por INNOS | Mar 27, 2025 | Noticias
En los últimos meses, Colombia ha enfrentado una situación crítica en cuanto al desabastecimiento de medicamentos esenciales, lo que ha generado preocupación tanto en la comunidad médica como en la población en general. Este fenómeno afecta la continuidad de la atención en salud y pone en riesgo el manejo adecuado de diversas patologías, desde enfermedades crónicas hasta condiciones de emergencia.
Un nuevo capítulo en esta problemática se produjo juego de que se publicaron los resultados de una auditoría por parte de la Superintendencia Nacional de Salud a Audifarma, uno de los gestores farmacéuticos más grande del país. Según lo informado, habría prácticas irregulares de esta empresa porque estaría almacenando inventarios considerables de medicamentos que se han reportado en escasez; por lo cual el gobierno ha hecho numerosos comentarios en redes sociales, acusando a Audifarma de estar atentando contra la salud pública y provocando el deterioro de la condición de miles de pacientes que requieren de medicamentos, como la insulina, indispensables para mantenerse con vida. Algunos de estos comentarios provienen directamente del presidente de la República.
Aunque la empresa Audifarma emitió un comunicado explicando las razones del hallazgo de la Supersalud en su visita, esta situación se suma a la larga lista de quejas de pacientes por medicamentos agotados, que no se entregan oportunamente en las farmacias contratadas por las EPS y que tampoco les son enviados a su domicilio posteriormente. Lo que está pasando actualmente es tan grave, que se han reportado filas de pacientes afiliados a la Nueva EPS en Cali, que esperan durante toda la noche, poder lograr un turno para recibir sus medicamentos. No es, desde luego, un problema sólo de Cali, sino de todo el país.
De cualquier manera, los resultados de la auditoría de la Supersalud, al menos, ponen en debate los procedimientos de control y seguimiento de inventarios por parte de los gestores farmacéuticos y su cadena de distribución y entrega final al público. Quedan dudas sobre sus responsabilidades en este escenario de desabastecimiento que sigue sin resolverse. En este sentido se acaba de informar que el Ministerio de Salud ha interpuesto el pasado 26 de marzo, una denuncia penal contra Audifarma por el presunto delito de acaparamiento. Desde luego es lamentable que este problema haya tomado el curso de la justicia penal y que no se construyan respuestas eficaces sin llegar a los tribunales.
De otra parte, si bien el gobierno asegura haber pagado a las EPS y a los distribuidores farmacéuticos, algunos gremios señalan deudas de 4 billones de pesos con las EPS por concepto de presupuestos máximos, a lo cual se suma la insuficiencia declarada de la Unidad de Pago por Capitación.
Sumado a estas situaciones coyunturales que se han ido profundizando en los últimos meses, están otras más estructurales como los problemas de planeación de la distribución y dispensación de insumos, dispositivos médicos y medicamentos en general, aumento de la demanda de algunas sustancias específicas, problemas internacionales en la cadena de producción y distribución y fallas en los sistemas de información y de gestión de los recursos para la salud. Varias asociaciones de pacientes, como Pacientes Colombia, han alertado sobre esta situación que ya es insostenible, al tiempo que denuncian interrupciones en tratamientos vitales, afectando a millones, y culpan al manejo gubernamental, con casos de filas y plantones en ciudades como Bogotá y Cali. De fondo también se han identificado demoras regulatorias en el Invima, que retrasan significativamente la aprobación de nuevos tratamientos y nuevas tecnologías para la atención de los pacientes en el país.
Los pacientes son los más afectados.
Aunque la falta de medicamentos afecta a todas las personas afiliadas al sistema de salud, en los casos de enfermedades crónicas, de enfermedades graves y de enfermedades raras y huérfanas, la situación es mucho más preocupante y crítica. En este último grupo de pacientes en muchos casos no se dispone de medicamentos específicos para sus patologías, que son de baja frecuencia, pero de muy alto impacto, y se recurre a medicamentos que se utilizan para enfermedades similares de mayor ocurrencia. Al fallar la cadena de suministros de estas medicinas, se afectan ambos grupos de pacientes, con consecuencias que pueden ser más graves para los que tienen como diagnóstico una Enfermedad Rara.
