por INNOS | Dec 5, 2024 | Noticias
5 de diciembre de 2024 | Bogotá, Colombia | Según datos de la OMS, más de dos mil millones de personas carecen de acceso a productos médicos esenciales, una situación que afecta particularmente a los países en desarrollo donde las barreras regulatorias son uno de los factores que limitan la disponibilidad de tratamientos seguros y eficaces.
Las Buenas Prácticas Regulatorias (BPR) son un conjunto de principios clave para el fortalecimiento de los sistemas de regulación de medicamentos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha destacado que sistemas regulatorios sólidos son esenciales para superar barreras en el acceso a productos médicos de calidad y avanzar hacia metas globales como la cobertura universal en salud.
Todos los medicamentos deben pasar por una aprobación regulatoria, y en América Latina, las agencias reguladoras nacionales (encargadas de esta aprobación), todavía enfrentan grandes desafíos. Tomando en cuenta esos retos, y la necesidad de continuar fortaleciendo los sistemas regulatorios de productos farmacéuticos de la región como una prioridad estratégica para mejorar los resultados en salud pública, FIFARMA[1] e INNOS[2], desarrollaron un estudio integral para evaluar la adopción de las Buenas Prácticas Regulatorias (BPR) según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que ofrece una guía clara sobre cómo deben estructurarse y operar los sistemas regulatorios, destacando la transparencia, independencia y flexibilidad en los procesos de aprobación de medicamentos.
Este informe, que evalúa la adopción de las BPR en 8 países de la región: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y Perú, busca ofrecer recomendaciones clave ante las necesidades específicas de cada país para fortalecer sus sistemas regulatorios. Además, propone estrategias para garantizar procesos regulatorios más eficientes y previsibles.
Principales hallazgos
El informe se basa en una encuesta realizada a expertos en asuntos regulatorios en los 8 países previamente mencionados. En total, se recibieron 240 respuestas, principalmente de laboratorios multinacionales (65%) y nacionales (7.1%), además de consultores en servicios regulatorios (14.6%) y representantes de autoridades regulatorias nacionales (2.1%). La encuesta destaca el alto nivel de experiencia de los participantes, ya que el 44% reportó tener 16 años o más de trayectoria en el sector farmacéutico, con especializaciones en Asuntos Regulatorios (45.5%) y Farmacovigilancia (19.5%), asegurando que los hallazgos reflejan perspectivas bien fundamentadas y con un profundo conocimiento técnico.
Para evaluar la implementación de las Buenas Prácticas Regulatorias, se utilizó una escala de 0 a 100 para medir el nivel de adopción, clasificándose en tres categorías: Básico (implementación inicial), Intermedio (progresos significativos con áreas pendientes) y Avanzado (principios completamente integrados y aplicados de manera consistente). Este enfoque metodológico permitió identificar con claridad los avances y desafíos en la implementación de las BPR en la región, proporcionando una base sólida para priorizar esfuerzos y fortalecer los sistemas regulatorios.
Los resultados muestran que, aunque más del 60% de los organismos tienen un nivel intermedio en la adopción de estas prácticas, menos del 20% han alcanzado un nivel avanzado en principios clave como flexibilidad y eficiencia. Por ejemplo, en el principio de legalidad, los puntajes van desde 44.4 en Colombia hasta 75.0 en Brasil, mientras que en eficiencia, las puntuaciones oscilan entre 56.8 en Colombia y 67.1 en México y Costa Rica.
Además, solo el 15% de los países han alineado sus regulaciones con estándares internacionales, lo que dificulta la llegada de tratamientos innovadores y retrasa la respuesta ante emergencias de salud pública. Países con menores niveles de implementación enfrentan procesos regulatorios que pueden extenderse hasta dos años más, limitando la capacidad de los sistemas de salud para responder eficazmente a las necesidades críticas de la población.
Por otro lado, los habilitadores de las BPR también presentan grandes desafíos. La región muestra un bajo nivel de recursos financieros sostenibles, con un puntaje promedio de 45.9, y una progresión media en recursos humanos competentes (52.9). Sin embargo, áreas como ética institucional (63.7) y transparencia (61.4) reflejan un progreso significativo en la región, destacando el compromiso de los países en la mejora continua.
