por INNOS | Jan 3, 2025 | Noticias
El reciente anuncio del gobierno del presidente Gustavo Petro sobre el incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2025 ha generado una fuerte controversia en el sector salud. Las expectativas previas al anuncio apuntaban a un aumento cercano al 16%, respaldado por gremios como la ANDI, la ANIF, y organizaciones como Pacientes Colombia, que enfatizaron la urgencia de ajustar la UPC en proporción a los crecientes costos operativos del sistema de salud. Sin embargo, la decisión del gobierno de establecer un aumento del 5,36%, claramente por debajo de estas recomendaciones, pone en evidencia una desconexión entre los análisis técnicos y las prioridades políticas que parecen haber guiado esta determinación.
El presidente Petro ha respondido a las críticas calificándolas de exageradas y afirmando que un aumento mayor beneficiaría principalmente a las EPS, a las que ha señalado reiteradamente por una presunta mala gestión de los recursos públicos. Sin embargo, estas declaraciones parecen priorizar un mensaje político sobre la eficiencia y transparencia del sistema, ignorando las recomendaciones técnicas y los aspectos humanitarios que deberían prevalecer en una decisión de esta magnitud. Este enfoque político no solo es cuestionable desde el punto de vista de la gestión pública, sino que también resulta alarmante en un contexto donde el sistema de salud ya enfrenta una crisis financiera que ha comenzado a restringir el acceso a servicios de salud y medicamentos. *Estas restricciones afectan de manera desproporcionada a los grupos más vulnerables, exacerbando inequidades y poniendo en riesgo a millones de colombianos que dependen del sistema.*
El incremento del 5,36% no solo es insuficiente para cubrir el impacto de la inflación y el crecimiento de costos en el sector, sino que también resulta incongruente con el aumento decretado para el salario mínimo, fijado en 9,54% para 2025. Mientras los costos laborales y operativos del sector salud se ajustan a este mayor incremento, los recursos asignados mediante la UPC no logran compensar la brecha financiera histórica ni las necesidades del contexto actual. Esta decisión, si bien puede interpretarse como una forma de contener el gasto público en el corto plazo, inevitablemente intensificará las dificultades de las EPS y las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), muchas de las cuales ya enfrentan serias limitaciones para mantener sus operaciones.
El 2024 ha sido descrito por muchos actores del sector como el año más complejo desde la instauración del sistema de salud colombiano. Las consecuencias de un incremento de la UPC tan limitado en medio de esta crisis presagian que el 2025 será incluso más desafiante. Las proyecciones indican que las barreras en el acceso a servicios de salud y medicamentos continuarán agravándose, afectando de manera directa la calidad de vida de los pacientes, en especial aquellos de menores recursos.
Desde INNOS, hacemos un llamado a analizar esta decisión con criterios estrictamente técnicos, desprendidos de cualquier sesgo ideológico o intención populista. Es fundamental que actores como el Congreso de la República, la Procuraduría General de la Nación, las cortes y la academia ejerzan una vigilancia activa sobre las implicaciones de esta política, promoviendo una discusión constructiva que coloque a la salud, los pacientes y a la sociedad en el centro de las decisiones. Así mismo, insistimos en que el gobierno debe abrir espacios de diálogo con los diferentes actores del sistema, pacientes, gremios y expertos del sector para encontrar soluciones viables que garanticen la sostenibilidad financiera del sistema y el derecho a la salud de los colombianos.
La sostenibilidad del sistema de salud no puede seguir siendo relegada en favor de mensajes políticos. Es imperativo construir una estrategia integral que priorice el bienestar de los pacientes y asegure la viabilidad de un sistema que, aunque enfrenta grandes retos, sigue siendo un pilar fundamental para el desarrollo social y económico del país.
por INNOS | Nov 21, 2024 | Noticias
Actualmente, en el Congreso de la República se discute el Proyecto de Acto Legislativo 018, que busca reformar la Constitución en lo referente al Sistema General de Participaciones (SGP). Este análisis normativo tiene como objetivo aclarar los puntos principales de esta reforma y destacar algunas de las implicaciones para el sector salud, uno de los más sensibles a los cambios en la estructura del SGP y que podría verse impactado por esta iniciativa.
