por INNOS | Nov 6, 2024 | Noticias
Como lo habíamos anunciado y analizado hace algunas semanas (Propuestas de reforma a la salud 2024) el gobierno radicó el 13 de septiembre nuevamente un proyecto de ley para reformar el sistema de salud colombiano.
En esta ocasión, el proyecto del gobierno que es el No. 312 se unificó con el proyecto No. 135 que había sido presentado por el partido Alianza Verde y que, en su momento, también se incluyó en el análisis que desarrollamos desde INNOS. Según el documento radicado en la comisión séptima de la Cámara de Representantes el 25 de octubre, este proyecto es producto de la acumulación de los dos mencionados, que se hizo por resolución de la mesa directiva de la comisión, el 15 de octubre pasado. Para llegar al texto final se desarrollaron mesas técnicas y audiencias públicas entre el 2 y el 23 de octubre, que tuvieron la participación de agremiaciones y asociaciones del sector salud, sindicatos, EPS, IPS y usuarios del sistema.
Si bien en nuestro análisis previo se habían mostrado las coincidencias entre ambos proyectos, es importante precisar qué modificaciones sufrió el articulado que será discutido con respecto a las primeras versiones y, especialmente, con respecto a los aportes de las mesas técnicas y de las audiencias públicas.
Cambios principales:
- Gobernanza y rectoría.
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- Se agregaron precisiones sobre las responsabilidades en la gestión de riesgos, que serán compartidos entre los actores del sistema y el Estado, que asume directamente el riesgo financiero.
- En la conformación del Consejo Nacional de Salud se incorporan instituciones como el DNP, la ADRES, las Gestoras de Salud y Vida y las IPS que no aparecían en el proyecto inicial. También participarán el director del INVIMA y del INS con voz, pero sin voto.
- Se eliminó el artículo 7 que modificaba los trámites ante el INVIMA: Seguramente, la decisión de eliminarlo se justifica por dos razones. La primera, porque no hubo un acuerdo general sobre los requisitos de simplificación de trámites y los alivios financieros propuestos inicialmente. En este artículo se había sugerido medidas para agilizar la aceptación de documentos internacionales sin apostilla y ofrecía descuentos en intereses sobre sanciones pecuniarias pendientes. La segunda razón, para eliminarlo es el enfoque administrativo y financiero que se propone en el proyecto acumulado. Posiblemente, lo establecido en el artículo 7 del proyecto 132 requería un tratamiento separado de índole regulatorio.
- Además, la ponencia acumulada podría haber priorizado temas estructurales de gobernanza y acceso universal, limitando los artículos dedicados a temas de operación administrativa en entidades de control y vigilancia. Al respecto, el proyecto de ley 132 se complementa con la información del proyecto presentado por el Partido Verde (proyecto de Ley 135), así, este sistema permitirá que el CNS y otras entidades monitoreen y coordinen la información sanitaria en tiempo real. Como se sabe, esta centralización de datos es clave para garantizar la transparencia en el uso de recursos, simplificar trámites para los usuarios, y permitir una gestión sanitaria que priorice la prevención y atención primaria, con un enfoque de cobertura total, especialmente en zonas rurales.
2. Recursos financieros del sistema de salud:
- Se modificaron algunas funciones de la ADRES referentes al pago de servicios de salud de mediana y alta complejidad, pago de incentivos y remuneraciones a las gestoras, constitución de un fondo para atención de emergencias y acuerdos con prestadores de servicios y gestores farmacéuticos.
- En cuanto a las fuentes de recursos, se eliminó como fuente los recursos del FONPET por tener destinación específica.
- Se adicionaron los recursos provenientes del recaudo de los impuestos saludables incluidos en la ley 2277 y se propuso destinar el 0,5% del IVA social. Para esto, se agregó un artículo nuevo (artículo 11) que se refiere a los impuestos saludables.
- Aunque hay consenso sobre la necesidad de ampliar las fuentes de financiación del sistema de salud, en este proyecto no se incluyen otras fuentes, más allá de lo expuesto previamente. Esta es una de las mayores debilidades del proyecto de Ley.
- En cuanto a los usos de los recursos, se aclaró el mecanismo de financiación del nivel primario y de los CAPS y se eliminó la prohibición a que las cuentas del Fondo único Público de Salud hagan unidad de caja para permitir traslados de recursos entre estas cuentas independientes. Para ello se agregó un nuevo artículo (artículo 14).
- Las fuentes para la Atención primaria se aclararon en el nuevo texto. Estos son: recursos del SGP de prestación de servicios de salud y del régimen subsidiado, recursos de explotación de juegos de suerte y azar, recursos propios de los municipios que se giran a la ADRES, recursos del aporte de solidaridad de regímenes exceptuados y recursos fiscales y parafiscales que se destinen para la APS.
- En cuanto a la UPC, se precisan aspectos del cálculo, suficiencia y financiación por recursos de oferta, de los CAPS.
- El pago de los servicios se hará con un giro inicial del 85% de la factura en los 30 días siguientes a su presentación y luego habrá un proceso de verificación de cuentas por parte de las Gestoras en un periodo de 60 días (antes eran 90 días).
