por INNOS | Mar 27, 2025 | Noticias
En los últimos meses, Colombia ha enfrentado una situación crítica en cuanto al desabastecimiento de medicamentos esenciales, lo que ha generado preocupación tanto en la comunidad médica como en la población en general. Este fenómeno afecta la continuidad de la atención en salud y pone en riesgo el manejo adecuado de diversas patologías, desde enfermedades crónicas hasta condiciones de emergencia.
Un nuevo capítulo en esta problemática se produjo juego de que se publicaron los resultados de una auditoría por parte de la Superintendencia Nacional de Salud a Audifarma, uno de los gestores farmacéuticos más grande del país. Según lo informado, habría prácticas irregulares de esta empresa porque estaría almacenando inventarios considerables de medicamentos que se han reportado en escasez; por lo cual el gobierno ha hecho numerosos comentarios en redes sociales, acusando a Audifarma de estar atentando contra la salud pública y provocando el deterioro de la condición de miles de pacientes que requieren de medicamentos, como la insulina, indispensables para mantenerse con vida. Algunos de estos comentarios provienen directamente del presidente de la República.
Aunque la empresa Audifarma emitió un comunicado explicando las razones del hallazgo de la Supersalud en su visita, esta situación se suma a la larga lista de quejas de pacientes por medicamentos agotados, que no se entregan oportunamente en las farmacias contratadas por las EPS y que tampoco les son enviados a su domicilio posteriormente. Lo que está pasando actualmente es tan grave, que se han reportado filas de pacientes afiliados a la Nueva EPS en Cali, que esperan durante toda la noche, poder lograr un turno para recibir sus medicamentos. No es, desde luego, un problema sólo de Cali, sino de todo el país.
De cualquier manera, los resultados de la auditoría de la Supersalud, al menos, ponen en debate los procedimientos de control y seguimiento de inventarios por parte de los gestores farmacéuticos y su cadena de distribución y entrega final al público. Quedan dudas sobre sus responsabilidades en este escenario de desabastecimiento que sigue sin resolverse. En este sentido se acaba de informar que el Ministerio de Salud ha interpuesto el pasado 26 de marzo, una denuncia penal contra Audifarma por el presunto delito de acaparamiento. Desde luego es lamentable que este problema haya tomado el curso de la justicia penal y que no se construyan respuestas eficaces sin llegar a los tribunales.
De otra parte, si bien el gobierno asegura haber pagado a las EPS y a los distribuidores farmacéuticos, algunos gremios señalan deudas de 4 billones de pesos con las EPS por concepto de presupuestos máximos, a lo cual se suma la insuficiencia declarada de la Unidad de Pago por Capitación.
Sumado a estas situaciones coyunturales que se han ido profundizando en los últimos meses, están otras más estructurales como los problemas de planeación de la distribución y dispensación de insumos, dispositivos médicos y medicamentos en general, aumento de la demanda de algunas sustancias específicas, problemas internacionales en la cadena de producción y distribución y fallas en los sistemas de información y de gestión de los recursos para la salud. Varias asociaciones de pacientes, como Pacientes Colombia, han alertado sobre esta situación que ya es insostenible, al tiempo que denuncian interrupciones en tratamientos vitales, afectando a millones, y culpan al manejo gubernamental, con casos de filas y plantones en ciudades como Bogotá y Cali. De fondo también se han identificado demoras regulatorias en el Invima, que retrasan significativamente la aprobación de nuevos tratamientos y nuevas tecnologías para la atención de los pacientes en el país.
Los pacientes son los más afectados.
Aunque la falta de medicamentos afecta a todas las personas afiliadas al sistema de salud, en los casos de enfermedades crónicas, de enfermedades graves y de enfermedades raras y huérfanas, la situación es mucho más preocupante y crítica. En este último grupo de pacientes en muchos casos no se dispone de medicamentos específicos para sus patologías, que son de baja frecuencia, pero de muy alto impacto, y se recurre a medicamentos que se utilizan para enfermedades similares de mayor ocurrencia. Al fallar la cadena de suministros de estas medicinas, se afectan ambos grupos de pacientes, con consecuencias que pueden ser más graves para los que tienen como diagnóstico una Enfermedad Rara.