La reforma al SGP, liderada por el partido En Marcha y apoyada por organizaciones como la Federación Nacional de Departamentos y Asocapitales, busca fortalecer la autonomía de los municipios, distritos y departamentos mediante el aumento gradual de las transferencias de ingresos corrientes de la Nación (ICN) del 20% al 46,5% para el año 2034. Este Proyecto de Acto Legislativo pretende equilibrar el centralismo con una mayor responsabilidad fiscal y administrativa de las regiones, garantizando que los recursos adicionales se acompañen de una redistribución de competencias y funciones.
En los últimos días, y tras varios debates, se lograron algunos acuerdos para avanzar en la aprobación de la iniciativa. Según el senador Ariel Ávila, ponente del proyecto, se redujo el porcentaje de las transferencias a las entidades territoriales del 46,5% al 39,5%, y se amplió el plazo de transición de 10 a 12 años. Además, se estableció que la reforma no entrará en vigor hasta que el Congreso apruebe una ley de competencias, lo que asegura que las regiones asuman las nuevas responsabilidades de manera ordenada. También se pactaron ajustes en salud y educación para cerrar brechas en las regiones más vulnerables, y se estableció un límite de seis meses para que el Gobierno presente dicha ley al Congreso.
El SGP, creado por la Constitución de 1991, agrupa los recursos que la Nación transfiere a las entidades territoriales según lo dispuesto en los artículos 356 y 357 (modificados posteriormente por los Actos Legislativos 01 de 2001 y 04 de 2007). Estos recursos están destinados a sectores prioritarios como educación, salud, agua potable y saneamiento básico, entre otros servicios esenciales. Su distribución es regulada por normas como las Leyes 715 de 2001 y 1176 de 2007.
En términos generales, el 96% de los recursos del SGP se asigna a sectores específicos: educación (58,5%), salud (24,5%), agua potable (5,4%) y propósitos generales (11,6%). Este último porcentaje incluye actividades como servicios públicos, infraestructura, medio ambiente, deporte y seguridad, entre otras. Dentro del sector salud, los recursos se dividen principalmente en tres componentes: financiación del régimen subsidiado (87%), prestación de servicios de salud (3%) y salud pública (10%).
La estructura del SGP ha sido ajustada a lo largo de los años mediante diferentes normas. En 2007, la Ley 1122 introdujo modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, enfocándose en mejorar la prestación de servicios y en fortalecer la promoción y prevención en salud pública. Más tarde, en 2011, la Ley 1438 buscó garantizar la cobertura universal del aseguramiento en salud y reforzó los controles sobre el uso de los recursos destinados a este sector. En 2020, durante la emergencia sanitaria por COVID-19, el Decreto 800 permitió una reorientación temporal de los recursos del SGP para atender las necesidades inmediatas de la pandemia, como la compra de insumos médicos y la implementación de medidas preventivas.
Una cuestión fundamental en la reforma del SGP es la relación entre las competencias de las entidades territoriales y los recursos asignados. Desde la Ley 715 de 2001, se definieron las responsabilidades municipales, distritales y departamentales en áreas como la dirección del sector salud, la prestación de servicios, la salud pública y el aseguramiento de la población. Sin embargo, estas competencias han sufrido modificaciones con el tiempo y requieren ser revisadas para garantizar una gestión más eficiente que esté alineada con las demandas actuales del sistema.
El Proyecto de Acto Legislativo 018 plantea varios desafíos en términos de sostenibilidad fiscal. Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, advirtió que un aumento del 65% en las transferencias del SGP significaría $60 billones adicionales por año, un monto superior al presupuesto de inversión para 2025, que es de $44 billones. En un debate de control político en la Comisión IV Constitucional del Senado, Mejía señaló que incluso eliminando por completo la inversión del Gobierno nacional, no sería posible financiar un aumento de esta magnitud.
