por INNOS | Dec 13, 2024 | Noticias
Bogotá, 10 y 11 de diciembre de 2024 – Con el objetivo de diseñar soluciones concretas y colaborativas a los retos de sostenibilidad del sistema de salud colombiano, más de 60 actores clave del sector se reúnen en la Solveathon en Salud, una iniciativa impulsada por el Hub iEX de la Universidad El Bosque, INNOS, y la ANDI, con el apoyo de AFIDRO, el MIT, la Comunidad Healthtech Colombia, Innpulsa, AWS y Roche.
Durante estos dos días, líderes del sector público, privado y académico, junto a expertos en innovación, emprendedores y otros actores del sector salud, se encuentran trabajando en soluciones para los desafíos más urgentes del sistema. La agenda del evento se centra en dos áreas críticas: el diseño de modelos de riesgo compartido y la exploración de modelos innovadores de financiamiento que puedan garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo.
El Solveathon en Salud se desarrolla en un contexto marcado por intensas discusiones sobre la reforma al sistema y los retos asociados a la actual crisis financiera y operativa que enfrenta el sector. Más allá de la crítica, esta iniciativa es una respuesta constructiva y propositiva multiactor que surge de la colaboración multisectorial para avanzar hacia alternativas de un sistema que pueda garantizar los derechos de los colombianos.
“Estamos convencidos de que iniciativas como la Solveathon son fundamentales para movilizar las capacidades y conocimientos del sector hacia la búsqueda de soluciones que impacten positivamente la vida de los colombianos y la sostenibilidad del sistema de salud,” señaló el Dr. Carlos Felipe Escobar, Director de INNOS y del HubiEX de la Universidad El Bosque.
Entre las propuestas destacadas que están emergiendo en este espacio se encuentra la idea de implementar Bonos Blancos para la Salud, una solución inspirada en los bonos verdes del sector ambiental, como un instrumento financiero innovador que permitiría atraer inversión hacia proyectos de alto impacto en salud, como programas de prevención, manejo de enfermedades crónicas y desarrollo de infraestructura sanitaria. Otras soluciones incluyen plataformas unificadas para la creación de Centros de Excelencia en enfermedades de alto costo, con el objetivo de optimizar recursos y mejorar los desenlaces clínicos. También se proponen mecanismos de pago por resultados específicos para enfermedades huérfanas, apoyados en inteligencia artificial para garantizar su implementación efectiva.
Adicionalmente, se están explorando modelos de financiamiento innovadores, como fondos multilaterales autosostenibles y estrategias para alinear la asignación de recursos con las necesidades epidemiológicas cambiantes. Estas ideas se complementan con herramientas de monitoreo y transparencia que buscan fortalecer la confianza entre los actores del sistema, así como con iniciativas para la implementación de seguros especializados y el uso de inteligencia artificial y Big Data para optimizar la cooperación internacional en salud.
Estas soluciones, desarrolladas en un marco de colaboración y creatividad, representan un esfuerzo conjunto por transformar el sistema de salud colombiano en un modelo más resiliente y centrado en el bienestar de los ciudadanos. Al culminar la Solveathon, las propuestas serán refinadas y presentadas ante tomadores de decisión, como un aporte proactivo y fundamentado a las discusiones sobre la reforma y sostenibilidad del sector.
Para mayor información: coordinacion@innos.co
por INNOS | Dec 10, 2024 | Noticias
La situación financiera del sistema de salud colombiano continúa deteriorándose como consecuencia de fallas estructurales no resueltas y presiones emergentes. A los históricos problemas de deudas acumuladas y la falta de acuerdos entre el gobierno, las EPS y las IPS sobre los pasivos existentes, se suman decisiones gubernamentales recientes que han incrementado el déficit. Medidas relacionadas con el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y la asignación de Presupuestos Máximos (PM), en un contexto de incremento de los costos, han llevado al sistema a gastar más de lo que recibe.
Este panorama se da en un escenario marcado por un nuevo intento del gobierno de reformar el sistema de salud, después de que la primera propuesta fuera archivada por la comisión séptima del Senado en abril de 2024. Recientemente, se presentó un nuevo proyecto al Congreso que busca resolver las problemáticas del sistema, incluyendo las financieras. Sin embargo, varios analistas han señalado que las reformas propuestas no garantizan la solución de los problemas estructurales y, en algunos casos, podrían incluso agravarlos.
