por INNOS | Dec 19, 2024 | Noticias
En medio de una de las mayores crisis financieras que ha enfrentado el sistema de salud colombiano, el Ministerio de Salud y Protección Social presenta su Política Pública del Talento Humano en Salud 2024-2034 para comentarios en consulta pública. Este documento, aunque ambicioso en su alcance, se aleja de la compleja realidad que viven a diario tanto el sistema como el personal de salud en todo el país. El diagnóstico es claro: el déficit de talento humano, las brechas en su distribución territorial y las condiciones laborales precarias son problemas estructurales que requieren intervención urgente. Sin embargo, lanzar una política de esta magnitud en un contexto donde los recursos financieros son insuficientes y la gobernabilidad del sistema está en entredicho, resulta un acto que puede distraer la atención de la urgencia de la sostenibilidad del sistema.
Uno de los pilares de esta política es el fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud (APS), un enfoque que compartimos y que ha sido ampliamente reconocido como la base para garantizar un sistema equitativo y eficiente. Se plantean estrategias como la formación de equipos interdisciplinarios, la atracción de talento humano hacia zonas rurales y la implementación de modelos de formación integral y continua. Pero aquí surge la primera gran contradicción: ¿cómo garantizar la implementación efectiva de estas líneas estratégicas si el sistema no tiene los recursos para asegurar la continuidad de los pagos a prestadores y profesionales de salud?
Además, a lo largo del documento se hace referencia constante a líneas estratégicas que se encuentran definidas en el anexo técnico: Documento de Política Pública del Talento Humano en Salud 2024-2034. Esta fragmentación hace que sea difícil realizar un análisis profundo y completo de la propuesta, ya que el documento no es no describe en su cuerpo estrategias concretas y obliga a consultar múltiples documentos no estructurados en formato XL. La falta de acceso al anexo técnico mencionado impide evaluar las acciones concretas para cada línea estratégica, lo que debilita la transparencia y dificulta su comprensión para los actores involucrados en la formación y desarrollo del talento humano en salud.
Si bien el documento reconoce los desafíos estructurales del talento humano, no aborda con suficiente claridad cómo articular estas propuestas con la reforma a la salud que se debate en el Congreso. La reforma propone centralizar los servicios y recursos bajo un modelo estatizado, mientras que la política de talento humano parece depender de una articulación territorial y de alianzas con actores públicos y privados. La desconexión entre ambas iniciativas muchas inquietudes, por ejemplo: ¿cómo se financiarán las nuevas estrategias de formación y distribución si el modelo propuesto por la reforma compromete la sostenibilidad del sistema?
Por otro lado, la situación actual de las IPS y los profesionales que sostienen el sistema es crítica. Las deudas acumuladas por las EPS con hospitales y clínicas superan cifras alarmantes, llevando a circunstancias críticas de sostenibilidad a muchas instituciones. Esta falta de liquidez amenaza la prestación de servicios y ha precarizado las condiciones laborales del talento humano en salud. Mientras el documento menciona con énfasis la necesidad de ofrecer trabajo digno y decente, en la práctica, el personal de salud enfrenta contratos temporales, bajos salarios y condiciones de trabajo poco seguras, especialmente en zonas rurales y de difícil acceso, situación agravada hoy por la incertidumbre que viven muchas de las instituciones del sistema de salud de diferente índole. Es aquí donde la política pierde contacto con la realidad: no se puede hablar de “condiciones dignas y equitativas” cuando el propio sistema no tiene la capacidad financiera para responder a sus compromisos actuales.
Un aspecto crítico que la Política Pública del Talento Humano en Salud 2024-2034 pasa por alto es la grave brecha en la disponibilidad de especialidades médico-quirúrgicas, un problema que impacta profundamente la atención en salud en todo el territorio nacional. El documento no menciona estrategias específicas para abordar el déficit en especialidades y otras áreas esenciales que presentan una baja cobertura, especialmente en regiones rurales y apartadas. Este vacío es relevante, pues las especialidades médico-quirúrgicas son pilares del sistema de salud y, sin un plan claro para incentivar su formación, redistribución y retención, la política queda incompleta. Una respuesta integral debería incluir incentivos financieros y logísticos para los médicos en formación, además de alianzas entre universidades y hospitales que garanticen la ampliación de cupos y la creación de nuevas plazas en especialidades críticas.
Además, el documento aborda una visión tradicional del talento humano en salud, centrándose principalmente en los roles clínicos convencionales mientras ignora los campos emergentes que están transformando la forma en que se presta la atención en salud. Profesionales como bioingenieros, analistas de datos en salud, especialistas en inteligencia artificial aplicada, ingenieros sanitarios y gestores en innovación tecnológica son cruciales para enfrentar los desafíos contemporáneos del sistema. La ausencia de estrategias dirigidas a promover y desarrollar estas áreas limita la capacidad del sistema de adaptarse a las exigencias del siglo XXI.
Por otro lado, el documento promueve la ampliación del Servicio Social Obligatorio (SSO) y su rediseño como herramienta estratégica. Aunque esto podría cerrar algunas brechas de disponibilidad, la implementación carece de incentivos que garanticen su efectividad. Atraer y retener talento en zonas rurales no puede limitarse a propuestas normativas; se requieren incentivos financieros, acceso a tecnologías que faciliten su trabajo, y programas de soporte emocional ante la presión de trabajar en contextos complejos.
Adicionalmente, la política resulta ajena a la crisis de la educación superior, particularmente en relación con las dificultades que atraviesa el ICETEX. Esta crisis afecta el acceso a la educación superior de miles de estudiantes, incluidos aquellos que buscan formación en áreas de la salud. Las universidades privadas, que juegan un rol fundamental en la formación de profesionales de la salud en Colombia, no son mencionadas ni reconocidas como actores estratégicos. Desconocer esta realidad es contradictorio con el interés de fortalecer la formación del talento humano, especialmente cuando la educación superior privada representa una de las principales alternativas de acceso en regiones donde la oferta pública es insuficiente y donde la expansión de oferta por parte de las instituciones de alta calidad existentes es una de las oportunidades más obvias de atender el cierre de brechas que requiere la formación y oferta de talento humano en salud. En ese sentido, la universidades públicas también deben seguir fortaleciéndose en acceso, equidad, sostenimiento, calidad y sobre todo en el trabajo colaborativo con las universidades privadas.