Aunque reconoció la importancia de fortalecer la autonomía de las entidades territoriales, Mejía sugirió ajustar el proyecto para que la participación del SGP en los ingresos corrientes aumente al 30%, en vez del 46,5% propuesto inicialmente. “Este porcentaje supera el promedio histórico del periodo 2000-2019 y se sitúa 10 puntos por encima de lo observado en 2023”, destacó el director de Fedesarrollo.
Más allá de la cantidad de dinero que se destine a un sector específico o a una intervención determinada, es fundamental que se aclaren las competencias de departamentos, distritos y municipios en cuanto a esos sectores, aclarando dudas sobre lo que deben y pueden hacer las entidades territoriales y, de otra parte, definir con absoluta claridad los mecanismos de control del uso de esos recursos. Esta es una de las mayores preocupaciones que conlleva un incremento de las trasferencias económicas a los alcaldes y gobernadores.
El acto legislativo, de aprobarse, tendrá que ser acompañado de leyes que aclaren con total precisión y con criterios técnicos, los usos apropiados de los recursos, los procesos de monitoreo, vigilancia y control que se aplicarán para evitar su desvío y la eficiencia en su utilización, de forma tal que haya transparencia y no se repitan experiencias pasadas de corrupción con los dineros de la salud y de los demás sectores que requieren inversiones permanentes.
A pesar de la gran trascendencia que tiene este proyecto de Acto Legislativo, el concepto emitido por el ministerio de salud, no profundiza en los aspectos de fondo del proyecto, que implican los que previamente se han mencionado en este análisis, como las competencias, destinación, vigilancia y control, y la relación con otras fuentes de financiación del sector, como las que están incluidas en el Sistema de Salud actualmente (régimen contributivo, promoción y prevención, SOAT) al igual que las nuevas que se han propuesto en los proyectos de reforma.
Garantizar la continuidad de los recursos, establecer una correlación efectiva entre competencias y responsabilidades, y reforzar los mecanismos de vigilancia son prioridades que deben ser atendidas para que esta reforma sea una solución y no un agravante para los problemas que actualmente tiene el sistema de salud. En un contexto de crisis, resulta necesario incrementar los recursos y gestionar su uso de manera eficiente y transparente para evitar que se conviertan en oportunidades para la corrupción presente en el sistema.
Referencias
por INNOS | Nov 15, 2024 | Noticias
El proyecto radicado en la última semana de octubre tuvo ya su primer debate y votación de artículos en la comisión séptima de la Cámara de Representantes. La semana pasada se rechazó la ponencia negativa y con ello, comenzó la discusión del proyecto del gobierno que, hasta el martes 12 de noviembre, había aprobado 21 artículos de 58 que contiene la iniciativa.
La comisión ha aprobado en primera instancia algunos artículos que no tuvieron modificaciones ni proposiciones en la revisión y unificación de los proyectos de gobierno y partido Alianza Verde, que dieron como resultado este nuevo proyecto. Entre estos artículos aprobados se resalta la posibilidad de movilizar recursos de las Cajas de Compensación Familiar para pagar deudas de servicios de salud, cuando los han ofrecido estas entidades. De forma similar, se aprobó el traslado de recursos excedentes del SGP para pago de deudas de atención en salud a población pobre no afiliada y a personas migrantes que han sido atendidas sin afiliación. Así mismo se aprobaron los servicios complementarios en salud, que buscan atender transporte, hospedaje y servicios de cuidado.
Una de las críticas que se ha hecho a esta primera fase de discusión, es la votación de artículos en bloque, lo cual ha generado rechazo por parte de algunos representantes, quienes consideran que no se ha hecho el análisis requerido y que se ha impuesto su aprobación por la bancada que es afín al proyecto, con el apoyo del gobierno. Hasta el momento, los artículos aprobados son más de un tercio del articulado propuesto. Cómo se sabe desde el punto de vista técnico, votar de esta forma puede significar un desgaste de la democracia interna de los partidos, pues no se tiene en cuenta la voz y el voto de los miembros de las organizaciones políticas. Asimismo, puede desincentivar la colaboración y el intercambio de ideas entre partidos, pareciendo que el proceso legislativo sea menos incluyente. Ahora, para efectos de esta reforma puede existir un riesgo importante cuando se toman decisiones apresuradas, no solo afectando la calidad de la legislación, sino reviviendo el fantasma del impacto fiscal por el cual se archivó el primer intento de reforma.