Desde INNOS, consideramos necesario aportar un análisis para enriquecer el debate. Es fundamental que los tomadores de decisiones y los actores clave cuenten con información suficiente que les permita orientar sus acciones hacia el beneficio colectivo. La sostenibilidad financiera no es solo un tema técnico; es un elemento fundamental de la equidad, la eficiencia y la calidad en la prestación de servicios. Cuando un sistema de salud no es sostenible financieramente, los más afectados son los usuarios y pacientes, quienes deben asumir mayores costos de su bolsillo o, en el peor de los casos, limitar el acceso a los servicios indispensables. Por ello, presentamos este análisis con el objetivo de contribuir a decisiones informadas que fortalezcan el sistema de salud y garanticen su sostenibilidad en el tiempo.
¿Cuál es la situación financiera del sistema de salud?
En primer lugar, es importante señalar que el sistema de salud colombiano enfrenta un déficit acumulado que amenaza la continuidad en la prestación de los servicios. Según un estudio realizado por ANIF y Afidro, entre 2022 y 2024 el sistema acumuló un desbalance de 19,7 billones de pesos, lo que representa un serio problema para garantizar la sostenibilidad del sistema y, por tanto, la adecuada prestación y acceso a los servicios de salud. Según ese mismo estudio, este panorama pone en especial riesgo a más de 15 millones de personas en situación de pobreza, quienes dependen directamente del régimen subsidiado para acceder a la atención. Esto, desde luego, supone un reto enorme en términos de equidad, la cual es considerada como uno de los principales logros del sistema en los últimos 30 años.
Una de las principales causas de este déficit es la subestimación de la UPC, que es el valor que el Gobierno colombiano paga a las EPS por la atención en salud de cada afiliado. Desde 2021, los aumentos decretados para la UPC han sido insuficientes para cubrir los costos reales de los servicios de salud. En 2024, por ejemplo, ésta debía incrementarse en un 15,6% para reflejar el aumento en los costos; sin embargo, el Gobierno solo autorizó un ajuste del 12%. Esta brecha genera un faltante de recursos para las EPS, limitando su capacidad de brindar una atención adecuada y aumentando, en consecuencia, las barreras de acceso a los servicios de salud.
Por supuesto, el déficit del sistema también está estrechamente relacionado con los problemas económicos de las EPS, cuyo patrimonio ha disminuido significativamente en los últimos años. En 2023, varias EPS, incluidas algunas de las más grandes del país, experimentaron una marcada reducción en su patrimonio debido al incremento de las deudas acumuladas y a la creciente presión por la demanda de servicios. Esta situación ha llevado al Gobierno a intervenir algunas EPS con serios problemas financieros, llegando incluso a casos de liquidación. Estas intervenciones generan un impacto significativo en el sistema, ya que los usuarios deben ser trasladados a otras EPS, lo que incrementa aún más la presión financiera sobre estas últimas. Además, la gestión ineficiente de los recursos por parte de algunas EPS ha agravado su situación económica, generando deudas acumuladas, problemas de liquidez y un deterioro patrimonial que repercute directamente en la calidad de la atención prestada. Esto genera incertidumbre, minando la confianza entre todos los actores involucrados.
Otro factor que ha afectado las finanzas es la insuficiencia de los PM, destinados a pagar la atención de enfermedades huérfanas y de alto costo, así como otros procedimientos y servicios no cargados a la UPC. Se estima que solo en 2024 hay un faltante de 1,9 billones de pesos, mientras que entre 2022 y 2024 el déficit acumulado asciende a 4,6 billones de pesos. Esta brecha limita el acceso a tratamientos esenciales para pacientes con enfermedades complejas, poniendo en riesgo su calidad de vida y, en muchos casos, su supervivencia.
De acuerdo con la revista Cambio, cerca de 90.000 pacientes con enfermedades huérfanas en Colombia enfrentan serias dificultades debido a la falta de financiamiento y al desabastecimiento de medicamentos. Organizaciones como Fecoer y Enhu, que agrupan a 73 asociaciones de pacientes, han expresado una profunda preocupación por la crisis que atraviesa el sistema de salud. Esta crisis se refleja en el desfinanciamiento, el desabastecimiento y los obstáculos crecientes para que los pacientes con enfermedades accedan a tratamientos. Al final, la falta de recursos ha generado escasez de medicamentos, cancelación de citas y aumento en los tiempos de espera para la atención médica.