“Este informe evidencia la importancia de las BPR como motor de sistemas regulatorios más sólidos y eficaces, fundamentales para garantizar la seguridad y salud de los pacientes en América Latina. Nuestra alianza con INNOS refuerza el compromiso que tenemos de seguir avanzando hacia un sistema regulatorio que permita un acceso más oportuno y equitativo a tratamientos innovadores”- afirmó Diego Salas, Director de Asuntos Regulatorios de FIFARMA.
La adopción de las BPR permitirá a los sistemas de salud en América Latina responder con mayor eficacia a las necesidades de los pacientes, acelerar el acceso a medicamentos esenciales y garantizar su sostenibilidad a largo plazo. Este esfuerzo conjunto entre FIFARMA e INNOS marca un primer paso para fomentar la colaboración entre gobiernos, autoridades regulatorias y la industria farmacéutica, con el objetivo de beneficiar a millones de personas en la región.
Consulta más detalles y accede al estudio en: https://www.observatoriobpr.com/
Revive la transmisión del webinar del lanzamiento: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_5uk31088eOPhXaASFHomfPTXussmSgn
[1] Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica
[2] Instituto de Prospectiva e Innovación en Salud
por INNOS | Nov 22, 2024 | Noticias
Los sistemas de salud en todo el mundo están enfrentando desafíos sin precedentes. El aumento en la demanda de servicios de salud, las persistentes inequidades y los recursos limitados subrayan la urgente necesidad de soluciones transformadoras. En este contexto, la innovación en ciencias de la vida emerge como un faro de oportunidad, prometiendo abordar desafíos críticos de salud mientras fomenta la equidad y la sostenibilidad.
Sin embargo, la innovación no ocurre de manera aislada. Su éxito depende de un ecosistema que fomente la colaboración, invierta en infraestructura fundamental y cree un entorno político propicio para la experimentación y la escalabilidad. La Cumbre GTIPA 2024 proporcionó una plataforma para explorar estas dinámicas. A través de su panel, “Políticas para Impulsar la Innovación en las Ciencias de la Vida y la Prestación de Servicios de Salud”, los expertos compartieron perspectivas sobre la construcción de ecosistemas de innovación efectivos, el fomento de la transferencia equitativa de tecnología y el aprovechamiento de la propiedad intelectual para cerrar la brecha entre la investigación y el impacto social.
La Cumbre GTIPA 2024, celebrada en Nueva Delhi, India, significó una plataforma excepcional para explorar estas dinámicas. Este evento global reunió a líderes de pensamiento, formuladores de políticas y expertos para discutir estrategias que fomenten la innovación en diversos sectores. Una de sus discusiones fundamentales, el panel titulado “Políticas para Impulsar la Innovación en las Ciencias de la Vida y la Prestación de Servicios de Salud”, contó con distinguidos panelistas:
• Mark Schultz, Titular de la Cátedra Goodyear en Derecho de Propiedad Intelectual, Universidad de Akron Facultad de Derecho, e Investigador Senior en Geneva Network, quien aportó profundas perspectivas sobre propiedad intelectual e innovación.
• Ankur Mutreja, Director de Estrategia, Alianzas y Comunicaciones en PATH, ofreciendo perspectivas sobre asociaciones globales de salud y soluciones escalables.
• Manish Diwan, Jefe de Alianzas Estratégicas y Desarrollo Empresarial en BIRAC, Departamento de Biotecnología, Gobierno de India, quien destacó la experiencia de India en el fomento de la innovación biotecnológica.
• Colin Jamora, Profesor en la Universidad Shiv Nadar, compartiendo perspectivas académicas y científicas sobre el avance en la prestación de servicios de salud.
El panel fue moderado por el Dr. Carlos Felipe Escobar, Director de INNOS, cuya experiencia en ecosistemas de innovación y sistemas de salud proporcionó un marco cohesivo para las discusiones. Esta nota resume las principales perspectivas y recomendaciones compartidas durante el panel, destacando tanto las oportunidades como las acciones necesarias para dar forma al futuro de la innovación en salud. Sirve como guía para las partes interesadas que buscan aprovechar la innovación en ciencias de la vida para una prestación de servicios de salud equitativa y sostenible.
