por INNOS | May 26, 2025 | Uncategorized
En medio de un panorama global cada vez más consciente de los riesgos sistémicos que representan las pandemias, la Asamblea Mundial de la Salud de la OMS ha adoptado, en mayo de 2025, un acuerdo internacional sin precedentes sobre prevención, preparación y respuesta frente a pandemias. Un instrumento jurídicamente vinculante que pretende corregir errores del pasado y ofrecer un marco global de coordinación más sólido, pero que también nos desafía localmente.
El acuerdo plantea estándares ambiciosos en temas como acceso a tecnologías sanitarias, vigilancia epidemiológica, gobernanza en salud y equidad global. Su adopción por 124 países (con 11 abstenciones y sin participación de Estados Unidos) marca un nuevo consenso global. Sin embargo, la clave de su efectividad está en su implementación nacional y local.
¿Por qué deben importarle estos acuerdos a los gobiernos locales?
Primero, porque muchas de las acciones necesarias para prevenir y contener futuras pandemias son, en la práctica, responsabilidad de autoridades locales: el acceso al agua potable, la vacunación comunitaria, la vigilancia de enfermedades trópicas, la gestión de residuos médicos, o la detección temprana de eventos inusuales en salud pública.
Segundo, porque el acuerdo propone una visión integral y preventiva de la salud pública —el enfoque “Una Sola Salud”— que requiere articulación con sectores como ambiente, agricultura, educación, saneamiento básico, infraestructura, y gestión del riesgo. En otras palabras, interpela la acción intersectorial de los Gobiernos en la escala local.
Y tercero, porque el fortalecimiento de los sistemas de salud, especialmente de la atención primaria, será condición para acceder al acompañamiento técnico y financiero que se prevé desde la OMS y otras agencias internacionales. En este sentido, los municipios y departamentos que logren desarrollar planes locales robustos de preparación y respuesta estarán en mejor posición para canalizar esos recursos.
Lo que Colombia gana (y lo que debe cuidar)
Desde la perspectiva nacional, el acuerdo representa una oportunidad estratégica: acceso más equitativo a tecnologías sanitarias en emergencias, mayor transferencia tecnológica, y un marco legal internacional que puede respaldar la defensa de salvaguardas sanitarias en negociaciones comerciales. Para un país con alta biodiversidad y capacidades científicas emergentes, también se abren oportunidades para participar en el sistema de beneficios por uso de patógenos y fortalecer su industria biotecnológica.
No obstante, hay retos importantes: tensiones con acuerdos comerciales existentes, ambigüedades sobre propiedad intelectual, y altos costos de implementación. A nivel territorial, los retos se multiplican por la fragmentación del sistema, las brechas de capacidades técnicas y la asimetría entre regiones.
¿Qué pueden hacer los gobiernos locales desde ya?
- Evaluar capacidades: Muchos municipios aún no cuentan con planes actualizados de respuesta a pandemias. Es urgente diagnosticar fortalezas y vacíos.
- Actualizar planes de salud pública territorial: Integrar la perspectiva de preparación pandémica y el enfoque Una Sola Salud, promoviendo articulación multisectorial.
- Fortalecer vigilancia comunitaria: Invertir en capacidades locales para la detección temprana de brotes, con participación activa de la comunidad.
- Proteger al talento humano en salud: Garantizar condiciones dignas de trabajo, acceso a EPP y protocolos claros ante emergencias.
- Participar en la conversación nacional: Los gobiernos locales deben incidir en la construcción del Plan Nacional de Implementación del acuerdo. Ninguna estrategia será efectiva si no recoge las voces del territorio.
El nuevo acuerdo de la OMS implica una agenda internacional, entendida como una hoja de ruta para la transformación de nuestros sistemas de salud desde lo preventivo, lo intersectorial y lo comunitario. Las autoridades locales tienen un rol insustituible en ese proceso. Pero deben actuar con celeridad, además, involucrando a los demás actores de los ecosistemas de salud.
por INNOS | May 2, 2025 | Noticias
El pasado 25 de abril, el gobierno nacional publicó para comentarios y observaciones, el proyecto de Decreto que adopta un nuevo modelo de atención en salud. Este proyecto de acto administrativo llega justo cuando está por reiniciar el debate del proyecto de Ley 312 (Senado) que propone una reforma estructural al sistema general de seguridad social en salud.
A continuación, resaltamos y analizamos los principales aspectos de este documento.
Proyecto de Decreto: “Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo”
El proyecto de decreto tiene como objetivo adoptar, como política nacional, un nuevo modelo de salud basado en la prevención, la predicción y la resolución, fundamentado en el enfoque de Atención Primaria en Salud (APS) y orientado a garantizar el derecho a la salud. Su aplicación abarca todo el territorio nacional e involucra a entidades territoriales, EPS, IPS públicas, privadas y mixtas, ARL, proveedores de tecnología, IETS, INS, ADRES y demás actores del sistema. La iniciativa se apoya en principios clave como la accesibilidad, el primer contacto, la longitudinalidad, la integralidad, la coordinación, la interdisciplinariedad y la participación social. Esta política busca fortalecer la gobernanza territorial, la integración y coordinación de redes de servicios, y promover acciones intersectoriales que atiendan los determinantes sociales de la salud.