Hay que tener en cuenta que esta situación se da en un contexto de aumento de la demanda de servicios de salud. El envejecimiento de la población y la mayor prevalencia de enfermedades crónicas provocan un incremento en la solicitud de atenciones en todos los niveles. Este aumento no ha sido acompañado por un incremento proporcional en los recursos del sistema, lo que ha generado presiones financieras adicionales. El estudio de ANIF menciona que la cobertura de la mayoría de los afiliados está a cargo de las EPS más grandes, que también son las que más usuarios reciben por traslados. Según el portal Sectorial, en 2023, la relación entre costos e ingresos en el aseguramiento arrojó una siniestralidad de 104,9% y, al analizar la siniestralidad combinada con los gastos, esta subió al 109,5% para todo el sistema. El comportamiento de la siniestralidad es una consecuencia de la insuficiencia de la Unidad del Pago de Capitación y de su pérdida de valor en términos reales.
¿Cuáles pueden ser las consecuencias de esta difícil situación?
Las dificultades financieras que enfrenta actualmente el sistema de salud pueden tener profundas repercusiones en la calidad y el acceso a los servicios. Además, el déficit ascendente podría desestabilizar el funcionamiento del sistema, afectando negativamente su organización y las capacidades desarrolladas por los diferentes actores en los últimos años. Si no se implementan medidas oportunas y específicas, las consecuencias podrían ser graves tanto para los pacientes como para los usuarios, minando la confianza en el sistema y ampliando las brechas de inequidad.
En primer lugar, la falta de recursos y la presión financiera sobre las instituciones prestadoras de servicios de salud pueden traducirse en un deterioro significativo de la calidad de atención. Esto se refleja, por ejemplo, en el aumento de la mortalidad hospitalaria, ya que la sobrecarga de trabajo y el cierre de servicios dificultan que los equipos médicos brinden una atención adecuada y oportuna. Asimismo, la reducción de la oferta de servicios limita la atención integral que los pacientes necesitan.
Por otro lado, el acceso a los servicios de salud también se ve gravemente afectado. Muchas personas, especialmente en zonas rurales y comunidades vulnerables, podrían quedar sin acceso a servicios esenciales debido al cierre de prestadores de baja y media complejidad. La disminución de la capacidad del sistema genera tiempos de espera más prolongados; un ejemplo de esto es el caso de Medimás, donde los tiempos de espera aumentaron en un 14,4 % tras su intervención. Adicionalmente, los pacientes enfrentan mayores costos relacionados con el traslado hacia lugares alejados para recibir atención médica, lo que incrementa los gastos y desincentiva la prevención de enfermedades. Esto último puede llevar al agravamiento de condiciones crónicas que requieren un manejo continuo para garantizar la salud y la calidad de vida de los pacientes.
Otro problema que puede surgir de esta crisis es la concentración del mercado. La salida de varios prestadores reduce la competencia, lo que facilita que las pocas instituciones restantes incrementen los costos de la atención, haciendo el sistema menos accesible. También se puede presentar un desabastecimiento generalizado de medicamentos esenciales. En este sentido, el Invima reportó el desabastecimiento de 13 medicamentos de alto costo y el riesgo de desabastecimiento de otros 9.
Finalmente, la crisis financiera está llevando a la cancelación de servicios neurálgicos, como cirugías, las cuales han aumentado un 30,7% en cancelaciones por falta de recursos en las instituciones prestadoras. Esta situación pone en peligro la vida de pacientes que necesitan intervenciones inmediatas. Además las continuas dificultades en el acceso y la incertidumbre, está llevando a muchos usuarios a contratar planes de medicina prepagada y seguros de salud, una situación que incrementa el gasto de bolsillo y genera incentivos en los prestadores que pueden terminar afectando el sistema financiado con recursos públicos.
¿Cuáles son los principales retos para el 2025?
En el 2025, el sistema de salud colombiano enfrenta el reto de garantizar su sostenibilidad financiera frente a un creciente déficit acumulado. Para abordar este desafío, es fundamental ajustar el cálculo de la UPC, de tal manera que refleje los costos reales de los servicios, así como la demanda creciente. Además, es necesario incorporar mecanismos de ajuste por riesgo que aseguren una distribución equitativa de los recursos. Paralelamente, se deben explorar nuevas fuentes de financiamiento y fortalecer las herramientas de información y auditoría para prevenir la corrupción y los malos manejos de los recursos públicos. En este sentido, mejorar la transparencia y desarrollar sistemas de información operativos permitirá a todos los actores del sistema monitorear su gestión de manera efectiva.