Construyendo Ecosistemas de Innovación Dinámicos
En el centro de cualquier esfuerzo exitoso de innovación se encuentra un ecosistema dinámico. Estos ecosistemas no son meras redes de actores, sino sistemas integrados donde la academia, el gobierno, la industria y las organizaciones sin fines de lucro colaboran hacia objetivos compartidos. Los panelistas enfatizaron que la colaboración es indispensable, siendo las asociaciones público-privadas un pilar fundamental para el éxito.
La inversión pública juega un papel catalizador en la investigación temprana, particularmente en áreas que requieren compromisos a largo plazo como las ciencias básicas. Sin embargo, a medida que las innovaciones maduran, el financiamiento privado se vuelve crítico para escalar y traducir la investigación en soluciones listas para el mercado. Por ejemplo, el desarrollo de centros biotecnológicos e incubadoras en India ha demostrado ser efectivo en el fomento de clústeres especializados de innovación. Estos clústeres no solo concentran recursos y experiencia, sino que también permiten intervenciones más enfocadas en desafíos prioritarios de salud, como enfermedades crónicas y desigualdades en el acceso a la atención médica.
Un tema recurrente fue la necesidad de un liderazgo gubernamental que empodere en lugar de controlar. Los gobiernos deben señalar las necesidades sociales para orientar las prioridades del ecosistema e invertir en infraestructura habilitadora como plataformas de datos, instalaciones de prueba y espacios regulatorios de experimentación. Sin embargo, también deben permitir espacio para que otros actores innoven libremente, creando un entorno equilibrado de co-liderazgo.
Fortaleciendo la Transferencia de Tecnología para la Equidad en Salud
La transferencia de tecnología es un puente crítico entre el laboratorio y el mundo real. Sin mecanismos efectivos para transferir conocimiento e innovaciones, incluso la investigación más revolucionaria corre el riesgo de volverse irrelevante. Los panelistas destacaron que la transferencia equitativa de tecnología es esencial para asegurar que las innovaciones lleguen a las poblaciones desatendidas y aborden las disparidades globales en salud.
La infraestructura y los marcos de políticas juegan un papel fundamental en facilitar la transferencia de tecnología. Los ejemplos exitosos incluyen colaboraciones entre países de altos y bajos ingresos donde los recursos compartidos y la experiencia han acelerado la adopción de nuevas tecnologías. Sin embargo, persisten los desafíos. El acceso limitado a datos del mundo real, el financiamiento insuficiente para programas piloto y la falta de coordinación entre actores continúan obstaculizando el progreso.
La colaboración global ofrece un camino para superar estas barreras. Al fomentar plataformas para el intercambio de datos y asociaciones transfronterizas, los países pueden crear un entorno donde las innovaciones sean más accesibles y adaptables. Los panelistas también enfatizaron la importancia de apoyar a actores más pequeños, como startups e instituciones de investigación, proporcionando acceso a instalaciones avanzadas y mecanismos de financiamiento.
La especialización dentro de los ecosistemas fue otro punto importante. Los clústeres que se enfocan en áreas específicas, como salud digital o biomanufactura, no solo mejoran la eficiencia sino que también aseguran que las innovaciones estén adaptadas a las necesidades locales y regionales.
La Propiedad Intelectual como Impulsor de la Innovación
La propiedad intelectual (PI) es tanto un catalizador para la innovación como una herramienta para fomentar la colaboración global. Los sistemas sólidos de PI incentivan las inversiones en investigación y desarrollo al asegurar que los innovadores puedan cosechar los beneficios de su trabajo. Los países de ingresos bajos y medios a menudo enfrentan desafíos para acceder a innovaciones críticas debido a políticas restrictivas de PI. Para abordar esto, el panel abogó por enfoques colaborativos como acuerdos de licencias voluntarias, consorcios de patentes y modelos de innovación abierta. Estos mecanismos equilibran la necesidad de protección con el imperativo de asequibilidad y accesibilidad.