En otros casos, aunque existan medicamentos ya desarrollados para tratar las Enfermedades Raras y Huérfanas, estos son de muy alto costo, su producción es limitada y la mayor parte de estos se fabrican en el exterior. Todo lo anterior, hace que los pacientes que no los reciben por parte de su EPS y de su gestor farmacéutico, tampoco puedan adquirirlos directamente, poniendo en grave riesgo su salud y en muchos casos, su vida.
Las asociaciones de pacientes con Enfermedades Raras y Huérfanas han hecho numerosos llamados de atención al gobierno para que resuelva las dificultades que atraviesan. Además de las fallas en el acceso a medicamentos se suman otras como la carencia de un sistema de información adecuado que facilite el abordaje integra de sus patologías y el desconocimiento mismo de estas enfermedades por parte de la sociedad e incluso, de algunas instituciones y profesionales del sector salud.
También se han expresado con preocupación por el desabastecimiento, algunos grupos de profesionales y de pacientes con otras patologías como la diabetes, hipertensión y condiciones cardiovasculares, cáncer y problemas de salud mental. Es evidente que el problema es altamente complejo y que requiere intervenciones urgentes.
Algunos de los factores que han generado esta situación son los siguientes:
- Interrupciones en las cadenas internacionales de suministro
- Problemas y demoras en los trámites regulatorios
- Decisiones estratégicas de farmacéuticas
- Desfinanciación del sistema de salud
- Aumento de la demanda en enfermedades crónicas
- Aumento de la carga de enfermedades crónicas y de alto costo
Las autoridades sanitarias del país deben enfrentar de manera prioritaria esta situación, independientemente del curso que tome la discusión de la reforma al sistema en el Congreso. Se requieren acciones en el corto plazo como:
- Incentivos a la producción local de medicamentos e insumos farmacéuticos mediante políticas de estímulo, alianzas público-privadas y mejor acceso a la tecnología adecuada para reducir la dependencia de importaciones.
- Mejorar la coordinación y la regulación, mediante una optimización de los procesos de registro, aprobación y control de inventarios a través de sistemas de información integrados y la interoperabilidad entre las diferentes entidades involucradas en la cadena de suministro.
- Nuevas estrategias de financiamiento, mediante políticas que permitan sostener los márgenes económicos de los fabricantes y distribuidores, garantizando precios competitivos sin sacrificar la calidad de los productos.
- Transparencia y monitoreo con seguimiento en tiempo real sobre el flujo de medicamentos, que permita detectar a tiempo las áreas de riesgo y tomar medidas correctivas antes de que se generen crisis de abastecimiento.
- Promover la colaboración interinstitucional, desde el sector público, los laboratorios y distribuidores, así como con organismos internacionales, para mejorar la planificación y anticipar posibles interrupciones en la cadena de suministro.
Esta problemática no da espera. Insistimos en el llamado al gobierno y a todos los actores que intervienen en todo el proceso, a asumir un compromiso inmediato que solucione esta crisis que pone en grave riesgo la salud pública.
por INNOS | Mar 27, 2025 | Noticias
Una jornada de movilización social convocada para el pasado martes 18 de marzo por Fecode, continúa un antiguo debate sobre lo que han considerado desde este gremio, una defensa de las reformas sociales, en especial en lo relacionado con el sistema educativo. De alguna forma esta protesta se vincula con el posible hundimiento de la propuesta de reforma laboral en el Congreso de la República y con la crisis del sistema de atención en salud del magisterio.
Es importante recordar también que el propio presidente de la República invitó a los ciudadanos a respaldar en las calles sus propuestas de reforma, que no han tenido los avances que el gobierno esperaba en el campo laboral ni en el proyecto de Ley de reforma al sistema de salud. Pero más allá del necesario debate sobre los recursos para la educación pública que requiere el país, no hay una discusión de fondo en cuanto a lo que debería ser el sistema educativo ni sobre sus transformaciones más necesarias en sintonía con los desafíos y las tendencias internacionales actuales y futuras.
Hace ya algunos años, en 2020, el Foro Económico Mundial presentó una iniciativa denominada Reskilling Revolution, que proponía ofrecer mejor educación, con la generación de nuevas habilidades y mejores oportunidades laborales para todo el mundo en 2030. Esta propuesta desarrolló una plataforma para preparar la nueva fuerza laboral brindando las habilidades que se requieren ante los avances tecnológicos más recientes.