Asimismo, en la política no se está abordando la ausencia de estrategias para la atracción del talento humano fugado del país. En los últimos años, la migración de profesionales altamente calificados ha aumentado debido a la falta de oportunidades, condiciones laborales inadecuadas y el contexto de incertidumbre económica. Recuperar este talento, así como posicionar a Colombia como un destino atractivo para la formación de profesionales extranjeros, podría mejorar la disponibilidad de talento humano local y contribuir al desarrollo académico y tecnológico del país.
Por otra parte, la política no aborda un tema central: las condiciones de regulación de la docencia-servicio y los mecanismos de financiamiento asociados a ella en Colombia. La formación de profesionales de la salud depende de un modelo en el que la relación entre universidades e instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) es clave. Sin embargo, este modelo enfrenta costos elevados, complejidad en los procesos de aprobación de cupos y trabas burocráticas impuestas por la Comisión Intersectorial de Talento Humano en Salud, integrada por los Ministerios de Salud y Educación.
Otro aspecto que merece atención es la gobernanza. El documento insiste en la necesidad de planificación, rectoría y monitoreo del talento humano, lo cual resulta acertado. Pero el contexto político actual añade una capa de incertidumbre. Aún hoy el país carece de un observatorio cierto que sustente las brechas de oferta de talento humano en los diferentes territorios. De otra parte, el manejo de la crisis ha generado serios cuestionamientos hacia el Ministro de Salud, hasta el punto de que su continuidad en la cartera ha sido puesta en duda. Esto no es un detalle menor. La implementación de políticas públicas requiere estabilidad política, continuidad en la gestión y liderazgo sólido.
Asimismo, preocupa la ausencia de estrategias innovadoras para preparar al talento humano en competencias emergentes. La formación debe alinearse con la transformación tecnológica global, incorporando programas robustos de reentrenamiento en áreas como medicina personalizada, inteligencia artificial, biotecnología y analítica de grandes datos en salud. Ignorar estos avances pone en riesgo la pertinencia y calidad de los profesionales formados en el país frente a las exigencias de un entorno cada vez más tecnificado y digital, proyectándose entonces desaprovechar las oportunidades de transformación e innovación que hoy concentran las estrategias de “re-skilling” de los equipos profesionales de salud en muchos países del mundo.
En medio de esta complejidad, es necesario que una política pública sobre el talento humano del sector tenga en cuenta el estado crítico del sistema de salud. Los pacientes con enfermedades de alto costo y crónicas sufren las consecuencias de un sistema que no puede garantizar tratamientos oportunos. Los hospitales están al borde del cierre, y el personal de salud, exhausto y subvalorado, continúa sosteniendo con sacrificio un sistema que cada vez le cuesta más sostenerse.
Así las cosas, la discusión de la Política Pública del Talento Humano en Salud debe aplazarse. Antes de hablar de estrategias a largo plazo, el gobierno debe priorizar la resolución de la crisis financiera que hoy amenaza la sostenibilidad del sistema de salud y garantizar que exista una visión integral y realista del talento humano. Es necesario que esta política sea reformulada, incorporando estrategias que respondan a los desafíos de la educación superior, las nuevas tecnologías, y la movilidad internacional del talento humano, mientras aborda las barreras burocráticas y financieras que limitan el desarrollo de la docencia-servicio en el país.
Recomendaciones
La formulación de una Política Pública del Talento Humano en Salud debe partir de un proceso profundamente técnico, inclusivo y colaborativo, que permita integrar las múltiples perspectivas de los sectores académico, público y privado en todos los niveles de la educación terciaria. Es indispensable que esta política refleje las necesidades reales del sistema de salud colombiano y cuente con el respaldo de los actores clave para garantizar su implementación efectiva. A continuación, presentamos recomendaciones propositivas para guiar esta discusión:
- Articulación entre formación y necesidades del sistema de salud
Incorporar un análisis detallado del déficit de especialidades médico-quirúrgicas y diseñar estrategias específicas para cerrarlo, incluyendo incentivos financieros, logísticos y educativos para los profesionales en formación. Ampliar la oferta de especialidades debe ser una prioridad, especialmente en regiones donde la falta de especialistas limita la capacidad resolutiva del sistema.
- Ampliación de la perspectiva del talento humano
Reconocer y promover la importancia de los campos emergentes del talento humano en salud, como bioingenieros, analistas de datos en salud, expertos en inteligencia artificial aplicada, ingenieros sanitarios y gestores en innovación tecnológica. Estos perfiles son fundamentales para abordar los retos contemporáneos y deben ser incluidos como actores estratégicos en la política de talento humano.
- Fortalecimiento de la docencia-servicio y su financiamiento
Abordar las barreras estructurales relacionadas con la regulación de la docencia-servicio, incluyendo los costos asociados y los procesos burocráticos de aprobación de cupos. Es necesario establecer mecanismos de financiación sostenibles y ágiles que permitan a las universidades y a las instituciones prestadoras de servicios de salud cumplir con su rol en la formación de talento humano.
- Alineación con la educación superior y sus desafíos actuales
Considerar las dificultades del ICETEX y su impacto en el acceso a la educación superior, especialmente para estudiantes de áreas rurales y disciplinas de salud. La política debe incluir estrategias para mitigar estas barreras, reforzando el papel de las universidades privadas como actores clave en la formación de talento humano en salud.
- Estrategias para la atracción y retención de talento humano
Diseñar programas que promuevan el retorno del talento humano migrado y posicionen a Colombia como un destino atractivo para la formación de profesionales de otros países. Esto no solo aumentaría la disponibilidad local de talento, sino que también fortalecería el sistema educativo y la capacidad tecnológica del país.
- Innovación en la formación y reentrenamiento
Incorporar tecnologías digitales y estrategias innovadoras en los programas de formación y educación continua, adaptando al talento humano a un sistema de salud híbrido que combine atención presencial y virtual. Esto incluye el reentrenamiento en áreas como inteligencia artificial, medicina personalizada, biotecnología y analítica de datos, esenciales para la modernización del sistema.