En este proyecto se incluyeron algunos artículos enfocados en fuentes nuevas de financiamiento del sistema. En este mismo sentido, se conoció hace pocos días un proyecto de Ley radicado en el Senado que busca fortalecer el flujo de recursos del SGSSS. Varias propuestas de este nuevo proyecto coinciden con nuevos artículos en el proyecto de reforma a la salud. Entre estos resaltamos los siguientes:
- Se incluyó un artículo nuevo que permitirá el uso de recursos del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante (FOSFEC) para sanear cuentas de servicios de afiliados a Cajas de Compensación Familiar que presten servicios de salud.
- También se incluyó un artículo (25) que permite el uso de recursos de saldos de cuentas maestras del régimen subsidiado para pago se servicios a población pobre no asegurada, pasivos de las ESE, Saneamiento fiscal, cofinanciación del régimen subsidiado e inversión y mejoramiento de la red pública de prestación de servicios.
- El artículo 26 (nuevo) modifica la destinación de excedentes del proceso de saneamiento de aportes patronales financiados con recursos del situado fiscal y el SGP, para pagos de deuda por servicios y tecnologías en salud para población migrante no afiliada, población pobre en lo no cubierto con subsidio a la demanda y otras necesidades de las ESE.
- De igual forma, se incluye un artículo para utilizar saldos y excedentes de recursos de oferta del SGP y recursos de la estampilla pro-salud (Ley 669); para cubrir pagos pendientes de prestación de servicios de salud de población migrante no afiliada y pasivos de las ESE.
3. Gestoras de Salud y Vida.
- Se modificaron algunas funciones de las GSV para dejar más clara su responsabilidad como representante del usuario del sistema y su relación con las entidades territoriales.
- Se amplió el plazo de 2 a 3 meses para que las actuales EPS manifiesten su intención de transformarse en GSV.
- Se redujo el tiempo para el saneamiento de pasivos de las EPS de 48 a 18 meses.
- Se aclaran las condiciones de las EPS para su transformación, en términos de responsabilidades, manifestación expresa de su intención de transformarse en GSV y condiciones de su operación en el periodo de transición.
- Sobre la remuneración de las GSV, será con recursos de la UPC (5%).
- En el texto acumulado no se mantuvo la propuesta PL 135 de mantener algunas funciones en cabeza de las EPS como aseguradoras al mantener el control y manejo de los recursos públicos del sistema de salud. De esta manera, estas diferencias con el proyecto archivado en abril intentan que las Gestoras cumplan un rol de acompañamiento sanitario, mientras el Estado retoma el control financiero y la rectoría sobre el sistema.
- Auditoría y regulación más estrictas para las Gestoras, ya que estas estarán sujetas a auditorías regulares de la ADRES y del CNS. Esta estructura de supervisión busca reducir los problemas de corrupción y asegurar que el enfoque de las Gestoras permanezca en la calidad y continuidad de la atención.
- En este proyecto acumulado se menciona que, una vez se transformen en GSV, estas “nuevas entidades” deberán escindir la operación comercial relacionada con los Planes Voluntarios en Salud (Medicina prepagada, planes complementarios y pólizas de salud).
4. Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud (RIITS).
- Las GSV se incluyeron en los procesos de celebración de los acuerdos de desempeño con los CAPS.
- Se incluyen algunos incentivos que podrán tener las RIITS por resultados en salud, eficiencia y satisfacción de los usuarios.
- Modificado el plazo para reglamentar el funcionamiento de los CAPS de un año a 6 meses.
- Se incluyó la libre elección de CAPS dentro de la oferta territorial.
- Los CAPS tendrán una asignación per cápita que se ajustará con base en diversos criterios y variables.
5. Personal de salud
- Se incluyó y se definió el examen único nacional para especialidades médico-quirúrgicas.
- Los procesos de identificación del talento humano en salud se harán por medio del ReTHUS y se precisan los costos de verificación e inscripción en este registro.
6. Fondo Único Público de Salud
- El Fondo Único Público de Salud se compone de tres cuentas: dos son independientes y una es general. Originalmente, antes de la acumulación el artículo establecía que los recursos no se unificarán en una sola caja, sin embargo, se ha eliminado el último inciso del artículo para permitir el traslado de los excedentes presupuestarios.
Así, al analizar en conjunto el texto de la ponencia y del PL 312 de 2024, se observan algunos elementos que ilustran las principales coincidencias de los dos proyectos acumulados y que dan una idea de cuál es el perfil de la reforma que quiere proponer el gobierno. En primer lugar se observa un consenso alrededor de una transformación que ponga en el centro la Atención Primaria en Salud (APS) y que fortalezca la red pública hospitalaria. Esto desde luego implica garantizar el flujo de recursos necesarios sin afectar la sostenibilidad del sistema de salud.
En segundo lugar, se mantiene la propuesta de transformar las EPS en Gestoras de Salud y Vida, redefiniendo las funciones que tienen actualmente y dándoles un enfoque territorial. Una de las coincidencias es que se debe garantizar su saneamiento financiero otorgándoles plazos prudentes para la transición. En este sentido, se puede decir que, hubo un consenso general sobre la necesidad de transformar las EPS en Gestoras de Salud y Vida, y de fortalecer el nivel primario de atención mediante los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS). Esto refleja un respaldo amplio a algunos cambios estructurales, que van en línea con el objetivo del proyecto acumulado de crear un sistema de salud más inclusivo y enfocado en lo territorial.
