOS | Nov 15, 2024 | Noticias
El proyecto radicado en la última semana de octubre tuvo ya su primer debate y votación de artículos en la comisión séptima de la Cámara de Representantes. La semana pasada se rechazó la ponencia negativa y con ello, comenzó la discusión del proyecto del gobierno que, hasta el martes 12 de noviembre, había aprobado 21 artículos de 58 que contiene la iniciativa.
La comisión ha aprobado en primera instancia algunos artículos que no tuvieron modificaciones ni proposiciones en la revisión y unificación de los proyectos de gobierno y partido Alianza Verde, que dieron como resultado este nuevo proyecto. Entre estos artículos aprobados se resalta la posibilidad de movilizar recursos de las Cajas de Compensación Familiar para pagar deudas de servicios de salud, cuando los han ofrecido estas entidades. De forma similar, se aprobó el traslado de recursos excedentes del SGP para pago de deudas de atención en salud a población pobre no afiliada y a personas migrantes que han sido atendidas sin afiliación. Así mismo se aprobaron los servicios complementarios en salud, que buscan atender transporte, hospedaje y servicios de cuidado.
Una de las críticas que se ha hecho a esta primera fase de discusión, es la votación de artículos en bloque, lo cual ha generado rechazo por parte de algunos representantes, quienes consideran que no se ha hecho el análisis requerido y que se ha impuesto su aprobación por la bancada que es afín al proyecto, con el apoyo del gobierno. Hasta el momento, los artículos aprobados son más de un tercio del articulado propuesto. Cómo se sabe desde el punto de vista técnico, votar de esta forma puede significar un desgaste de la democracia interna de los partidos, pues no se tiene en cuenta la voz y el voto de los miembros de las organizaciones políticas. Asimismo, puede desincentivar la colaboración y el intercambio de ideas entre partidos, pareciendo que el proceso legislativo sea menos incluyente. Ahora, para efectos de esta reforma puede existir un riesgo importante cuando se toman decisiones apresuradas, no solo afectando la calidad de la legislación, sino reviviendo el fantasma del impacto fiscal por el cual se archivó el primer intento de reforma.
En medio de las críticas a las intervenciones de las EPS que, de alguna manera, sirven como referencia para entender la forma como operará el sistema de salud, una vez aprobada la reforma, crecen las preocupaciones de algunos sectores por la concentración del poder y de la administración de los recursos en manos de entidades públicas, justamente por los riesgos de malversación que se hicieron evidentes recientemente. Una situación que evidenció INNOS hace un par de días cuando se analizó el texto en el cual se acumularon los proyectos de ley presentados por el gobierno y el Partido Verde, en el cual no se mantuvo la propuesta del Proyecto de Ley 135 (proyecto de ley Partido Verde) de dejar en manos de las EPS algunas funciones como aseguradoras.
De otra parte, se ha señalado que no se incorporaron cambios en cuanto al régimen laboral y salarial del talento humano en salud, que ha sido uno de los principales propósitos de la reforma y que estaba en la propuesta de la Alianza Verde.
El gobierno defiende que la aprobación de este primer grupo de artículos promueve la prestación de servicios sociales y complementarios para ampliar las condiciones de acceso a servicios de salud, en los casos en que las personas se deben desplazar a otros territorios para recibir atención especializada, por ejemplo. Al respecto, sobresale el artículo 37 que hace referencia al sistema de referencia y contrarreferencia. De igual manera se defiende que el gobierno, en especial el presidente, tendrá facultades para crear el régimen especial de los trabajadores de salud del sector público, sin incluir a quienes laboran en las entidades privadas, quienes son la mayoría de la fuerza laboral del sistema. Está decisión podría generar, por ejemplo, una centralización excesiva de parte del Ejecutivo, así cómo un impacto negativo en términos de sostenibilidad financiera, pues un régimen especial podría implicar mayores costos para el Estado.