- Estructura accesible y autocontenida del documento de política
Garantizar que la política sea un documento autocontenido, evitando referencias fragmentadas a anexos técnicos no disponibles. Una estructura clara y completa facilitará su análisis, comprensión y discusión por parte de los actores involucrados.
- Un enfoque colaborativo y multisectorial
Convocar un espacio de diálogo amplio, técnico y participativo que incluya a las universidades, colegios profesionales, asociaciones científicas, IPS, EPS, gobiernos locales y actores internacionales. Este enfoque permitirá construir una política representativa, con base en evidencia y adaptada a las necesidades de todos los actores del sistema.
- Plan de implementación con priorización de acciones urgentes
Establecer un plan de implementación escalonado que priorice acciones inmediatas para responder a la crisis actual, mientras desarrolla estrategias a largo plazo. Esto incluye garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de salud y el fortalecimiento institucional necesario para implementar la política.
- Monitoreo y evaluación participativa
Diseñar un sistema de monitoreo y evaluación continua, con indicadores claros y acceso a información pública. Este sistema debe incluir la participación activa de la academia y los actores del sector para asegurar que los avances sean medibles, transparentes y alineados con los objetivos propuestos.
A manera de conclusión, resaltamos que la construcción de una política de talento humano en salud debe ser un proceso participativo e integral, donde la colaboración entre los sectores público, privado y académico asegure una política que no solo sea técnicamente sólida, sino también ampliamente representativa. Estas recomendaciones buscan orientar un debate profundo y propositivo, generando una política que responda a los desafíos actuales y proyecte un futuro sostenible y equitativo para el sistema de salud colombiano.
Colombia necesita una política de talento humano que sea más que un marco teórico. Debe ser una herramienta real, respaldada por recursos concretos, estabilidad institucional y un compromiso firme con la transformación estructural que el sistema de salud demanda. Mientras no se resuelvan las urgencias inmediatas, esta política corre el riesgo de ser un ejercicio estéril, desconectado de las prioridades que el país necesita enfrentar hoy.
por INNOS | Dec 10, 2024 | Noticias
La situación financiera del sistema de salud colombiano continúa deteriorándose como consecuencia de fallas estructurales no resueltas y presiones emergentes. A los históricos problemas de deudas acumuladas y la falta de acuerdos entre el gobierno, las EPS y las IPS sobre los pasivos existentes, se suman decisiones gubernamentales recientes que han incrementado el déficit. Medidas relacionadas con el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y la asignación de Presupuestos Máximos (PM), en un contexto de incremento de los costos, han llevado al sistema a gastar más de lo que recibe.
Este panorama se da en un escenario marcado por un nuevo intento del gobierno de reformar el sistema de salud, después de que la primera propuesta fuera archivada por la comisión séptima del Senado en abril de 2024. Recientemente, se presentó un nuevo proyecto al Congreso que busca resolver las problemáticas del sistema, incluyendo las financieras. Sin embargo, varios analistas han señalado que las reformas propuestas no garantizan la solución de los problemas estructurales y, en algunos casos, podrían incluso agravarlos.
Desde INNOS, consideramos necesario aportar un análisis para enriquecer el debate. Es fundamental que los tomadores de decisiones y los actores clave cuenten con información suficiente que les permita orientar sus acciones hacia el beneficio colectivo. La sostenibilidad financiera no es solo un tema técnico; es un elemento fundamental de la equidad, la eficiencia y la calidad en la prestación de servicios. Cuando un sistema de salud no es sostenible financieramente, los más afectados son los usuarios y pacientes, quienes deben asumir mayores costos de su bolsillo o, en el peor de los casos, limitar el acceso a los servicios indispensables. Por ello, presentamos este análisis con el objetivo de contribuir a decisiones informadas que fortalezcan el sistema de salud y garanticen su sostenibilidad en el tiempo.
¿Cuál es la situación financiera del sistema de salud?
En primer lugar, es importante señalar que el sistema de salud colombiano enfrenta un déficit acumulado que amenaza la continuidad en la prestación de los servicios. Según un estudio realizado por ANIF y Afidro, entre 2022 y 2024 el sistema acumuló un desbalance de 19,7 billones de pesos, lo que representa un serio problema para garantizar la sostenibilidad del sistema y, por tanto, la adecuada prestación y acceso a los servicios de salud. Según ese mismo estudio, este panorama pone en especial riesgo a más de 15 millones de personas en situación de pobreza, quienes dependen directamente del régimen subsidiado para acceder a la atención. Esto, desde luego, supone un reto enorme en términos de equidad, la cual es considerada como uno de los principales logros del sistema en los últimos 30 años.
Una de las principales causas de este déficit es la subestimación de la UPC, que es el valor que el Gobierno colombiano paga a las EPS por la atención en salud de cada afiliado. Desde 2021, los aumentos decretados para la UPC han sido insuficientes para cubrir los costos reales de los servicios de salud. En 2024, por ejemplo, ésta debía incrementarse en un 15,6% para reflejar el aumento en los costos; sin embargo, el Gobierno solo autorizó un ajuste del 12%. Esta brecha genera un faltante de recursos para las EPS, limitando su capacidad de brindar una atención adecuada y aumentando, en consecuencia, las barreras de acceso a los servicios de salud.
Por supuesto, el déficit del sistema también está estrechamente relacionado con los problemas económicos de las EPS, cuyo patrimonio ha disminuido significativamente en los últimos años. En 2023, varias EPS, incluidas algunas de las más grandes del país, experimentaron una marcada reducción en su patrimonio debido al incremento de las deudas acumuladas y a la creciente presión por la demanda de servicios. Esta situación ha llevado al Gobierno a intervenir algunas EPS con serios problemas financieros, llegando incluso a casos de liquidación. Estas intervenciones generan un impacto significativo en el sistema, ya que los usuarios deben ser trasladados a otras EPS, lo que incrementa aún más la presión financiera sobre estas últimas. Además, la gestión ineficiente de los recursos por parte de algunas EPS ha agravado su situación económica, generando deudas acumuladas, problemas de liquidez y un deterioro patrimonial que repercute directamente en la calidad de la atención prestada. Esto genera incertidumbre, minando la confianza entre todos los actores involucrados.