El proyecto también consolida la propuesta del giro directo desde la ADRES hacia los prestadores de servicios, eliminando el modelo de aseguramiento tal y como está estructurado en la actualidad. Así mismo se crea la Cuenta de Atención Primaria para la financiación de las estrategias de APS, incluyendo los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) y los equipos territoriales.
Otro elemento destacado que resulta de la unificación de ambas propuestas es la definición de criterios para el cálculo de la UPC, buscando así qué esta sea suficiente para financiar los servicios de salud. Para ello se tendrán en cuenta factores como variables geográficas, de dispersión, patologías prevalentes, costos de operación y otros criterios ajustados por riesgo.
Igualmente, se destacó la importancia de garantizar transparencia en el manejo de los recursos del Fondo Único Público de Salud, especialmente en los aspectos de trazabilidad y auditoría. La inclusión de mecanismos de seguimiento y la publicación de transacciones en el Sistema Público Unificado e Interoperable de Información en Salud fueron temas que recibieron consenso y enriquecen la propuesta en cuanto a transparencia, algo que ya se había mencionado en la versión archivada pero que ahora tiene un enfoque más robusto.
A manera de conclusión, resulta claro que el gobierno persiste en su propósito de reformar estructuralmente el sistema de salud que opera actualmente en el país. Muchos de los cambios que se plantean en este nuevo intento de reforma, se pueden encontrar en el proyecto presentado en febrero de 2023, que tuvo discusión en la Cámara durante el año anterior y que finalmente fue archivado en el Senado en abril de este año.
Dentro de las propuestas e iniciativas que recoge el documento que acompaña al articulado del proyecto de Ley, se resalta la posición de algunos actores como la ANDI que ha sido crítica de esta propuesta y que formuló cuestionamientos de fondo y de forma en sus participaciones. No obstante, estas observaciones no fueron recogidas en el texto final. La participación de ACEMI, gremio que representa a las ESP tuvo mayor impacto en los cambios que se incorporaron a la propuesta, dejando ver su interés en transformarse en Gestoras de Salud y Vida, en el nuevo sistema que resultará de ser aprobada esta Ley.
La integración con el PL 135 del partido Alianza Verde era previsible y aportó mayor claridad a varios aspectos de la propuesta del gobierno. Por ello también se puede prever que tendrá apoyo de esta bancada, lo que haría más fácil su trámite legislativo. No obstante, para algunos este proyecto acumulado acogió mayoritariamente las líneas, acciones e ideas del proyecto presentado por el gobierno el pasado mes de septiembre.
por INNOS | Oct 24, 2024 | Noticias
En el Innovation Seminar 2024, el panel titulado Innovación y Acceso reunió a expertos de alto nivel para debatir sobre las licencias obligatorias (LO) y voluntarias en la región. La discusión, que contó con la participación de Corey Salsberg (VP de Asuntos Globales en PI de Novartis), Raquel Sorza (Directora de Operaciones de Fifarma), Anjam Aziz (sector farmacéutico) y el juez Iñigo Crespo (Presidente del Tribunal de Justicia de la CAN), destacó las complejidades y desafíos asociados al uso de las LO y su impacto en la innovación y el acceso a medicamentos en América Latina.
Raquel Sorza abrió el panel señalando que los derechos de propiedad intelectual (PI) no son absolutos y que las licencias obligatorias, aunque esenciales en ciertas situaciones, se han utilizado crecientemente como mecanismos para regular el gasto en salud, desviándose de su intención original. Según Sorza, se ha observado una preocupante tendencia a otorgar licencias durante todo el período de la patente, lo que desvirtúa su propósito limitado y específico. Además, los sectores que han motivado la mayoría de estas licencias, siendo el VIH el principal con un 58% de las otorgadas, seguido por la hepatitis C y oncología. A pesar del uso creciente de las LO, destacó que los avances en tratamientos para el VIH han transformado el panorama de esta enfermedad, subrayando la importancia de la innovación.
La pandemia de COVID-19 reavivó el debate sobre la producción local de vacunas y la autosuficiencia sanitaria, empujando la idea de las LO como herramientas para fortalecer la industria local. Sin embargo, Sorza advirtió que, en algunos casos, estas licencias han promovido más la importación de medicamentos que la fabricación nacional, lo que revela una desconexión entre los objetivos y los resultados.
Por otro lado, el juez Iñigo Crespo aportó una visión jurídica sobre las licencias obligatorias en el contexto de la Comunidad Andina (CAN). Explicó cómo la Decisión 486 de 2000 regula las LO, estableciendo que estas solo deben aplicarse cuando hay un interés público claro, como la seguridad sanitaria o alimentaria. Citó el caso clave del Proceso 144-IP-2019, donde se reafirmó que las LO son medidas excepcionales que requieren un equilibrio cuidadoso entre el derecho del titular de la patente y las necesidades públicas. El equilibrio se evalúa a través de un test de razonabilidad, donde se considera si la medida es idónea, necesaria y proporcional. Esto garantiza que las licencias obligatorias no se utilicen de manera indiscriminada y solo se apliquen cuando no existen otras soluciones viables.
Licencias voluntarias: ¿Un camino más eficiente?
Corey Salsberg planteó una alternativa a las licencias obligatorias: las licencias voluntarias. Según su experiencia, la mayoría de las solicitudes de LO son impulsadas por la sociedad civil o industrias locales, no por los gobiernos. Citó el emblemático caso de Glivec en Colombia en 2014, donde una licencia obligatoria complicó más de lo que resolvió. Salsberg abogó por un mayor diálogo y cooperación entre la industria y los gobiernos, sugiriendo que las licencias voluntarias pueden ofrecer soluciones más sostenibles, sin debilitar la estructura de PI.