Igualmente, en la discusión del martes no se profundizó sobre las implicaciones de abordar en bloque los artículos de los servicios complementarios, los créditos para que las IPS salden deudas, así cómo, el posible uso de los recursos clasificados como excedentes para el saneamiento financiero del sistema. Sobre este último punto, INNOS considera importante mencionar que, la Corte Constitucional ha abordado en algunas sentencias el uso de excedentes para garantizar el derecho a la salud, siempre que estos recursos se destinen de forma prioritaria a mejorar el sistema de salud, así cómo, favorecer las condiciones de sostenibilidad y transparencia. Valdría la pena recordar la Sentencia T-760 de 2008 con la cual se hace un llamado para llevar a cabo ajustes en el sistema de salud con el fin evitar crisis recurrentes y reiterar la obligación de garantizar una financiación adecuada y sostenible del sistema.
La discusión de la reforma se reanudó el miércoles 13 de noviembre, pero la sesión se tornó tensa y fue suspendida sin avances en artículos importantes como aquellos que abordan el modelo basado en APS, el aseguramiento social y la identificación única del talento humano. Ese mismo día, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC) emitió un comunicado en el que cuestiona el proyecto de ley y su discusión, señalando que lo aprobado hasta ahora no representa un avance real en las condiciones laborales del sector. La ACSC advirtió que el proyecto no aborda problemas medulares como la precarización y la vulneración de derechos de los trabajadores de la salud, manteniendo así las condiciones laborales injustas.
El debate deberá continuar en las próximas sesiones de la comisión, y es fundamental que se escuchen las voces de todos los actores involucrados para lograr acuerdos que fortalezcan el sistema. Alcanzar consensos es esencial para construir un modelo de salud que responda a las necesidades actuales del país y garantice el derecho a la salud de manera sostenible y equitativa.
por INNOS | Jul 23, 2024 | Noticias
En abril del presente año, el Ministerio de Salud interpuso ante el Tribunal de Cundinamarca una demanda contra 21 entidades prestadoras de salud, entre las que se encontraban Compensar EPS, Sanitas EPS, Famisanar EPS, Capital Salud, Nueva EPS y SURA entre otras. Entre los argumentos del Ministerio sobresalieron dos, la presunta vulneración de los derechos e intereses colectivos a la defensa del patrimonio público, la moralidad administrativa y el acceso al servicio público a la seguridad social en salud y a que su prestación sea eficiente y oportuna, así como, exigir a las entidades que tomen medidas inmediatas para asegurar el cálculo adecuado, la creación y la actualización mensual de las reservas técnicas. Como dato adicional, en marzo la cartera de salud ya había presentado una demanda, pero esta fue negada. En el concepto negativo, en ese momento, el Tribunal le pidió unas correcciones respecto a las autoridades judiciales que podrían dar estudio a dicha petición.
Ahora bien, el pasado 3 de julio el Tribunal de Cundinamarca respondió al nuevo pedido de medidas cautelares, negándolo, argumentando, que las pruebas presentadas por el Ministerio de Salud no eran suficientes para demostrar una vulneración de los derechos de los usuarios. Al respecto, vale la pena mencionar que, según el artículo 231 de la Ley 1437 de 2011, son requisitos para decretar las medidas cautelares en lo referente al control de protección de los derechos e intereses colectivos:
- Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho.
- Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados.
- Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla.
Igualmente, según la providencia del Consejo de Estado del 31 de marzo de 2011, para decretar las medidas cautelares, el juez debe justificar la decisión basándose en elementos de prueba válidos que, además, puedan comprobarse, de ahí la importancia que sean idóneos. También, como se mencionó en la decisión del Consejo de Estado del 17 de marzo de 2015, otro criterio para aceptar las medidas cautelares se fundamenta en el buen derecho, en la existencia del perjuicio de la mora, así como, estudio de ponderación y sus subprincipios integradores de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.
Por consiguiente, el Tribunal de Cundinamarca negó las medidas cautelares porque, por un lado, aunque el Ministerio de Salud presentó los argumentos basándose en el “informe sobre las deudas de 26 EPS”, presentado por la Contraloría, no llevó a cabo un análisis comparado con el cual se demostrará la violación de los derechos, es decir, sólo citó o se limitó a citar el informe, pero no presentó los argumentos para sustentar el pedido, sin poder demostrar el riesgo. Por el otro, el Tribunal considera que, si bien el Ministerio de Salud cumple con los requisitos de titularidad de las acciones, según el artículo 12 de la Ley 472 de 1998, éste no logró comprobar una vulneración de un derecho colectivo como es el derecho a la salud, pues los informes citados no se constituyen en evidencia sumaria, es decir, mencionó los hechos, pero no realizó un análisis.
