por INNOS | Oct 31, 2024 | Noticias
Comunicado de Prensa
Bogotá, Colombia (31 de Octubre del 2024) – Frente a las dificultades que el INVIMA ha enfrentado en los últimos meses, INNOS manifiesta su preocupación por la situación actual de la entidad y subraya la importancia de asegurar su funcionamiento en condiciones óptimas. En respuesta a una orden judicial, el INVIMA había implementado un plan de choque para abordar el desabastecimiento de medicamentos, con medidas como la contratación de personal y el fortalecimiento de sus procesos internos. Sin embargo, esta semana se conocieron dos decisiones adversas: el Ministerio de Hacienda no aprobó una adición presupuestal necesaria para contratar más personal y el Consejo de Estado revocó la orden judicial que priorizaba la resolución de trámites pendientes. Estas decisiones representan un obstáculo significativo para que el INVIMA cumpla con su rol fundamental en el sistema de salud.
Es inaceptable que una entidad tan esencial para la salud pública en Colombia esté en situación de desfinanciamiento. La Organización Mundial de la Salud (OMS) incluye entre sus 11 Funciones Esenciales de la Salud Pública la inspección, vigilancia y control de riesgos para la salud, así como la garantía del acceso a medicamentos y tecnologías sanitarias seguras y eficaces. Estas funciones son una parte crucial de la misión del INVIMA y afectan directamente la salud y el bienestar de la población.
El rol del INVIMA va más allá de la aprobación de registros sanitarios de medicamentos; también abarca la regulación y vigilancia de alimentos, bebidas, dispositivos médicos, plaguicidas, cosméticos y productos de aseo. El país no puede permitirse una interrupción en estas actividades, que son fundamentales para el equilibrio del sistema de salud.
Desde INNOS, hacemos un llamado urgente al gobierno nacional para que asigne de forma inmediata los recursos necesarios que permitan el adecuado funcionamiento del INVIMA. La continuidad de esta institución es esencial para evitar situaciones críticas y preservar la salud pública en Colombia.
por INNOS | Oct 22, 2024 | Noticias
Hace poco más de un año, en INNOS iniciamos la discusión sobre una posible crisis del sistema de salud (Ver webinar). Para ese momento, nuestra reflexión se basó en una serie de preguntas sobre situaciones concretas que podrían desencadenar tal crisis.
Entre estas, consideramos las fallas internas en procesos de gobernanza, generación de recursos, financiamiento o prestación de servicios. También analizamos el impacto de eventos emergentes como epidemias, guerras o catástrofes naturales que generan un aumento desmedido de la demanda de servicios en muy corto tiempo, desbordando las capacidades del sistema y llevándolo a una situación crítica. Además, contemplamos las crisis estructurales del sistema sociopolítico con repercusiones en el sistema sanitario, como migraciones masivas, problemas económicos estructurales o ruptura del orden institucional.
En ese momento, los expertos diagnosticaron una situación preocupante en aspectos financieros y de talento humano, además de la falta de participación de actores clave en las discusiones sobre la reforma al sistema. Entonces, los expertos no entendían la situación como una crisis integral, pero llamaban la atención sobre la urgencia de tomar decisiones oportunas y acertadas para evitar la profundización de problemáticas en curso.
La situación actual: ¿qué ha sucedido?
Un año después, la situación no mejora y, por el contrario, la sensación de incertidumbre y las dificultades en todo el sistema se han incrementado significativamente. El déficit financiero ha aumentado, estimándose en cerca de 12 billones de pesos para 2024. La insuficiencia de la UPC (Unidad de Pago por Capitación) se remonta a 2022, exacerbada por cálculos inadecuados de incrementos necesarios y distorsiones causadas por la baja demanda durante la pandemia en 2020-2021. Otros factores que profundizan la crisis, tal como en su momento señalaron las EPS, incluyen el envejecimiento poblacional, el aumento de la siniestralidad y la mayor inflación en insumos y tecnologías de salud a nivel mundial.