Sin embargo, inyectar más recursos no será suficiente si no se garantiza su uso eficiente e innovador. Esto requiere promover esquemas de pago basados en resultados, que incentiven un uso racional de los recursos. Asimismo, es indispensable mejorar la distribución del talento humano en salud para garantizar una atención oportuna y equitativa en todas las regiones del país. En el ámbito de los medicamentos, es deseable implementar estrategias para fortalecer la producción nacional, negociar precios más accesibles y establecer un sistema eficiente de monitoreo del abastecimiento.
Por último, tal como lo han señalado diversos analistas, es prioritario fortalecer las estrategias de atención primaria. Estas estrategias pueden contribuir con la reducción de la demanda de servicios de alta complejidad y permitir la detección temprana de enfermedades, lo que facilita intervenciones oportunas y más costo-efectivas. Estas acciones deben complementarse con modelos de financiamiento innovadores que involucren a todos los actores del sistema, alineando sus intereses mediante incentivos adecuados y promoviendo la generación de valor compartido.
Solo a través de una estrategia integral, que combine sostenibilidad financiera, eficiencia en el uso de recursos y fortalecimiento de la atención primaria, será posible enfrentar los desafíos actuales y construir un sistema de salud más sólido, equitativo y sostenible para todos los colombianos.
por INNOS | Nov 22, 2024 | Noticias
Los sistemas de salud en todo el mundo están enfrentando desafíos sin precedentes. El aumento en la demanda de servicios de salud, las persistentes inequidades y los recursos limitados subrayan la urgente necesidad de soluciones transformadoras. En este contexto, la innovación en ciencias de la vida emerge como un faro de oportunidad, prometiendo abordar desafíos críticos de salud mientras fomenta la equidad y la sostenibilidad.
Sin embargo, la innovación no ocurre de manera aislada. Su éxito depende de un ecosistema que fomente la colaboración, invierta en infraestructura fundamental y cree un entorno político propicio para la experimentación y la escalabilidad. La Cumbre GTIPA 2024 proporcionó una plataforma para explorar estas dinámicas. A través de su panel, “Políticas para Impulsar la Innovación en las Ciencias de la Vida y la Prestación de Servicios de Salud”, los expertos compartieron perspectivas sobre la construcción de ecosistemas de innovación efectivos, el fomento de la transferencia equitativa de tecnología y el aprovechamiento de la propiedad intelectual para cerrar la brecha entre la investigación y el impacto social.
La Cumbre GTIPA 2024, celebrada en Nueva Delhi, India, significó una plataforma excepcional para explorar estas dinámicas. Este evento global reunió a líderes de pensamiento, formuladores de políticas y expertos para discutir estrategias que fomenten la innovación en diversos sectores. Una de sus discusiones fundamentales, el panel titulado “Políticas para Impulsar la Innovación en las Ciencias de la Vida y la Prestación de Servicios de Salud”, contó con distinguidos panelistas:
• Mark Schultz, Titular de la Cátedra Goodyear en Derecho de Propiedad Intelectual, Universidad de Akron Facultad de Derecho, e Investigador Senior en Geneva Network, quien aportó profundas perspectivas sobre propiedad intelectual e innovación.
• Ankur Mutreja, Director de Estrategia, Alianzas y Comunicaciones en PATH, ofreciendo perspectivas sobre asociaciones globales de salud y soluciones escalables.
• Manish Diwan, Jefe de Alianzas Estratégicas y Desarrollo Empresarial en BIRAC, Departamento de Biotecnología, Gobierno de India, quien destacó la experiencia de India en el fomento de la innovación biotecnológica.
• Colin Jamora, Profesor en la Universidad Shiv Nadar, compartiendo perspectivas académicas y científicas sobre el avance en la prestación de servicios de salud.
El panel fue moderado por el Dr. Carlos Felipe Escobar, Director de INNOS, cuya experiencia en ecosistemas de innovación y sistemas de salud proporcionó un marco cohesivo para las discusiones. Esta nota resume las principales perspectivas y recomendaciones compartidas durante el panel, destacando tanto las oportunidades como las acciones necesarias para dar forma al futuro de la innovación en salud. Sirve como guía para las partes interesadas que buscan aprovechar la innovación en ciencias de la vida para una prestación de servicios de salud equitativa y sostenible.