De esta manera, la demanda no cumplió con los requisitos establecidos para decretar medidas cautelares, pues no se logró demostrar si existen normas superiores que hayan sido señaladas como vulneradas, concluye el Tribunal de Cundinamarca “el debate propuesto es meramente legal y requiere confrontación con los elementos fácticos, jurídicos y probatorios que se alleguen al expediente, y será la Sala de decisión quien contemplará la totalidad de los elementos que se aporten al proceso y será la sentencia en donde se decidirá el problema jurídico objeto del litigio”.
Este fallo constituye un llamado para que el Ministerio de Salud y Protección Social, profundice en el análisis de las causas que han llevado a las situaciones críticas que atraviesa actualmente el sistema de salud y que, asuma más directamente su función como rector de este. Las problemáticas que hoy viven los pacientes, familiares y ciudadanos en general, requieren intervenciones prontas y decididas de la autoridad competente, más allá de llevarlas a las instancias judiciales, con lo cual pueden generarse efectos contraproducentes que aumentan la desconfianza y la polarización entre los actores públicos y privados.
por INNOS | Jun 24, 2024 | Noticias
El sistema de salud colombiano continúa enfrentando una crisis que, lejos de resolverse, parece profundizarse cada vez más. Aunque esta situación puede explicarse por una combinación de problemas estructurales, un intento fallido de reforma, falta de consenso entre los actores del sector y decisiones administrativas, sus efectos están comenzando a afectar la atención de los usuarios y la continuidad del tratamiento de los pacientes. A pesar de que en los últimos meses se ha discutido ampliamente sobre las causas de la crisis y se han propuesto soluciones, un nuevo llamado de varios actores respecto a la crisis financiera de las IPS plantea un difícil escenario que merece la atención inmediata de todo el sector de la salud.
Según la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), la deuda acumulada de las EPS y las entidades territoriales con las IPS supera los 16 billones de pesos a cierre de 2023, poniendo en peligro la sostenibilidad y el funcionamiento de 221 hospitales y clínicas en el país. Lo más preocupante es que, si no se corrigen los faltantes históricos y se ajusta el financiamiento según las necesidades reales del sistema, este déficit podría llegar a 26 billones en 2024. Juan Carlos Giraldo, director de ACHC, manifestó que las EPS del régimen contributivo concentran algo más del 50% de la deuda, las EPS del régimen subsidiado alrededor del 23%, mientras que el sector estatal y las aseguradoras del SOAT deben alrededor del 10%.
El impacto de esta deuda no solo se limita a los usuarios y pacientes, sino que también puede afectar a los trabajadores de la salud. En caso de que las IPS vean reducidos sus ingresos y se afecte su sostenibilidad financiera, los trabajadores deberán enfrentar retrasos en el pago de sus salarios. Además, proveedores de insumos médicos y farmacéuticos también se ven afectados, ya que los hospitales y clínicas tienen dificultades para pagar sus deudas, lo que puede llevar a una interrupción en el suministro de medicamentos y otros productos esenciales.
Las EPS han señalado que, si bien la crisis no es nueva, esta se ha agravado en los últimos años. En primer lugar, indican que la Unidad de Pago por Capitación (UPC) es insuficiente para cubrir los costos del Plan de Beneficios en Salud (PBS). Según un informe del portal Sectorial, la UPC debió incrementarse en un 20.5%, considerando la ampliación del PBS, la inflación real, que no fue igual a la inflación proyectada, y un aumento de la siniestralidad que se calcula en un 109.5% para 2023. Además, el mismo estudio señala que los giros de presupuestos máximos no se han realizado puntualmente y que aún hay pagos pendientes del Acuerdo de Punto Final establecido en el gobierno anterior.