Es importante recordar que para 2024, el gobierno presentó el estudio de suficiencia y ajuste de la UPC con información de sólo 4 EPS, que, a su juicio, cumplían con las condiciones técnicas para ser utilizadas como base para hacer este ajuste anual. Las quejas de diversos actores como las EPS, las IPS y las asociaciones de pacientes han sido persistentes, buscando que el gobierno reconozca la insuficiencia de los recursos asignados y resuelva esta brecha de forma urgente.
La prestación de servicios también ha sufrido un deterioro importante. De acuerdo con asociaciones científicas y de pacientes, se observa un empeoramiento en la oportunidad de atención para pacientes crónicos y agudos, así como el cierre de servicios de salud en varias zonas del país. El desabastecimiento de medicamentos e insumos esenciales, junto con los atrasos en tratamientos y procedimientos, han afectado directamente a los usuarios del sistema, poniendo en riesgo la continuidad de la atención.
Este deterioro se refleja en un incremento significativo de quejas y reclamos. Según la Superintendencia, se ha registrado un aumento del 13% en peticiones, quejas y reclamos en lo corrido de 2024.
La inestabilidad institucional del sistema también se ha agudizado. Hay un aumento de intervenciones a EPS e IPS por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, y algunas EPS han anunciado su retiro voluntario del sistema. Además, un informe de la Contraloría General reveló una pérdida de casi 6 billones por uso indebido de recursos de la UPC, lo que ha generado más incertidumbre en el sector.
Los profesionales de la salud también se han visto afectados por esta crisis. Muchos de ellos enfrentan problemas en los pagos por sus servicios, mayor inestabilidad laboral y una creciente incertidumbre sobre el futuro del sistema.
Consecuencias de la crisis: ¿cuál es el panorama?
La crisis actual del sistema de salud ha desencadenado una serie de consecuencias. El descontento generalizado y creciente con el sistema se ha convertido en una constante, reflejando la frustración de los usuarios ante las deficiencias en la atención y el acceso a los servicios.
Los indicadores de calidad de atención han experimentado un deterioro significativo. Se ha percibido un aumento en los tiempos de espera, dificultades en el acceso a especialistas y demoras en la realización de procedimientos diagnósticos. Resulta particularmente preocupante la pérdida de continuidad en los tratamientos de enfermedades crónicas, lo que pone en riesgo la salud y la vida de los pacientes.
Como resultado directo de estas deficiencias, se ha observado un incremento sustancial del gasto de bolsillo en salud. Las familias, especialmente las más vulnerables, se ven obligadas a destinar una porción cada vez mayor de sus ingresos a cubrir gastos médicos incluidos en el PBS. Además, hay un aumento en la contratación de servicios complementarios y planes voluntarios de salud, una tendencia que profundiza las desigualdades en el acceso a una atención de calidad.
En respuesta a esta crisis, el gobierno ha presentado un nuevo proyecto de reforma al sistema de salud, que guarda similitudes con el rechazado en 2023. Actualmente, se están llevando a cabo mesas de discusión con diversos actores del sector, previas al debate en la Cámara de Representantes. Existe una expectativa generalizada de que estas discusiones sean inclusivas y que la reforma resultante sea producto del consenso y la concertación, no una imposición unilateral.
Los diferentes actores del sistema de salud —desde profesionales médicos hasta asociaciones de pacientes— han hecho reiterados llamados para corregir el rumbo del sistema. En ese sentido, esperan que la reforma aborde de manera efectiva los problemas estructurales y logre un mejoramiento real y sostenible del sistema de salud.
Está claro que las dificultades persistentes exigen una acción concertada y urgente. Es imperativo que todas las partes interesadas —gobierno, prestadores de servicios, aseguradoras, profesionales de la salud y representantes de los usuarios— trabajen de manera colaborativa. Solo así se podrán encontrar soluciones integrales que aborden los síntomas inmediatos de la crisis, y que también ataquen sus causas, garantizando un sistema de salud de calidad, equitativo y sostenible para todos los ciudadanos.
por INNOS | Oct 10, 2024 | Noticias
En días recientes, el Ministerio de Salud presentó un proyecto de resolución cuyo objetivo es reglamentar el Resumen Digital de Atención en Salud (RDA), estableciendo lineamientos técnicos para la Interoperabilidad de la Historia Clínica Electrónica (IHCE). Este avance es crucial para optimizar la atención médica en el país, ya que no solo define las responsabilidades de los actores dentro del sistema de salud, sino que también promueve un flujo más eficiente de información. A través del RDA, se busca garantizar la confidencialidad de los datos de los pacientes y facilitar el intercambio de información clínica entre los diferentes prestadores de servicios. Este enfoque promete generar ahorros significativos en tiempo y recursos, mejorando la coordinación y continuidad del cuidado de los pacientes.