Es evidente que el crecimiento de las nuevas tecnologías ha llegado a todos los campos y que, en el sector salud, por ejemplo, los cambios han sido realmente acelerados. Muchas actividades que tradicionalmente han desarrollado los profesionales, técnicos y auxiliares de la salud, podrían ser realizadas por dispositivos tecnológicos apoyados en Big Data, Machine Learning e Inteligencia Artificial. Estos cambios que, sin dudas, son grandes oportunidades, exigen que el talento humano esté a tono con los retos de interactuar de forma fluida y eficaz con dichas herramientas y tecnologías. Iniciativas como la de Reskilling Revolution, van en camino de ampliar el acceso a estas nuevas tecnologías y a que los profesionales y técnicos del sector salud, en este caso, adquieran las competencias indispensables para su correcta aplicación en beneficio de todos los ciudadanos.
Las transformaciones tecnológicas no se detienen y se hace urgente discutir cuáles son esas nuevas habilidades y competencias que deben incorporarse en todos los niveles de la educación en el país, partiendo del preescolar hasta llegar a las especializaciones, maestrías y doctorados. ¿Están hoy los planes de estudio adecuadamente orientados a fortalecer los conocimientos y las capacidades para utilizar correctamente estos avances tecnológicos?
En una etapa de grandes cambios y nuevos desafíos, no es claro que nuestro país tenga definidas las prioridades en la formación y que esté preparado para afrontar los retos que cada día se generan en todos los campos. Para el recurso humano en salud es imprescindible una incorporación de nuevos saberes y habilidades en el uso de grandes bases de datos, estadística avanzada, generación de modelos preventivos y predictivos de alta precisión, manejo de las herramientas de salud digital y las aplicaciones de la Inteligencia Artificial a la interacción con pacientes, que cambiará también la forma en la que se desarrollan las consultas y todas las interacciones con pacientes y familias. Ya se ha masificado el uso de dispositivos portátiles (wearables) que tienen el potencial de facilitar el cambio de hábitos para personas con riesgo o diagnóstico de enfermedades cardiovasculares y diabetes, entre otras.
El futuro del talento humano en salud y de sus condiciones laborales tendrá que pensarse entendiendo que, muchas de las formas de relacionamiento con los pacientes están en un proceso de transformación y que, para ello, es indispensable un cambio que va desde los niveles básicos de la formación, disponiendo de recursos técnicos así como de docentes debidamente capacitados, que puedan facilitar los cambios necesarios.
Es un gran reto que debemos asumir como sociedad. Para avanzar en este sentido debemos construir acuerdos y generar los espacios de discusión de estos temas que, frecuentemente pasan a un segundo plano ante la premura de las coyunturas económicas y políticas. La invitación es a que no se agote la agenda en los asuntos más inmediatos y a que gobierno, gremios e instituciones se dispongan al diálogo para tratar los asuntos de fondo en cuanto a la transformación educativa que requiere nuestro país.
por INNOS | Feb 5, 2025 | Noticias
La incertidumbre política en Colombia cada día se alimenta de nuevas noticias y nuevas decisiones que se dan en las altas esferas del poder. La reciente transmisión del Consejo de Ministros del presidente Gustavo Petro dejó en evidencia un gabinete fragmentado, con poca capacidad de ejecución y con una preocupante ausencia de liderazgo en decisiones importantes. No se trata solo de problemas administrativos o disputas internas del gobierno; esta crisis de gobernabilidad tiene implicaciones directas y devastadoras sobre la vida de millones de colombianos. Y en este contexto, el sistema de salud se encuentra en un punto crítico, sin que el gobierno parezca reconocer la magnitud del problema.
De hecho, anoche, en más de dos horas de transmisión, no hubo una sola mención a la crisis del sistema de salud. No se habló del desfinanciamiento de los hospitales, de los retrasos en los pagos a prestadores, de la escasez de medicamentos o de la incertidumbre que enfrentan los pacientes. Es inaceptable que un tema que afecta la vida de todos los ciudadanos no sea una prioridad en la agenda gubernamental.
A esto se suma la incertidumbre generada por la tensión diplomática con Estados Unidos. La salud no solo depende de lo que ocurre dentro de nuestras fronteras; el acceso a medicamentos, tecnologías médicas y equipos esenciales está intrínsecamente ligado a nuestras relaciones internacionales. La posibilidad de restricciones comerciales y sanciones económicas pone en riesgo el abastecimiento de tratamientos críticos para enfermedades como el cáncer, la diabetes o las enfermedades huérfanas. ¿Dónde está la estrategia del gobierno para garantizar que los colombianos no se queden sin estos insumos?