Otro factor que ha afectado las finanzas es la insuficiencia de los PM, destinados a pagar la atención de enfermedades huérfanas y de alto costo, así como otros procedimientos y servicios no cargados a la UPC. Se estima que solo en 2024 hay un faltante de 1,9 billones de pesos, mientras que entre 2022 y 2024 el déficit acumulado asciende a 4,6 billones de pesos. Esta brecha limita el acceso a tratamientos esenciales para pacientes con enfermedades complejas, poniendo en riesgo su calidad de vida y, en muchos casos, su supervivencia.
De acuerdo con la revista Cambio, cerca de 90.000 pacientes con enfermedades huérfanas en Colombia enfrentan serias dificultades debido a la falta de financiamiento y al desabastecimiento de medicamentos. Organizaciones como Fecoer y Enhu, que agrupan a 73 asociaciones de pacientes, han expresado una profunda preocupación por la crisis que atraviesa el sistema de salud. Esta crisis se refleja en el desfinanciamiento, el desabastecimiento y los obstáculos crecientes para que los pacientes con enfermedades accedan a tratamientos. Al final, la falta de recursos ha generado escasez de medicamentos, cancelación de citas y aumento en los tiempos de espera para la atención médica.
Hay que tener en cuenta que esta situación se da en un contexto de aumento de la demanda de servicios de salud. El envejecimiento de la población y la mayor prevalencia de enfermedades crónicas provocan un incremento en la solicitud de atenciones en todos los niveles. Este aumento no ha sido acompañado por un incremento proporcional en los recursos del sistema, lo que ha generado presiones financieras adicionales. El estudio de ANIF menciona que la cobertura de la mayoría de los afiliados está a cargo de las EPS más grandes, que también son las que más usuarios reciben por traslados. Según el portal Sectorial, en 2023, la relación entre costos e ingresos en el aseguramiento arrojó una siniestralidad de 104,9% y, al analizar la siniestralidad combinada con los gastos, esta subió al 109,5% para todo el sistema. El comportamiento de la siniestralidad es una consecuencia de la insuficiencia de la Unidad del Pago de Capitación y de su pérdida de valor en términos reales.
¿Cuáles pueden ser las consecuencias de esta difícil situación?
Las dificultades financieras que enfrenta actualmente el sistema de salud pueden tener profundas repercusiones en la calidad y el acceso a los servicios. Además, el déficit ascendente podría desestabilizar el funcionamiento del sistema, afectando negativamente su organización y las capacidades desarrolladas por los diferentes actores en los últimos años. Si no se implementan medidas oportunas y específicas, las consecuencias podrían ser graves tanto para los pacientes como para los usuarios, minando la confianza en el sistema y ampliando las brechas de inequidad.
En primer lugar, la falta de recursos y la presión financiera sobre las instituciones prestadoras de servicios de salud pueden traducirse en un deterioro significativo de la calidad de atención. Esto se refleja, por ejemplo, en el aumento de la mortalidad hospitalaria, ya que la sobrecarga de trabajo y el cierre de servicios dificultan que los equipos médicos brinden una atención adecuada y oportuna. Asimismo, la reducción de la oferta de servicios limita la atención integral que los pacientes necesitan.
Por otro lado, el acceso a los servicios de salud también se ve gravemente afectado. Muchas personas, especialmente en zonas rurales y comunidades vulnerables, podrían quedar sin acceso a servicios esenciales debido al cierre de prestadores de baja y media complejidad. La disminución de la capacidad del sistema genera tiempos de espera más prolongados; un ejemplo de esto es el caso de Medimás, donde los tiempos de espera aumentaron en un 14,4 % tras su intervención. Adicionalmente, los pacientes enfrentan mayores costos relacionados con el traslado hacia lugares alejados para recibir atención médica, lo que incrementa los gastos y desincentiva la prevención de enfermedades. Esto último puede llevar al agravamiento de condiciones crónicas que requieren un manejo continuo para garantizar la salud y la calidad de vida de los pacientes.
Otro problema que puede surgir de esta crisis es la concentración del mercado. La salida de varios prestadores reduce la competencia, lo que facilita que las pocas instituciones restantes incrementen los costos de la atención, haciendo el sistema menos accesible. También se puede presentar un desabastecimiento generalizado de medicamentos esenciales. En este sentido, el Invima reportó el desabastecimiento de 13 medicamentos de alto costo y el riesgo de desabastecimiento de otros 9.
Finalmente, la crisis financiera está llevando a la cancelación de servicios neurálgicos, como cirugías, las cuales han aumentado un 30,7% en cancelaciones por falta de recursos en las instituciones prestadoras. Esta situación pone en peligro la vida de pacientes que necesitan intervenciones inmediatas. Además las continuas dificultades en el acceso y la incertidumbre, está llevando a muchos usuarios a contratar planes de medicina prepagada y seguros de salud, una situación que incrementa el gasto de bolsillo y genera incentivos en los prestadores que pueden terminar afectando el sistema financiado con recursos públicos.
¿Cuáles son los principales retos para el 2025?
En el 2025, el sistema de salud colombiano enfrenta el reto de garantizar su sostenibilidad financiera frente a un creciente déficit acumulado. Para abordar este desafío, es fundamental ajustar el cálculo de la UPC, de tal manera que refleje los costos reales de los servicios, así como la demanda creciente. Además, es necesario incorporar mecanismos de ajuste por riesgo que aseguren una distribución equitativa de los recursos. Paralelamente, se deben explorar nuevas fuentes de financiamiento y fortalecer las herramientas de información y auditoría para prevenir la corrupción y los malos manejos de los recursos públicos. En este sentido, mejorar la transparencia y desarrollar sistemas de información operativos permitirá a todos los actores del sistema monitorear su gestión de manera efectiva.
