por INNOS | Mar 22, 2024 | Blog, Blog Electoral, Noticias
En días pasados se describía en una nota de política la importancia de conocer el impacto fiscal de la reforma a la salud. En esa ocasión, se mencionó que le permitía a los congresistas tomar decisiones basadas en evidencia. El pasado 20 de marzo, el Ministerio de Hacienda presentó un concepto, en el que muestra los costos actualizados que tendría la reforma en caso de ser aprobada.
Ministro de Hacienda de Colombia - Ricardo Bonilla
Con esta nota se busca describir el contenido del concepto emitido por el ministerio y hacer hincapié en algunas preguntas que surgen.
Contenido del concepto del Minhacienda
En el concepto emitido por el Ministerio de Hacienda el día de ayer, se menciona que la reforma a la salud le costará al país más de 143 billones de pesos durante los próximos nueve años. El primer año costaría 105 billones. También, señala que, el déficit iría disminuyendo anualmente, pasando de tres billones en 2025 a 872 mil millones en 2033. En total, el déficit estaría alrededor de los 15 billones de pesos.
Preguntas y cuestionamientos que surgen
En primer lugar, aunque en el concepto del Ministerio de Hacienda se señala que, los costos de la reforma son compatibles con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, da a entender que falta la aprobación del Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS) sobre ajustes en los gastos de funcionamiento e inversión que el gobierno en turno quiera hacer en otros rubros o áreas para financiar la reforma. No obstante, no hay claridad sobre aspectos específicos que implican costos adicionales como, los que se destinarán a capacitación del talento humano, incentivos a la contratación de profesionales, desarrollo e implementación del sistema integrado de información y otros incluidos en el proyecto. Los ajustes mencionados en el concepto de Minhacienda pueden significar recortes en otros sectores que aún no se han especificado. Por lo tanto, los recursos no serían suficientes y de ahí la importancia del déficit durante más de nueve años.
En segundo lugar, por un lado, hay costos que el concepto del Ministerios no tiene en cuenta, entre ellos el análisis de siniestralidad y la suficiencia de la UPC, que han sido seriamente cuestionadas durante los últimos meses. Por el otro, se sobrestiman algunos ingresos con los que no se cuenta hoy.
En tercer lugar, no está clara la financiación de los CAPS. La razón, hasta la fecha el Ministerio de Salud no ha definido el Plan Maestro de Infraestructura. En este sentido la duda está también en cómo aportarán estos Centros de Atención Primaria en Salud, a reducir los costos de operación del sistema de salud, lo cual ha sido reiterado por el gobierno durante el trámite de la reforma.
Llama la atención que ni en el proyecto de Ley ni en los documentos que ha publicado el Ministerio de Salud y Protección Social se hace alusión a la sostenibilidad de estos cambios en el largo plazo, ni a la posibilidad de fortalecer las fuentes de financiación del sistema de salud.
Conclusiones
Aunque el llamado al gobierno ha sido permanente, el concepto del Ministerio de Hacienda no resuelve las preguntas que se le han formulado al proyecto sobre su sostenibilidad ni los costos en los que deberá incurrir el país para su implementación.
No se han abordado aún los aspectos de fondo de los recursos del sistema, como los relacionados con la financiación del plan de beneficios mediante la UPC y las tendencias en el aumento del gasto por la siniestralidad y por las condiciones socio demográficas y epidemiológicas del país.
Hace falta mucha más información sobre el impacto que algunas intervenciones anunciadas podrán tener en las finanzas del sistema y cómo se resolverá el déficit que se abrirá en los primeros años posteriores a su aprobación.
por INNOS | Mar 21, 2024 | Blog, Noticias
En un momento crucial para la conversación nacional sobre salud e innovación, el lanzamiento del informe Trust 2024 de la consultora global Edelman, en cuyo lanzamiento INNOS pudo participar, se presenta como un catalizador esencial en el diálogo sobre el futuro del sistema de salud. Este año, el informe pone un énfasis particular en la innovación, destacando su papel indispensable en la evolución y mejora de los servicios de salud. Entre los varios temas de análisis, la innovación en salud ocupa un lugar preponderante, proporcionando una perspectiva crítica sobre los desafíos y oportunidades que enfrentamos.