Por su parte, Anjam Aziz ofreció una visión crítica sobre el impacto a largo plazo de las licencias obligatorias. Citó el caso de Zimbabue, donde la declaración de interés público para medicamentos relacionados con el VIH resultó en un aumento de precios y acceso limitado a los medicamentos. Según Aziz, el uso frecuente de LO puede desalentar la innovación, ya que los desarrolladores de medicamentos evitan invertir en mercados con regulaciones impredecibles. Además, enfatizó que, si bien las LO pueden ser una herramienta valiosa en ciertas circunstancias, su mal uso puede obstaculizar el acceso a medicamentos innovadores, afectando tanto a los pacientes como a los sistemas de salud.
El panel concluyó con una reflexión sobre el futuro de la innovación y el acceso a medicamentos en la región. Se discutió un informe reciente del Banco Mundial, que subraya la importancia de fortalecer los ecosistemas de innovación y crear un entorno colaborativo que involucre a gobiernos, industria, academia y sociedad civil. Esta cooperación, basada en el respeto mutuo y el reconocimiento del valor de la PI, es clave para promover el crecimiento económico y la transferencia de tecnología.
Desde la perspectiva de INNOS, el camino hacia un sistema de salud más innovador en Colombia y América Latina depende de la educación de las nuevas generaciones sobre la importancia de la PI. Solo con un sistema de PI robusto se pueden crear las condiciones necesarias para acelerar la Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) y facilitar la transferencia de conocimiento, contribuyendo así a soluciones efectivas en el ámbito sanitario.
por INNOS | Oct 22, 2024 | Noticias
Hace poco más de un año, en INNOS iniciamos la discusión sobre una posible crisis del sistema de salud (Ver webinar). Para ese momento, nuestra reflexión se basó en una serie de preguntas sobre situaciones concretas que podrían desencadenar tal crisis.
Entre estas, consideramos las fallas internas en procesos de gobernanza, generación de recursos, financiamiento o prestación de servicios. También analizamos el impacto de eventos emergentes como epidemias, guerras o catástrofes naturales que generan un aumento desmedido de la demanda de servicios en muy corto tiempo, desbordando las capacidades del sistema y llevándolo a una situación crítica. Además, contemplamos las crisis estructurales del sistema sociopolítico con repercusiones en el sistema sanitario, como migraciones masivas, problemas económicos estructurales o ruptura del orden institucional.
En ese momento, los expertos diagnosticaron una situación preocupante en aspectos financieros y de talento humano, además de la falta de participación de actores clave en las discusiones sobre la reforma al sistema. Entonces, los expertos no entendían la situación como una crisis integral, pero llamaban la atención sobre la urgencia de tomar decisiones oportunas y acertadas para evitar la profundización de problemáticas en curso.
La situación actual: ¿qué ha sucedido?
Un año después, la situación no mejora y, por el contrario, la sensación de incertidumbre y las dificultades en todo el sistema se han incrementado significativamente. El déficit financiero ha aumentado, estimándose en cerca de 12 billones de pesos para 2024. La insuficiencia de la UPC (Unidad de Pago por Capitación) se remonta a 2022, exacerbada por cálculos inadecuados de incrementos necesarios y distorsiones causadas por la baja demanda durante la pandemia en 2020-2021. Otros factores que profundizan la crisis, tal como en su momento señalaron las EPS, incluyen el envejecimiento poblacional, el aumento de la siniestralidad y la mayor inflación en insumos y tecnologías de salud a nivel mundial.
Es importante recordar que para 2024, el gobierno presentó el estudio de suficiencia y ajuste de la UPC con información de sólo 4 EPS, que, a su juicio, cumplían con las condiciones técnicas para ser utilizadas como base para hacer este ajuste anual. Las quejas de diversos actores como las EPS, las IPS y las asociaciones de pacientes han sido persistentes, buscando que el gobierno reconozca la insuficiencia de los recursos asignados y resuelva esta brecha de forma urgente.
La prestación de servicios también ha sufrido un deterioro importante. De acuerdo con asociaciones científicas y de pacientes, se observa un empeoramiento en la oportunidad de atención para pacientes crónicos y agudos, así como el cierre de servicios de salud en varias zonas del país. El desabastecimiento de medicamentos e insumos esenciales, junto con los atrasos en tratamientos y procedimientos, han afectado directamente a los usuarios del sistema, poniendo en riesgo la continuidad de la atención.
Este deterioro se refleja en un incremento significativo de quejas y reclamos. Según la Superintendencia, se ha registrado un aumento del 13% en peticiones, quejas y reclamos en lo corrido de 2024.
La inestabilidad institucional del sistema también se ha agudizado. Hay un aumento de intervenciones a EPS e IPS por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, y algunas EPS han anunciado su retiro voluntario del sistema. Además, un informe de la Contraloría General reveló una pérdida de casi 6 billones por uso indebido de recursos de la UPC, lo que ha generado más incertidumbre en el sector.
Los profesionales de la salud también se han visto afectados por esta crisis. Muchos de ellos enfrentan problemas en los pagos por sus servicios, mayor inestabilidad laboral y una creciente incertidumbre sobre el futuro del sistema.