A pesar de este panorama, en los últimos meses han surgido medidas desde el Congreso y la Rama Judicial para corregir algunos de los problemas estructurales del sistema. La Corte Constitucional, en una decisión clave, ha emitido fallos sobre los presupuestos máximos y la Unidad de Pago por Capitación (UPC), mecanismos que definen cómo se financia la atención de los pacientes en el país. Estas decisiones podrían significar un alivio para la estabilidad del sistema. Sin embargo, la respuesta del Ministerio de Salud ha sido lenta y ambigua, postergando la implementación de estos cambios y dilatando el proceso. Cada día que se retrasa una decisión, hay pacientes que dejan de recibir sus tratamientos. Cada mes que pasa sin que se desembolsen los recursos adeudados, hay hospitales que cierran servicios. La inacción tiene consecuencias reales, y es precisamente en momentos de crisis cuando se necesita un liderazgo con decisión.
El país no puede darse el lujo de permitir que la salud de sus ciudadanos quede atrapada en disputas políticas o luchas de poder dentro del gobierno. La crisis de gobernabilidad no puede convertirse en una excusa para la parálisis institucional. La salud no espera, las enfermedades no esperan, los pacientes no pueden esperar. Por su lado, el Congreso y la Corte Constitucional tienen la responsabilidad de garantizar que las decisiones necesarias se tomen y se implementen sin dilaciones. Los actores del sector salud, tanto públicos como privados, deben seguir aportando soluciones y denunciando los vacíos de gestión. Y la sociedad civil no puede perder el impulso por la defensa del derecho a la salud. El sistema en Colombia ha demostrado resiliencia en múltiples crisis, pero cada vez está más cerca de puntos de no retorno. No se puede seguir postergando lo impostergable. Es momento de que el gobierno asuma su responsabilidad, escuche a los actores del sistema y actúe con la urgencia que esta crisis exige.
por INNOS | Jan 30, 2025 | Noticias
La semana pasada la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, de la Corte Constitucional, emitió el Auto 007 de 2025 (23 de enero) por medio del cual hace una evaluación del cumplimiento de las ordenes impartidas en la Sentencia, en particular las órdenes 21 y 22, relativas al cálculo y la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) con la cual se financia el Plan Básico de Salud (PBS). Algunas semanas atrás la Corte había declarado el incumplimiento general respecto a la suficiencia de presupuestos máximos en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y abrió un incidente de desacato al ministro de salud, al tiempo que le ordenó al Ministerio pagar los presupuestos máximos pendientes de 2024 y 2025.
Este nuevo Auto de la Corte se produce como consecuencia de las expresiones de preocupación y de las demandas de muchos actores del sector salud, quienes han aportado análisis y documentos que fueron tenidos en cuenta para sus conclusiones y para emitir una serie de órdenes que se presentan a continuación:
Antecedentes:
- En 2023 la Sala Especial declaró que continuaban las debilidades del sistema de información y baja calidad de los datos reportados por las EPS. Estos sistemas no registran ni actualizan fielmente las necesidades de la población. Los registros de frecuencias de uso de servicios son deficientes. Minsalud no demostraba la suficiencia de la UPC ni que la UPC del Régimen Subsidiado llegara al 95% de la del Régimen Contributivo.
- En la evaluación de los Presupuestos Máximos la Corte también declaró bajo cumplimiento de lo referente a este componente.
- La Corte le solicitó al MSPS la metodología de cálculo de la UPC en marzo de 2024.
- Con base en estos y otros documentos y fuentes de información la Sala Especial hizo un análisis al cumplimiento de sus órdenes y una valoración integral sobre el cálculo y la suficiencia de la UPC, así como la equiparación de la UPC-S al 95% de la UPC-C.
- La Corte considera que, aunque se ha reportado que existen falencias en las fuentes de información que se utilizan para el cálculo de la prima desde 2011, no se han desarrollado correctivos suficientes que resuelvan esta situación y que no hay medidas adecuadas al respecto.
- La inclusión de servicios y tecnologías en el Plan Básico de Salud cubierto por la UPC, que previamente se financiaban por medio de los PM, ha generado un nuevo déficit en la prima. Estas inclusiones se han hecho por varios años y se resalta en el Auto, la realizada en enero de 2022 cuando se aumentó el número de principios activos financiados por la UPC en un 130%.