El informe Trust 2024 revela varias conclusiones importantes. Primordialmente, se observa una caída general en la confianza del público, afectando de manera significativa al sector gubernamental y extendiéndose también a otros sectores. Específicamente, la confianza hacia la innovación en salud, especialmente en áreas como las terapias génicas, es preocupantemente baja. Este escepticismo se debe en parte a la falta de claridad y comunicación efectiva desde la ciencia, la academia, y los expertos hacia el público general. Curiosamente, el informe señala que la gente tiende a confiar más en sus pares y espera claridad y veracidad de los académicos y científicos, más que de líderes empresariales o gubernamentales.
Ante este panorama, emerge una imperiosa necesidad de reconstruir la confianza en el diálogo sobre la salud y la innovación en el país. Esto implica una reflexión profunda de todos los actores involucrados sobre cómo sus acciones y comunicaciones han impactado la percepción pública y trabajar de manera cohesiva para restaurar la fe en el sistema de salud y en la innovación que lo impulsa.
Para INNOS, la innovación en salud no solo debe enfocarse en resultados tangibles y mejoras en el sistema, sino que también debe humanizarlo, haciéndolo más accesible y amigable para todos los ciudadanos. Es esencial explicar y promover un entendimiento claro del propósito de la innovación y cómo esta puede contribuir a construir un sistema de salud que responda a las necesidades actuales y futuras, asegurando que sea accesible y asequible para todos.
Además, es crucial fomentar espacios de diálogo y debate que incluyan a todos los actores relevantes, con un compromiso constante hacia la reconstrucción de confianza. La academia y los expertos juegan un papel fundamental en este proceso, comprometiéndose a proporcionar información clara y verificable no solo sobre los avances científicos, sino también sobre las políticas y prácticas industriales, gubernamentales y mediáticas.
Desde INNOS, ratificamos nuestro compromiso con este enfoque colaborativo y extendemos una invitación abierta a todas las partes interesadas, incluyendo al gobierno, al sector privado, a la comunidad académica, a las sociedades científicas, a las asociaciones de pacientes, y a la ciudadanía en general. A través de la reconstrucción de la confianza, la escucha activa, el reconocimiento de logros y el enfoque en la creación colectiva de un futuro deseado, podemos impulsar la transformación necesaria en el sistema de salud para superar las brechas existentes y construir un futuro que refleje nuestro compromiso con la vida, su calidad y su sentido.
El informe completo puede consultarse en: https://www.edelman.com/trust/2024/trust-barometer
por INNOS | Feb 5, 2024 | Blog, Blog Electoral, Noticias
En 2008, la Corte Constitucional emitió la Sentencia T-760. Esta Sentencia tuvo como objetivo, en su momento, analizar diferentes aspectos “Derecho a la Salud” con el fin de valorar las implicaciones que este tiene respecto a la garantía del goce universal equitativo y efectivo de este derecho.
A diferencia de otros pronunciamientos de la Corte, esta sentencia compiló situaciones en las cuales el derecho a la salud fue perjudicado. Los criterios para considerar estas situaciones fueron, por ejemplo, la negación en un procedimiento médico, la libertad de elección de la entidad encargada de prestar los servicios y los obstáculos que evitaron el acceso a ciertos médicos.
En ese entonces, la Corte hizo un llamado para que las entidades responsables corrigieran las diferentes fallas que presentaba el sistema de salud pública. En total para ese entonces, la corte acumuló alrededor de 22 acciones de tutela. En todas, los magistrados concluyeron que, cada uno de los casos tratados en ellas representaban violaciones originadas por problemas estructurales. De esta manera, la sentencia marcó un antes y un después para explicar las necesidades que debían solventarse en el sistema de salud. Algunos de los expedientes mencionados por la Sentencia son los siguientes:
- Expediente T-1281247 (acceso de un menor a un servicio no incluido en el POS –implante coclear).
- Expediente T-1310408 (acceso a un servicio de salud necesario para preservar la vida o la integridad personal no incluido en el POS, cuando no se tiene la capacidad económica para costearlo –Mamoplastia–).
- Expediente T-1328235 (acceso a servicios de salud no incluidos en el POS –medicamentos para diabetes–, solicitud ante el Comité Técnico Científico).
- Expediente T-1335279 (acceso a servicios de salud –exámenes diagnósticos– de persona vinculada al Sistema de salud).