Por lo tanto, la resolución sobre el Resumen Digital de Atención en Salud (RDA) y la Interoperabilidad de la Historia Clínica Electrónica (IHCE) representa un paso crucial hacia la modernización del sistema de salud colombiano. A continuación, se detallan algunos puntos clave del análisis sobre la importancia de esta normativa y su impacto potencial, teniendo en cuenta lo que busca resolver este acto administrativo.
En primer lugar, la Resolución se fundamenta en la Ley 23 de 1981, que establece la historia clínica como un registro obligatorio de las condiciones de salud del paciente, el cual debe gestionarse con estricta confidencialidad. Cabe destacar lo dispuesto en el artículo 34 de esta ley, donde se reconoce que, además de ser un registro obligatorio, la historia clínica es un documento privado sometido a reserva. Esto implica que solo puede ser conocido por terceros con la autorización previa del paciente o en los casos expresamente previstos por la ley.
Asimismo, la Resolución hace referencia a la Ley 1581 de 2012, en particular al artículo 5, que clasifica los datos relacionados con la salud como información sensible. De acuerdo con esta normativa, se establece que dicha información solo puede ser compartida con el consentimiento previo y expreso del paciente, salvo en los casos en que la ley disponga lo contrario.
En tercer lugar, en el marco de la Estrategia Mundial de Salud Digital 2020-2025 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se destaca la importancia de los estándares de interoperabilidad en la historia clínica. En este contexto, la adopción del estándar International Patient Summary (IPS), definido en el acuerdo de colaboración firmado el 23 de junio de 2023, se presenta como un referente fundamental. Este estándar facilita un intercambio eficaz y seguro de información clínica a nivel global. Al respecto, países como Inglaterra, Canadá, Brasil, Argentina, Australia y Estados Unidos están implementando el IPS en sus procesos de interoperabilidad. Este estándar ha sido adoptado globalmente bajo la norma ISO 27269, y su desarrollo futuro estará a cargo de la Organización Internacional de Normalización (ISO), garantizando su evolución como un referente en la interoperabilidad de datos de salud a nivel internacional.
Igualmente, existe un marco regulatorio que respalda esta Resolución, compuesto por diversas normativas. Entre ellas se encuentra la Ley 2015 de 2020, que establece la creación de la historia clínica electrónica interoperable; la Resolución 866 de 2021, que se enfoca en el conjunto de elementos de datos clínicos relevantes para la interoperabilidad de la historia clínica en el país; y la Resolución 1995 de 1999, que regula el manejo de la Historia Clínica. También es importante mencionar la Ley 1438 de 2011, que establece la obligatoriedad de implementar la historia clínica electrónica. Por último, la Ley 1751 de 2015 refuerza las normas anteriores al garantizar que la historia clínica sea tratada de manera confidencial y reservada, permitiendo que solo pueda ser conocida por terceros con la autorización previa del paciente o en los casos previstos por la ley. Esta ley también garantiza el derecho del paciente a consultar la totalidad de su historia clínica de forma gratuita y a obtener copias de esta.
Problemática que aborda e intenta resolver esta resolución
La Resolución establece la implementación del Resumen Digital de Atención en Salud (RDA) en el marco de la interoperabilidad de la Historia Clínica Electrónica (IHCE), lo que facilitará el intercambio de epicrisis o resúmenes al finalizar las atenciones en salud en servicios de Urgencias, hospitalización y consultas ambulatorias. Con ello, se define un modelo para la interoperabilidad de la Historia Clínica Electrónica en Colombia, abordando la problemática de la fragmentación de la información en salud.