- El Ministerio ha reportado, junto con la Supersalud, casos de desviación de recursos de la UPC, que también han sido puestos en conocimiento de la Contraloría y de la Fiscalía. Al respecto, la Corte tiene en cuenta estos reportes, pero considera que no se ha logrado demostrar la magnitud e impacto de estas conductas.
Conclusiones de la Sala:
- La metodología utilizada para calcular al UPC debe ser actualizada de forma permanente, incluyendo los cambios y necesidades del sistema de salud y de la población a la que atiende. Debe ampliarse la participación a otros sectores.
- La metodología que viene aplicándose debe complementarse también con mecanismos ex post.
- La información suministrada por el MSPS no deja claro de qué forma se incorporan mecanismos de ajuste por el aumento en la siniestralidad. Los datos del sistema muestran que esta ha aumentado, llegando en 2022 al 105% en el régimen contributivo y al 106% en el subsidiado.
- El análisis del aumento de la UPC en 2024 que hizo la Sala Especial muestra que no hubo un incremento real de los recursos, que era lo esperado dadas las dinámicas de siniestralidad, costos de operación e inflación específica del sector salud; lo cual afectó a todos los actores del sistema.
- A este déficit se sumó la destinación que hizo el MSPS del 5% de la UPC para el desarrollo de los Equipos Básicos de Salud (EBS). La Corte considera que no es válido desfinanciar la UPC con el argumento de fortalecer la promoción y la prevención. Más aún, la Corte considera que “esta es una disposición abiertamente inconstitucional”
- De acuerdo con la Corte, los EBS no deben cubrirse con la UPC y no podrán desarrollar funciones ni prestar servicios cubiertos por esta prima.
- Existe evidencia de un rezago en la información que se utiliza para el cálculo de la UPC que afecta la viabilidad financiera del sistema de salud. Esto se advierte, entre otros aspectos, debido a las inclusiones de procedimientos, intervenciones, tecnologías y medicamentos que son cubiertos por la UPC. Por ello el MSPS deberá ajustarla, partiendo de un análisis de suficiencia desde el año 2021.
- El Ministerio deberá definir un periodo de transición para que las EPS restablezcan sus reseras técnicas, una vez se hagan los ajustes ordenados a la UPC.
Decisiones de la Corte:
- Declara el incumplimiento general del componente de suficiencia de la UPC en ambos regímenes.
- Declara la insuficiencia de la UPC de 2024.
- Ordena al MSPS:
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- Crear una mesa de trabajo para revisar la UPC 2024 y lograr su suficiencia. Lo anterior, considerando aspectos mencionados previamente como:
- El rezago de la UPC desde 2021
- El aumento de la siniestralidad y de las frecuencias de uso
- El impacto de las inclusiones en el PBS-UPC
- Las variables de ajuste de riesgo
- La definición de criterios para realizar los ajustes ex post y el reconocimiento del ajuste de la UPC 2024 a las EPS, con porcentajes y fechas máximas de pago.
- La mesa tendrá un plazo máximo de 2 meses para definir el ajuste a la UPC de 2024.
- Esta mesa será orientada por el MSPS quien presentará informe mensual a la Sala Especial, sobre el desarrollo de sus funciones.
- Establecer un periodo de transición para el restablecimiento de las reservas técnicas de las EPS.
- Reajustar la metodología del cálculo de la UPC, teniendo en cuenta todos los criterios mencionados en el Auto 007. Lo anterior deberá además considerar:
- Un proceso participativo y transparente
- Tener en cuenta el IPC proyectado para la vigencia y la inflación
- Las nuevas inclusiones
- El rezago existente en la prima
- No fraccionar ni realizar destinaciones diferentes de la UPC.
- Incluir ajustadores ex ante y ex post.
- Equiparar al 95% el valor de la UPC del RS con respecto a la del RC.
- También ordena a la SNS, la CGR y la Fiscalía que desplieguen las investigaciones para establecer responsabilidades en el posible uso indebido de la UPC. Para ello le ordena a fiscalía y Contraloría que conformen un equipo de trabajo destinado a investigar los malos manejos de la UPC en el sistema de salud.
- La Corte le ordena al Ministerio de Hacienda que disponga y garantice los recursos necesarios para cumplir los mandatos de la Sentencia T-760 de 2008, a los que hace alusión el presente Auto.