Disposiciones Generales y Objetivos del Modelo de Atención.
El Título I del decreto establece las disposiciones generales. En él se define el modelo como un esfuerzo integral que parte de la APS para lograr un servicio de salud preventivo, predictivo y resolutivo. Entre sus fundamentos se incluyen la accesibilidad y la coordinación, lo que se traduce en la garantía del derecho a la salud mediante el fortalecimiento de la gobernanza territorial y de redes de servicios de salud. También se enfatiza el trabajo colaborativo y la participación social como elementos fundamentales para la correcta implementación del modelo. Los pilares del proyecto abarcan aspectos de gobernabilidad y territorialización, el desarrollo de Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud (RIITS), la mejora en las condiciones laborales del personal de salud, la soberanía sanitaria y la gestión del conocimiento, junto con el fortalecimiento de la calidad y un sistema unificado de información en salud.
Pilares del Modelo y Estrategias de Implementación
El Título II se centra en los pilares del modelo, organizados en cinco secciones fundamentales:
- Gobernabilidad, Gobernanza y Territorialización
Esta sección contempla el papel central del Ministerio de Salud y de las entidades territoriales en la adopción, implementación y evaluación del nuevo modelo. Se establece una estructura de gobernanza a dos niveles:
- Nivel Nacional: Liderado por el Ministerio de Salud y la Comisión Intersectorial de Salud Pública, encargados de la regulación y formulación de políticas.
- Nivel Territorial: Constituido por Consejos Territoriales de Seguridad Social en Salud y Comités de Participación Comunitaria en Salud, enfocados en articular la participación social y la organización de los servicios de salud en base a una redefinición de territorios y microterritorios que considere determinantes sociales, culturales y ambientales.
- Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud (RIITS)
Este pilar organiza a los prestadores de salud (públicos, privados y mixtos) en redes estructuradas en dos niveles:
- Nivel Primario: Representado por los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS), que reciben un impulso a través de inversiones en infraestructura, dotación y formalización del personal.
- Nivel Complementario: Comprende IPS de mediana y alta complejidad, donde se promoverá la modernización y el fortalecimiento de especialidades. El Ministerio de Salud habilitará estas redes en un plazo de seis meses y se fortalecerá el sistema de referencia y contrarreferencia mediante Centros Reguladores de Urgencias (CRUE). Además, se busca la integración de programas de salud pública para abordar eventos o condiciones de interés.
- Trabajo Digno y Decente para el Personal de Salud
Con el fin de garantizar condiciones laborales justas, se prioriza la formalización progresiva del personal, sobre todo en el primer nivel de atención. Se introduce un modelo obligatorio de planificación del talento humano con perspectiva de género y diferencial, y se crea un Observatorio Nacional de Talento Humano en Salud que permita monitorear la disponibilidad, distribución y condiciones laborales. También se impulsa la estandarización de las ocupaciones en el sector y se desarrollan estrategias de fortalecimiento de competencias en APS, complementadas con programas específicos de salud mental y prevención de violencias dirigidos al personal sanitario.
- Soberanía Sanitaria y Gestión del Conocimiento
Este componente del modelo enfatiza la necesidad de impulsar la investigación y la producción local de tecnologías estratégicas en salud (TES). Se busca reforzar instituciones científicas nacionales y mixtas, tales como el INS, IETS, INVIMA, INC, y otros centros de referencia. Se plantea la creación de ecosistemas regionales de ciencia, tecnología e innovación en salud, así como estrategias para la transferencia y apropiación social del conocimiento, lo que permitirá consolidar la soberanía sanitaria.
- Calidad y Sistema Unificado de Información en Salud
La última sección aborda la mejora continua de la calidad asistencial a través de la actualización de estándares, los cuales incorporarán enfoques poblacionales, diferenciales y la participación social. Asimismo, se establece la integración de distintas fuentes de información (demográficas, epidemiológicas, clínicas, administrativas y financieras) en un Sistema Unificado de Información en Salud. Se implementa asimismo el Sistema Integrado de Información de Atención Primaria en Salud (SI-APS), orientado al registro, monitoreo y análisis de la operación de la APS.
Disposiciones Finales, Financiamiento y Transición
El Título III organiza las directrices finales del decreto. Entre los puntos claves, se destaca la necesidad de que las EPS se ajusten a una nueva organización territorial definida por el Ministerio, asegurando que el modelo responda a las realidades de las subregiones funcionales del país. El financiamiento provendrá de diversas fuentes: ADRES, el Sistema General de Participaciones, el Presupuesto General de la Nación, regalías, cooperación internacional y mecanismos como obras por impuestos. Además, se fortalecerán las facultades de inspección y control por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, para asegurar la correcta implementación y operación de las redes y la participación social.
La transición a este nuevo modelo se establece como un proceso progresivo, con un plazo máximo de un año para la adaptación de todos los actores involucrados. Finalmente, el decreto deroga disposiciones normativas anteriores contrarias, en particular la Parte 11 del Decreto 780 de 2016, estableciendo así un marco normativo renovado y coherente para la política de salud.