En medio de las críticas a las intervenciones de las EPS que, de alguna manera, sirven como referencia para entender la forma como operará el sistema de salud, una vez aprobada la reforma, crecen las preocupaciones de algunos sectores por la concentración del poder y de la administración de los recursos en manos de entidades públicas, justamente por los riesgos de malversación que se hicieron evidentes recientemente. Una situación que evidenció INNOS hace un par de días cuando se analizó el texto en el cual se acumularon los proyectos de ley presentados por el gobierno y el Partido Verde, en el cual no se mantuvo la propuesta del Proyecto de Ley 135 (proyecto de ley Partido Verde) de dejar en manos de las EPS algunas funciones como aseguradoras.
De otra parte, se ha señalado que no se incorporaron cambios en cuanto al régimen laboral y salarial del talento humano en salud, que ha sido uno de los principales propósitos de la reforma y que estaba en la propuesta de la Alianza Verde.
El gobierno defiende que la aprobación de este primer grupo de artículos promueve la prestación de servicios sociales y complementarios para ampliar las condiciones de acceso a servicios de salud, en los casos en que las personas se deben desplazar a otros territorios para recibir atención especializada, por ejemplo. Al respecto, sobresale el artículo 37 que hace referencia al sistema de referencia y contrarreferencia. De igual manera se defiende que el gobierno, en especial el presidente, tendrá facultades para crear el régimen especial de los trabajadores de salud del sector público, sin incluir a quienes laboran en las entidades privadas, quienes son la mayoría de la fuerza laboral del sistema. Está decisión podría generar, por ejemplo, una centralización excesiva de parte del Ejecutivo, así cómo un impacto negativo en términos de sostenibilidad financiera, pues un régimen especial podría implicar mayores costos para el Estado.
Igualmente, en la discusión del martes no se profundizó sobre las implicaciones de abordar en bloque los artículos de los servicios complementarios, los créditos para que las IPS salden deudas, así cómo, el posible uso de los recursos clasificados como excedentes para el saneamiento financiero del sistema. Sobre este último punto, INNOS considera importante mencionar que, la Corte Constitucional ha abordado en algunas sentencias el uso de excedentes para garantizar el derecho a la salud, siempre que estos recursos se destinen de forma prioritaria a mejorar el sistema de salud, así cómo, favorecer las condiciones de sostenibilidad y transparencia. Valdría la pena recordar la Sentencia T-760 de 2008 con la cual se hace un llamado para llevar a cabo ajustes en el sistema de salud con el fin evitar crisis recurrentes y reiterar la obligación de garantizar una financiación adecuada y sostenible del sistema.
La discusión de la reforma se reanudó el miércoles 13 de noviembre, pero la sesión se tornó tensa y fue suspendida sin avances en artículos importantes como aquellos que abordan el modelo basado en APS, el aseguramiento social y la identificación única del talento humano. Ese mismo día, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC) emitió un comunicado en el que cuestiona el proyecto de ley y su discusión, señalando que lo aprobado hasta ahora no representa un avance real en las condiciones laborales del sector. La ACSC advirtió que el proyecto no aborda problemas medulares como la precarización y la vulneración de derechos de los trabajadores de la salud, manteniendo así las condiciones laborales injustas.
El debate deberá continuar en las próximas sesiones de la comisión, y es fundamental que se escuchen las voces de todos los actores involucrados para lograr acuerdos que fortalezcan el sistema. Alcanzar consensos es esencial para construir un modelo de salud que responda a las necesidades actuales del país y garantice el derecho a la salud de manera sostenible y equitativa.
por INNOS | Nov 7, 2024 | Noticias
La intervención estatal en EPS como Sanitas, Nueva EPS y Asmet Salud, actualmente bajo control de la Superintendencia Nacional de Salud, pone de relieve una problemática seria y que desde INNOS hemos advertido con frecuencia: en países con altos niveles de corrupción, como Colombia, concentrar el poder y los recursos de la salud en pocos actores, sean públicos o privados, genera un alto riesgo de mal manejo y corrupción. Las recientes denuncias sobre presuntos sobrecostos, tráfico de influencias y desvío de fondos en estas EPS intervenidas confirman los peligros de confiar en modelos que concentran los recursos y la toma de decisiones en un número limitado de entidades, sin contar con los mecanismos necesarios de supervisión y transparencia.