En otros casos, aunque existan medicamentos ya desarrollados para tratar las Enfermedades Raras y Huérfanas, estos son de muy alto costo, su producción es limitada y la mayor parte de estos se fabrican en el exterior. Todo lo anterior, hace que los pacientes que no los reciben por parte de su EPS y de su gestor farmacéutico, tampoco puedan adquirirlos directamente, poniendo en grave riesgo su salud y en muchos casos, su vida.
Las asociaciones de pacientes con Enfermedades Raras y Huérfanas han hecho numerosos llamados de atención al gobierno para que resuelva las dificultades que atraviesan. Además de las fallas en el acceso a medicamentos se suman otras como la carencia de un sistema de información adecuado que facilite el abordaje integra de sus patologías y el desconocimiento mismo de estas enfermedades por parte de la sociedad e incluso, de algunas instituciones y profesionales del sector salud.
También se han expresado con preocupación por el desabastecimiento, algunos grupos de profesionales y de pacientes con otras patologías como la diabetes, hipertensión y condiciones cardiovasculares, cáncer y problemas de salud mental. Es evidente que el problema es altamente complejo y que requiere intervenciones urgentes.
Algunos de los factores que han generado esta situación son los siguientes:
- Interrupciones en las cadenas internacionales de suministro
- Problemas y demoras en los trámites regulatorios
- Decisiones estratégicas de farmacéuticas
- Desfinanciación del sistema de salud
- Aumento de la demanda en enfermedades crónicas
- Aumento de la carga de enfermedades crónicas y de alto costo
Las autoridades sanitarias del país deben enfrentar de manera prioritaria esta situación, independientemente del curso que tome la discusión de la reforma al sistema en el Congreso. Se requieren acciones en el corto plazo como:
- Incentivos a la producción local de medicamentos e insumos farmacéuticos mediante políticas de estímulo, alianzas público-privadas y mejor acceso a la tecnología adecuada para reducir la dependencia de importaciones.
- Mejorar la coordinación y la regulación, mediante una optimización de los procesos de registro, aprobación y control de inventarios a través de sistemas de información integrados y la interoperabilidad entre las diferentes entidades involucradas en la cadena de suministro.
- Nuevas estrategias de financiamiento, mediante políticas que permitan sostener los márgenes económicos de los fabricantes y distribuidores, garantizando precios competitivos sin sacrificar la calidad de los productos.
- Transparencia y monitoreo con seguimiento en tiempo real sobre el flujo de medicamentos, que permita detectar a tiempo las áreas de riesgo y tomar medidas correctivas antes de que se generen crisis de abastecimiento.
- Promover la colaboración interinstitucional, desde el sector público, los laboratorios y distribuidores, así como con organismos internacionales, para mejorar la planificación y anticipar posibles interrupciones en la cadena de suministro.
Esta problemática no da espera. Insistimos en el llamado al gobierno y a todos los actores que intervienen en todo el proceso, a asumir un compromiso inmediato que solucione esta crisis que pone en grave riesgo la salud pública.
por INNOS | Mar 17, 2025 | Noticias
Una combinación muy compleja para el gobierno nacional es la que actualmente aparece en el panorama legislativo. De una parte, se radicó una ponencia de archivo del proyecto de reforma laboral el pasado 11 de marzo, lo cual apunta a una situación irreversible y adversa para esta iniciativa crucial de la agenda legislativa del presidente Petro.
Ante las críticas que han sido reiteradas al proyecto de reforma laboral, que, según afirman sus detractores, no servirá para resolver los problemas de fondo del empleo en el país y, por el contrario, produciría impactos lesivos para la generación de nuevos empleos; 8 senadores de la Comisión séptima firmaron la ponencia de archivo que le daría el punto final al proyecto. La reacción del presidente fue de crítica fuerte a la Comisión, al decir que esta había “traicionado al pueblo trabajador de Colombia” y calificó la ponencia de archivo como una irresponsabilidad, advirtiendo un posible distanciamiento del gobierno con el legislativo.