Construyendo Ecosistemas de Innovación Dinámicos
En el centro de cualquier esfuerzo exitoso de innovación se encuentra un ecosistema dinámico. Estos ecosistemas no son meras redes de actores, sino sistemas integrados donde la academia, el gobierno, la industria y las organizaciones sin fines de lucro colaboran hacia objetivos compartidos. Los panelistas enfatizaron que la colaboración es indispensable, siendo las asociaciones público-privadas un pilar fundamental para el éxito.
La inversión pública juega un papel catalizador en la investigación temprana, particularmente en áreas que requieren compromisos a largo plazo como las ciencias básicas. Sin embargo, a medida que las innovaciones maduran, el financiamiento privado se vuelve crítico para escalar y traducir la investigación en soluciones listas para el mercado. Por ejemplo, el desarrollo de centros biotecnológicos e incubadoras en India ha demostrado ser efectivo en el fomento de clústeres especializados de innovación. Estos clústeres no solo concentran recursos y experiencia, sino que también permiten intervenciones más enfocadas en desafíos prioritarios de salud, como enfermedades crónicas y desigualdades en el acceso a la atención médica.
Un tema recurrente fue la necesidad de un liderazgo gubernamental que empodere en lugar de controlar. Los gobiernos deben señalar las necesidades sociales para orientar las prioridades del ecosistema e invertir en infraestructura habilitadora como plataformas de datos, instalaciones de prueba y espacios regulatorios de experimentación. Sin embargo, también deben permitir espacio para que otros actores innoven libremente, creando un entorno equilibrado de co-liderazgo.
Fortaleciendo la Transferencia de Tecnología para la Equidad en Salud
La transferencia de tecnología es un puente crítico entre el laboratorio y el mundo real. Sin mecanismos efectivos para transferir conocimiento e innovaciones, incluso la investigación más revolucionaria corre el riesgo de volverse irrelevante. Los panelistas destacaron que la transferencia equitativa de tecnología es esencial para asegurar que las innovaciones lleguen a las poblaciones desatendidas y aborden las disparidades globales en salud.
La infraestructura y los marcos de políticas juegan un papel fundamental en facilitar la transferencia de tecnología. Los ejemplos exitosos incluyen colaboraciones entre países de altos y bajos ingresos donde los recursos compartidos y la experiencia han acelerado la adopción de nuevas tecnologías. Sin embargo, persisten los desafíos. El acceso limitado a datos del mundo real, el financiamiento insuficiente para programas piloto y la falta de coordinación entre actores continúan obstaculizando el progreso.
La colaboración global ofrece un camino para superar estas barreras. Al fomentar plataformas para el intercambio de datos y asociaciones transfronterizas, los países pueden crear un entorno donde las innovaciones sean más accesibles y adaptables. Los panelistas también enfatizaron la importancia de apoyar a actores más pequeños, como startups e instituciones de investigación, proporcionando acceso a instalaciones avanzadas y mecanismos de financiamiento.
La especialización dentro de los ecosistemas fue otro punto importante. Los clústeres que se enfocan en áreas específicas, como salud digital o biomanufactura, no solo mejoran la eficiencia sino que también aseguran que las innovaciones estén adaptadas a las necesidades locales y regionales.
La Propiedad Intelectual como Impulsor de la Innovación
La propiedad intelectual (PI) es tanto un catalizador para la innovación como una herramienta para fomentar la colaboración global. Los sistemas sólidos de PI incentivan las inversiones en investigación y desarrollo al asegurar que los innovadores puedan cosechar los beneficios de su trabajo. Los países de ingresos bajos y medios a menudo enfrentan desafíos para acceder a innovaciones críticas debido a políticas restrictivas de PI. Para abordar esto, el panel abogó por enfoques colaborativos como acuerdos de licencias voluntarias, consorcios de patentes y modelos de innovación abierta. Estos mecanismos equilibran la necesidad de protección con el imperativo de asequibilidad y accesibilidad.
También se enfatizó el papel de la PI en la construcción de confianza. Las políticas de PI claras y transparentes proporcionan la base para asociaciones entre diversas partes interesadas, permitiendo esfuerzos colaborativos para abordar prioridades compartidas en salud. Los panelistas señalaron que tales marcos deben alinearse con objetivos de equidad global para asegurar que las innovaciones beneficien a todos, no solo a unos pocos privilegiados. Las discusiones durante el panel GTIPA subrayaron que el futuro de la innovación en salud depende de ecosistemas que sean tanto dinámicos como inclusivos. Construir tales ecosistemas requiere colaboración entre sectores, inversiones estratégicas en infraestructura y políticas que equilibren la protección con la equidad.