A lo largo de 2024, la Superintendencia ha ejercido medidas de intervención en ocho EPS. Sin embargo, las denuncias de irregularidades persisten y han generado tal nivel de cuestionamientos que incluso resultaron en la salida del Superintendente de Salud. Estas intervenciones, en teoría, deberían mejorar la administración de recursos y la calidad de los servicios de salud. No obstante, los reportes sobre la persistencia de fallas en la gestión de recursos públicos y en la calidad del servicio demuestran que la intervención estatal sin herramientas de transparencia no solo no resuelve los problemas, sino que en algunos casos los agrava.
Para que cualquier modelo de gestión de salud sea efectivo, es indispensable contar con sistemas de información robustos y en tiempo real que permitan un seguimiento constante del flujo de recursos en cada nivel del sistema. La ausencia de estos mecanismos de trazabilidad es un riesgo que compromete directamente la transparencia y la efectividad en la administración de los fondos, dejando el sistema vulnerable a desvíos y mal manejo de recursos que deberían destinarse a la atención de los pacientes. Estos sistemas de información aún no están disponibles a la escala necesaria en el sistema de salud colombiano, lo que refuerza las preocupaciones de múltiples actores y aumenta la desconfianza de los ciudadanos en la capacidad del Estado para gestionar adecuadamente estos fondos.
La implementación de un sistema de información interoperable y accesible, que garantice trazabilidad en los contratos, los pagos y el uso final de los recursos de salud, es una necesidad urgente. Esta infraestructura permitiría verificar en tiempo real el destino de los fondos, reduciendo las oportunidades de corrupción y mal manejo y fortaleciendo la transparencia del sistema en su conjunto. En ausencia de esta herramienta, el riesgo de concentración de poder en pocos actores sin un monitoreo adecuado seguirá comprometiendo la estabilidad y confiabilidad del sistema de salud.
Una reforma que priorice la transparencia y un control riguroso
La discusión en el Congreso sobre la reforma a la salud debe considerar que el principal problema no es únicamente quién controla los recursos, sino cómo se garantiza la transparencia y el control efectivo de su uso. Más que incrementar el rol estatal sin una infraestructura adecuada de seguimiento, una reforma responsable debe enfocarse en implementar sistemas de control y rendición de cuentas que aseguren que cada peso destinado a la salud cumpla su propósito. La concentración de poder en pocos actores, sin la presencia de estas herramientas, no solo es una apuesta de alto riesgo, sino una amenaza directa al bienestar de los pacientes.
Desde INNOS, hacemos un llamado a priorizar la implementación de sistemas de información y transparencia, asegurando que el sistema de salud colombiano pueda operar con la confianza y eficacia que los ciudadanos merecen. Estos mecanismos son esenciales para evitar que los recursos se pierdan en malos manejos y para garantizar que el sistema de salud cumpla su objetivo: mejorar la calidad de vida de los colombianos.
por INNOS | Nov 6, 2024 | Noticias
Como lo habíamos anunciado y analizado hace algunas semanas (Propuestas de reforma a la salud 2024) el gobierno radicó el 13 de septiembre nuevamente un proyecto de ley para reformar el sistema de salud colombiano.
En esta ocasión, el proyecto del gobierno que es el No. 312 se unificó con el proyecto No. 135 que había sido presentado por el partido Alianza Verde y que, en su momento, también se incluyó en el análisis que desarrollamos desde INNOS. Según el documento radicado en la comisión séptima de la Cámara de Representantes el 25 de octubre, este proyecto es producto de la acumulación de los dos mencionados, que se hizo por resolución de la mesa directiva de la comisión, el 15 de octubre pasado. Para llegar al texto final se desarrollaron mesas técnicas y audiencias públicas entre el 2 y el 23 de octubre, que tuvieron la participación de agremiaciones y asociaciones del sector salud, sindicatos, EPS, IPS y usuarios del sistema.