También se enfatizó el papel de la PI en la construcción de confianza. Las políticas de PI claras y transparentes proporcionan la base para asociaciones entre diversas partes interesadas, permitiendo esfuerzos colaborativos para abordar prioridades compartidas en salud. Los panelistas señalaron que tales marcos deben alinearse con objetivos de equidad global para asegurar que las innovaciones beneficien a todos, no solo a unos pocos privilegiados. Las discusiones durante el panel GTIPA subrayaron que el futuro de la innovación en salud depende de ecosistemas que sean tanto dinámicos como inclusivos. Construir tales ecosistemas requiere colaboración entre sectores, inversiones estratégicas en infraestructura y políticas que equilibren la protección con la equidad.
Perspectivas y Llamados a la Acción:
- Fortalecer los marcos de PI para atraer inversión mientras se asegura el acceso equitativo a las innovaciones.
- Fomentar la colaboración global a través de plataformas para compartir datos y asociaciones transfronterizas.
- Invertir en infraestructura habilitadora, incluyendo plataformas de datos del mundo real e instalaciones avanzadas de prueba.
- Empoderar a los actores más pequeños proporcionando financiamiento y acceso a recursos especializados.
- Conectar la investigación con la aplicación alineando la investigación básica con las necesidades sociales.
por INNOS | Nov 21, 2024 | Noticias
Actualmente, en el Congreso de la República se discute el Proyecto de Acto Legislativo 018, que busca reformar la Constitución en lo referente al Sistema General de Participaciones (SGP). Este análisis normativo tiene como objetivo aclarar los puntos principales de esta reforma y destacar algunas de las implicaciones para el sector salud, uno de los más sensibles a los cambios en la estructura del SGP y que podría verse impactado por esta iniciativa.
La reforma al SGP, liderada por el partido En Marcha y apoyada por organizaciones como la Federación Nacional de Departamentos y Asocapitales, busca fortalecer la autonomía de los municipios, distritos y departamentos mediante el aumento gradual de las transferencias de ingresos corrientes de la Nación (ICN) del 20% al 46,5% para el año 2034. Este Proyecto de Acto Legislativo pretende equilibrar el centralismo con una mayor responsabilidad fiscal y administrativa de las regiones, garantizando que los recursos adicionales se acompañen de una redistribución de competencias y funciones.
En los últimos días, y tras varios debates, se lograron algunos acuerdos para avanzar en la aprobación de la iniciativa. Según el senador Ariel Ávila, ponente del proyecto, se redujo el porcentaje de las transferencias a las entidades territoriales del 46,5% al 39,5%, y se amplió el plazo de transición de 10 a 12 años. Además, se estableció que la reforma no entrará en vigor hasta que el Congreso apruebe una ley de competencias, lo que asegura que las regiones asuman las nuevas responsabilidades de manera ordenada. También se pactaron ajustes en salud y educación para cerrar brechas en las regiones más vulnerables, y se estableció un límite de seis meses para que el Gobierno presente dicha ley al Congreso.
El SGP, creado por la Constitución de 1991, agrupa los recursos que la Nación transfiere a las entidades territoriales según lo dispuesto en los artículos 356 y 357 (modificados posteriormente por los Actos Legislativos 01 de 2001 y 04 de 2007). Estos recursos están destinados a sectores prioritarios como educación, salud, agua potable y saneamiento básico, entre otros servicios esenciales. Su distribución es regulada por normas como las Leyes 715 de 2001 y 1176 de 2007.
En términos generales, el 96% de los recursos del SGP se asigna a sectores específicos: educación (58,5%), salud (24,5%), agua potable (5,4%) y propósitos generales (11,6%). Este último porcentaje incluye actividades como servicios públicos, infraestructura, medio ambiente, deporte y seguridad, entre otras. Dentro del sector salud, los recursos se dividen principalmente en tres componentes: financiación del régimen subsidiado (87%), prestación de servicios de salud (3%) y salud pública (10%).