Perspectivas y Llamados a la Acción:
- Fortalecer los marcos de PI para atraer inversión mientras se asegura el acceso equitativo a las innovaciones.
- Fomentar la colaboración global a través de plataformas para compartir datos y asociaciones transfronterizas.
- Invertir en infraestructura habilitadora, incluyendo plataformas de datos del mundo real e instalaciones avanzadas de prueba.
- Empoderar a los actores más pequeños proporcionando financiamiento y acceso a recursos especializados.
- Conectar la investigación con la aplicación alineando la investigación básica con las necesidades sociales.
por INNOS | Nov 21, 2024 | Noticias
Actualmente, en el Congreso de la República se discute el Proyecto de Acto Legislativo 018, que busca reformar la Constitución en lo referente al Sistema General de Participaciones (SGP). Este análisis normativo tiene como objetivo aclarar los puntos principales de esta reforma y destacar algunas de las implicaciones para el sector salud, uno de los más sensibles a los cambios en la estructura del SGP y que podría verse impactado por esta iniciativa.
La reforma al SGP, liderada por el partido En Marcha y apoyada por organizaciones como la Federación Nacional de Departamentos y Asocapitales, busca fortalecer la autonomía de los municipios, distritos y departamentos mediante el aumento gradual de las transferencias de ingresos corrientes de la Nación (ICN) del 20% al 46,5% para el año 2034. Este Proyecto de Acto Legislativo pretende equilibrar el centralismo con una mayor responsabilidad fiscal y administrativa de las regiones, garantizando que los recursos adicionales se acompañen de una redistribución de competencias y funciones.
En los últimos días, y tras varios debates, se lograron algunos acuerdos para avanzar en la aprobación de la iniciativa. Según el senador Ariel Ávila, ponente del proyecto, se redujo el porcentaje de las transferencias a las entidades territoriales del 46,5% al 39,5%, y se amplió el plazo de transición de 10 a 12 años. Además, se estableció que la reforma no entrará en vigor hasta que el Congreso apruebe una ley de competencias, lo que asegura que las regiones asuman las nuevas responsabilidades de manera ordenada. También se pactaron ajustes en salud y educación para cerrar brechas en las regiones más vulnerables, y se estableció un límite de seis meses para que el Gobierno presente dicha ley al Congreso.
El SGP, creado por la Constitución de 1991, agrupa los recursos que la Nación transfiere a las entidades territoriales según lo dispuesto en los artículos 356 y 357 (modificados posteriormente por los Actos Legislativos 01 de 2001 y 04 de 2007). Estos recursos están destinados a sectores prioritarios como educación, salud, agua potable y saneamiento básico, entre otros servicios esenciales. Su distribución es regulada por normas como las Leyes 715 de 2001 y 1176 de 2007.
En términos generales, el 96% de los recursos del SGP se asigna a sectores específicos: educación (58,5%), salud (24,5%), agua potable (5,4%) y propósitos generales (11,6%). Este último porcentaje incluye actividades como servicios públicos, infraestructura, medio ambiente, deporte y seguridad, entre otras. Dentro del sector salud, los recursos se dividen principalmente en tres componentes: financiación del régimen subsidiado (87%), prestación de servicios de salud (3%) y salud pública (10%).
La estructura del SGP ha sido ajustada a lo largo de los años mediante diferentes normas. En 2007, la Ley 1122 introdujo modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, enfocándose en mejorar la prestación de servicios y en fortalecer la promoción y prevención en salud pública. Más tarde, en 2011, la Ley 1438 buscó garantizar la cobertura universal del aseguramiento en salud y reforzó los controles sobre el uso de los recursos destinados a este sector. En 2020, durante la emergencia sanitaria por COVID-19, el Decreto 800 permitió una reorientación temporal de los recursos del SGP para atender las necesidades inmediatas de la pandemia, como la compra de insumos médicos y la implementación de medidas preventivas.