Conclusión
El Proyecto de Decreto 2025 presenta un ambicioso e integral Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo, que se propone transformar el sistema de salud del país. Al centrarse en la APS, el proyecto refuerza la importancia de la gobernanza territorial y la integración de redes, al mismo tiempo que impulsa la formación y condiciones dignas para el personal de salud, la soberanía sanitaria y la gestión del conocimiento. Esto, integrado a un sistema unificado de información y calidad, aspira a garantizar el derecho a la salud mediante estrategias que contemplen tanto la prevención como la respuesta oportuna a las necesidades sanitarias de la población.
Este nuevo marco normativo no solo promete modernizar la atención sanitaria, sino que también busca construir una estructura sólida, participativa y adaptada a los desafíos actuales y futuros, asegurando que todas las regiones del país puedan acceder a una salud de calidad, basada en principios éticos y de equidad.
Análisis.
Ante la dificultad para avanzar legislativamente, el Gobierno ha optado por un camino regulatorio alternativo: un decreto que reforma sustancialmente el Libro 2, Parte 11 del Decreto 780 de 2016, para adoptar el “Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo”. Este movimiento normativo busca, de facto, implementar varios de los pilares del proyecto de ley sin pasar por el Congreso, utilizando las facultades de reglamentación derivadas de normas previas.
Asimismo, el decreto modifica la Ley 1438 de 2011, (artículos 12 a 16) que adopta la estrategia de Atención Primaria en Salud (APS) y se desarrollan los aspectos para su implementación, así como el fortalecimiento de los servicios de baja complejidad, los equipos básicos de salud y sus funciones.
Al comparar los elementos centrales del proyecto de Decreto con los del proyecto de Ley que está actualmente en discusión en el Congreso, se observan las siguientes diferencias y semejanzas:
| Elemento |
Proyecto de Ley 312/2024 |
Proyecto de Decreto (PD) 2025 |
| Enfoque |
Reforma estructural del sistema |
Desarrollo programático del modelo APS |
| Canal normativo |
Proyecto de Ley (Congreso) |
Decreto reglamentario (Ejecutivo) |
| Rol del Estado |
Dirección y operación central |
Rectoría y gobernanza territorial |
| Papel de EPS |
Elimina su rol financiero y organizador |
Se mantiene su existencia con ajustes territoriales |
| Redes de servicios |
Redes integrales estatales |
Redes integrales territoriales con actores mixtos |
| Financiamiento |
Fondos públicos centralizados |
Uso de fuentes diversas (ADRES, SGP, Regalías, etc.) |
| Participación |
Consejos regionales y comunitarios |
Instancias de gobernanza participativa |
| Tiempo de implementación |
Transición de 2 años |
Transición de 1 año para su entrada en vigencia. |
En cuanto a los alcances y efectos normativos, este Decreto entraría sustituir, modificar y derogar varias normas vigentes como el Decreto 1599 de 2022, las Resoluciones 429 de 2016 y 2626 de 2019. Para el desarrollo de la política que plantea el nuevo Decreto, deberá hacerse un ajuste a la Resolución 3280 de 2018.
Aunque el proyecto de Decreto intenta construir una narrativa renovada, al hablar de un modelo “preventivo, predictivo y resolutivo”, no logra articular una base conceptual clara ni operacionalizar sus componentes. Asimismo, se distancia de una comprensión sólida de la Atención Primaria en Salud como estrategia organizadora del sistema de salud, y de los lineamientos tal como la conciben la OPS/OMS o los marcos latinoamericanos de Salud Colectiva, y esto puede derivar en incoherencias en la implementación territorial, ambigüedad en las responsabilidades institucionales y fragmentación en la comprensión de los actores locales.
El decreto menciona que el modelo se construye “desde el territorio”, pero no establece mecanismos concretos para la participación de los actores locales ni cómo se armoniza con los planes territoriales de salud ya existentes. No se explica en detalle cómo se integran las rutas de atención (RIAS) existentes, con las acciones preventivas y predictivas del nuevo modelo. Tampoco se explicita cómo se asegura la resolutividad del primer nivel de atención dentro de redes integradas, lo cual debería ser un propósito explícito, para fortalecer la capacidad de respuesta del nivel primario y aportar a la descongestión de los servicios de urgencias y de las instituciones de mediana y alta complejidad.
Aunque se plantean la atención interdisciplinaria y la participación comunitaria, no se definen nuevas competencias, perfiles, ni estrategias de formación o despliegue del talento humano en consonancia con el modelo.
Según lo publicó el gobierno, el Decreto no genera gastos adicionales ni implica apropiaciones presupuestales nuevas, porque está ajustado a los supuestos de crecimiento de ingresos del Marco Fiscal de Mediano Plazo. No obstante, hace falta mayor claridad sobre la forma en que se va a financiar lo referente a la modernización de infraestructura hospitalaria, formalización laboral del personal de salud, centros reguladores de urgencias y emergencias (CRUE) y funcionamiento de las RIITS; así como la creación de los Ecosistemas regionales de innovación en salud y otras disposiciones.