Si bien es cierto que este Auto no aborda la problemática de la UPC del año 2025, las órdenes que emite deberían tener efectos posteriores en su reajuste, luego de resolver las inconsistencias que vienen desde hace más de 10 años atrás y que se han agudizado recientemente. La decisión del alto tribunal constituye un paso importante para encontrar soluciones al problema de la suficiencia de la UPC, la cual se destina a cubrir los costos de los servicios y tecnologías en salud.
Sin lugar a duda, este pronunciamiento de la Corte muestra con claridad que es urgente una acción correctiva de parte del gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Salud y Protección Social, coordinada con la Superintendencia Nacional de Salud y con el Ministerio de Hacienda; así como de los organismos de control como la Contraloría y la Fiscalía en lo de sus competencias.
El mensaje de transparencia en la gestión de los recursos que hace la Corte es fundamental para que el gobierno asuma su rol de rectoría del sistema de una manera más clara y participativa y, para que todos los demás actores contribuyan activamente a resolver una gama de problemáticas acumuladas que actualmente tienen al sistema de salud en una de sus peores crisis. No obstante, todo ello requiere el fortalecimiento de los sistemas de información disponibles, que también hace parte de las órdenes de emitidas en la Sentencia T-760 de 2008. No se puede pasar por alto que la sostenibilidad del sistema de salud depende en gran medida de un cálculo adecuado de la UPC, el cual debe hacerse bajo metodologías claras que reduzcan la incertidumbre de los actores y permitan tomar decisiones que beneficien el sistema de salud y a sus usuarios.
¿Cómo se entienden las intervenciones a las EPS luego de este fallo de la Corte?
Es evidente que las órdenes impartidas por la Corte constituyen un paso decisivo para resolver la crisis actual, pero los desafíos del sistema exigen también un gran trabajo de parte de las EPS quienes deben garantizar la continuidad en la prestación de los servicios y salvaguardar el derecho a la atención en salud. Si bien las aseguradoras tienen autonomía en el manejo de los recursos, la misma Corte ha establecido que esta autonomía debe estar sujeta a controles para garantizar que los recursos no se destinen a finalidades distintas de la prestación de los servicios de salud. El aumento de la UPC que ha ordenado la Corte contribuye a estos mismos objetivos y, es una medida absolutamente necesaria pero no suficiente, ya que el sistema depende de la operación responsable y transparente de muchos actores para proteger el bienestar de todos los ciudadanos.
por INNOS | Jan 30, 2025 | Noticias
Varias asociaciones de pacientes convocaron a una manifestación pacífica ayer 29 de enero, para expresar sus preocupaciones ante la crisis que vive actualmente el sistema de salud. La convocatoria busca crear conciencia en el gobierno nacional y que se generen de forma inmediata los correctivos necesarios para:
- Evitar las muertes que están ocurriendo debido a la falta de recursos que el gobierno debe girar a aseguradores y prestadores.
- Las deficiencias en asignación de citas y entrega de insumos y medicamentos de forma completa y oportuna.
- Las barreras de acceso que los gremios de IPS y EPS están creando para limitar aún más la prestación de los servicios.
- La moratoria en el pago de los salarios al personal médico y de la salud en general, lo cual afecta profundamente la calidad y la oportunidad de la atención.
Esta convocatoria se produce poco tiempo después de conocer el Auto 007 de la Corte Constitucional que ordena corregir el déficit acumulado de la UPC, que viene afectando la sostenibilidad del sistema de salud desde hace varios años y que hoy en día, ha provocado una situación crítica que requiere acciones inmediatas. Este fallo de la Corte respalda los reclamos justificados de los pacientes y en este sentido, define una ruta clara y de corto plazo para el gobierno.
También se han unido a esta manifestación algunos gremios de profesionales quienes tienen más críticas a la gestión de la salud de este gobierno. Algunos consideran que se le está dando un manejo clientelista al sistema, con la conformación de los Equipos Básicos de Salud y que, esto además ha dejado desfinanciados los servicios que los pacientes requieren con mayor premura.
Desde INNOS respaldamos este llamado de la sociedad civil y consideramos que el gobierno debe atender la inconformidad de pacientes y trabajadores del sector salud, dando respuesta inmediata a lo dispuesto por la Corte y a los requerimientos que se le hacen desde todas las organizaciones del sistema de salud.