Una cuestión fundamental en la reforma del SGP es la relación entre las competencias de las entidades territoriales y los recursos asignados. Desde la Ley 715 de 2001, se definieron las responsabilidades municipales, distritales y departamentales en áreas como la dirección del sector salud, la prestación de servicios, la salud pública y el aseguramiento de la población. Sin embargo, estas competencias han sufrido modificaciones con el tiempo y requieren ser revisadas para garantizar una gestión más eficiente que esté alineada con las demandas actuales del sistema.
El Proyecto de Acto Legislativo 018 plantea varios desafíos en términos de sostenibilidad fiscal. Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, advirtió que un aumento del 65% en las transferencias del SGP significaría $60 billones adicionales por año, un monto superior al presupuesto de inversión para 2025, que es de $44 billones. En un debate de control político en la Comisión IV Constitucional del Senado, Mejía señaló que incluso eliminando por completo la inversión del Gobierno nacional, no sería posible financiar un aumento de esta magnitud.
Aunque reconoció la importancia de fortalecer la autonomía de las entidades territoriales, Mejía sugirió ajustar el proyecto para que la participación del SGP en los ingresos corrientes aumente al 30%, en vez del 46,5% propuesto inicialmente. “Este porcentaje supera el promedio histórico del periodo 2000-2019 y se sitúa 10 puntos por encima de lo observado en 2023”, destacó el director de Fedesarrollo.
Más allá de la cantidad de dinero que se destine a un sector específico o a una intervención determinada, es fundamental que se aclaren las competencias de departamentos, distritos y municipios en cuanto a esos sectores, aclarando dudas sobre lo que deben y pueden hacer las entidades territoriales y, de otra parte, definir con absoluta claridad los mecanismos de control del uso de esos recursos. Esta es una de las mayores preocupaciones que conlleva un incremento de las trasferencias económicas a los alcaldes y gobernadores.
El acto legislativo, de aprobarse, tendrá que ser acompañado de leyes que aclaren con total precisión y con criterios técnicos, los usos apropiados de los recursos, los procesos de monitoreo, vigilancia y control que se aplicarán para evitar su desvío y la eficiencia en su utilización, de forma tal que haya transparencia y no se repitan experiencias pasadas de corrupción con los dineros de la salud y de los demás sectores que requieren inversiones permanentes.
A pesar de la gran trascendencia que tiene este proyecto de Acto Legislativo, el concepto emitido por el ministerio de salud, no profundiza en los aspectos de fondo del proyecto, que implican los que previamente se han mencionado en este análisis, como las competencias, destinación, vigilancia y control, y la relación con otras fuentes de financiación del sector, como las que están incluidas en el Sistema de Salud actualmente (régimen contributivo, promoción y prevención, SOAT) al igual que las nuevas que se han propuesto en los proyectos de reforma.
Garantizar la continuidad de los recursos, establecer una correlación efectiva entre competencias y responsabilidades, y reforzar los mecanismos de vigilancia son prioridades que deben ser atendidas para que esta reforma sea una solución y no un agravante para los problemas que actualmente tiene el sistema de salud. En un contexto de crisis, resulta necesario incrementar los recursos y gestionar su uso de manera eficiente y transparente para evitar que se conviertan en oportunidades para la corrupción presente en el sistema.
Referencias
por INNOS | Nov 15, 2024 | Noticias
El proyecto radicado en la última semana de octubre tuvo ya su primer debate y votación de artículos en la comisión séptima de la Cámara de Representantes. La semana pasada se rechazó la ponencia negativa y con ello, comenzó la discusión del proyecto del gobierno que, hasta el martes 12 de noviembre, había aprobado 21 artículos de 58 que contiene la iniciativa.
La comisión ha aprobado en primera instancia algunos artículos que no tuvieron modificaciones ni proposiciones en la revisión y unificación de los proyectos de gobierno y partido Alianza Verde, que dieron como resultado este nuevo proyecto. Entre estos artículos aprobados se resalta la posibilidad de movilizar recursos de las Cajas de Compensación Familiar para pagar deudas de servicios de salud, cuando los han ofrecido estas entidades. De forma similar, se aprobó el traslado de recursos excedentes del SGP para pago de deudas de atención en salud a población pobre no afiliada y a personas migrantes que han sido atendidas sin afiliación. Así mismo se aprobaron los servicios complementarios en salud, que buscan atender transporte, hospedaje y servicios de cuidado.