Consecuencias de la crisis: ¿cuál es el panorama?
La crisis actual del sistema de salud ha desencadenado una serie de consecuencias. El descontento generalizado y creciente con el sistema se ha convertido en una constante, reflejando la frustración de los usuarios ante las deficiencias en la atención y el acceso a los servicios.
Los indicadores de calidad de atención han experimentado un deterioro significativo. Se ha percibido un aumento en los tiempos de espera, dificultades en el acceso a especialistas y demoras en la realización de procedimientos diagnósticos. Resulta particularmente preocupante la pérdida de continuidad en los tratamientos de enfermedades crónicas, lo que pone en riesgo la salud y la vida de los pacientes.
Como resultado directo de estas deficiencias, se ha observado un incremento sustancial del gasto de bolsillo en salud. Las familias, especialmente las más vulnerables, se ven obligadas a destinar una porción cada vez mayor de sus ingresos a cubrir gastos médicos incluidos en el PBS. Además, hay un aumento en la contratación de servicios complementarios y planes voluntarios de salud, una tendencia que profundiza las desigualdades en el acceso a una atención de calidad.
En respuesta a esta crisis, el gobierno ha presentado un nuevo proyecto de reforma al sistema de salud, que guarda similitudes con el rechazado en 2023. Actualmente, se están llevando a cabo mesas de discusión con diversos actores del sector, previas al debate en la Cámara de Representantes. Existe una expectativa generalizada de que estas discusiones sean inclusivas y que la reforma resultante sea producto del consenso y la concertación, no una imposición unilateral.
Los diferentes actores del sistema de salud —desde profesionales médicos hasta asociaciones de pacientes— han hecho reiterados llamados para corregir el rumbo del sistema. En ese sentido, esperan que la reforma aborde de manera efectiva los problemas estructurales y logre un mejoramiento real y sostenible del sistema de salud.
Está claro que las dificultades persistentes exigen una acción concertada y urgente. Es imperativo que todas las partes interesadas —gobierno, prestadores de servicios, aseguradoras, profesionales de la salud y representantes de los usuarios— trabajen de manera colaborativa. Solo así se podrán encontrar soluciones integrales que aborden los síntomas inmediatos de la crisis, y que también ataquen sus causas, garantizando un sistema de salud de calidad, equitativo y sostenible para todos los ciudadanos.
por INNOS | Oct 21, 2024 | Noticias
El sistema de salud colombiano atraviesa una coyuntura que genera enorme incertidumbre, caracterizada por desafíos en su financiación y cambios significativos en el marco regulatorio. En este escenario, los diversos actores del sector reconocen la necesidad de implementar reformas y ajustes estructurales. Sin embargo, persisten interrogantes sobre la claridad y pertinencia de las propuestas del gobierno nacional, así como sobre su impacto en la sostenibilidad a largo plazo del sistema de salud.
En este contexto de transformación y desafíos, el Panorama de Innovación en Salud (PINNOS) 2024, en su tercera edición, emerge como un herramienta valiosa que brinda información para una orientación dentro del sistema. Este informe, desarrollado por INNOS en colaboración con la Universidad El Bosque y AFIDRO, busca posicionarse como un referente para comprender y fortalecer el ecosistema de innovación en salud del país. PINNOS 2024 ofrece un análisis exhaustivo del panorama actual, y proporciona recomendaciones concretas, diseñadas para generar un impacto positivo y duradero en el sector salud colombiano.
La relevancia de PINNOS 2024 radica en su capacidad para ofrecer una visión integral y actualizada en un momento fundamental para el sistema de salud. Este reporte proporciona datos concretos, análisis profundos y direcciones para enfrentar los desafíos del sector.
El Reporte y sus principales hallazgos
El reporte PINNOS 2024 tiene como objetivo principal proporcionar una visión actualizada del Ecosistema de Innovación en Salud en Colombia. Para lograr esto, despliega una metodología que incluye la identificación y mapeo de actores clave en todas las regiones del país, garantizando una representación suficiente de su diversidad. Además, evalúa con rigor la madurez del ecosistema mediante la aplicación de diversos modelos especializados, proporcionando una perspectiva del estado actual de la innovación en salud.
El Reporte revela que el Ecosistema de Innovación en Salud ha experimentado un crecimiento significativo, con un aumento del 30% en startups y un 25% más de colaboraciones público-privadas. Se observa una tendencia hacia la descentralización, aunque Bogotá sigue siendo el principal centro de innovación. Las áreas clave de enfoque incluyen telemedicina, inteligencia artificial en diagnóstico y biotecnología aplicada a la salud. Las enfermedades crónicas no transmisibles y la salud mental también aparecen como las principales preocupaciones en salud pública.
PINNOS 2024 también muestra que los principales desafíos para la innovación son la financiación, la articulación institucional y la regulación. La incertidumbre en el sistema de salud, debido a las discusiones sobre la reforma, afecta negativamente la inversión. El acceso a financiamiento, especialmente en etapas tempranas, sigue siendo un obstáculo para el 80% de los innovadores. Así mismo, persisten dificultades en la colaboración entre startups e instituciones académicas, con un 70% de las startups reportando obstáculos. Además, el 60% de las innovaciones se enfrentan a barreras regulatorias para su adopción.