La estructura del SGP ha sido ajustada a lo largo de los años mediante diferentes normas. En 2007, la Ley 1122 introdujo modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, enfocándose en mejorar la prestación de servicios y en fortalecer la promoción y prevención en salud pública. Más tarde, en 2011, la Ley 1438 buscó garantizar la cobertura universal del aseguramiento en salud y reforzó los controles sobre el uso de los recursos destinados a este sector. En 2020, durante la emergencia sanitaria por COVID-19, el Decreto 800 permitió una reorientación temporal de los recursos del SGP para atender las necesidades inmediatas de la pandemia, como la compra de insumos médicos y la implementación de medidas preventivas.
Una cuestión fundamental en la reforma del SGP es la relación entre las competencias de las entidades territoriales y los recursos asignados. Desde la Ley 715 de 2001, se definieron las responsabilidades municipales, distritales y departamentales en áreas como la dirección del sector salud, la prestación de servicios, la salud pública y el aseguramiento de la población. Sin embargo, estas competencias han sufrido modificaciones con el tiempo y requieren ser revisadas para garantizar una gestión más eficiente que esté alineada con las demandas actuales del sistema.
El Proyecto de Acto Legislativo 018 plantea varios desafíos en términos de sostenibilidad fiscal. Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, advirtió que un aumento del 65% en las transferencias del SGP significaría $60 billones adicionales por año, un monto superior al presupuesto de inversión para 2025, que es de $44 billones. En un debate de control político en la Comisión IV Constitucional del Senado, Mejía señaló que incluso eliminando por completo la inversión del Gobierno nacional, no sería posible financiar un aumento de esta magnitud.
Aunque reconoció la importancia de fortalecer la autonomía de las entidades territoriales, Mejía sugirió ajustar el proyecto para que la participación del SGP en los ingresos corrientes aumente al 30%, en vez del 46,5% propuesto inicialmente. “Este porcentaje supera el promedio histórico del periodo 2000-2019 y se sitúa 10 puntos por encima de lo observado en 2023”, destacó el director de Fedesarrollo.
Más allá de la cantidad de dinero que se destine a un sector específico o a una intervención determinada, es fundamental que se aclaren las competencias de departamentos, distritos y municipios en cuanto a esos sectores, aclarando dudas sobre lo que deben y pueden hacer las entidades territoriales y, de otra parte, definir con absoluta claridad los mecanismos de control del uso de esos recursos. Esta es una de las mayores preocupaciones que conlleva un incremento de las trasferencias económicas a los alcaldes y gobernadores.
El acto legislativo, de aprobarse, tendrá que ser acompañado de leyes que aclaren con total precisión y con criterios técnicos, los usos apropiados de los recursos, los procesos de monitoreo, vigilancia y control que se aplicarán para evitar su desvío y la eficiencia en su utilización, de forma tal que haya transparencia y no se repitan experiencias pasadas de corrupción con los dineros de la salud y de los demás sectores que requieren inversiones permanentes.
A pesar de la gran trascendencia que tiene este proyecto de Acto Legislativo, el concepto emitido por el ministerio de salud, no profundiza en los aspectos de fondo del proyecto, que implican los que previamente se han mencionado en este análisis, como las competencias, destinación, vigilancia y control, y la relación con otras fuentes de financiación del sector, como las que están incluidas en el Sistema de Salud actualmente (régimen contributivo, promoción y prevención, SOAT) al igual que las nuevas que se han propuesto en los proyectos de reforma.
Garantizar la continuidad de los recursos, establecer una correlación efectiva entre competencias y responsabilidades, y reforzar los mecanismos de vigilancia son prioridades que deben ser atendidas para que esta reforma sea una solución y no un agravante para los problemas que actualmente tiene el sistema de salud. En un contexto de crisis, resulta necesario incrementar los recursos y gestionar su uso de manera eficiente y transparente para evitar que se conviertan en oportunidades para la corrupción presente en el sistema.
Referencias
por INNOS | Nov 15, 2024 | Noticias
El proyecto radicado en la última semana de octubre tuvo ya su primer debate y votación de artículos en la comisión séptima de la Cámara de Representantes. La semana pasada se rechazó la ponencia negativa y con ello, comenzó la discusión del proyecto del gobierno que, hasta el martes 12 de noviembre, había aprobado 21 artículos de 58 que contiene la iniciativa.