Esta fragmentación surge cuando las atenciones se realizan entre diferentes prestadores que operan con sistemas de historia clínica dispares y utilizan distintos proveedores tecnológicos. Al unificar el proceso de intercambio de información, la resolución busca garantizar una continuidad asistencial más efectiva y reducir la posibilidad de errores derivados de la falta de acceso a información completa y actualizada sobre el historial médico de los pacientes.
Matriz de actores
| Actor / Institución |
Rol |
Nivel de Interés |
Nivel de Influencia |
Responsabilidades |
| Persona titular de la historia clínica |
Usuario final del sistema, sujeto de la información. |
Alto |
Medio |
Consentir el acceso a la información clínica. |
| Representante legal del titular de la historia clínica |
Actúa en nombre del titular cuando corresponde. |
Alto |
Bajo |
Autorizar el acceso a la información clínica del titular cuando sea necesario. |
| Prestadores de servicios de salud |
Generan, gestionan y comparten la información clínica. |
Alto |
Alto |
Implementar la interoperabilidad del IHCE a través del RDA.
Actualizar sus sistemas de información.
Garantizar la seguridad de los datos clínicos. |
| Entidades responsables del pago |
Gestionan el pago de los servicios de salud. |
Medio |
Medio |
Asegurar que los pagos se realicen conforme a la información registrada en el IHCE. |
| Entidades adaptadas al SGSSS |
Administran el acceso y prestación de los servicios de salud. |
Medio |
Medio |
Colaborar en la interoperabilidad del sistema a nivel institucional. |
| Entidades que administran planes voluntarios de salud |
Ofrecen y gestionan planes complementarios de salud. |
Medio |
Medio |
Integrar la información de sus asegurados en el sistema de IHCE. |
| Administradoras de Riesgos Laborales y fondos de pensiones |
Gestionan las prestaciones laborales y pensionales en salud. |
Medio |
Bajo |
Incorporar los datos de salud laboral y pensional en el IHCE. |
| Entidades de Regímenes de Excepción o Especial |
Proveen servicios de salud bajo regímenes especiales. |
Medio |
Bajo |
Integrar sus sistemas de salud con el IHCE y compartir la información relevante. |
| Entidades Territoriales (departamentales, distritales y municipales) |
Supervisan la implementación territorial del sistema. |
Alto |
Alto |
Supervisar, vigilar y controlar la incorporación de IHCE en su jurisdicción. Usar la información anonimizada para mejorar la gobernanza en salud. Articular acciones de comunicación. |
| Compañías de seguros |
Ofrecen pólizas de accidentes de tránsito que cubren servicios de salud. |
Bajo |
Bajo |
Acceder a la información con la autorización del titular para gestionar reclamaciones y pagos. |
Objetivos de la resolución
En primer lugar, el RDA permitirá un acceso ágil y seguro a los antecedentes médicos de los pacientes, lo que mejorará la toma de decisiones clínicas y garantizará la continuidad de la atención. Al facilitar la interoperabilidad entre los sistemas de información de las diferentes instituciones de salud, se reducirá la posibilidad de errores médicos y se acortarán los tiempos de respuesta en situaciones críticas. Este avance es esencial para asegurar una atención más precisa y coordinada.
A su vez, la resolución pone un fuerte énfasis en la confidencialidad y seguridad de la información, que se protegerá mediante tecnologías como firewalls, VPNs y mecanismos de cifrado. El respeto por la privacidad de los datos sensibles es un componente fundamental, en consonancia con las normativas vigentes sobre protección de datos personales. Esto garantiza que el acceso a la historia clínica de los pacientes quede restringido a profesionales autorizados y se mantenga bajo estrictos controles de seguridad.
Además, la interoperabilidad no solo beneficia la calidad de la atención, sino también la eficiencia en el uso de recursos. La capacidad de compartir información entre instituciones reducirá la duplicación de pruebas y procedimientos, lo que generará ahorros significativos para el sistema de salud. Así, se optimizarán los costos administrativos y se aliviará la carga burocrática que enfrentan tanto los profesionales como los pacientes.