Ocurre este desencuentro solo unos días después de la aprobación en la plenaria de la Cámara de Representantes, del proyecto de ley de reforma al sistema de salud. Luego de muchos inconvenientes y de una discusión tensa, las mayorías con las que cuenta el gobierno en la Cámara le sirvieron para ratificar lo ocurrido previamente en la Comisión séptima. Ahora el reto es mucho mayor, por cuanto se sabe que, en el Senado, las mayorías no tienen la misma distribución y allí para el gobierno el camino es mucho menos expedito. De hecho, se anticipa mayor debate y una oposición mucho más férrea y con más poder para hundir nuevamente (como ya ocurrió en 2024) este proyecto que es uno de los pilares del programa de este periodo presidencial.
Si bien el trámite fue exitoso por la aprobación del proyecto en sus dos primeros debates, no hay de ninguna manera, consensos alrededor de esta reforma. Los gremios de la salud han advertido que con la crisis actual (sin que la reforma haya entrado en vigor) es evidente que lo propuesto allí afectará a todos los afiliados al sistema. La situación de las EPS intervenidas por la Supersalud, claramente representa un ejemplo de lo que podría ser, para muchos analistas, el futuro de un sistema bajo el control del Estado, como el que se propone en el proyecto que pasa a discusión en el Senado.
Todo ello en el contexto de la crisis que ya se ha descrito y analizado ampliamente, con problemáticas de desabastecimiento de medicamentos y tecnologías sanitarias, retrasos graves en los pagos de presupuestos máximos, insuficiencia declarada de la UPC acumulada por varios años, incertidumbre sobre el futuro de las EPS, las IPS, las ESE y toda la red de prestación de servicios, inconformidad, quejas y acciones de tutela que se incrementan día tras día por la negación y la falta de oportunidad en el acceso a los servicios básicos.
Entre estos llamados al gobierno, uno de los más recientes es el de la ANDI que ha señalado un posible déficit acumulado a 10 años de 141 billones de pesos, de aprobarse la reforma en sus dos debates pendientes. Esto discrepa de las cifras que aporta el Ministerio de Salud según las cuales, la reforma generará un superávit de 21 billones en el mismo periodo. Tales discrepancias no se entienden y muestran la profunda diferencia de opiniones y cifras que se están discutiendo. La ANDI argumenta que no es claro cómo se espera reducir el déficit ni el gasto en salud, con base en un supuesto fortalecimiento de la Atención Primaria, que bajaría los costos de las atenciones especializadas, según el proyecto del gobierno.
Otro grupo de expertos que ha publicado sus comentarios sobre el proyecto aprobado en Cámara, es el conformado por exministros y líderes sectoriales. Se recalca que no existe en el texto aprobado un plan de financiamiento coherente con las necesidades del sistema y con las fuentes de financiación, así como el desconocimiento de los avances logrados en el sistema actual desde 1993. Los expertos y exministros señalan que el proyecto, además, incumple los mínimos requisitos constitucionales, profundiza los problemas de acceso a los servicios y agrava el problema del flujo de recursos de la actual crisis. Como ejemplo está lo que ocurre con el Fondo de Salud del Magisterio, que ya ha mostrado serias deficiencias y fallas de orden financiero y de prestación de servicios. Para muchos, este subsistema es un reflejo de lo que podría ocurrir de aprobarse la reforma en su 3er y 4º debates.
El presidente reacciona convocando una consulta popular.
En estas circunstancias el presidente Gustavo Petro anunció el pasado 11 de marzo, que convocará una consulta popular buscando allí el apoyo a la reforma a la salud y en respuesta también al inminente archivo de la reforma laboral. Su argumento es que se ha producido un “bloqueo institucional” y que la alternativa es que el pueblo convocado en la consulta decida directamente lo que deberá ocurrir con las reformas.
Este es un mecanismo constitucional de participación ciudadana que implica, en todo caso, el cumplimiento de algunos requisitos por parte del Ejecutivo. Entre ellos, requiere aprobación del texto que será sometido a la consulta popular, por parte del Senado. Posteriormente la Registraduría tendría que preparar todo lo necesario para realizar el proceso de votación en un plazo no mayor a 4 meses. La Ley 1757 de 2015 señala que el Congreso debe analizar y pronunciarse también sobre la conveniencia de una convocatoria como la anunciada por el presidente. Es muy importante resaltar que los resultados de la consulta son obligatorios, según lo dispuesto en la Constitución y en las leyes que la reglamentan.