Es claro que toda política pública requiere recursos para su implementación adecuada y en este caso, el gobierno considera que con los recursos existentes se podrán sufragar los costos de la implementación de este nuevo modelo de atención, lo cual deja dudas sobre su aplicación real.
Aunque el gobierno confía en que no habrá gastos adicionales, se identifican 3 puntos críticos de análisis para su adecuada implementación:
- Las transformaciones que propone (infraestructura, talento humano, tecnología, participación, gobernanza territorial), no van acompañadas de una expansión presupuestal proporcional. En este punto es clave recordar que, aunque el MFMP da un marco general, no se especifican mecanismos de financiación para ítems críticos como:
- Modernización de infraestructura hospitalaria (particularmente en zonas rurales y dispersas).
- Formalización laboral del talento humano (incluidos promotores, auxiliares, equipos interdisciplinarios).
- Funcionamiento y sostenibilidad de los CRUE y las RIITS.
- Creación y operación de los ecosistemas regionales de innovación en salud.
- Inversión en tecnologías predictivas y sistemas de información comunitarios.
- Riesgo de descentralización del gasto sin recursos adicionales
Si bien el decreto habla de “despliegue territorial”, no establece compromisos financieros específicos por parte del nivel nacional. Esto podría trasladar la carga de implementación a las entidades territoriales, muchas de los cuales no tienen capacidad técnica, financiera ni humana para asumirla. Adicionalmente la experiencia histórica muestra que este tipo de reformas terminan siendo asimétricas e inequitativas en su implementación si no hay cofinanciación o incentivos fiscales claros.
- Ausencia de una matriz de costos o cronograma financiero
No se presenta una estimación de inversión por fases, ni una matriz de costos por componente estratégico. Lo que debilita la evaluación ex ante de la viabilidad del modelo y puede dificultar su seguimiento desde una perspectiva
De igual manera, el proyecto de Decreto deja de lado asuntos urgentes como los que están poniendo en riesgo actualmente la prestación de servicios de salud esenciales, la accesibilidad y la integralidad de la atención en todo el territorio nacional. No aborda los problemas de desabastecimiento de medicamentos, ni resuelve las demoras en la atención de patologías crónicas y de alto costo, entre otros asuntos críticos, que son motivo de quejas y reclamos por parte de la ciudadanía. El Decreto no enfrenta ni resuelve la sostenibilidad del sistema que está hoy en el centro del debate público y es una de las mayores preocupaciones para la sociedad.
Preocupan también los procesos de coordinación intersectorial, la carga administrativa y de gestión que se asigna a los CAPS, el rol de las EPS en este nuevo modelo, que no desaparecen como fue planteado en el PL 312 sino que continúan asumiendo otras funciones y dejando todos los procesos de pago y gestión del gasto a la ADRES y a las Redes de servicios. En este sentido, el nuevo Decreto puede generar conflictos de competencias entre EPS y RIITS sobre sus roles de coordinación y en el flujo de recursos.
Sumado a lo anterior, la coexistencia del modelo de aseguramiento vigente definido desde la Ley 100 de 1993, con ajustes y reformas posteriores en Leyes, Decretos y Resoluciones; con este nuevo modelo de atención, genera dudas en cuanto a su implementación eficaz y a las nuevas controversias y problemáticas que puedan surgir en caso de entrar en vigor. Deja, igualmente, la sensación de que el gobierno busca imponer a como dé lugar, su idea de transformación al sistema de salud, por encima del poder Legislativo, lo cual le puede acarrear más conflictos y profundizar las diferencias que ya existen en el país.
A manera de conclusión, se observan varios aspectos a tener en cuenta:
El marco conceptual débil e impreciso. El decreto propone un modelo con ambición transformadora (preventivo, predictivo y resolutivo), pero no desarrolla con claridad los fundamentos conceptuales ni operativos de esos tres pilares. Se utiliza el lenguaje de la Atención Primaria en Salud (APS) renovada, pero sin consolidarla como estrategia rectora ni como estructura articuladora del sistema de salud. Existe confusión entre modelo y estrategia, y entre atributos de la APS y principios del sistema. Esto presenta el riesgo de ambigüedad conceptual que puede dificultar la implementación coherente, la evaluación de impacto y la apropiación por parte de los actores territoriales.
Inconsistencias operativas en el despliegue territorial. No se especifican los mecanismos para la participación incidente, ni la articulación efectiva con los planes territoriales de salud. No se definen claramente las relaciones funcionales entre actores (CRUE, redes, EPS, secretarías de salud, comunidad). Tampoco se presentan indicadores o instrumentos concretos para traducir el modelo en políticas locales adaptadas a los contextos socioculturales y epidemiológicos. Esto implica un riesgo de fragmentación entre niveles, verticalización de decisiones, implementación asimétrica e ineficaz.