Si bien en nuestro análisis previo se habían mostrado las coincidencias entre ambos proyectos, es importante precisar qué modificaciones sufrió el articulado que será discutido con respecto a las primeras versiones y, especialmente, con respecto a los aportes de las mesas técnicas y de las audiencias públicas.
Cambios principales:
- Gobernanza y rectoría.
-
- Se agregaron precisiones sobre las responsabilidades en la gestión de riesgos, que serán compartidos entre los actores del sistema y el Estado, que asume directamente el riesgo financiero.
- En la conformación del Consejo Nacional de Salud se incorporan instituciones como el DNP, la ADRES, las Gestoras de Salud y Vida y las IPS que no aparecían en el proyecto inicial. También participarán el director del INVIMA y del INS con voz, pero sin voto.
- Se eliminó el artículo 7 que modificaba los trámites ante el INVIMA: Seguramente, la decisión de eliminarlo se justifica por dos razones. La primera, porque no hubo un acuerdo general sobre los requisitos de simplificación de trámites y los alivios financieros propuestos inicialmente. En este artículo se había sugerido medidas para agilizar la aceptación de documentos internacionales sin apostilla y ofrecía descuentos en intereses sobre sanciones pecuniarias pendientes. La segunda razón, para eliminarlo es el enfoque administrativo y financiero que se propone en el proyecto acumulado. Posiblemente, lo establecido en el artículo 7 del proyecto 132 requería un tratamiento separado de índole regulatorio.
- Además, la ponencia acumulada podría haber priorizado temas estructurales de gobernanza y acceso universal, limitando los artículos dedicados a temas de operación administrativa en entidades de control y vigilancia. Al respecto, el proyecto de ley 132 se complementa con la información del proyecto presentado por el Partido Verde (proyecto de Ley 135), así, este sistema permitirá que el CNS y otras entidades monitoreen y coordinen la información sanitaria en tiempo real. Como se sabe, esta centralización de datos es clave para garantizar la transparencia en el uso de recursos, simplificar trámites para los usuarios, y permitir una gestión sanitaria que priorice la prevención y atención primaria, con un enfoque de cobertura total, especialmente en zonas rurales.
2. Recursos financieros del sistema de salud:
- Se modificaron algunas funciones de la ADRES referentes al pago de servicios de salud de mediana y alta complejidad, pago de incentivos y remuneraciones a las gestoras, constitución de un fondo para atención de emergencias y acuerdos con prestadores de servicios y gestores farmacéuticos.
- En cuanto a las fuentes de recursos, se eliminó como fuente los recursos del FONPET por tener destinación específica.
- Se adicionaron los recursos provenientes del recaudo de los impuestos saludables incluidos en la ley 2277 y se propuso destinar el 0,5% del IVA social. Para esto, se agregó un artículo nuevo (artículo 11) que se refiere a los impuestos saludables.
- Aunque hay consenso sobre la necesidad de ampliar las fuentes de financiación del sistema de salud, en este proyecto no se incluyen otras fuentes, más allá de lo expuesto previamente. Esta es una de las mayores debilidades del proyecto de Ley.
- En cuanto a los usos de los recursos, se aclaró el mecanismo de financiación del nivel primario y de los CAPS y se eliminó la prohibición a que las cuentas del Fondo único Público de Salud hagan unidad de caja para permitir traslados de recursos entre estas cuentas independientes. Para ello se agregó un nuevo artículo (artículo 14).
- Las fuentes para la Atención primaria se aclararon en el nuevo texto. Estos son: recursos del SGP de prestación de servicios de salud y del régimen subsidiado, recursos de explotación de juegos de suerte y azar, recursos propios de los municipios que se giran a la ADRES, recursos del aporte de solidaridad de regímenes exceptuados y recursos fiscales y parafiscales que se destinen para la APS.
- En cuanto a la UPC, se precisan aspectos del cálculo, suficiencia y financiación por recursos de oferta, de los CAPS.