Una condición que señalan estas normas es que la pregunta que se somete a la decisión del pueblo debe obtener la votación positiva de la mitad más uno de los votantes. La participación ciudadana debe ser de mínimo 1/3 del censo electoral vigente.
Esta es una apuesta más que arriesgada del gobierno, que se la juega con una convocatoria de esta naturaleza, en un año previo a las elecciones presidenciales y con unas cifras de popularidad en descenso por varios meses. Esto sin contar con el riesgo de cortar las relaciones con el Congreso, al provocar un enfrentamiento abierto con sus mesas directivas y, con ello, profundizar los problemas de gobernabilidad y de construcción de consensos, a menos de 18 meses para terminar su periodo.
Las manifestaciones populares recientes y las que ya se están convocando en contra de la reforma a la salud, junto con las múltiples expresiones de rechazo y de preocupación de gremios profesionales, instituciones y actores del sistema; deberían ser motivo suficiente para que el Ministerio y el gobierno en su conjunto, revisen su postura sobre la reforma a la salud y atiendan de forma perentoria a las alarmas que se han generado y a las órdenes que les ha impartido la Corte Constitucional.
De no ser así, los riesgos para el país y para la estabilidad del sistema de salud continuarán creciendo rápidamente, exponiendo a los ciudadanos a situaciones muy graves para su bienestar. Al tiempo que afectan la confianza en las instituciones y dejan un impacto negativo en la democracia. Desde INNOS reiteramos nuevamente el llamado a la concertación, a la generación de acuerdos en el marco del Estado de derecho y a resolver sin más demoras las situaciones críticas que atraviesa el sistema de salud.
por INNOS | Jan 30, 2025 | Noticias
Transcurridas apenas dos semanas del nuevo año, se percibe en el sector salud del país un estado de crisis continuada que amenaza con empeorar con el paso de los días. Recibimos el año con un anuncio que ha dejado muchas inquietudes, por lo que muchos consideran un aumento a todas luces, insuficiente de la Unidad de Pago por Capitación para este año. Se han generado por cuenta del anuncio del gobierno, toda serie de reacciones en contra del porcentaje que se decretó para incrementar los recursos que se pagan por cada afiliado al sistema, con el fin de garantizar su acceso en condiciones óptimas de calidad, a los servicios de salud que requiera.
Recordemos que con la UPC se cubre la totalidad de los servicios que demanda la población durante todo el año, desde las acciones individuales de promoción de la salud y prevención de las enfermedades, hasta el tratamiento, rehabilitación y paliación de aquellas patologías que así lo requieran. Por ello, la posible desfinanciación del plan de beneficios (PBS) constituye un enorme problema de salud pública para todo el país, con consecuencias muy graves en términos de incremento de morbilidad, crecimiento de la carga de enfermedad e incluso, posibles aumentos de las tasas de mortalidad; en los casos en que se afecte el acceso oportuno y eficaz a medicamentos, insumos y tratamientos.
Desde el año pasado, diversos centros de pensamiento e investigación han advertido sobre la necesidad de que el gobierno adopte medidas urgentes para mitigar la crisis financiera del sistema de salud. En este contexto, el presupuesto del sistema inició con un déficit estimado en aproximadamente $9,2 billones, mientras que el ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) fue del 5,36 %, muy por debajo del 16,9 % requerido para cubrir los costos proyectados. Adicionalmente, las Entidades Promotoras de Salud (EPS) registraron pérdidas operativas acumuladas de $3,1 billones al cierre del tercer trimestre de 2024, siendo el régimen contributivo el principal factor de este déficit, con una participación del 64 %. Igualmente, El presupuesto máximo asignado para 2025 se establece en $502.000 millones, lo que representa una reducción significativa en comparación con los $2,3 billones ejecutados en 2024. Esta disminución supone un recorte del 78,2 %, lo que podría afectar la sostenibilidad financiera y la capacidad operativa del sistema en el corto y mediano plazo.