La comisión ha aprobado en primera instancia algunos artículos que no tuvieron modificaciones ni proposiciones en la revisión y unificación de los proyectos de gobierno y partido Alianza Verde, que dieron como resultado este nuevo proyecto. Entre estos artículos aprobados se resalta la posibilidad de movilizar recursos de las Cajas de Compensación Familiar para pagar deudas de servicios de salud, cuando los han ofrecido estas entidades. De forma similar, se aprobó el traslado de recursos excedentes del SGP para pago de deudas de atención en salud a población pobre no afiliada y a personas migrantes que han sido atendidas sin afiliación. Así mismo se aprobaron los servicios complementarios en salud, que buscan atender transporte, hospedaje y servicios de cuidado.
Una de las críticas que se ha hecho a esta primera fase de discusión, es la votación de artículos en bloque, lo cual ha generado rechazo por parte de algunos representantes, quienes consideran que no se ha hecho el análisis requerido y que se ha impuesto su aprobación por la bancada que es afín al proyecto, con el apoyo del gobierno. Hasta el momento, los artículos aprobados son más de un tercio del articulado propuesto. Cómo se sabe desde el punto de vista técnico, votar de esta forma puede significar un desgaste de la democracia interna de los partidos, pues no se tiene en cuenta la voz y el voto de los miembros de las organizaciones políticas. Asimismo, puede desincentivar la colaboración y el intercambio de ideas entre partidos, pareciendo que el proceso legislativo sea menos incluyente. Ahora, para efectos de esta reforma puede existir un riesgo importante cuando se toman decisiones apresuradas, no solo afectando la calidad de la legislación, sino reviviendo el fantasma del impacto fiscal por el cual se archivó el primer intento de reforma.
En medio de las críticas a las intervenciones de las EPS que, de alguna manera, sirven como referencia para entender la forma como operará el sistema de salud, una vez aprobada la reforma, crecen las preocupaciones de algunos sectores por la concentración del poder y de la administración de los recursos en manos de entidades públicas, justamente por los riesgos de malversación que se hicieron evidentes recientemente. Una situación que evidenció INNOS hace un par de días cuando se analizó el texto en el cual se acumularon los proyectos de ley presentados por el gobierno y el Partido Verde, en el cual no se mantuvo la propuesta del Proyecto de Ley 135 (proyecto de ley Partido Verde) de dejar en manos de las EPS algunas funciones como aseguradoras.
De otra parte, se ha señalado que no se incorporaron cambios en cuanto al régimen laboral y salarial del talento humano en salud, que ha sido uno de los principales propósitos de la reforma y que estaba en la propuesta de la Alianza Verde.
El gobierno defiende que la aprobación de este primer grupo de artículos promueve la prestación de servicios sociales y complementarios para ampliar las condiciones de acceso a servicios de salud, en los casos en que las personas se deben desplazar a otros territorios para recibir atención especializada, por ejemplo. Al respecto, sobresale el artículo 37 que hace referencia al sistema de referencia y contrarreferencia. De igual manera se defiende que el gobierno, en especial el presidente, tendrá facultades para crear el régimen especial de los trabajadores de salud del sector público, sin incluir a quienes laboran en las entidades privadas, quienes son la mayoría de la fuerza laboral del sistema. Está decisión podría generar, por ejemplo, una centralización excesiva de parte del Ejecutivo, así cómo un impacto negativo en términos de sostenibilidad financiera, pues un régimen especial podría implicar mayores costos para el Estado.
Igualmente, en la discusión del martes no se profundizó sobre las implicaciones de abordar en bloque los artículos de los servicios complementarios, los créditos para que las IPS salden deudas, así cómo, el posible uso de los recursos clasificados como excedentes para el saneamiento financiero del sistema. Sobre este último punto, INNOS considera importante mencionar que, la Corte Constitucional ha abordado en algunas sentencias el uso de excedentes para garantizar el derecho a la salud, siempre que estos recursos se destinen de forma prioritaria a mejorar el sistema de salud, así cómo, favorecer las condiciones de sostenibilidad y transparencia. Valdría la pena recordar la Sentencia T-760 de 2008 con la cual se hace un llamado para llevar a cabo ajustes en el sistema de salud con el fin evitar crisis recurrentes y reiterar la obligación de garantizar una financiación adecuada y sostenible del sistema.