La resolución asigna responsabilidades claras a los actores del sistema de salud. Mientras que los prestadores de servicios deberán actualizar sus sistemas de información y adoptar los estándares de interoperabilidad, el Ministerio de Salud supervisará la implementación y garantizará su cumplimiento. Asimismo, las entidades territoriales tendrán un papel clave en la vigilancia y supervisión de la integración de los sistemas de salud locales con el sistema centralizado.
Igualmente, al incluir información demográfica de los pacientes, así como medicamentos recetados, alergias, diagnósticos, signos vitales, historial de vacunación, procedimientos realizados, entre otros, se acelera el acceso a datos clínicos esenciales, lo que permite una atención médica más eficiente y precisa. Esta integración de información facilita la toma de decisiones por parte del personal de salud, optimiza la continuidad del tratamiento y reduce la duplicidad de pruebas o procedimientos, mejorando así la calidad del servicio prestado y la experiencia del paciente.
No obstante, la implementación de esta normativa no está exenta de desafíos técnicos. Algunas instituciones, especialmente aquellas con infraestructuras tecnológicas limitadas, enfrentarán dificultades para cumplir con los requisitos en los plazos establecidos. Para mitigar este desafío, la resolución contempla plazos diferenciados para que los prestadores de salud actualicen sus sistemas, otorgando hasta 12 meses para aquellos que aún no cuentan con un sistema robusto de historia clínica electrónica. Así mismo, los prestadores de servicios de salud que cuentan con Sistema de Información de Historia Clínica Electrónica, seguridad perimetral y conectividad contarán con 6 meses para su integración al mecanismo de interoperabilidad de Historia Clínica Electrónica, a partir de la fecha de publicación de la presente resolución, lo anterior bajo el direccionamiento del Ministerio de Salud y Protección Social.
A largo plazo, lo que se busca es que la interoperabilidad contribuya a la creación de un sistema de salud más integrado, permitiendo, por un lado, mejorar la atención individual, por el otro, facilitar la recopilación y análisis de datos a nivel nacional. Esto es fundamental para la investigación en salud pública, la planificación de políticas y la respuesta ante crisis sanitarias.
A modo de conclusión
La implementación del Resumen Digital de Atención en Salud (RDA), en el marco de la interoperabilidad de la Historia Clínica Electrónica (IHCE), representa un avance significativo hacia la modernización del sistema de salud colombiano. Esta resolución busca resolver el problema de la fragmentación de la información clínica al establecer lineamientos que permiten el intercambio fluido y seguro de datos entre diferentes prestadores de servicios de salud. Al unificar los sistemas dispares de historia clínica en un modelo interoperable, se garantiza una atención continua y coordinada, lo que mejora la calidad del servicio y reduce la posibilidad de errores médicos.
Asimismo, el proyecto refuerza la protección de los datos personales sensibles, un aspecto crucial en el manejo de información clínica. Mediante el uso de tecnologías avanzadas, como cifrado de datos y redes privadas virtuales (VPNs), la resolución asegura que los datos de los pacientes sean accesibles solo a quienes estén autorizados, respetando la privacidad y confidencialidad establecida por las normativas legales vigentes. De este modo, se consolida un sistema más robusto y seguro que permite optimizar los recursos tecnológicos disponibles en el sector salud.
El éxito de esta normativa dependerá en gran medida de la capacidad de los prestadores de servicios de salud y las entidades territoriales para adaptarse a los requisitos técnicos del sistema. Si bien se establecen plazos diferenciados para su implementación, las instituciones con infraestructuras tecnológicas limitadas pueden enfrentar desafíos importantes. No obstante, la resolución prevé estos obstáculos y otorga un margen de tiempo más amplio para que dichas instituciones puedan ajustarse y cumplir con las disposiciones de la interoperabilidad de manera efectiva.