Insuficiencia en la planeación financiera. El decreto afirma que no requiere apropiaciones nuevas, ya que se enmarca en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Sin embargo, no hay estimaciones de costos ni mecanismos específicos de financiación para aspectos clave como: Infraestructura hospitalaria, Formalización laboral, Operación de RIITS y CRUE, Ecosistemas regionales de innovación, se omite una matriz de costos o fases de inversión, lo que dificulta el monitoreo y el control fiscal. Como riesgo a estas falencias se puede presentar imposibilidad de implementación real, sobrecarga territorial, pérdida de credibilidad política y técnica.
Participación social e intersectorialidad. Si bien se reconocen como principios la participación social y la acción transectorial, no se desarrollan mecanismos formales para garantizar su incidencia real en la toma de decisiones. Tampoco se especifican las responsabilidades concretas de otros sectores en el abordaje de los determinantes sociales de la salud. Lo que puede derivar en la simulación de participación sin capacidad transformadora, y mantenimiento del aislamiento del sector salud frente a las políticas sociales integrales.
Finalmente, reiteramos desde INNOS la recomendación de abrir los canales de diálogo y concertación amplia sobre los cambios al sistema de salud. Contar con un modelo de atención claro y basado en la APS puede ser un aporte valioso para generar mayor claridad en el sistema de salud y tendría, en principio, el apoyo de varios sectores. La mayoría de los actores consideran que deben hacerse ajustes al sistema, algunos de ellos en la ruta planteada por el PL 312 y también, de alguna forma, por este proyecto de Decreto. Sin embargo, ante la decisión de introducir los cambios por vía administrativa, se quedan por fuera otras opciones y las voces de academia, centros de pensamiento, territorios, pacientes, prestadores de servicios y demás actores claves del sistema; debilitando la concertación, afectando la legitimidad institucional y dando la espalda a la construcción participativa de las políticas públicas.
por INNOS | Mar 27, 2025 | Noticias
En los últimos meses, Colombia ha enfrentado una situación crítica en cuanto al desabastecimiento de medicamentos esenciales, lo que ha generado preocupación tanto en la comunidad médica como en la población en general. Este fenómeno afecta la continuidad de la atención en salud y pone en riesgo el manejo adecuado de diversas patologías, desde enfermedades crónicas hasta condiciones de emergencia.
Un nuevo capítulo en esta problemática se produjo juego de que se publicaron los resultados de una auditoría por parte de la Superintendencia Nacional de Salud a Audifarma, uno de los gestores farmacéuticos más grande del país. Según lo informado, habría prácticas irregulares de esta empresa porque estaría almacenando inventarios considerables de medicamentos que se han reportado en escasez; por lo cual el gobierno ha hecho numerosos comentarios en redes sociales, acusando a Audifarma de estar atentando contra la salud pública y provocando el deterioro de la condición de miles de pacientes que requieren de medicamentos, como la insulina, indispensables para mantenerse con vida. Algunos de estos comentarios provienen directamente del presidente de la República.
Aunque la empresa Audifarma emitió un comunicado explicando las razones del hallazgo de la Supersalud en su visita, esta situación se suma a la larga lista de quejas de pacientes por medicamentos agotados, que no se entregan oportunamente en las farmacias contratadas por las EPS y que tampoco les son enviados a su domicilio posteriormente. Lo que está pasando actualmente es tan grave, que se han reportado filas de pacientes afiliados a la Nueva EPS en Cali, que esperan durante toda la noche, poder lograr un turno para recibir sus medicamentos. No es, desde luego, un problema sólo de Cali, sino de todo el país.
De cualquier manera, los resultados de la auditoría de la Supersalud, al menos, ponen en debate los procedimientos de control y seguimiento de inventarios por parte de los gestores farmacéuticos y su cadena de distribución y entrega final al público. Quedan dudas sobre sus responsabilidades en este escenario de desabastecimiento que sigue sin resolverse. En este sentido se acaba de informar que el Ministerio de Salud ha interpuesto el pasado 26 de marzo, una denuncia penal contra Audifarma por el presunto delito de acaparamiento. Desde luego es lamentable que este problema haya tomado el curso de la justicia penal y que no se construyan respuestas eficaces sin llegar a los tribunales.
De otra parte, si bien el gobierno asegura haber pagado a las EPS y a los distribuidores farmacéuticos, algunos gremios señalan deudas de 4 billones de pesos con las EPS por concepto de presupuestos máximos, a lo cual se suma la insuficiencia declarada de la Unidad de Pago por Capitación.
Sumado a estas situaciones coyunturales que se han ido profundizando en los últimos meses, están otras más estructurales como los problemas de planeación de la distribución y dispensación de insumos, dispositivos médicos y medicamentos en general, aumento de la demanda de algunas sustancias específicas, problemas internacionales en la cadena de producción y distribución y fallas en los sistemas de información y de gestión de los recursos para la salud. Varias asociaciones de pacientes, como Pacientes Colombia, han alertado sobre esta situación que ya es insostenible, al tiempo que denuncian interrupciones en tratamientos vitales, afectando a millones, y culpan al manejo gubernamental, con casos de filas y plantones en ciudades como Bogotá y Cali. De fondo también se han identificado demoras regulatorias en el Invima, que retrasan significativamente la aprobación de nuevos tratamientos y nuevas tecnologías para la atención de los pacientes en el país.