La discusión de la reforma se reanudó el miércoles 13 de noviembre, pero la sesión se tornó tensa y fue suspendida sin avances en artículos importantes como aquellos que abordan el modelo basado en APS, el aseguramiento social y la identificación única del talento humano. Ese mismo día, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC) emitió un comunicado en el que cuestiona el proyecto de ley y su discusión, señalando que lo aprobado hasta ahora no representa un avance real en las condiciones laborales del sector. La ACSC advirtió que el proyecto no aborda problemas medulares como la precarización y la vulneración de derechos de los trabajadores de la salud, manteniendo así las condiciones laborales injustas.
El debate deberá continuar en las próximas sesiones de la comisión, y es fundamental que se escuchen las voces de todos los actores involucrados para lograr acuerdos que fortalezcan el sistema. Alcanzar consensos es esencial para construir un modelo de salud que responda a las necesidades actuales del país y garantice el derecho a la salud de manera sostenible y equitativa.
por INNOS | Nov 6, 2024 | Noticias
En agosto de este año, se radicó para segundo debate en la Cámara de Representantes el proyecto de ley 166c de 2023, que busca reformar el Código Sustantivo del Trabajo y otras leyes que regulan las relaciones laborales en Colombia. El 17 de octubre, tras seis semanas de discusión, la Cámara aprobó el proyecto con 93 votos a favor y 13 en contra; ahora, el proyecto deberá pasar al Senado para su discusión final.
Como sucede con toda reforma, el proyecto ha generado debate en todos los sectores. Por un lado, se argumenta que la reforma mejorará las condiciones laborales y brindará estabilidad a los trabajadores. Por otro, hay quienes señalan que la reforma aumentará las cargas para los empleadores, afectando así el empleo formal. En el sector salud, esta discusión es particularmente relevante, ya que la reforma podría impactarlo de diversas maneras. Aunque tiene el potencial de mejorar las condiciones laborales del personal de salud, también podría elevar los costos del sistema, agravando el problema de sostenibilidad existente. Desde INNOS, se propone el siguiente análisis para contextualizar y plantear algunos interrogantes de cara a las próximas discusiones.
¿Qué está buscando el gobierno colombiano con la reforma laboral?
El gobierno colombiano argumenta que la reforma laboral es un paso necesario para actualizar la legislación vigente y adaptarla a las condiciones actuales del mercado de trabajo, al tiempo que se mejoran las condiciones de los trabajadores y se garantiza su estabilidad laboral.
Uno de los pilares de esta reforma es la regulación de nuevas formas de trabajo, como el teletrabajo y las actividades realizadas a través de plataformas digitales. En un contexto donde estas modalidades han ganado importancia, el gobierno busca crear mecanismos que aseguren que los trabajadores en estos sectores no vean comprometidos sus derechos. La intención es establecer modalidades de contratación que sean flexibles y adaptadas a la economía digital sin sacrificar la protección social.
La reforma también tiene como objetivo reducir la informalidad y el desempleo, especialmente en sectores vulnerables. Según el gobierno, la flexibilización laboral introducida por la Ley 789 de 2002 no logró su propósito de generar empleo formal; en cambio, incrementó la precarización laboral. Por ello, la propuesta actual busca fomentar la formalización laboral mediante el fortalecimiento de la estabilidad en el empleo y el combate a la subcontratación.
Otra justificación importante es la protección de los derechos de los trabajadores. La reforma contempla el aumento de las indemnizaciones por despido injustificado, el restablecimiento de los recargos nocturnos y dominicales, y medidas más estrictas contra la tercerización laboral injustificada. Para el gobierno, estas acciones son esenciales para recuperar el equilibrio en las relaciones laborales y proporcionar condiciones más justas para los trabajadores, especialmente aquellos que laboran en horarios nocturnos.
Además, la reforma busca cerrar las brechas de género y promover la inclusión social. Incluye medidas específicas para garantizar la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor y para formalizar sectores desprotegidos, como el trabajo doméstico remunerado. También prevé protecciones adicionales para el trabajo comunitario y familiar, con un enfoque diferencial que considera las necesidades de diversos grupos poblacionales.