Existe una percepción generalizada de incertidumbre y pesimismo entre los actores del sistema de salud, con preocupaciones sobre la financiación, gobernanza y condiciones laborales. Se percibe un riesgo de desfinanciamiento del sistema y un posible aumento del gasto de bolsillo. Hay preocupación por la posible inestabilidad laboral en el sector y un deterioro de las condiciones contractuales del personal de salud. Se identifica la necesidad de implementar un Sandbox Regulatorio en Salud para facilitar la adopción de soluciones innovadoras que enfrentan barreras regulatorias.
En cuanto a la gestión de la propiedad intelectual, la mayoría de los actores del ecosistema conocen el concepto, pero requieren mayor conocimiento y asesoría para utilizarla y aprovecharla mejor. Se evidencia la necesidad de fortalecer la protección de marcas comerciales a través del registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Más de la mitad de las organizaciones no realizan análisis de riesgos legales de propiedad intelectual, lo que podría suponer un riesgo para la protección de sus innovaciones.
El Reporte concluye con recomendaciones clave para el desarrollo futuro del sector. Estas incluyen fortalecer las alianzas entre actores del ecosistema, aumentar la inversión en innovación y desarrollo, especialmente en etapas tempranas, promover una regulación más ágil y favorable a la innovación, mejorar las condiciones laborales y el desarrollo del talento humano en salud, y asegurar la sostenibilidad financiera del sistema de salud y el acceso equitativo a servicios de calidad. Estas recomendaciones son fundamentales para guiar la transformación positiva del sistema de salud en beneficio de todos los colombianos.
¿Por qué PINNOS 2024 es pertinente y relevante?
En el contexto actual, el Reporte PINNOS 2024 se convierte en un recurso para orientar la transformación del sistema de salud colombiano a través de la innovación. Su pertinencia y relevancia se manifiestan de muchas maneras. En primer lugar, proporciona una guía estratégica al ofrecer un análisis detallado y actualizado del ecosistema de innovación en salud, brindando una base sólida para la formulación de políticas y estrategias informadas.
Además, PINNOS 2024 facilita la identificación de oportunidades concretas para la innovación y el desarrollo al mapear el panorama actual y señalar áreas de mejora. Las recomendaciones que ofrece están diseñadas para impulsar transformaciones positivas en el sistema de salud, proporcionando a los tomadores de decisiones herramientas que orienten su desempeño. Un aspecto destacado de PINNOS 2024 es su énfasis en fomentar y facilitar la colaboración intersectorial. El Reporte reconoce que las soluciones más efectivas surgirán de esfuerzos coordinados entre los diversos actores del ecosistema de salud. Esta perspectiva colaborativa es fundamental para abordar los desafíos que enfrenta actualmente el sector salud en Colombia.
Finalmente, PINNOS 2024 es un instrumento que contribuye a mejorar la equidad dentro del sistema de salud. Al visibilizar innovaciones, incluso en regiones apartadas, y enfocarse en el acceso equitativo, el reporte promueve un desarrollo más equilibrado del sistema de salud. Sus conclusiones y recomendaciones sirven como una guía para la acción, instando a los actores del ecosistema, a los responsables de políticas públicas y a la sociedad en general a trabajar de manera conjunta para enfrentar los desafíos existentes y construir un sistema de salud más innovador, equitativo y sostenible.
Consulta el resumen ejecutivo y el reporte completo en: www.pinnos.co
por INNOS | Oct 10, 2024 | Noticias
En días recientes, el Ministerio de Salud presentó un proyecto de resolución cuyo objetivo es reglamentar el Resumen Digital de Atención en Salud (RDA), estableciendo lineamientos técnicos para la Interoperabilidad de la Historia Clínica Electrónica (IHCE). Este avance es crucial para optimizar la atención médica en el país, ya que no solo define las responsabilidades de los actores dentro del sistema de salud, sino que también promueve un flujo más eficiente de información. A través del RDA, se busca garantizar la confidencialidad de los datos de los pacientes y facilitar el intercambio de información clínica entre los diferentes prestadores de servicios. Este enfoque promete generar ahorros significativos en tiempo y recursos, mejorando la coordinación y continuidad del cuidado de los pacientes.
Por lo tanto, la resolución sobre el Resumen Digital de Atención en Salud (RDA) y la Interoperabilidad de la Historia Clínica Electrónica (IHCE) representa un paso crucial hacia la modernización del sistema de salud colombiano. A continuación, se detallan algunos puntos clave del análisis sobre la importancia de esta normativa y su impacto potencial, teniendo en cuenta lo que busca resolver este acto administrativo.
En primer lugar, la Resolución se fundamenta en la Ley 23 de 1981, que establece la historia clínica como un registro obligatorio de las condiciones de salud del paciente, el cual debe gestionarse con estricta confidencialidad. Cabe destacar lo dispuesto en el artículo 34 de esta ley, donde se reconoce que, además de ser un registro obligatorio, la historia clínica es un documento privado sometido a reserva. Esto implica que solo puede ser conocido por terceros con la autorización previa del paciente o en los casos expresamente previstos por la ley.
Asimismo, la Resolución hace referencia a la Ley 1581 de 2012, en particular al artículo 5, que clasifica los datos relacionados con la salud como información sensible. De acuerdo con esta normativa, se establece que dicha información solo puede ser compartida con el consentimiento previo y expreso del paciente, salvo en los casos en que la ley disponga lo contrario.