Los pacientes son los más afectados.
Aunque la falta de medicamentos afecta a todas las personas afiliadas al sistema de salud, en los casos de enfermedades crónicas, de enfermedades graves y de enfermedades raras y huérfanas, la situación es mucho más preocupante y crítica. En este último grupo de pacientes en muchos casos no se dispone de medicamentos específicos para sus patologías, que son de baja frecuencia, pero de muy alto impacto, y se recurre a medicamentos que se utilizan para enfermedades similares de mayor ocurrencia. Al fallar la cadena de suministros de estas medicinas, se afectan ambos grupos de pacientes, con consecuencias que pueden ser más graves para los que tienen como diagnóstico una Enfermedad Rara.
En otros casos, aunque existan medicamentos ya desarrollados para tratar las Enfermedades Raras y Huérfanas, estos son de muy alto costo, su producción es limitada y la mayor parte de estos se fabrican en el exterior. Todo lo anterior, hace que los pacientes que no los reciben por parte de su EPS y de su gestor farmacéutico, tampoco puedan adquirirlos directamente, poniendo en grave riesgo su salud y en muchos casos, su vida.
Las asociaciones de pacientes con Enfermedades Raras y Huérfanas han hecho numerosos llamados de atención al gobierno para que resuelva las dificultades que atraviesan. Además de las fallas en el acceso a medicamentos se suman otras como la carencia de un sistema de información adecuado que facilite el abordaje integra de sus patologías y el desconocimiento mismo de estas enfermedades por parte de la sociedad e incluso, de algunas instituciones y profesionales del sector salud.
También se han expresado con preocupación por el desabastecimiento, algunos grupos de profesionales y de pacientes con otras patologías como la diabetes, hipertensión y condiciones cardiovasculares, cáncer y problemas de salud mental. Es evidente que el problema es altamente complejo y que requiere intervenciones urgentes.
Algunos de los factores que han generado esta situación son los siguientes:
- Interrupciones en las cadenas internacionales de suministro
- Problemas y demoras en los trámites regulatorios
- Decisiones estratégicas de farmacéuticas
- Desfinanciación del sistema de salud
- Aumento de la demanda en enfermedades crónicas
- Aumento de la carga de enfermedades crónicas y de alto costo
Las autoridades sanitarias del país deben enfrentar de manera prioritaria esta situación, independientemente del curso que tome la discusión de la reforma al sistema en el Congreso. Se requieren acciones en el corto plazo como:
- Incentivos a la producción local de medicamentos e insumos farmacéuticos mediante políticas de estímulo, alianzas público-privadas y mejor acceso a la tecnología adecuada para reducir la dependencia de importaciones.
- Mejorar la coordinación y la regulación, mediante una optimización de los procesos de registro, aprobación y control de inventarios a través de sistemas de información integrados y la interoperabilidad entre las diferentes entidades involucradas en la cadena de suministro.
- Nuevas estrategias de financiamiento, mediante políticas que permitan sostener los márgenes económicos de los fabricantes y distribuidores, garantizando precios competitivos sin sacrificar la calidad de los productos.
- Transparencia y monitoreo con seguimiento en tiempo real sobre el flujo de medicamentos, que permita detectar a tiempo las áreas de riesgo y tomar medidas correctivas antes de que se generen crisis de abastecimiento.
- Promover la colaboración interinstitucional, desde el sector público, los laboratorios y distribuidores, así como con organismos internacionales, para mejorar la planificación y anticipar posibles interrupciones en la cadena de suministro.
Esta problemática no da espera. Insistimos en el llamado al gobierno y a todos los actores que intervienen en todo el proceso, a asumir un compromiso inmediato que solucione esta crisis que pone en grave riesgo la salud pública.
por INNOS | Mar 27, 2025 | Noticias
Una jornada de movilización social convocada para el pasado martes 18 de marzo por Fecode, continúa un antiguo debate sobre lo que han considerado desde este gremio, una defensa de las reformas sociales, en especial en lo relacionado con el sistema educativo. De alguna forma esta protesta se vincula con el posible hundimiento de la propuesta de reforma laboral en el Congreso de la República y con la crisis del sistema de atención en salud del magisterio.
Es importante recordar también que el propio presidente de la República invitó a los ciudadanos a respaldar en las calles sus propuestas de reforma, que no han tenido los avances que el gobierno esperaba en el campo laboral ni en el proyecto de Ley de reforma al sistema de salud. Pero más allá del necesario debate sobre los recursos para la educación pública que requiere el país, no hay una discusión de fondo en cuanto a lo que debería ser el sistema educativo ni sobre sus transformaciones más necesarias en sintonía con los desafíos y las tendencias internacionales actuales y futuras.
Hace ya algunos años, en 2020, el Foro Económico Mundial presentó una iniciativa denominada Reskilling Revolution, que proponía ofrecer mejor educación, con la generación de nuevas habilidades y mejores oportunidades laborales para todo el mundo en 2030. Esta propuesta desarrolló una plataforma para preparar la nueva fuerza laboral brindando las habilidades que se requieren ante los avances tecnológicos más recientes.