¿Cuáles son los posibles efectos de esta reforma en el sector salud?
El sector salud podría tener impactos importantes si la reforma es finalmente aprobada. Hay que tener en cuenta que ya desde la ley 2101 de 2021 se estableció la reducción gradual de la jornada laboral semanal a 42 horas. Esta modificación tiene efectos sobre hospitales, clínicas y centros de salud, pues obliga a muchas instituciones a reorganizar los horarios o contratar más personal, lo cual, aunque podría beneficiar a los trabajadores al ofrecerles un equilibrio laboral y mayor ingreso, representa un desafío financiero por mayores costos operativos.
Si a esto se le suma el restablecimiento de los recargos nocturnos y dominicales -contemplados en el texto de la reforma-, los cuales aumentarán gradualmente hasta alcanzar un 100% en 2026, las cargas financieras para las instituciones prestadoras de servicios de salud serían aun mayores. Esta medida, que beneficia a los trabajadores del sector salud que laboran en estos horarios, implica, sin embargo, un aumento en los costos para las instituciones, que deberán ajustar sus presupuestos para cumplir con estas obligaciones.
Finalmente, la reforma incluye medidas contra el acoso y la violencia laboral, con protecciones específicas para mujeres y otros grupos vulnerables. En el ámbito de la salud, donde el trabajo puede ser emocional y físicamente exigente, estas medidas son esenciales para garantizar un entorno laboral seguro y saludable.
¿Fue inclusivo el proceso de discusión de la reforma?
La discusión de la reforma en la Cámara de Representantes contó con la participación de diversos sectores de la sociedad, con aproximadamente 3,000 propuestas presentadas. Esto refleja una alta participación ciudadana e interés general en el tema. El gobierno se reunió con gremios, empresarios y trabajadores, y estableció canales para recibir opiniones y sugerencias de la ciudadanía. Sin embargo, no queda claro si las asociaciones y gremios del sector salud tuvieron una participación en estas discusiones. Esto plantea dudas sobre si se consideraron adecuadamente las particularidades de este sector tan complejo en el proceso de redacción y aprobación inicial.
Es fundamental que las necesidades del sector salud sean tenidas en cuenta, ya que las características del empleo en este ámbito podrían verse afectadas de manera significativa por los cambios en la normativa laboral.
¿Qué se espera del próximo debate en el Senado?
Tras su aprobación en la Cámara, el proyecto de ley ahora se dirigirá al Senado, donde será debatido en la Comisión Séptima. En esta fase, los senadores revisarán el contenido del proyecto y analizarán si es necesario realizar modificaciones que se ajusten mejor a las necesidades de sectores específicos. Este será un momento clave para que el sector salud exprese sus preocupaciones y proponga ajustes que le permitan adaptarse a los posibles cambios.
El debate en el Senado también ofrecerá una oportunidad para evaluar si algunas disposiciones de la reforma podrían afectar la sostenibilidad financiera de ciertas instituciones, especialmente las pequeñas clínicas y emprendimientos que no tienen la capacidad económica para realizar grandes ajustes.
¿Qué preguntas surgen a partir de esta reforma para el sector salud?
Conforme la reforma avanza en el Congreso, surgen interrogantes sobre su impacto en el sector salud: ¿Podrán las instituciones de salud ajustar sus presupuestos para asumir los nuevos costos laborales sin afectar la calidad del servicio? ¿Cómo se evitará que el aumento de costos laborales impulse una mayor informalidad, que es precisamente lo que esta reforma intenta reducir? ¿Se adapta esta reforma a las necesidades específicas del sector salud? ¿Afecta la reforma la sostenibilidad financiera del sistema de salud?
El proyecto de reforma laboral puede representar un paso adelante hacia la mejora de los derechos laborales en Colombia. No obstante, en sectores sensibles como el de la salud, los cambios deben implementarse considerando tanto el bienestar de los trabajadores como la sostenibilidad de las instituciones que los emplean. La reforma promete cambios importantes, pero también plantea desafíos que solo podrán superarse mediante un diálogo amplio y una planificación cuidadosa.