Sin embargo, inyectar más recursos no será suficiente si no se garantiza su uso eficiente e innovador. Esto requiere promover esquemas de pago basados en resultados, que incentiven un uso racional de los recursos. Asimismo, es indispensable mejorar la distribución del talento humano en salud para garantizar una atención oportuna y equitativa en todas las regiones del país. En el ámbito de los medicamentos, es deseable implementar estrategias para fortalecer la producción nacional, negociar precios más accesibles y establecer un sistema eficiente de monitoreo del abastecimiento.
Por último, tal como lo han señalado diversos analistas, es prioritario fortalecer las estrategias de atención primaria. Estas estrategias pueden contribuir con la reducción de la demanda de servicios de alta complejidad y permitir la detección temprana de enfermedades, lo que facilita intervenciones oportunas y más costo-efectivas. Estas acciones deben complementarse con modelos de financiamiento innovadores que involucren a todos los actores del sistema, alineando sus intereses mediante incentivos adecuados y promoviendo la generación de valor compartido.
Solo a través de una estrategia integral, que combine sostenibilidad financiera, eficiencia en el uso de recursos y fortalecimiento de la atención primaria, será posible enfrentar los desafíos actuales y construir un sistema de salud más sólido, equitativo y sostenible para todos los colombianos.
por INNOS | Oct 22, 2024 | Noticias
Hace poco más de un año, en INNOS iniciamos la discusión sobre una posible crisis del sistema de salud (Ver webinar). Para ese momento, nuestra reflexión se basó en una serie de preguntas sobre situaciones concretas que podrían desencadenar tal crisis.
Entre estas, consideramos las fallas internas en procesos de gobernanza, generación de recursos, financiamiento o prestación de servicios. También analizamos el impacto de eventos emergentes como epidemias, guerras o catástrofes naturales que generan un aumento desmedido de la demanda de servicios en muy corto tiempo, desbordando las capacidades del sistema y llevándolo a una situación crítica. Además, contemplamos las crisis estructurales del sistema sociopolítico con repercusiones en el sistema sanitario, como migraciones masivas, problemas económicos estructurales o ruptura del orden institucional.
En ese momento, los expertos diagnosticaron una situación preocupante en aspectos financieros y de talento humano, además de la falta de participación de actores clave en las discusiones sobre la reforma al sistema. Entonces, los expertos no entendían la situación como una crisis integral, pero llamaban la atención sobre la urgencia de tomar decisiones oportunas y acertadas para evitar la profundización de problemáticas en curso.
La situación actual: ¿qué ha sucedido?
Un año después, la situación no mejora y, por el contrario, la sensación de incertidumbre y las dificultades en todo el sistema se han incrementado significativamente. El déficit financiero ha aumentado, estimándose en cerca de 12 billones de pesos para 2024. La insuficiencia de la UPC (Unidad de Pago por Capitación) se remonta a 2022, exacerbada por cálculos inadecuados de incrementos necesarios y distorsiones causadas por la baja demanda durante la pandemia en 2020-2021. Otros factores que profundizan la crisis, tal como en su momento señalaron las EPS, incluyen el envejecimiento poblacional, el aumento de la siniestralidad y la mayor inflación en insumos y tecnologías de salud a nivel mundial.
Es importante recordar que para 2024, el gobierno presentó el estudio de suficiencia y ajuste de la UPC con información de sólo 4 EPS, que, a su juicio, cumplían con las condiciones técnicas para ser utilizadas como base para hacer este ajuste anual. Las quejas de diversos actores como las EPS, las IPS y las asociaciones de pacientes han sido persistentes, buscando que el gobierno reconozca la insuficiencia de los recursos asignados y resuelva esta brecha de forma urgente.
La prestación de servicios también ha sufrido un deterioro importante. De acuerdo con asociaciones científicas y de pacientes, se observa un empeoramiento en la oportunidad de atención para pacientes crónicos y agudos, así como el cierre de servicios de salud en varias zonas del país. El desabastecimiento de medicamentos e insumos esenciales, junto con los atrasos en tratamientos y procedimientos, han afectado directamente a los usuarios del sistema, poniendo en riesgo la continuidad de la atención.
Este deterioro se refleja en un incremento significativo de quejas y reclamos. Según la Superintendencia, se ha registrado un aumento del 13% en peticiones, quejas y reclamos en lo corrido de 2024.
La inestabilidad institucional del sistema también se ha agudizado. Hay un aumento de intervenciones a EPS e IPS por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, y algunas EPS han anunciado su retiro voluntario del sistema. Además, un informe de la Contraloría General reveló una pérdida de casi 6 billones por uso indebido de recursos de la UPC, lo que ha generado más incertidumbre en el sector.
Los profesionales de la salud también se han visto afectados por esta crisis. Muchos de ellos enfrentan problemas en los pagos por sus servicios, mayor inestabilidad laboral y una creciente incertidumbre sobre el futuro del sistema.
Consecuencias de la crisis: ¿cuál es el panorama?
La crisis actual del sistema de salud ha desencadenado una serie de consecuencias. El descontento generalizado y creciente con el sistema se ha convertido en una constante, reflejando la frustración de los usuarios ante las deficiencias en la atención y el acceso a los servicios.
Los indicadores de calidad de atención han experimentado un deterioro significativo. Se ha percibido un aumento en los tiempos de espera, dificultades en el acceso a especialistas y demoras en la realización de procedimientos diagnósticos. Resulta particularmente preocupante la pérdida de continuidad en los tratamientos de enfermedades crónicas, lo que pone en riesgo la salud y la vida de los pacientes.
Como resultado directo de estas deficiencias, se ha observado un incremento sustancial del gasto de bolsillo en salud. Las familias, especialmente las más vulnerables, se ven obligadas a destinar una porción cada vez mayor de sus ingresos a cubrir gastos médicos incluidos en el PBS. Además, hay un aumento en la contratación de servicios complementarios y planes voluntarios de salud, una tendencia que profundiza las desigualdades en el acceso a una atención de calidad.