Así lo ha advertido la propia Superintendencia Nacional de Salud, que en un reporte publicado dos días atrás, ha alertado sobre un incremento de las quejas y reclamos de los usuarios por fallas en los procesos de atención en salud en el país. Las quejas aumentaron cerca de un 18% entre 2023 y 2024 (Tasa por 10.000 afiliados). Estos datos muestran que, en efecto, la percepción que los colombianos tienen sobre el desempeño del sistema de salud, está seriamente deteriorada, especialmente, porque han aumentado los casos de negación de citas médicas con especialistas, así como un incremento significativo de los tiempos de asignación de citas tanto de medicina general como de especialidades médicas y por una reducción palpable de la entrega de medicamentos, dispositivos médicos e insumos necesarios para el tratamiento de todo tipo de enfermedades, especialmente las crónicas y las raras.
Más allá de la discusión que se ha generado entorno al aumento de la UPC, los hechos recientes muestran que hay un deterioro real de la calidad de la atención en salud y que los mayores afectados son los pacientes y sus familias, que han tenido que asumir costos adicionales para proveer los medicamentos que no les son entregados, y con ello evitar un mayor deterioro en la condición clínica de sus allegados. Es el caso de los pacientes con enfermedades huérfanas, quienes no solo dependen de los recursos que el gobierno asigna mediante la UPC, sino que, además, han manifestado su preocupación por el descenso de los recursos de los presupuestos máximos, que justamente deben cubrir los gastos de la atención de estas patologías de baja frecuencia y alto impacto en la calidad de vida de pacientes y familiares. En 2024 fue permanente la denuncia del retraso en el giro de los presupuestos máximos por parte del gobierno, lo cual ha llevado a la pérdida de continuidad en los tratamientos y, en muchos casos, al abandono de estos por parte de los pacientes, según lo han reportado los grupos de expertos.
En este sentido se han expresado algunas asociaciones de pacientes e incluso, de profesionales de la salud, que han advertido sobre los efectos negativos que pueden derivarse de generar brechas de continuidad en la atención de patologías huérfanas y crónicas. De una parte, en el corto plazo, los pacientes podrían sufrir un deterioro de su situación personal que, de no ser resuelto adecuadamente, podría afectarles de forma irreversible. En el mediano y en el largo plazo, los pacientes que no reciben oportunamente su tratamiento quedan descompensados porque no acceden a los procedimientos y terapias que necesitan, lo cual va a producir, entre otros efectos, un aumento sobre los costos del sistema de salud y, lo que es más grave, un gran problema de salud pública para todo el país.
Son estos gremios los que han alertado reiteradamente sobre el deterioro generalizado en los procesos de atención, en la continuidad de los tratamientos y en la integralidad que requieren los pacientes con patologías más complejas. Según lo han expresado, no hay bases de datos confiables y accesibles que hagan posible acceder al diagnóstico temprano, a los medios diagnósticos más adecuados y a un seguimiento directo a los pacientes para que no queden aislados y cuenten con el apoyo médico y de salud mental que necesitan. Estas limitaciones se acentúan en los territorios periféricos de las grandes ciudades y en municipios y zonas dispersas.
Casos tan graves como la muerte en 2024 de dos pacientes en Bogotá, uno con enfermedad de Gaucher tipo 2 y otro con Epilepsia, debido a la falta de sus medicamentos; son un llamado de alerta y un recordatorio de que el acceso a medicamentos es un derecho fundamental. De igual manera, los pacientes trasplantados se encuentran en grave riesgo por el desabastecimiento y no entrega de medicamentos esenciales para mantenerse con vida.