En tercer lugar, en el marco de la Estrategia Mundial de Salud Digital 2020-2025 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se destaca la importancia de los estándares de interoperabilidad en la historia clínica. En este contexto, la adopción del estándar International Patient Summary (IPS), definido en el acuerdo de colaboración firmado el 23 de junio de 2023, se presenta como un referente fundamental. Este estándar facilita un intercambio eficaz y seguro de información clínica a nivel global. Al respecto, países como Inglaterra, Canadá, Brasil, Argentina, Australia y Estados Unidos están implementando el IPS en sus procesos de interoperabilidad. Este estándar ha sido adoptado globalmente bajo la norma ISO 27269, y su desarrollo futuro estará a cargo de la Organización Internacional de Normalización (ISO), garantizando su evolución como un referente en la interoperabilidad de datos de salud a nivel internacional.
Igualmente, existe un marco regulatorio que respalda esta Resolución, compuesto por diversas normativas. Entre ellas se encuentra la Ley 2015 de 2020, que establece la creación de la historia clínica electrónica interoperable; la Resolución 866 de 2021, que se enfoca en el conjunto de elementos de datos clínicos relevantes para la interoperabilidad de la historia clínica en el país; y la Resolución 1995 de 1999, que regula el manejo de la Historia Clínica. También es importante mencionar la Ley 1438 de 2011, que establece la obligatoriedad de implementar la historia clínica electrónica. Por último, la Ley 1751 de 2015 refuerza las normas anteriores al garantizar que la historia clínica sea tratada de manera confidencial y reservada, permitiendo que solo pueda ser conocida por terceros con la autorización previa del paciente o en los casos previstos por la ley. Esta ley también garantiza el derecho del paciente a consultar la totalidad de su historia clínica de forma gratuita y a obtener copias de esta.
Problemática que aborda e intenta resolver esta resolución
La Resolución establece la implementación del Resumen Digital de Atención en Salud (RDA) en el marco de la interoperabilidad de la Historia Clínica Electrónica (IHCE), lo que facilitará el intercambio de epicrisis o resúmenes al finalizar las atenciones en salud en servicios de Urgencias, hospitalización y consultas ambulatorias. Con ello, se define un modelo para la interoperabilidad de la Historia Clínica Electrónica en Colombia, abordando la problemática de la fragmentación de la información en salud.
Esta fragmentación surge cuando las atenciones se realizan entre diferentes prestadores que operan con sistemas de historia clínica dispares y utilizan distintos proveedores tecnológicos. Al unificar el proceso de intercambio de información, la resolución busca garantizar una continuidad asistencial más efectiva y reducir la posibilidad de errores derivados de la falta de acceso a información completa y actualizada sobre el historial médico de los pacientes.
Matriz de actores
| Actor / Institución |
Rol |
Nivel de Interés |
Nivel de Influencia |
Responsabilidades |
| Persona titular de la historia clínica |
Usuario final del sistema, sujeto de la información. |
Alto |
Medio |
Consentir el acceso a la información clínica. |
| Representante legal del titular de la historia clínica |
Actúa en nombre del titular cuando corresponde. |
Alto |
Bajo |
Autorizar el acceso a la información clínica del titular cuando sea necesario. |
| Prestadores de servicios de salud |
Generan, gestionan y comparten la información clínica. |
Alto |
Alto |
Implementar la interoperabilidad del IHCE a través del RDA.
Actualizar sus sistemas de información.
Garantizar la seguridad de los datos clínicos. |
| Entidades responsables del pago |
Gestionan el pago de los servicios de salud. |
Medio |
Medio |
Asegurar que los pagos se realicen conforme a la información registrada en el IHCE. |
| Entidades adaptadas al SGSSS |
Administran el acceso y prestación de los servicios de salud. |
Medio |
Medio |
Colaborar en la interoperabilidad del sistema a nivel institucional. |
| Entidades que administran planes voluntarios de salud |
Ofrecen y gestionan planes complementarios de salud. |
Medio |
Medio |
Integrar la información de sus asegurados en el sistema de IHCE. |
| Administradoras de Riesgos Laborales y fondos de pensiones |
Gestionan las prestaciones laborales y pensionales en salud. |
Medio |
Bajo |
Incorporar los datos de salud laboral y pensional en el IHCE. |
| Entidades de Regímenes de Excepción o Especial |
Proveen servicios de salud bajo regímenes especiales. |
Medio |
Bajo |
Integrar sus sistemas de salud con el IHCE y compartir la información relevante. |
| Entidades Territoriales (departamentales, distritales y municipales) |
Supervisan la implementación territorial del sistema. |
Alto |
Alto |
Supervisar, vigilar y controlar la incorporación de IHCE en su jurisdicción. Usar la información anonimizada para mejorar la gobernanza en salud. Articular acciones de comunicación. |
| Compañías de seguros |
Ofrecen pólizas de accidentes de tránsito que cubren servicios de salud. |
Bajo |
Bajo |
Acceder a la información con la autorización del titular para gestionar reclamaciones y pagos. |
Objetivos de la resolución
En primer lugar, el RDA permitirá un acceso ágil y seguro a los antecedentes médicos de los pacientes, lo que mejorará la toma de decisiones clínicas y garantizará la continuidad de la atención. Al facilitar la interoperabilidad entre los sistemas de información de las diferentes instituciones de salud, se reducirá la posibilidad de errores médicos y se acortarán los tiempos de respuesta en situaciones críticas. Este avance es esencial para asegurar una atención más precisa y coordinada.