- El pago de los servicios se hará con un giro inicial del 85% de la factura en los 30 días siguientes a su presentación y luego habrá un proceso de verificación de cuentas por parte de las Gestoras en un periodo de 60 días (antes eran 90 días).
En este proyecto se incluyeron algunos artículos enfocados en fuentes nuevas de financiamiento del sistema. En este mismo sentido, se conoció hace pocos días un proyecto de Ley radicado en el Senado que busca fortalecer el flujo de recursos del SGSSS. Varias propuestas de este nuevo proyecto coinciden con nuevos artículos en el proyecto de reforma a la salud. Entre estos resaltamos los siguientes:
- Se incluyó un artículo nuevo que permitirá el uso de recursos del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante (FOSFEC) para sanear cuentas de servicios de afiliados a Cajas de Compensación Familiar que presten servicios de salud.
- También se incluyó un artículo (25) que permite el uso de recursos de saldos de cuentas maestras del régimen subsidiado para pago se servicios a población pobre no asegurada, pasivos de las ESE, Saneamiento fiscal, cofinanciación del régimen subsidiado e inversión y mejoramiento de la red pública de prestación de servicios.
- El artículo 26 (nuevo) modifica la destinación de excedentes del proceso de saneamiento de aportes patronales financiados con recursos del situado fiscal y el SGP, para pagos de deuda por servicios y tecnologías en salud para población migrante no afiliada, población pobre en lo no cubierto con subsidio a la demanda y otras necesidades de las ESE.
- De igual forma, se incluye un artículo para utilizar saldos y excedentes de recursos de oferta del SGP y recursos de la estampilla pro-salud (Ley 669); para cubrir pagos pendientes de prestación de servicios de salud de población migrante no afiliada y pasivos de las ESE.
3. Gestoras de Salud y Vida.
- Se modificaron algunas funciones de las GSV para dejar más clara su responsabilidad como representante del usuario del sistema y su relación con las entidades territoriales.
- Se amplió el plazo de 2 a 3 meses para que las actuales EPS manifiesten su intención de transformarse en GSV.
- Se redujo el tiempo para el saneamiento de pasivos de las EPS de 48 a 18 meses.
- Se aclaran las condiciones de las EPS para su transformación, en términos de responsabilidades, manifestación expresa de su intención de transformarse en GSV y condiciones de su operación en el periodo de transición.
- Sobre la remuneración de las GSV, será con recursos de la UPC (5%).
- En el texto acumulado no se mantuvo la propuesta PL 135 de mantener algunas funciones en cabeza de las EPS como aseguradoras al mantener el control y manejo de los recursos públicos del sistema de salud. De esta manera, estas diferencias con el proyecto archivado en abril intentan que las Gestoras cumplan un rol de acompañamiento sanitario, mientras el Estado retoma el control financiero y la rectoría sobre el sistema.
- Auditoría y regulación más estrictas para las Gestoras, ya que estas estarán sujetas a auditorías regulares de la ADRES y del CNS. Esta estructura de supervisión busca reducir los problemas de corrupción y asegurar que el enfoque de las Gestoras permanezca en la calidad y continuidad de la atención.
- En este proyecto acumulado se menciona que, una vez se transformen en GSV, estas “nuevas entidades” deberán escindir la operación comercial relacionada con los Planes Voluntarios en Salud (Medicina prepagada, planes complementarios y pólizas de salud).
4. Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud (RIITS).
- Las GSV se incluyeron en los procesos de celebración de los acuerdos de desempeño con los CAPS.
- Se incluyen algunos incentivos que podrán tener las RIITS por resultados en salud, eficiencia y satisfacción de los usuarios.
- Modificado el plazo para reglamentar el funcionamiento de los CAPS de un año a 6 meses.
- Se incluyó la libre elección de CAPS dentro de la oferta territorial.
- Los CAPS tendrán una asignación per cápita que se ajustará con base en diversos criterios y variables.
5. Personal de salud
- Se incluyó y se definió el examen único nacional para especialidades médico-quirúrgicas.
- Los procesos de identificación del talento humano en salud se harán por medio del ReTHUS y se precisan los costos de verificación e inscripción en este registro.