Reconocemos la importancia del debate político y de la reflexión sobre los ajustes que el sistema requiere en cuanto a su diseño y su estructura. No obstante, es claro que no se podrá avanzar si no se cuenta con información confiable y oportuna sobre el desempeño y la sostenibilidad de todas y cada una de las instituciones que lo componen. Este es un llamado para que las autoridades, en cabeza del Ministerio de Salud y Protección Social y de la Superintendencia Nacional de Salud, hagan visibles los datos que están utilizando para tomar las decisiones que tienen efectos sobre todos los colombianos. Además, como se ha venido mencionando desde INNOS, es importante que los cálculos, por ejemplo, de la UPC se hagan de manera responsable, respondiendo no sólo a los factores propios del sistema de salud, sino también, de acuerdo con las características demográficas y epidemiológicas de la población colombiana, teniendo en cuenta, el envejecimiento progresivo de la población y efecto postpandemia que produjo el resurgimiento de enfermedades crónicas no trasmisibles. Es preocupante que sean las personas más vulnerables y con mayores necesidades en salud, quienes sufran de forma más rigurosa el impacto de la insuficiencia en los recursos y de las fallas administrativas que el sistema viene experimentando desde hace meses.
No es, por todo lo anterior, un panorama optimista el que se observa en este inicio del nuevo año. Ante una de las crisis más profundas que ha vivido el sistema de salud colombiano, se requieren respuestas eficaces y urgentes de parte del gobierno nacional, que reviertan la tendencia negativa de estos indicadores y que devuelvan la confianza de los actores, protegiendo de forma prioritaria a quienes más lo necesitan.
por INNOS | Jan 30, 2025 | Noticias
La semana pasada la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, de la Corte Constitucional, emitió el Auto 007 de 2025 (23 de enero) por medio del cual hace una evaluación del cumplimiento de las ordenes impartidas en la Sentencia, en particular las órdenes 21 y 22, relativas al cálculo y la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) con la cual se financia el Plan Básico de Salud (PBS). Algunas semanas atrás la Corte había declarado el incumplimiento general respecto a la suficiencia de presupuestos máximos en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y abrió un incidente de desacato al ministro de salud, al tiempo que le ordenó al Ministerio pagar los presupuestos máximos pendientes de 2024 y 2025.
Este nuevo Auto de la Corte se produce como consecuencia de las expresiones de preocupación y de las demandas de muchos actores del sector salud, quienes han aportado análisis y documentos que fueron tenidos en cuenta para sus conclusiones y para emitir una serie de órdenes que se presentan a continuación:
Antecedentes:
- En 2023 la Sala Especial declaró que continuaban las debilidades del sistema de información y baja calidad de los datos reportados por las EPS. Estos sistemas no registran ni actualizan fielmente las necesidades de la población. Los registros de frecuencias de uso de servicios son deficientes. Minsalud no demostraba la suficiencia de la UPC ni que la UPC del Régimen Subsidiado llegara al 95% de la del Régimen Contributivo.
- En la evaluación de los Presupuestos Máximos la Corte también declaró bajo cumplimiento de lo referente a este componente.
- La Corte le solicitó al MSPS la metodología de cálculo de la UPC en marzo de 2024.
- Con base en estos y otros documentos y fuentes de información la Sala Especial hizo un análisis al cumplimiento de sus órdenes y una valoración integral sobre el cálculo y la suficiencia de la UPC, así como la equiparación de la UPC-S al 95% de la UPC-C.
- La Corte considera que, aunque se ha reportado que existen falencias en las fuentes de información que se utilizan para el cálculo de la prima desde 2011, no se han desarrollado correctivos suficientes que resuelvan esta situación y que no hay medidas adecuadas al respecto.
- La inclusión de servicios y tecnologías en el Plan Básico de Salud cubierto por la UPC, que previamente se financiaban por medio de los PM, ha generado un nuevo déficit en la prima. Estas inclusiones se han hecho por varios años y se resalta en el Auto, la realizada en enero de 2022 cuando se aumentó el número de principios activos financiados por la UPC en un 130%.
- El Ministerio ha reportado, junto con la Supersalud, casos de desviación de recursos de la UPC, que también han sido puestos en conocimiento de la Contraloría y de la Fiscalía. Al respecto, la Corte tiene en cuenta estos reportes, pero considera que no se ha logrado demostrar la magnitud e impacto de estas conductas.