Finalmente, la adopción de la interoperabilidad no solo beneficiará la atención clínica individual, sino que también facilitará la recolección de datos a gran escala, lo que será fundamental para el desarrollo de investigaciones en salud pública, la planificación de políticas sanitarias y la respuesta rápida ante crisis sanitarias. En conjunto, esta resolución es un paso decisivo hacia la digitalización completa del sistema de salud en Colombia, con beneficios a largo plazo para pacientes, prestadores y el sistema en su totalidad.
por INNOS | Sep 19, 2024 | Noticias
Hace unos días, el Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, presentó ante la Cámara de Representantes el proyecto de ley de Financiamiento 2024 (PL 300-2024C), que ha sido recibido como una nueva reforma tributaria. Esta iniciativa tiene como objetivo principal aumentar la recaudación fiscal y promover la sostenibilidad ambiental, lo que podría tener repercusiones en varios sectores de la economía. Sin embargo, resulta llamativo que el proyecto no mencione de manera explícita al sector salud, especialmente en un contexto en el que este enfrenta graves dificultades de financiamiento y escasez de recursos.
A pesar de que el proyecto de ley propone aumentar el recaudo en un 0,7% del PIB en 2025 y un 0,1% en promedio en los años siguientes (2026-2030), este incremento de recursos no está destinado al fortalecimiento del sistema de salud. La falta de nuevas fuentes de financiación específicas para el sector pone de manifiesto que esta reforma tributaria, más conocida como la Ley de Financiamiento[1], no tiene como prioridad abordar los retos del sistema de salud. En cambio, la atención parece centrarse en sectores como la transición energética, la sostenibilidad y el turismo, lo que plantea interrogantes sobre las prioridades del gobierno en términos de política pública. Esta ausencia del sector salud en el proyecto de Ley resulta, al menos, incoherente si se tiene en cuenta además que el Ministerio de Salud ha expresado al Congreso la necesidad de aumentar 27% los recursos de funcionamiento y 83% los recursos de inversión para 2025.
El principal desafío: La ausencia del sector salud en el proyecto de ley de financiamiento
El mayor desafío que plantea esta ley de financiamiento para el sistema de salud es, precisamente, su ausencia en el texto radicado en la Cámara de Representantes. En un contexto de crisis financiera en el sector, la falta de un plan específico para la inversión en infraestructura sanitaria, la actualización del valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y el pago de los presupuestos máximos, generan una gran incertidumbre. A pesar de la evidente necesidad de recursos, la priorización de otros sectores genera interrogantes importantes sobre el futuro del sistema de salud y abre la posibilidad de que los problemas que hoy enfrenta se sigan profundizando con el tiempo. Se esperaría que, ante los constantes llamados que se han hecho para prestar atención a los problemas de financiamiento actuales y asumir los costos adicionales de una reforma a la salud, el ejecutivo emprendiera acciones para asegurar nuevos recursos que oxigenen el sistema. Sin embargo, este proyecto de Ley no lo hace.
Adicionalmente, hay que tener en cuenta que el aumento de impuestos propuesto podría desacelerar la inversión privada en el sector, afectando la capacidad de obtener financiamiento a través de recursos privados y alianzas público-privadas, que han sido importantes para el desarrollo de proyectos en el país. La industria farmacéutica, por su parte, también podría verse afectada por regulaciones ambientales que, aunque necesarias, incrementarán los costos operativos de manera inmediata, reduciendo la competitividad de muchas empresas en el corto plazo.
Si bien el proyecto introduce un componente verde en la Regla Fiscal, que en teoría podría ser aprovechado para financiar infraestructuras ecoeficientes, no se establece claramente cómo estos recursos beneficiarían específicamente al sector salud. Aunque la construcción de hospitales sostenibles podría reducir costos operativos a largo plazo, no parece haber una intención firme de priorizar estos proyectos dentro del marco de la reforma.
En este sentido, el incremento de la recaudación tributaria abre la puerta para explorar alternativas de financiamiento que no han sido contempladas en la propuesta actual. Esta es una oportunidad para innovar en modelos más eficientes y sostenibles, identificando nuevas fuentes de financiamiento y desarrollando mecanismos que aseguren que parte de los recursos generados se destinen al fortalecimiento del sistema de salud, especialmente en las regiones más vulnerables, donde el acceso a servicios de atención primaria sigue siendo insuficiente.