En respuesta a esta crisis, el gobierno ha presentado un nuevo proyecto de reforma al sistema de salud, que guarda similitudes con el rechazado en 2023. Actualmente, se están llevando a cabo mesas de discusión con diversos actores del sector, previas al debate en la Cámara de Representantes. Existe una expectativa generalizada de que estas discusiones sean inclusivas y que la reforma resultante sea producto del consenso y la concertación, no una imposición unilateral.
Los diferentes actores del sistema de salud —desde profesionales médicos hasta asociaciones de pacientes— han hecho reiterados llamados para corregir el rumbo del sistema. En ese sentido, esperan que la reforma aborde de manera efectiva los problemas estructurales y logre un mejoramiento real y sostenible del sistema de salud.
Está claro que las dificultades persistentes exigen una acción concertada y urgente. Es imperativo que todas las partes interesadas —gobierno, prestadores de servicios, aseguradoras, profesionales de la salud y representantes de los usuarios— trabajen de manera colaborativa. Solo así se podrán encontrar soluciones integrales que aborden los síntomas inmediatos de la crisis, y que también ataquen sus causas, garantizando un sistema de salud de calidad, equitativo y sostenible para todos los ciudadanos.
por INNOS | Sep 19, 2024 | Noticias
Hace unos días, el Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, presentó ante la Cámara de Representantes el proyecto de ley de Financiamiento 2024 (PL 300-2024C), que ha sido recibido como una nueva reforma tributaria. Esta iniciativa tiene como objetivo principal aumentar la recaudación fiscal y promover la sostenibilidad ambiental, lo que podría tener repercusiones en varios sectores de la economía. Sin embargo, resulta llamativo que el proyecto no mencione de manera explícita al sector salud, especialmente en un contexto en el que este enfrenta graves dificultades de financiamiento y escasez de recursos.
A pesar de que el proyecto de ley propone aumentar el recaudo en un 0,7% del PIB en 2025 y un 0,1% en promedio en los años siguientes (2026-2030), este incremento de recursos no está destinado al fortalecimiento del sistema de salud. La falta de nuevas fuentes de financiación específicas para el sector pone de manifiesto que esta reforma tributaria, más conocida como la Ley de Financiamiento[1], no tiene como prioridad abordar los retos del sistema de salud. En cambio, la atención parece centrarse en sectores como la transición energética, la sostenibilidad y el turismo, lo que plantea interrogantes sobre las prioridades del gobierno en términos de política pública. Esta ausencia del sector salud en el proyecto de Ley resulta, al menos, incoherente si se tiene en cuenta además que el Ministerio de Salud ha expresado al Congreso la necesidad de aumentar 27% los recursos de funcionamiento y 83% los recursos de inversión para 2025.
El principal desafío: La ausencia del sector salud en el proyecto de ley de financiamiento
El mayor desafío que plantea esta ley de financiamiento para el sistema de salud es, precisamente, su ausencia en el texto radicado en la Cámara de Representantes. En un contexto de crisis financiera en el sector, la falta de un plan específico para la inversión en infraestructura sanitaria, la actualización del valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y el pago de los presupuestos máximos, generan una gran incertidumbre. A pesar de la evidente necesidad de recursos, la priorización de otros sectores genera interrogantes importantes sobre el futuro del sistema de salud y abre la posibilidad de que los problemas que hoy enfrenta se sigan profundizando con el tiempo. Se esperaría que, ante los constantes llamados que se han hecho para prestar atención a los problemas de financiamiento actuales y asumir los costos adicionales de una reforma a la salud, el ejecutivo emprendiera acciones para asegurar nuevos recursos que oxigenen el sistema. Sin embargo, este proyecto de Ley no lo hace.
Adicionalmente, hay que tener en cuenta que el aumento de impuestos propuesto podría desacelerar la inversión privada en el sector, afectando la capacidad de obtener financiamiento a través de recursos privados y alianzas público-privadas, que han sido importantes para el desarrollo de proyectos en el país. La industria farmacéutica, por su parte, también podría verse afectada por regulaciones ambientales que, aunque necesarias, incrementarán los costos operativos de manera inmediata, reduciendo la competitividad de muchas empresas en el corto plazo.
Si bien el proyecto introduce un componente verde en la Regla Fiscal, que en teoría podría ser aprovechado para financiar infraestructuras ecoeficientes, no se establece claramente cómo estos recursos beneficiarían específicamente al sector salud. Aunque la construcción de hospitales sostenibles podría reducir costos operativos a largo plazo, no parece haber una intención firme de priorizar estos proyectos dentro del marco de la reforma.
En este sentido, el incremento de la recaudación tributaria abre la puerta para explorar alternativas de financiamiento que no han sido contempladas en la propuesta actual. Esta es una oportunidad para innovar en modelos más eficientes y sostenibles, identificando nuevas fuentes de financiamiento y desarrollando mecanismos que aseguren que parte de los recursos generados se destinen al fortalecimiento del sistema de salud, especialmente en las regiones más vulnerables, donde el acceso a servicios de atención primaria sigue siendo insuficiente.
Una oportunidad para la innovación en salud
Aunque el proyecto de ley de financiamiento no atiende directamente las necesidades del sector salud, ofrece la posibilidad de explorar enfoques innovadores en el ámbito sanitario. Una de estas oportunidades sería aprovechar los incentivos de la economía verde para crear un “Ciclo Blanco para la Salud”, dentro de la Regla Fiscal. Este concepto podría incluir inversiones específicas en tecnologías sostenibles y soluciones de bajo impacto ambiental para mejorar la infraestructura hospitalaria y los servicios de salud, con especial atención a las zonas rurales.
Además, el proyecto de ley de financiamiento crea un espacio propicio para pensar en modelos financieros innovadores, coherentes con las tendencias globales de sostenibilidad, que aprovechen las nuevas dinámicas internacionales de financiamiento verde y responsabilidad social. Estas nuevas formas de financiamiento podrían alinearse con los objetivos de sostenibilidad, integrando los avances tecnológicos y económicos en modelos más eficientes para el sector salud.
Por último, esta situación ofrece una oportunidad para que el debate público preste mayor atención a las dificultades financieras que enfrenta el sistema de salud. Es fundamental que se priorice en la agenda legislativa la necesidad de abordar de manera directa el financiamiento del sistema de salud, para garantizar que este sector reciba los recursos necesarios para su sostenibilidad.