Conclusiones de la Sala:
- La metodología utilizada para calcular al UPC debe ser actualizada de forma permanente, incluyendo los cambios y necesidades del sistema de salud y de la población a la que atiende. Debe ampliarse la participación a otros sectores.
- La metodología que viene aplicándose debe complementarse también con mecanismos ex post.
- La información suministrada por el MSPS no deja claro de qué forma se incorporan mecanismos de ajuste por el aumento en la siniestralidad. Los datos del sistema muestran que esta ha aumentado, llegando en 2022 al 105% en el régimen contributivo y al 106% en el subsidiado.
- El análisis del aumento de la UPC en 2024 que hizo la Sala Especial muestra que no hubo un incremento real de los recursos, que era lo esperado dadas las dinámicas de siniestralidad, costos de operación e inflación específica del sector salud; lo cual afectó a todos los actores del sistema.
- A este déficit se sumó la destinación que hizo el MSPS del 5% de la UPC para el desarrollo de los Equipos Básicos de Salud (EBS). La Corte considera que no es válido desfinanciar la UPC con el argumento de fortalecer la promoción y la prevención. Más aún, la Corte considera que “esta es una disposición abiertamente inconstitucional”
- De acuerdo con la Corte, los EBS no deben cubrirse con la UPC y no podrán desarrollar funciones ni prestar servicios cubiertos por esta prima.
- Existe evidencia de un rezago en la información que se utiliza para el cálculo de la UPC que afecta la viabilidad financiera del sistema de salud. Esto se advierte, entre otros aspectos, debido a las inclusiones de procedimientos, intervenciones, tecnologías y medicamentos que son cubiertos por la UPC. Por ello el MSPS deberá ajustarla, partiendo de un análisis de suficiencia desde el año 2021.
- El Ministerio deberá definir un periodo de transición para que las EPS restablezcan sus reseras técnicas, una vez se hagan los ajustes ordenados a la UPC.
Decisiones de la Corte:
- Declara el incumplimiento general del componente de suficiencia de la UPC en ambos regímenes.
- Declara la insuficiencia de la UPC de 2024.
- Ordena al MSPS:
-
- Crear una mesa de trabajo para revisar la UPC 2024 y lograr su suficiencia. Lo anterior, considerando aspectos mencionados previamente como:
- El rezago de la UPC desde 2021
- El aumento de la siniestralidad y de las frecuencias de uso
- El impacto de las inclusiones en el PBS-UPC
- Las variables de ajuste de riesgo
- La definición de criterios para realizar los ajustes ex post y el reconocimiento del ajuste de la UPC 2024 a las EPS, con porcentajes y fechas máximas de pago.
- La mesa tendrá un plazo máximo de 2 meses para definir el ajuste a la UPC de 2024.
- Esta mesa será orientada por el MSPS quien presentará informe mensual a la Sala Especial, sobre el desarrollo de sus funciones.
- Establecer un periodo de transición para el restablecimiento de las reservas técnicas de las EPS.
- Reajustar la metodología del cálculo de la UPC, teniendo en cuenta todos los criterios mencionados en el Auto 007. Lo anterior deberá además considerar:
- Un proceso participativo y transparente
- Tener en cuenta el IPC proyectado para la vigencia y la inflación
- Las nuevas inclusiones
- El rezago existente en la prima
- No fraccionar ni realizar destinaciones diferentes de la UPC.
- Incluir ajustadores ex ante y ex post.
- Equiparar al 95% el valor de la UPC del RS con respecto a la del RC.
- También ordena a la SNS, la CGR y la Fiscalía que desplieguen las investigaciones para establecer responsabilidades en el posible uso indebido de la UPC. Para ello le ordena a fiscalía y Contraloría que conformen un equipo de trabajo destinado a investigar los malos manejos de la UPC en el sistema de salud.
- La Corte le ordena al Ministerio de Hacienda que disponga y garantice los recursos necesarios para cumplir los mandatos de la Sentencia T-760 de 2008, a los que hace alusión el presente Auto.