Una de las críticas que se ha hecho a esta primera fase de discusión, es la votación de artículos en bloque, lo cual ha generado rechazo por parte de algunos representantes, quienes consideran que no se ha hecho el análisis requerido y que se ha impuesto su aprobación por la bancada que es afín al proyecto, con el apoyo del gobierno. Hasta el momento, los artículos aprobados son más de un tercio del articulado propuesto. Cómo se sabe desde el punto de vista técnico, votar de esta forma puede significar un desgaste de la democracia interna de los partidos, pues no se tiene en cuenta la voz y el voto de los miembros de las organizaciones políticas. Asimismo, puede desincentivar la colaboración y el intercambio de ideas entre partidos, pareciendo que el proceso legislativo sea menos incluyente. Ahora, para efectos de esta reforma puede existir un riesgo importante cuando se toman decisiones apresuradas, no solo afectando la calidad de la legislación, sino reviviendo el fantasma del impacto fiscal por el cual se archivó el primer intento de reforma.
En medio de las críticas a las intervenciones de las EPS que, de alguna manera, sirven como referencia para entender la forma como operará el sistema de salud, una vez aprobada la reforma, crecen las preocupaciones de algunos sectores por la concentración del poder y de la administración de los recursos en manos de entidades públicas, justamente por los riesgos de malversación que se hicieron evidentes recientemente. Una situación que evidenció INNOS hace un par de días cuando se analizó el texto en el cual se acumularon los proyectos de ley presentados por el gobierno y el Partido Verde, en el cual no se mantuvo la propuesta del Proyecto de Ley 135 (proyecto de ley Partido Verde) de dejar en manos de las EPS algunas funciones como aseguradoras.
De otra parte, se ha señalado que no se incorporaron cambios en cuanto al régimen laboral y salarial del talento humano en salud, que ha sido uno de los principales propósitos de la reforma y que estaba en la propuesta de la Alianza Verde.
El gobierno defiende que la aprobación de este primer grupo de artículos promueve la prestación de servicios sociales y complementarios para ampliar las condiciones de acceso a servicios de salud, en los casos en que las personas se deben desplazar a otros territorios para recibir atención especializada, por ejemplo. Al respecto, sobresale el artículo 37 que hace referencia al sistema de referencia y contrarreferencia. De igual manera se defiende que el gobierno, en especial el presidente, tendrá facultades para crear el régimen especial de los trabajadores de salud del sector público, sin incluir a quienes laboran en las entidades privadas, quienes son la mayoría de la fuerza laboral del sistema. Está decisión podría generar, por ejemplo, una centralización excesiva de parte del Ejecutivo, así cómo un impacto negativo en términos de sostenibilidad financiera, pues un régimen especial podría implicar mayores costos para el Estado.
Igualmente, en la discusión del martes no se profundizó sobre las implicaciones de abordar en bloque los artículos de los servicios complementarios, los créditos para que las IPS salden deudas, así cómo, el posible uso de los recursos clasificados como excedentes para el saneamiento financiero del sistema. Sobre este último punto, INNOS considera importante mencionar que, la Corte Constitucional ha abordado en algunas sentencias el uso de excedentes para garantizar el derecho a la salud, siempre que estos recursos se destinen de forma prioritaria a mejorar el sistema de salud, así cómo, favorecer las condiciones de sostenibilidad y transparencia. Valdría la pena recordar la Sentencia T-760 de 2008 con la cual se hace un llamado para llevar a cabo ajustes en el sistema de salud con el fin evitar crisis recurrentes y reiterar la obligación de garantizar una financiación adecuada y sostenible del sistema.
La discusión de la reforma se reanudó el miércoles 13 de noviembre, pero la sesión se tornó tensa y fue suspendida sin avances en artículos importantes como aquellos que abordan el modelo basado en APS, el aseguramiento social y la identificación única del talento humano. Ese mismo día, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC) emitió un comunicado en el que cuestiona el proyecto de ley y su discusión, señalando que lo aprobado hasta ahora no representa un avance real en las condiciones laborales del sector. La ACSC advirtió que el proyecto no aborda problemas medulares como la precarización y la vulneración de derechos de los trabajadores de la salud, manteniendo así las condiciones laborales injustas.
El debate deberá continuar en las próximas sesiones de la comisión, y es fundamental que se escuchen las voces de todos los actores involucrados para lograr acuerdos que fortalezcan el sistema. Alcanzar consensos es esencial para construir un modelo de salud que responda a las necesidades actuales del país y garantice el derecho a la salud de manera sostenible y equitativa.