- Expediente T-1337845 (acceso a servicio de salud no incluido dentro del POSS – resonancia magnética de la columna)
- Expediente T-1338650 (medios necesarios para que una persona vinculada acceda a un servicio de salud –trasplante de tráquea– en lugar distinto a su domicilio).
¿Quiénes interpusieron estas tutelas? Según la Corte Constitucional, 20 de las 22 tutelas interpuestas tuvieron como protagonistas usuarios del sistema, ciudadanos que consideraron que su derecho a la salud había sido vulnerado. Las dos restantes fueron interpuestas por Sanitas contra, por una parte, el consejo Superior de la Judicatura y, por la otra, del Ministerio de la Protección Social. La razón, Sanitas consideraba que ambas entidades no eran claras sobre las reglas de recobro por prestaciones no incluidas en el POS.
De esta manera, a medida que las tutelas eran interpuestas, la Corte decidió acumularlas por dos razones, la primera razón, lograr una muestra significativa sobre los diferentes tipos de problemas que se pueden presentar en el sistema de salud. En segundo lugar, la Corte buscó llevar a cabo un análisis profundo para entender los diferentes aspectos relacionados con el Derecho a la Salud. A través de este análisis la Corte evidenció tres tipos de problemas jurídicos, un problema en el cual las entidades encargadas de prestar los servicios de salud desconocen el derecho, porque el servicio no está incluido en el plan obligatorio o sencillamente, porque la persona no puede pagarlo. Un segundo problema, en el cual el la Corte reconoció que, en ocasiones, las entidades prestadoras de servicios no reconocen cuando un tratamiento o medicamente fue ordenado por un médico que no estaba adscrito a la entidad. El tercer problema jurídico es cuando las entidades niegan la prestación, porque la persona dejó de cotizar y ahora es desempleado.
Una vez analizados los tres problemas jurídicos mencionados con anterioridad, la Corte emitió 16 órdenes para que el Estado a través del sistema de salud no se constituyera en un obstáculo para la prestación de los servicios. Estas 16 órdenes quedaron compiladas en tres medidas: 1) medidas relacionadas con el plan de beneficios; 2) medidas con el derecho al recobro de servicios no POS; 3) medidas para la protección del derecho a la información en salud; carta de derechos y carta de desempeño.
En 2009, la Corte creó la Sala Especial de Seguimiento. Esta sala tiene como finalidad supervisar el cumplimiento de dicho fallo y desde su creación ha emitido un número importante de Autos, 16 Autos específicos y más de 100 Autos genéricos de seguimiento. Al respecto, el día primero de febrero de 2024 la Corte emitió el Auto 2881 de 2023. Este Auto ha centrado su atención en la suficiencia de los Presupuestos Máximos para la financiación de servicios y tecnologías en salud, excluidos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), específicamente, en garantizar si se esta haciendo lo suficiente en cuanto a fijación, reajuste y pagos de los presupuestos, ya que no hacerlo como establece la normatividad afecta a las EPS y a la liquidez del sistema.
De esta manera, la Corte responsabiliza a MinSalud y lo obliga a cumplir con una serie de condiciones, entre esas, dentro de los 45 días calendario siguientes a la comunicación de la providencia, cancele efectivamente los valores pendientes por concepto de reajustes a los presupuestos máximos reconocidos para la vigencia del año 2021, reconocer y pagar los valores pendientes por concepto de reajustes a los techos de la vigencia 2022. Igualmente, que MinSalud expida y notifique el acto administrativo de reconocimiento de los techos correspondientes a los meses octubre, noviembre y diciembre de 2023, así como, crear una metodología unificada de definición y reajuste de los Presupuestos Máximos y reajustes.
por INNOS | Jan 16, 2024 | Blog, Noticias
¿Tienes una solución innovadora en salud con el potencial de impactar a gran escala en LATAM?
Estamos emocionados de anunciar el lanzamiento de Latam Health Champions 2025, una oportunidad única para destacar y apoyar soluciones innovadoras en el sector de la salud en América Latina. Esta convocatoria, impulsada por Fifarma e INNOS, brinda a startups, PYMES y distintos actores del sector salud la posibilidad de participar en un proceso que busca reconocer su impacto en la región.