De este modo, aunque el sector salud sigue ausente en el debate legislativo -al menos en lo que a la Ley de Financiamiento se refiere-, esta podría verse como una oportunidad para repensar su desarrollo, siempre y cuando se logre incorporar propuestas concretas que aseguren que parte de los recursos generados se destinen efectivamente a mejorar el sistema de salud. De no hacerlo, corremos el riesgo de que la salud quede relegada una vez más frente a otras prioridades del gobierno.
[1] Aunque la ley de financiamiento y la reforma tributaria suelen confundirse, no son lo mismo. Es importante conocer algunas de sus diferencias clave. En primer lugar, a diferencia de las reformas tributarias, los proyectos relacionados con leyes de financiamiento cuentan con una mayor variedad de instrumentos (Artículo 347 de la Constitución Política de 1991). Estos proyectos se enfocan principalmente en la necesidad “vinculante” de equilibrar las finanzas públicas para responder a las demandas y asegurar el funcionamiento del sistema político, como señala el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana y el ex ministro de Hacienda José Manuel Restrepo. En este tipo de leyes, se pueden incluir diversas medidas, desde ajustes en el perfil del gasto público hasta modificaciones en el Estatuto Tributario. Si el objetivo es realizar cambios significativos en este último, se podría recurrir a una reforma exprés. En segundo lugar, las reformas tributarias tienen un alcance más amplio. Su objetivo es modificar el Estatuto Tributario con el fin de optimizar el recaudo.
por INNOS | Jun 24, 2024 | Noticias
El sistema de salud colombiano continúa enfrentando una crisis que, lejos de resolverse, parece profundizarse cada vez más. Aunque esta situación puede explicarse por una combinación de problemas estructurales, un intento fallido de reforma, falta de consenso entre los actores del sector y decisiones administrativas, sus efectos están comenzando a afectar la atención de los usuarios y la continuidad del tratamiento de los pacientes. A pesar de que en los últimos meses se ha discutido ampliamente sobre las causas de la crisis y se han propuesto soluciones, un nuevo llamado de varios actores respecto a la crisis financiera de las IPS plantea un difícil escenario que merece la atención inmediata de todo el sector de la salud.
Según la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), la deuda acumulada de las EPS y las entidades territoriales con las IPS supera los 16 billones de pesos a cierre de 2023, poniendo en peligro la sostenibilidad y el funcionamiento de 221 hospitales y clínicas en el país. Lo más preocupante es que, si no se corrigen los faltantes históricos y se ajusta el financiamiento según las necesidades reales del sistema, este déficit podría llegar a 26 billones en 2024. Juan Carlos Giraldo, director de ACHC, manifestó que las EPS del régimen contributivo concentran algo más del 50% de la deuda, las EPS del régimen subsidiado alrededor del 23%, mientras que el sector estatal y las aseguradoras del SOAT deben alrededor del 10%.
El impacto de esta deuda no solo se limita a los usuarios y pacientes, sino que también puede afectar a los trabajadores de la salud. En caso de que las IPS vean reducidos sus ingresos y se afecte su sostenibilidad financiera, los trabajadores deberán enfrentar retrasos en el pago de sus salarios. Además, proveedores de insumos médicos y farmacéuticos también se ven afectados, ya que los hospitales y clínicas tienen dificultades para pagar sus deudas, lo que puede llevar a una interrupción en el suministro de medicamentos y otros productos esenciales.
Las EPS han señalado que, si bien la crisis no es nueva, esta se ha agravado en los últimos años. En primer lugar, indican que la Unidad de Pago por Capitación (UPC) es insuficiente para cubrir los costos del Plan de Beneficios en Salud (PBS). Según un informe del portal Sectorial, la UPC debió incrementarse en un 20.5%, considerando la ampliación del PBS, la inflación real, que no fue igual a la inflación proyectada, y un aumento de la siniestralidad que se calcula en un 109.5% para 2023. Además, el mismo estudio señala que los giros de presupuestos máximos no se han realizado puntualmente y que aún hay pagos pendientes del Acuerdo de Punto Final establecido en el gobierno anterior.
A esto se suma el problema de la falta de transparencia y la mala gestión de recursos dentro del sistema de salud, que agravan aún más la situación. Casos de cuentas ocultas como las reportadas por la Supersalud en la Nueva EPS, o la sospecha de uso de fondos en tareas distintas a las definidas en la ley, son ejemplos de prácticas que afectan la eficiencia del sistema y minan la confianza de la población.
De esta manera, la crisis financiera del sector salud no es resultado de una sola decisión, sino que responde a una compleja interacción de factores, incluyendo la acumulación de deudas por parte de las EPS, la falta de pago por entidades gubernamentales, un cálculo inadecuado de la UPC por parte del gobierno, ineficiencias, problemas de corrupción no resueltos y mala gestión. Esto pone en peligro la viabilidad financiera de las IPS, afectando no sólo a los usuarios y pacientes, sino también al talento humano en salud, a los proveedores de servicios y demás actores de la cadena de valor del sistema. Este impacto compromete la capacidad de brindar servicios de calidad y cumplir con los tratamientos, además de abrir la puerta para que se incremente el gasto de bolsillo y el gasto catastrófico, afectando principalmente a las poblaciones más vulnerables y atentando contra los principios de equidad y calidad que deben ser centrales en cualquier sistema de salud.
Ante esta situación, se proponen varias acciones para contribuir a detener la crisis. Es necesario ajustar la UPC a los costos reales, ya que presenta un déficit desde 2022, lo que implica aumentar los recursos destinados al sistema de salud para garantizar su sostenibilidad. Se estima que para 2024 se requerirían casi 100 billones de pesos, pero sólo se presupuestaron alrededor de 90 billones, lo cual es particularmente preocupante ante los últimos resultados de recaudo presentados por el gobierno. También es crucial llegar a acuerdos entre todos los actores para saldar las deudas pendientes y acordar mecanismos de pago realizables que brinden certidumbre para la toma de decisiones. Adicionalmente, el gobierno debe explorar medidas administrativas que permitan el flujo adecuado de los recursos hacia las IPS.