Si bien es cierto que este Auto no aborda la problemática de la UPC del año 2025, las órdenes que emite deberían tener efectos posteriores en su reajuste, luego de resolver las inconsistencias que vienen desde hace más de 10 años atrás y que se han agudizado recientemente. La decisión del alto tribunal constituye un paso importante para encontrar soluciones al problema de la suficiencia de la UPC, la cual se destina a cubrir los costos de los servicios y tecnologías en salud.
Sin lugar a duda, este pronunciamiento de la Corte muestra con claridad que es urgente una acción correctiva de parte del gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Salud y Protección Social, coordinada con la Superintendencia Nacional de Salud y con el Ministerio de Hacienda; así como de los organismos de control como la Contraloría y la Fiscalía en lo de sus competencias.
El mensaje de transparencia en la gestión de los recursos que hace la Corte es fundamental para que el gobierno asuma su rol de rectoría del sistema de una manera más clara y participativa y, para que todos los demás actores contribuyan activamente a resolver una gama de problemáticas acumuladas que actualmente tienen al sistema de salud en una de sus peores crisis. No obstante, todo ello requiere el fortalecimiento de los sistemas de información disponibles, que también hace parte de las órdenes de emitidas en la Sentencia T-760 de 2008. No se puede pasar por alto que la sostenibilidad del sistema de salud depende en gran medida de un cálculo adecuado de la UPC, el cual debe hacerse bajo metodologías claras que reduzcan la incertidumbre de los actores y permitan tomar decisiones que beneficien el sistema de salud y a sus usuarios.
¿Cómo se entienden las intervenciones a las EPS luego de este fallo de la Corte?
Es evidente que las órdenes impartidas por la Corte constituyen un paso decisivo para resolver la crisis actual, pero los desafíos del sistema exigen también un gran trabajo de parte de las EPS quienes deben garantizar la continuidad en la prestación de los servicios y salvaguardar el derecho a la atención en salud. Si bien las aseguradoras tienen autonomía en el manejo de los recursos, la misma Corte ha establecido que esta autonomía debe estar sujeta a controles para garantizar que los recursos no se destinen a finalidades distintas de la prestación de los servicios de salud. El aumento de la UPC que ha ordenado la Corte contribuye a estos mismos objetivos y, es una medida absolutamente necesaria pero no suficiente, ya que el sistema depende de la operación responsable y transparente de muchos actores para proteger el bienestar de todos los ciudadanos.
por INNOS | Jan 30, 2025 | Noticias
Varias asociaciones de pacientes convocaron a una manifestación pacífica ayer 29 de enero, para expresar sus preocupaciones ante la crisis que vive actualmente el sistema de salud. La convocatoria busca crear conciencia en el gobierno nacional y que se generen de forma inmediata los correctivos necesarios para:
- Evitar las muertes que están ocurriendo debido a la falta de recursos que el gobierno debe girar a aseguradores y prestadores.
- Las deficiencias en asignación de citas y entrega de insumos y medicamentos de forma completa y oportuna.
- Las barreras de acceso que los gremios de IPS y EPS están creando para limitar aún más la prestación de los servicios.
- La moratoria en el pago de los salarios al personal médico y de la salud en general, lo cual afecta profundamente la calidad y la oportunidad de la atención.
Esta convocatoria se produce poco tiempo después de conocer el Auto 007 de la Corte Constitucional que ordena corregir el déficit acumulado de la UPC, que viene afectando la sostenibilidad del sistema de salud desde hace varios años y que hoy en día, ha provocado una situación crítica que requiere acciones inmediatas. Este fallo de la Corte respalda los reclamos justificados de los pacientes y en este sentido, define una ruta clara y de corto plazo para el gobierno.
También se han unido a esta manifestación algunos gremios de profesionales quienes tienen más críticas a la gestión de la salud de este gobierno. Algunos consideran que se le está dando un manejo clientelista al sistema, con la conformación de los Equipos Básicos de Salud y que, esto además ha dejado desfinanciados los servicios que los pacientes requieren con mayor premura.
Desde INNOS respaldamos este llamado de la sociedad civil y consideramos que el gobierno debe atender la inconformidad de pacientes y trabajadores del sector salud, dando respuesta inmediata a lo dispuesto por la Corte y a los requerimientos que se le hacen desde todas las organizaciones del sistema de salud.