Es evidente que el crecimiento de las nuevas tecnologías ha llegado a todos los campos y que, en el sector salud, por ejemplo, los cambios han sido realmente acelerados. Muchas actividades que tradicionalmente han desarrollado los profesionales, técnicos y auxiliares de la salud, podrían ser realizadas por dispositivos tecnológicos apoyados en Big Data, Machine Learning e Inteligencia Artificial. Estos cambios que, sin dudas, son grandes oportunidades, exigen que el talento humano esté a tono con los retos de interactuar de forma fluida y eficaz con dichas herramientas y tecnologías. Iniciativas como la de Reskilling Revolution, van en camino de ampliar el acceso a estas nuevas tecnologías y a que los profesionales y técnicos del sector salud, en este caso, adquieran las competencias indispensables para su correcta aplicación en beneficio de todos los ciudadanos.
Las transformaciones tecnológicas no se detienen y se hace urgente discutir cuáles son esas nuevas habilidades y competencias que deben incorporarse en todos los niveles de la educación en el país, partiendo del preescolar hasta llegar a las especializaciones, maestrías y doctorados. ¿Están hoy los planes de estudio adecuadamente orientados a fortalecer los conocimientos y las capacidades para utilizar correctamente estos avances tecnológicos?
En una etapa de grandes cambios y nuevos desafíos, no es claro que nuestro país tenga definidas las prioridades en la formación y que esté preparado para afrontar los retos que cada día se generan en todos los campos. Para el recurso humano en salud es imprescindible una incorporación de nuevos saberes y habilidades en el uso de grandes bases de datos, estadística avanzada, generación de modelos preventivos y predictivos de alta precisión, manejo de las herramientas de salud digital y las aplicaciones de la Inteligencia Artificial a la interacción con pacientes, que cambiará también la forma en la que se desarrollan las consultas y todas las interacciones con pacientes y familias. Ya se ha masificado el uso de dispositivos portátiles (wearables) que tienen el potencial de facilitar el cambio de hábitos para personas con riesgo o diagnóstico de enfermedades cardiovasculares y diabetes, entre otras.
El futuro del talento humano en salud y de sus condiciones laborales tendrá que pensarse entendiendo que, muchas de las formas de relacionamiento con los pacientes están en un proceso de transformación y que, para ello, es indispensable un cambio que va desde los niveles básicos de la formación, disponiendo de recursos técnicos así como de docentes debidamente capacitados, que puedan facilitar los cambios necesarios.
Es un gran reto que debemos asumir como sociedad. Para avanzar en este sentido debemos construir acuerdos y generar los espacios de discusión de estos temas que, frecuentemente pasan a un segundo plano ante la premura de las coyunturas económicas y políticas. La invitación es a que no se agote la agenda en los asuntos más inmediatos y a que gobierno, gremios e instituciones se dispongan al diálogo para tratar los asuntos de fondo en cuanto a la transformación educativa que requiere nuestro país.
por INNOS | Mar 17, 2025 | Noticias
Una combinación muy compleja para el gobierno nacional es la que actualmente aparece en el panorama legislativo. De una parte, se radicó una ponencia de archivo del proyecto de reforma laboral el pasado 11 de marzo, lo cual apunta a una situación irreversible y adversa para esta iniciativa crucial de la agenda legislativa del presidente Petro.
Ante las críticas que han sido reiteradas al proyecto de reforma laboral, que, según afirman sus detractores, no servirá para resolver los problemas de fondo del empleo en el país y, por el contrario, produciría impactos lesivos para la generación de nuevos empleos; 8 senadores de la Comisión séptima firmaron la ponencia de archivo que le daría el punto final al proyecto. La reacción del presidente fue de crítica fuerte a la Comisión, al decir que esta había “traicionado al pueblo trabajador de Colombia” y calificó la ponencia de archivo como una irresponsabilidad, advirtiendo un posible distanciamiento del gobierno con el legislativo.
Ocurre este desencuentro solo unos días después de la aprobación en la plenaria de la Cámara de Representantes, del proyecto de ley de reforma al sistema de salud. Luego de muchos inconvenientes y de una discusión tensa, las mayorías con las que cuenta el gobierno en la Cámara le sirvieron para ratificar lo ocurrido previamente en la Comisión séptima. Ahora el reto es mucho mayor, por cuanto se sabe que, en el Senado, las mayorías no tienen la misma distribución y allí para el gobierno el camino es mucho menos expedito. De hecho, se anticipa mayor debate y una oposición mucho más férrea y con más poder para hundir nuevamente (como ya ocurrió en 2024) este proyecto que es uno de los pilares del programa de este periodo presidencial.
Si bien el trámite fue exitoso por la aprobación del proyecto en sus dos primeros debates, no hay de ninguna manera, consensos alrededor de esta reforma. Los gremios de la salud han advertido que con la crisis actual (sin que la reforma haya entrado en vigor) es evidente que lo propuesto allí afectará a todos los afiliados al sistema. La situación de las EPS intervenidas por la Supersalud, claramente representa un ejemplo de lo que podría ser, para muchos analistas, el futuro de un sistema bajo el control del Estado, como el que se propone en el proyecto que pasa a discusión en el Senado.