6. Fondo Único Público de Salud
- El Fondo Único Público de Salud se compone de tres cuentas: dos son independientes y una es general. Originalmente, antes de la acumulación el artículo establecía que los recursos no se unificarán en una sola caja, sin embargo, se ha eliminado el último inciso del artículo para permitir el traslado de los excedentes presupuestarios.
Así, al analizar en conjunto el texto de la ponencia y del PL 312 de 2024, se observan algunos elementos que ilustran las principales coincidencias de los dos proyectos acumulados y que dan una idea de cuál es el perfil de la reforma que quiere proponer el gobierno. En primer lugar se observa un consenso alrededor de una transformación que ponga en el centro la Atención Primaria en Salud (APS) y que fortalezca la red pública hospitalaria. Esto desde luego implica garantizar el flujo de recursos necesarios sin afectar la sostenibilidad del sistema de salud.
En segundo lugar, se mantiene la propuesta de transformar las EPS en Gestoras de Salud y Vida, redefiniendo las funciones que tienen actualmente y dándoles un enfoque territorial. Una de las coincidencias es que se debe garantizar su saneamiento financiero otorgándoles plazos prudentes para la transición. En este sentido, se puede decir que, hubo un consenso general sobre la necesidad de transformar las EPS en Gestoras de Salud y Vida, y de fortalecer el nivel primario de atención mediante los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS). Esto refleja un respaldo amplio a algunos cambios estructurales, que van en línea con el objetivo del proyecto acumulado de crear un sistema de salud más inclusivo y enfocado en lo territorial.
El proyecto también consolida la propuesta del giro directo desde la ADRES hacia los prestadores de servicios, eliminando el modelo de aseguramiento tal y como está estructurado en la actualidad. Así mismo se crea la Cuenta de Atención Primaria para la financiación de las estrategias de APS, incluyendo los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) y los equipos territoriales.
Otro elemento destacado que resulta de la unificación de ambas propuestas es la definición de criterios para el cálculo de la UPC, buscando así qué esta sea suficiente para financiar los servicios de salud. Para ello se tendrán en cuenta factores como variables geográficas, de dispersión, patologías prevalentes, costos de operación y otros criterios ajustados por riesgo.
Igualmente, se destacó la importancia de garantizar transparencia en el manejo de los recursos del Fondo Único Público de Salud, especialmente en los aspectos de trazabilidad y auditoría. La inclusión de mecanismos de seguimiento y la publicación de transacciones en el Sistema Público Unificado e Interoperable de Información en Salud fueron temas que recibieron consenso y enriquecen la propuesta en cuanto a transparencia, algo que ya se había mencionado en la versión archivada pero que ahora tiene un enfoque más robusto.
A manera de conclusión, resulta claro que el gobierno persiste en su propósito de reformar estructuralmente el sistema de salud que opera actualmente en el país. Muchos de los cambios que se plantean en este nuevo intento de reforma, se pueden encontrar en el proyecto presentado en febrero de 2023, que tuvo discusión en la Cámara durante el año anterior y que finalmente fue archivado en el Senado en abril de este año.
Dentro de las propuestas e iniciativas que recoge el documento que acompaña al articulado del proyecto de Ley, se resalta la posición de algunos actores como la ANDI que ha sido crítica de esta propuesta y que formuló cuestionamientos de fondo y de forma en sus participaciones. No obstante, estas observaciones no fueron recogidas en el texto final. La participación de ACEMI, gremio que representa a las ESP tuvo mayor impacto en los cambios que se incorporaron a la propuesta, dejando ver su interés en transformarse en Gestoras de Salud y Vida, en el nuevo sistema que resultará de ser aprobada esta Ley.
La integración con el PL 135 del partido Alianza Verde era previsible y aportó mayor claridad a varios aspectos de la propuesta del gobierno. Por ello también se puede prever que tendrá apoyo de esta bancada, lo que haría más fácil su trámite legislativo. No obstante, para algunos este proyecto acumulado acogió mayoritariamente las líneas, acciones e ideas del proyecto presentado por el gobierno el pasado mes de septiembre.