Una oportunidad para la innovación en salud
Aunque el proyecto de ley de financiamiento no atiende directamente las necesidades del sector salud, ofrece la posibilidad de explorar enfoques innovadores en el ámbito sanitario. Una de estas oportunidades sería aprovechar los incentivos de la economía verde para crear un “Ciclo Blanco para la Salud”, dentro de la Regla Fiscal. Este concepto podría incluir inversiones específicas en tecnologías sostenibles y soluciones de bajo impacto ambiental para mejorar la infraestructura hospitalaria y los servicios de salud, con especial atención a las zonas rurales.
Además, el proyecto de ley de financiamiento crea un espacio propicio para pensar en modelos financieros innovadores, coherentes con las tendencias globales de sostenibilidad, que aprovechen las nuevas dinámicas internacionales de financiamiento verde y responsabilidad social. Estas nuevas formas de financiamiento podrían alinearse con los objetivos de sostenibilidad, integrando los avances tecnológicos y económicos en modelos más eficientes para el sector salud.
Por último, esta situación ofrece una oportunidad para que el debate público preste mayor atención a las dificultades financieras que enfrenta el sistema de salud. Es fundamental que se priorice en la agenda legislativa la necesidad de abordar de manera directa el financiamiento del sistema de salud, para garantizar que este sector reciba los recursos necesarios para su sostenibilidad.
De este modo, aunque el sector salud sigue ausente en el debate legislativo -al menos en lo que a la Ley de Financiamiento se refiere-, esta podría verse como una oportunidad para repensar su desarrollo, siempre y cuando se logre incorporar propuestas concretas que aseguren que parte de los recursos generados se destinen efectivamente a mejorar el sistema de salud. De no hacerlo, corremos el riesgo de que la salud quede relegada una vez más frente a otras prioridades del gobierno.
[1] Aunque la ley de financiamiento y la reforma tributaria suelen confundirse, no son lo mismo. Es importante conocer algunas de sus diferencias clave. En primer lugar, a diferencia de las reformas tributarias, los proyectos relacionados con leyes de financiamiento cuentan con una mayor variedad de instrumentos (Artículo 347 de la Constitución Política de 1991). Estos proyectos se enfocan principalmente en la necesidad “vinculante” de equilibrar las finanzas públicas para responder a las demandas y asegurar el funcionamiento del sistema político, como señala el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana y el ex ministro de Hacienda José Manuel Restrepo. En este tipo de leyes, se pueden incluir diversas medidas, desde ajustes en el perfil del gasto público hasta modificaciones en el Estatuto Tributario. Si el objetivo es realizar cambios significativos en este último, se podría recurrir a una reforma exprés. En segundo lugar, las reformas tributarias tienen un alcance más amplio. Su objetivo es modificar el Estatuto Tributario con el fin de optimizar el recaudo.
por INNOS | Sep 3, 2024 | Noticias
En el contexto actual de la salud en Colombia, se han presentado diversas propuestas de reforma que buscan transformar el sistema de salud, con el objetivo de garantizar un acceso más equitativo, eficiente y sostenible para toda la población, desde el Instituto de Prospectiva e Innovación en Salud (INNOS), hemos desarrollado una herramienta analítica que nos permite comparar estas propuestas de manera rigurosa y sistemática, considerando sus implicaciones en distintos niveles.
Colombia enfrenta desafíos significativos en su sistema de salud, que incluyen la fragmentación del modelo de prestación, inequidades en el acceso a servicios, y una creciente insostenibilidad financiera. Ante esto, las propuestas de reforma han emergido como respuestas desde distintos sectores para abordar estas problemáticas. Sin embargo, cada propuesta tiene su enfoque particular, y ello genera debates sobre cuál es la mejor ruta para el país.
Por ello, lanzamos a la ciudadanía una herramienta de análisis comparativo que evalúa las propuestas de reforma desde múltiples dimensiones. Consúltala en: https://view.genially.com/66ce3f10c70bfacd8b704954
En INNOS, creemos que cualquier reforma al sistema de salud debe ser producto de un consenso amplio y debe estar basada en evidencia rigurosa. Seguiremos monitoreando el desarrollo de estas propuestas y sus implicaciones, con el compromiso de contribuir a un debate informado y a la formulación de políticas públicas que realmente beneficien a la población.