Para postularte a esta convocatoria y conocer todas las fechas y detalles de la misma, visite: Latam Health Champions 2025
por INNOS | Oct 23, 2023 | Blog, Blog Electoral, Noticias
Hace algunos días se conoció en los medios de comunicación un documento firmado por rectores y rectoras de 6 universidades y un vicerrector de otra universidad, en el que presentan sus observaciones e inquietudes relacionadas con la propuesta del gobierno nacional que cursa actualmente en el congreso de la república. Desde el Instituto de Innovación y Prospectiva en Salud INNOS, hacemos una lectura y un análisis de los puntos principales del comunicado, dada su importancia en el momento actual del trámite de la reforma en el legislativo.
El documento parte por el reconocimiento de la salud como derecho fundamental, establecido de esta manera en la Ley 1751 de 2015. Prosigue con la preocupación sobre la situación actual del sistema de salud, que, según se ha manifestado por distintos actores, experimenta problemas de liquidez y de flujo de recursos que ponen en riesgo la prestación de los servicios y, por tanto, la garantía del derecho.
Reconocen los rectores que es responsabilidad del Estado la definición de las políticas públicas que orienten las relaciones entre los distintos actores del sistema, siempre enfocadas en garantizar el acceso a los servicios, en condiciones óptimas de oportunidad y calidad.
Los avances del sistema en los 30 años desde su creación son subrayados en esta comunicación y entre ellos se resalta la cobertura casi universal, los efectos en la esperanza de vida al nacer, la eficiencia en el gasto, el reducido gasto de bolsillo y otros relacionados; con los cuales hacen visibles los logros conseguidos. De igual manera, los rectores reconocen retos del sistema en su gobernanza, en acciones e indicadores de salud pública, en cuanto a brechas entre zonas urbanas y rurales relacionadas con el talento humano y el flujo de recursos para la atención preventiva.
Este comunicado se enfoca en su parte final en cuatro aspectos que resumimos a continuación:
- Advierten que la situación actual de liquidez del sistema es crítica y que podría afectar la oportunidad y la calidad de la atención. Según dicen, esto tiene como causas la insuficiencia de la UPC y el cálculo errado de los costos de las atenciones no cubiertas por los recursos del Plan Básico de Salud. Advierten también una deficiencia en los pagos a los administradores por parte de la ADRES.
- Un retroceso que podría causarse por causa de la reforma, impactando cobertura y costo para los usuarios. Este punto lo relacionan con el anterior y avanzan en su análisis planteando que las presiones sobre el gasto que generan el envejecimiento poblacional, el aumento en la demanda de algunos servicios, la combinación de enfermedades transmisibles y no transmisibles persistente en la actualidad y la ampliación del plan de beneficios.
- Hacen los rectores un llamado al gobierno para que garantice la financiación del sistema de salud, partiendo por el flujo oportuno y suficiente de los recursos en la actualidad.
- Coinciden las universidades en la necesidad y en la importancia de acometer una reforma al sistema de salud, pero garantizando la gestión profesional del riesgo, con sistemas de contratación adecuados y un conjunto de incentivos que promuevan la eficiencia en sentido amplio. Les preocupa en este punto, quién asumirá las funciones de articulación de las redes de prestación de servicios y ampliando la gobernanza con la participación de las instituciones del sistema.
Hay finalmente un llamado a resolver las dificultades actuales en el flujo de recursos que según se ha dicho, han generado pérdidas cercanas a 5,6 billones de pesos en las EPS y aumento de cartera en las IPS.
Los rectores ponen a disposición del gobierno nacional, los conocimientos y capacidades de sus instituciones para fortalecer los espacios de concertación con miras a mejorar el sistema de salud y aportar en las soluciones que se requieran.
Pocos días después de la publicación de este comunicado se conoce otro proveniente esta vez, del doctorado interfacultades en salud pública de la Universidad Nacional de Colombia, en el que plantean una postura distinta de la expresada por los rectores de las universidades antioqueñas. Para el DSP-UN hay una visión completamente opuesta a lo que el comunicado de rectores de Antioquia plantea con respecto a la reforma que cursa en el congreso.