A esto se suma el problema de la falta de transparencia y la mala gestión de recursos dentro del sistema de salud, que agravan aún más la situación. Casos de cuentas ocultas como las reportadas por la Supersalud en la Nueva EPS, o la sospecha de uso de fondos en tareas distintas a las definidas en la ley, son ejemplos de prácticas que afectan la eficiencia del sistema y minan la confianza de la población.
De esta manera, la crisis financiera del sector salud no es resultado de una sola decisión, sino que responde a una compleja interacción de factores, incluyendo la acumulación de deudas por parte de las EPS, la falta de pago por entidades gubernamentales, un cálculo inadecuado de la UPC por parte del gobierno, ineficiencias, problemas de corrupción no resueltos y mala gestión. Esto pone en peligro la viabilidad financiera de las IPS, afectando no sólo a los usuarios y pacientes, sino también al talento humano en salud, a los proveedores de servicios y demás actores de la cadena de valor del sistema. Este impacto compromete la capacidad de brindar servicios de calidad y cumplir con los tratamientos, además de abrir la puerta para que se incremente el gasto de bolsillo y el gasto catastrófico, afectando principalmente a las poblaciones más vulnerables y atentando contra los principios de equidad y calidad que deben ser centrales en cualquier sistema de salud.
Ante esta situación, se proponen varias acciones para contribuir a detener la crisis. Es necesario ajustar la UPC a los costos reales, ya que presenta un déficit desde 2022, lo que implica aumentar los recursos destinados al sistema de salud para garantizar su sostenibilidad. Se estima que para 2024 se requerirían casi 100 billones de pesos, pero sólo se presupuestaron alrededor de 90 billones, lo cual es particularmente preocupante ante los últimos resultados de recaudo presentados por el gobierno. También es crucial llegar a acuerdos entre todos los actores para saldar las deudas pendientes y acordar mecanismos de pago realizables que brinden certidumbre para la toma de decisiones. Adicionalmente, el gobierno debe explorar medidas administrativas que permitan el flujo adecuado de los recursos hacia las IPS.
Además, se debe implementar una estrategia que permita mejoras en el sector salud, fortaleciendo los mecanismos de control y auditoría, y promoviendo la transparencia en la administración de los recursos. También es fundamental fomentar la participación de la sociedad civil y los usuarios en la vigilancia y control de los recursos del sistema de salud, asegurando que estos se utilicen de manera eficiente y equitativa.
La figura de las IPS
Al igual que otros actores que componen el sistema de salud colombiano, antes de la crisis actual, las IPS también venían sufriendo los efectos de las presiones fiscales relacionadas con los recursos limitados, el envejecimiento de la población, el incremento de las enfermedades crónicas, los avances técnicos en el sector y el crecimiento de la demanda de servicios médicos en el país. Estas instituciones cumplen un rol esencial, haciendo posible que las EPS garanticen el acceso al plan de beneficios de todos los colombianos. En este sentido, realizan dos funciones: se encargan de la atención primaria en salud y prestan servicios hospitalarios especializados y de alta complejidad. Su naturaleza puede ser pública, privada y mixta.
Problemas de las IPS
Existen investigaciones que abordan los problemas de las IPS desde tres perspectivas. Una de ellas se relaciona con factores externos al funcionamiento propio de estas instituciones. Así, Bernal (2011), citado por Castro Figueroa (2020), menciona cuatro factores principales:
- Un sistema financiero negligente ante las necesidades de liquidez de las IPS.
- El manejo deficiente de los sistemas de información por parte de los entes que vigilan el sector.
- Infraestructura deficiente.
- Un entorno económico que trata al sector salud como cualquier otro de la economía nacional.
Otra perspectiva se enfoca en las causas de carácter normativo. Según Suárez y García (2014), las normas que regulan el funcionamiento y financiamiento de las IPS son complejas. En algunas ocasiones, la falta de claridad lleva a que este tipo de instituciones incurran en sobrecostos por endeudamiento.