Además, se debe implementar una estrategia que permita mejoras en el sector salud, fortaleciendo los mecanismos de control y auditoría, y promoviendo la transparencia en la administración de los recursos. También es fundamental fomentar la participación de la sociedad civil y los usuarios en la vigilancia y control de los recursos del sistema de salud, asegurando que estos se utilicen de manera eficiente y equitativa.
La figura de las IPS
Al igual que otros actores que componen el sistema de salud colombiano, antes de la crisis actual, las IPS también venían sufriendo los efectos de las presiones fiscales relacionadas con los recursos limitados, el envejecimiento de la población, el incremento de las enfermedades crónicas, los avances técnicos en el sector y el crecimiento de la demanda de servicios médicos en el país. Estas instituciones cumplen un rol esencial, haciendo posible que las EPS garanticen el acceso al plan de beneficios de todos los colombianos. En este sentido, realizan dos funciones: se encargan de la atención primaria en salud y prestan servicios hospitalarios especializados y de alta complejidad. Su naturaleza puede ser pública, privada y mixta.
Problemas de las IPS
Existen investigaciones que abordan los problemas de las IPS desde tres perspectivas. Una de ellas se relaciona con factores externos al funcionamiento propio de estas instituciones. Así, Bernal (2011), citado por Castro Figueroa (2020), menciona cuatro factores principales:
- Un sistema financiero negligente ante las necesidades de liquidez de las IPS.
- El manejo deficiente de los sistemas de información por parte de los entes que vigilan el sector.
- Infraestructura deficiente.
- Un entorno económico que trata al sector salud como cualquier otro de la economía nacional.
Otra perspectiva se enfoca en las causas de carácter normativo. Según Suárez y García (2014), las normas que regulan el funcionamiento y financiamiento de las IPS son complejas. En algunas ocasiones, la falta de claridad lleva a que este tipo de instituciones incurran en sobrecostos por endeudamiento.
Un tercer punto de vista se centra en el tema financiero, según el Observatorio de Cartera de la SNS, las IPS enfrentaban tres tipos de problemas, algunos relacionados con corrupción, manejo inadecuado de recursos e insuficiencia en los sistemas de control y vigilancia (Crispin et al., 2023). Al respecto, en agosto de 2023 el Banco de la República en la Revista Borradores de Economía presentó un análisis sobre la solidez financiera de las IPS a través de una evaluación del desempeño financiero a través del modelo CAMEL, en el cual se tuvieron en cuanta los siguientes indicadores: Capital (C), calidad del activo (A), administración (M), rentabilidad (E), y liquidez (L). Los investigadores hallaron lo siguiente (Crispin et al., 2023):
- Las IPS privadas tienen un mejor desempeño en rentabilidad.
- Las IPS públicas tienen la mejor calificación en la calidad del activo.
- En los indicadores asociados a la administración (gerencia), capital y liquidez los resultados tanto para las IPS públicas como privadas es similar.
En marzo de este año, la Superintendencia de Salud, a solicitud de la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes, envió un informe sobre la situación financiera del sistema de salud colombiano, con un enfoque especial en las Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS). El informe abordó el estado actual de la deuda del sistema de salud colombiano, las causas y factores que han contribuido a la acumulación de la deuda, y el impacto de esta deuda en la prestación de servicios de salud a la población colombiana.
Respecto a las cifras proporcionadas por el informe, se puede decir lo siguiente:
- Las cifras de cuentas por pagar totales a IPS varían considerablemente entre las diferentes EPS que la Superintendencia reporta en el informe. De esta manera, las EPS con las mayores cuentas por pagar son:
- Famisanar: 2.144.062.597
- Nueva EPS: 1.779.421.694
- Emssanar S.A.S.: 1.469.885.629
- Las cifras también presentan algunas diferencias importantes dependiendo de la naturaleza de las EPS, así:
- Las mayores cuentas por pagar a instituciones públicas las tiene la Nueva EPS con 365.158.851.
- Las mayores cuentas por pagar a instituciones privadas las tiene SANITAS con 1.321.042.937.
- Las mayores cuentas por pagar a instituciones mixtas las tiene FAMISANAR con 2.084.995.
- Si se observa por EPS, el resultado es el siguiente:
- Las mayores cuentas por pagar en la EPS SURA son a proveedores de servicios y tecnología en salud (18.856.416) y a instituciones públicas (16.993.038).
- En el caso de Salud Total las mayores cuentas por pagar se concentran en las instituciones públicas (21.574.901) y privadas (372.183.309).
- Las mayores cuentas por pagar en Sanitas son a instituciones privadas (1.321.042.937) y a proveedores de servicios y tecnología en salud (416.981.280).
- Para el caso de Famisanar, las mayores cuentas por pagar son a instituciones privadas (1.749.814.890) y a instituciones públicas (330.997.249).
El informe de la Superintendencia de Salud revela una situación de deuda significativa entre las EPS y las IPS en Colombia, con variaciones notables según el tipo de institución y la naturaleza de los proveedores. Esta deuda acumulada afecta la capacidad de las IPS para ofrecer servicios de salud de manera eficiente y oportuna, lo que repercute en la calidad y el acceso a la atención médica para la población colombiana en general.
Asimismo, las IPS, especialmente las privadas y mixtas, podrían reducir su oferta de servicios o simplemente podrían restringir la cobertura de ciertos tratamientos, medicamentos o procedimientos costosos, como, por ejemplo, ya se ha observado en la entrega de ciertos medicamentos.
Por todo lo anterior, urge que el gobierno asuma su responsabilidad ante la situación crítica que se está viviendo en el sector y que, de manera inmediata, convoque a todos los actores para resolver las problemáticas descritas, para evitar que se produzcan situaciones de negación de servicios o de cierre masivo IPS tanto públicas como privadas, debidas a la desfinanciación de clínicas y hospitales. Es el momento para que los gremios de profesionales de la salud participen más directamente y aporten a las soluciones que el sistema requiere, teniendo en cuenta que son otro eslabón de la cadena, que será perjudicado si las tendencias actuales continúan su curso.