A su vez, la resolución pone un fuerte énfasis en la confidencialidad y seguridad de la información, que se protegerá mediante tecnologías como firewalls, VPNs y mecanismos de cifrado. El respeto por la privacidad de los datos sensibles es un componente fundamental, en consonancia con las normativas vigentes sobre protección de datos personales. Esto garantiza que el acceso a la historia clínica de los pacientes quede restringido a profesionales autorizados y se mantenga bajo estrictos controles de seguridad.
Además, la interoperabilidad no solo beneficia la calidad de la atención, sino también la eficiencia en el uso de recursos. La capacidad de compartir información entre instituciones reducirá la duplicación de pruebas y procedimientos, lo que generará ahorros significativos para el sistema de salud. Así, se optimizarán los costos administrativos y se aliviará la carga burocrática que enfrentan tanto los profesionales como los pacientes.
La resolución asigna responsabilidades claras a los actores del sistema de salud. Mientras que los prestadores de servicios deberán actualizar sus sistemas de información y adoptar los estándares de interoperabilidad, el Ministerio de Salud supervisará la implementación y garantizará su cumplimiento. Asimismo, las entidades territoriales tendrán un papel clave en la vigilancia y supervisión de la integración de los sistemas de salud locales con el sistema centralizado.
Igualmente, al incluir información demográfica de los pacientes, así como medicamentos recetados, alergias, diagnósticos, signos vitales, historial de vacunación, procedimientos realizados, entre otros, se acelera el acceso a datos clínicos esenciales, lo que permite una atención médica más eficiente y precisa. Esta integración de información facilita la toma de decisiones por parte del personal de salud, optimiza la continuidad del tratamiento y reduce la duplicidad de pruebas o procedimientos, mejorando así la calidad del servicio prestado y la experiencia del paciente.
No obstante, la implementación de esta normativa no está exenta de desafíos técnicos. Algunas instituciones, especialmente aquellas con infraestructuras tecnológicas limitadas, enfrentarán dificultades para cumplir con los requisitos en los plazos establecidos. Para mitigar este desafío, la resolución contempla plazos diferenciados para que los prestadores de salud actualicen sus sistemas, otorgando hasta 12 meses para aquellos que aún no cuentan con un sistema robusto de historia clínica electrónica. Así mismo, los prestadores de servicios de salud que cuentan con Sistema de Información de Historia Clínica Electrónica, seguridad perimetral y conectividad contarán con 6 meses para su integración al mecanismo de interoperabilidad de Historia Clínica Electrónica, a partir de la fecha de publicación de la presente resolución, lo anterior bajo el direccionamiento del Ministerio de Salud y Protección Social.
A largo plazo, lo que se busca es que la interoperabilidad contribuya a la creación de un sistema de salud más integrado, permitiendo, por un lado, mejorar la atención individual, por el otro, facilitar la recopilación y análisis de datos a nivel nacional. Esto es fundamental para la investigación en salud pública, la planificación de políticas y la respuesta ante crisis sanitarias.
A modo de conclusión
La implementación del Resumen Digital de Atención en Salud (RDA), en el marco de la interoperabilidad de la Historia Clínica Electrónica (IHCE), representa un avance significativo hacia la modernización del sistema de salud colombiano. Esta resolución busca resolver el problema de la fragmentación de la información clínica al establecer lineamientos que permiten el intercambio fluido y seguro de datos entre diferentes prestadores de servicios de salud. Al unificar los sistemas dispares de historia clínica en un modelo interoperable, se garantiza una atención continua y coordinada, lo que mejora la calidad del servicio y reduce la posibilidad de errores médicos.
Asimismo, el proyecto refuerza la protección de los datos personales sensibles, un aspecto crucial en el manejo de información clínica. Mediante el uso de tecnologías avanzadas, como cifrado de datos y redes privadas virtuales (VPNs), la resolución asegura que los datos de los pacientes sean accesibles solo a quienes estén autorizados, respetando la privacidad y confidencialidad establecida por las normativas legales vigentes. De este modo, se consolida un sistema más robusto y seguro que permite optimizar los recursos tecnológicos disponibles en el sector salud.
El éxito de esta normativa dependerá en gran medida de la capacidad de los prestadores de servicios de salud y las entidades territoriales para adaptarse a los requisitos técnicos del sistema. Si bien se establecen plazos diferenciados para su implementación, las instituciones con infraestructuras tecnológicas limitadas pueden enfrentar desafíos importantes. No obstante, la resolución prevé estos obstáculos y otorga un margen de tiempo más amplio para que dichas instituciones puedan ajustarse y cumplir con las disposiciones de la interoperabilidad de manera efectiva.
Finalmente, la adopción de la interoperabilidad no solo beneficiará la atención clínica individual, sino que también facilitará la recolección de datos a gran escala, lo que será fundamental para el desarrollo de investigaciones en salud pública, la planificación de políticas sanitarias y la respuesta rápida ante crisis sanitarias. En conjunto, esta resolución es un paso decisivo hacia la digitalización completa del sistema de salud en Colombia, con beneficios a largo plazo para pacientes, prestadores y el sistema en su totalidad.