Un tercer punto de vista se centra en el tema financiero, según el Observatorio de Cartera de la SNS, las IPS enfrentaban tres tipos de problemas, algunos relacionados con corrupción, manejo inadecuado de recursos e insuficiencia en los sistemas de control y vigilancia (Crispin et al., 2023). Al respecto, en agosto de 2023 el Banco de la República en la Revista Borradores de Economía presentó un análisis sobre la solidez financiera de las IPS a través de una evaluación del desempeño financiero a través del modelo CAMEL, en el cual se tuvieron en cuanta los siguientes indicadores: Capital (C), calidad del activo (A), administración (M), rentabilidad (E), y liquidez (L). Los investigadores hallaron lo siguiente (Crispin et al., 2023):
- Las IPS privadas tienen un mejor desempeño en rentabilidad.
- Las IPS públicas tienen la mejor calificación en la calidad del activo.
- En los indicadores asociados a la administración (gerencia), capital y liquidez los resultados tanto para las IPS públicas como privadas es similar.
En marzo de este año, la Superintendencia de Salud, a solicitud de la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes, envió un informe sobre la situación financiera del sistema de salud colombiano, con un enfoque especial en las Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS). El informe abordó el estado actual de la deuda del sistema de salud colombiano, las causas y factores que han contribuido a la acumulación de la deuda, y el impacto de esta deuda en la prestación de servicios de salud a la población colombiana.
Respecto a las cifras proporcionadas por el informe, se puede decir lo siguiente:
- Las cifras de cuentas por pagar totales a IPS varían considerablemente entre las diferentes EPS que la Superintendencia reporta en el informe. De esta manera, las EPS con las mayores cuentas por pagar son:
- Famisanar: 2.144.062.597
- Nueva EPS: 1.779.421.694
- Emssanar S.A.S.: 1.469.885.629
- Las cifras también presentan algunas diferencias importantes dependiendo de la naturaleza de las EPS, así:
- Las mayores cuentas por pagar a instituciones públicas las tiene la Nueva EPS con 365.158.851.
- Las mayores cuentas por pagar a instituciones privadas las tiene SANITAS con 1.321.042.937.
- Las mayores cuentas por pagar a instituciones mixtas las tiene FAMISANAR con 2.084.995.
- Si se observa por EPS, el resultado es el siguiente:
- Las mayores cuentas por pagar en la EPS SURA son a proveedores de servicios y tecnología en salud (18.856.416) y a instituciones públicas (16.993.038).
- En el caso de Salud Total las mayores cuentas por pagar se concentran en las instituciones públicas (21.574.901) y privadas (372.183.309).
- Las mayores cuentas por pagar en Sanitas son a instituciones privadas (1.321.042.937) y a proveedores de servicios y tecnología en salud (416.981.280).
- Para el caso de Famisanar, las mayores cuentas por pagar son a instituciones privadas (1.749.814.890) y a instituciones públicas (330.997.249).
El informe de la Superintendencia de Salud revela una situación de deuda significativa entre las EPS y las IPS en Colombia, con variaciones notables según el tipo de institución y la naturaleza de los proveedores. Esta deuda acumulada afecta la capacidad de las IPS para ofrecer servicios de salud de manera eficiente y oportuna, lo que repercute en la calidad y el acceso a la atención médica para la población colombiana en general.
Asimismo, las IPS, especialmente las privadas y mixtas, podrían reducir su oferta de servicios o simplemente podrían restringir la cobertura de ciertos tratamientos, medicamentos o procedimientos costosos, como, por ejemplo, ya se ha observado en la entrega de ciertos medicamentos.
Por todo lo anterior, urge que el gobierno asuma su responsabilidad ante la situación crítica que se está viviendo en el sector y que, de manera inmediata, convoque a todos los actores para resolver las problemáticas descritas, para evitar que se produzcan situaciones de negación de servicios o de cierre masivo IPS tanto públicas como privadas, debidas a la desfinanciación de clínicas y hospitales. Es el momento para que los gremios de profesionales de la salud participen más directamente y aporten a las soluciones que el sistema requiere, teniendo en cuenta que son otro eslabón de la cadena, que será perjudicado si las tendencias actuales continúan su curso.