Hay elementos tanto ideológicos como políticos y técnicos que resaltan en su argumentación, para avalar la necesidad de introducir cambios estructurales al sistema de salud que se creó en 1993. Debaten cada uno de los 4 puntos centrales del comunicado, con datos y con reflexiones sustentadas en ellos, que refuerzan la necesidad de ampliar el debate sobre las condiciones del sistema de salud y no dejarse llevar por presiones de medios de comunicación o de actores del sistema, como las EPS, que juegan un rol fundamental en su operación diaria.
Con respecto a la iliquidez actual del sistema, presentan los estudios del Ministerio de Salud y varios comunicados de la ADRES para señalar que desde 2008, se han hecho los ajustes anuales a la UPC para garantizar su suficiencia, con los criterios que están definidos para tal propósito. También que la ADRES ha auditado las cuentas presentadas con cargo a los presupuestos máximos y que estas cuentas requieren una revisión profunda dados los altos niveles de glosa y anulación que harían pensar en que muchos de estos recursos no se cobran con la justificación necesaria.
Se cuestiona el argumento sobre un posible retroceso en cobertura y costos para los usuarios, de ser aprobada la reforma en el congreso. Allí el Doctorado refuerza la necesidad de la promoción y la prevención de la salud de personas y comunidades, retomando datos de coberturas insuficientes en controles prenatales en lugares apartados del país, especialmente. Para ello plantean un modelo basado en APS en el territorio, que cambie las prioridades de lo curativo a lo preventivo. Al tiempo se explica que el modelo de prestación de servicios concentra sus acciones en un número reducido de IPS en grandes ciudades y que una gran parte de los recursos van a unas pocas IPS que tienen la capacidad de ofertar las atenciones de mayor complejidad. Esto sucede al tiempo que la red pública se deteriora y se declara en riesgo fiscal y financiero.
Sobre la preocupación de las universidades antioqueñas por la sostenibilidad financiera y la administración del riesgo, el DSP-UN insiste en que el sistema actual se sustenta en la intermediación y para ello requiere la definición de un plan de beneficios que, de lo contrario, no sería necesario. La Ley 1751 de 2015 avanzó en este sentido y planteó la definición del sistema desde las exclusiones, cuando se afirmó en su momento que “todo lo que no estaba explícitamente excluido quedaría implícitamente incluido”. En contraste apoya el comunicado del doctorado, el fortalecimiento de ADRES como administrado y pagador único del sistema, organizador de las RIISS territoriales y de esta forma fortalecer la promoción, prevención y atención integrales.
Sumado a estos puntos, se resaltan aspectos como la falta de transparencia en el flujo de recursos que se giran a las EPS, la constitución y garantía de las reservas técnicas, los procesos de integración vertical y comercial que existen desde las EPS con otras empresas del sector salud, la naturaleza pública de los recursos de la UPC que limita su utilización a la prestación de servicios de salud y las interrelaciones entre los recursos de esta UPC y los que se generan por los planes de medicina prepagada y otras pólizas.
Desde INNOS saludamos este tipo de expresiones diversas desde la academia y que siempre se hagan de manera crítica, así como constructiva, aportando los recursos que cada institución tiene para beneficio común. El debate que ha suscitado esta reforma es muy significativo y ha llegado hasta todos los sectores de la sociedad colombiana. Es evidente que no es un asunto simple y que la complejidad misma del sistema requiere de múltiples análisis y de una apertura total para que gobierno, empresarios, académicos, gremios, pacientes, sociedad civil, medios de comunicación y todos los ciudadanos; tengan una voz para aportar en la construcción del mejor sistema posible para todos los colombianos.
Hay que pensar la salud en sentido más amplio que la prestación de servicios que frecuentemente se asocia solo con la curación y con la rehabilitación del daño que producen las enfermedades. Es por ello que se requiere un debate que va más allá de lo puramente técnico y atraviesa lo político y a la vez, muchas posturas ideológicas que también son válidas en una sociedad democrática como la nuestra.
Vemos estos comunicados de sectores académicos altamente reconocidos, como una expresión de esa diversidad y de la fortaleza de las instituciones democráticas del país. De igual manera, como un llamado al gobierno para que la discusión sea incluyente y recoja realmente las posturas de los todos los sectores, para lograr consensos que redunden en beneficios colectivos.
Luis Alejandro Gómez Barrera- Coordinador Académico INNOS