Todo ello en el contexto de la crisis que ya se ha descrito y analizado ampliamente, con problemáticas de desabastecimiento de medicamentos y tecnologías sanitarias, retrasos graves en los pagos de presupuestos máximos, insuficiencia declarada de la UPC acumulada por varios años, incertidumbre sobre el futuro de las EPS, las IPS, las ESE y toda la red de prestación de servicios, inconformidad, quejas y acciones de tutela que se incrementan día tras día por la negación y la falta de oportunidad en el acceso a los servicios básicos.
Entre estos llamados al gobierno, uno de los más recientes es el de la ANDI que ha señalado un posible déficit acumulado a 10 años de 141 billones de pesos, de aprobarse la reforma en sus dos debates pendientes. Esto discrepa de las cifras que aporta el Ministerio de Salud según las cuales, la reforma generará un superávit de 21 billones en el mismo periodo. Tales discrepancias no se entienden y muestran la profunda diferencia de opiniones y cifras que se están discutiendo. La ANDI argumenta que no es claro cómo se espera reducir el déficit ni el gasto en salud, con base en un supuesto fortalecimiento de la Atención Primaria, que bajaría los costos de las atenciones especializadas, según el proyecto del gobierno.
Otro grupo de expertos que ha publicado sus comentarios sobre el proyecto aprobado en Cámara, es el conformado por exministros y líderes sectoriales. Se recalca que no existe en el texto aprobado un plan de financiamiento coherente con las necesidades del sistema y con las fuentes de financiación, así como el desconocimiento de los avances logrados en el sistema actual desde 1993. Los expertos y exministros señalan que el proyecto, además, incumple los mínimos requisitos constitucionales, profundiza los problemas de acceso a los servicios y agrava el problema del flujo de recursos de la actual crisis. Como ejemplo está lo que ocurre con el Fondo de Salud del Magisterio, que ya ha mostrado serias deficiencias y fallas de orden financiero y de prestación de servicios. Para muchos, este subsistema es un reflejo de lo que podría ocurrir de aprobarse la reforma en su 3er y 4º debates.
El presidente reacciona convocando una consulta popular.
En estas circunstancias el presidente Gustavo Petro anunció el pasado 11 de marzo, que convocará una consulta popular buscando allí el apoyo a la reforma a la salud y en respuesta también al inminente archivo de la reforma laboral. Su argumento es que se ha producido un “bloqueo institucional” y que la alternativa es que el pueblo convocado en la consulta decida directamente lo que deberá ocurrir con las reformas.
Este es un mecanismo constitucional de participación ciudadana que implica, en todo caso, el cumplimiento de algunos requisitos por parte del Ejecutivo. Entre ellos, requiere aprobación del texto que será sometido a la consulta popular, por parte del Senado. Posteriormente la Registraduría tendría que preparar todo lo necesario para realizar el proceso de votación en un plazo no mayor a 4 meses. La Ley 1757 de 2015 señala que el Congreso debe analizar y pronunciarse también sobre la conveniencia de una convocatoria como la anunciada por el presidente. Es muy importante resaltar que los resultados de la consulta son obligatorios, según lo dispuesto en la Constitución y en las leyes que la reglamentan.
Una condición que señalan estas normas es que la pregunta que se somete a la decisión del pueblo debe obtener la votación positiva de la mitad más uno de los votantes. La participación ciudadana debe ser de mínimo 1/3 del censo electoral vigente.
Esta es una apuesta más que arriesgada del gobierno, que se la juega con una convocatoria de esta naturaleza, en un año previo a las elecciones presidenciales y con unas cifras de popularidad en descenso por varios meses. Esto sin contar con el riesgo de cortar las relaciones con el Congreso, al provocar un enfrentamiento abierto con sus mesas directivas y, con ello, profundizar los problemas de gobernabilidad y de construcción de consensos, a menos de 18 meses para terminar su periodo.
Las manifestaciones populares recientes y las que ya se están convocando en contra de la reforma a la salud, junto con las múltiples expresiones de rechazo y de preocupación de gremios profesionales, instituciones y actores del sistema; deberían ser motivo suficiente para que el Ministerio y el gobierno en su conjunto, revisen su postura sobre la reforma a la salud y atiendan de forma perentoria a las alarmas que se han generado y a las órdenes que les ha impartido la Corte Constitucional.
De no ser así, los riesgos para el país y para la estabilidad del sistema de salud continuarán creciendo rápidamente, exponiendo a los ciudadanos a situaciones muy graves para su bienestar. Al tiempo que afectan la confianza en las instituciones y dejan un impacto negativo en la democracia. Desde INNOS reiteramos nuevamente el llamado a la concertación, a la generación de acuerdos en el marco del Estado de derecho y a resolver sin más demoras las situaciones críticas que atraviesa el sistema de salud.
