por INNOS | Feb 13, 2025 | Noticias
En lo que podría considerarse una nueva derrota para el gobierno, su convocatoria a sesiones extraordinarias entre el 11 y el 13 de febrero, que buscaba avanzar rápidamente en la aprobación del proyecto de Ley 312 de 2024; no fue acatada por la presidencia de la Cámara, para evitar un vicio de trámite. Lo anterior debido a que no se ha resuelto formalmente el nombramiento del nuevo ministro del interior, quien no cuenta aún con el acto administrativo que lo designa en este cargo, incluso en calidad de encargado. No se entiende cómo, en plena crisis ministerial y en ausencia del presidente, se hace esta convocatoria sobre el tiempo, para terminar en un intento fallido de aprobar el proyecto.
Este hecho es el más reciente de una secuencia que ha sumado, en pocas semanas, varias situaciones que continúan profundizado la crisis del sistema de salud y que tienen relación también con una crisis de gobernabilidad que el país está percibiendo cada vez con mayor intensidad. El domingo anterior el presidente de la República les pidió renuncia protocolaria a todos sus ministros, poco después de la discusión que se generó al interior del Consejo de ministros de la semana pasada. Allí mismo, hubo algunas renuncias de colaboradores cercanos, que anticipaban en cierta forma, la crisis ministerial que se consolidó hace solo unos días.
Fue evidente para el país que existen profundas discrepancias al interior del gobierno nacional y que, como lo advertimos desde INNOS, la situación crítica del sistema de salud ni siquiera entró en la agenda del ya reseñado Consejo. Esto hace pensar que tal problemática, no está dentro de las prioridades a resolver y que todo el esfuerzo se concentra en presionar la aprobación de la reforma en la Cámara, para llevarla luego a su debate en el Senado. Solo unos días antes habíamos advertido, sobre las consecuencias que pudo haber generado la crisis diplomática con Estados Unidos para toda la economía nacional y para la continuidad de los programas sociales, lo cual se ha venido agravando con las decisiones que se tomaron posteriormente y de forma unilateral, en cuanto al cierre de la agencia de cooperación USAID; de la cual Colombia recibe una cantidad considerable de ayuda, mucha de esta destinada a programas de salud pública.
Otro de los episodios previos, fue el Auto de la Corte Constitucional, que se pronunció de fondo con respecto a la insuficiencia de los presupuestos máximos y de la Unidad de Pago por Capitación (UPC); que son las fuentes principales de recursos para el pago de la atención en salud en todas las instituciones públicas y privadas del país. Lo que inicialmente se valoró como una decisión positiva y alentadora para comenzar a resolver la crisis actual, ha sido relegada a segundo plano por el ministerio, que decidió aplazar sus respuestas y tomar más tiempo del dispuesto por la Corte, para resolver las fallas encontradas y para comenzar a cumplir las ordenes que allí le impartió al gobierno.
Entretanto, el déficit en las cuentas del sistema de salud no se ha resuelto, aumentan las críticas al gobierno por la gestión de los recursos y los pacientes han expresado una vez más su descontento convocando a una manifestación masiva hace algunos días, para reclamar su derecho a la atención en salud de manera digna, oportuna e integral. Ya se había advertido el inconformismo generalizado por parte de la propia Supersalud, que en su informe anual mostró una elevación importante del número de quejas y reclamos entre 2023 y 2024.
Al observar todo este panorama de forma general, es inevitable preguntarse ¿cuáles son las estrategias del gobierno nacional frente a la crisis del sector salud?. No es claro para la mayoría de los actores del sistema, de qué forma se va a cerrar el vacío que ha provocado la insuficiencia en los recursos y los retrasos en los pagos, agravados durante los dos últimos años. La Corte alertó sobre esta situación y mostró que este es un problema acumulado por mucho tiempo, a la vez que le ordenó al gobierno resolver de fondo estas inconsistencias. Las acciones que debe ejecutar el gobierno no se han producido y el país continúa a la espera.
De otra parte, una discusión apresurada del proyecto de reforma 312 2024 Cámara, con el propósito de conseguir su aprobación urgente y sin el análisis y el debate que la magnitud de esta reforma exige; deja serios interrogantes sobre lo que espera lograr el gobierno y, sobre lo que sería posteriormente su discusión en el Senado. Recordemos que, aunque en Cámara el gobierno ha conseguido avanzar con sus proyectos, el balance de fuerzas en el Senado no es el mismo y se enfrenta a posibles derrotas legislativas, más aún si los proyectos no cuentan con el consenso necesario para su aceptación.
En INNOS hemos insistido en la necesidad de construir una reforma al sistema de salud que resuelva las problemáticas ya identificadas, a la vez que se protegen y se refuerzan los logros que se han conseguido durante los últimos años. Los avances en cobertura y protección financiera, por citar solo algunos, no pueden ponerse en riesgo y no puede el sistema de salud que atiende a más de 50 millones de ciudadanos, quedar atrapado dentro de la crisis política que hoy en día tiene el gobierno. Por ello, reiteramos el llamado al ministro, hoy encargado de funciones presidenciales, así como a todos los demás actores institucionales, para que se comprometan a atender de forma inmediata y eficaz las problemáticas actuales, al tiempo que se reorienta la reforma del sistema con una participación amplia y efectiva, que avance realmente en el acceso a la salud y en la sostenibilidad del sistema a largo plazo.
por INNOS | Jan 30, 2025 | Noticias
Transcurridas apenas dos semanas del nuevo año, se percibe en el sector salud del país un estado de crisis continuada que amenaza con empeorar con el paso de los días. Recibimos el año con un anuncio que ha dejado muchas inquietudes, por lo que muchos consideran un aumento a todas luces, insuficiente de la Unidad de Pago por Capitación para este año. Se han generado por cuenta del anuncio del gobierno, toda serie de reacciones en contra del porcentaje que se decretó para incrementar los recursos que se pagan por cada afiliado al sistema, con el fin de garantizar su acceso en condiciones óptimas de calidad, a los servicios de salud que requiera.
Recordemos que con la UPC se cubre la totalidad de los servicios que demanda la población durante todo el año, desde las acciones individuales de promoción de la salud y prevención de las enfermedades, hasta el tratamiento, rehabilitación y paliación de aquellas patologías que así lo requieran. Por ello, la posible desfinanciación del plan de beneficios (PBS) constituye un enorme problema de salud pública para todo el país, con consecuencias muy graves en términos de incremento de morbilidad, crecimiento de la carga de enfermedad e incluso, posibles aumentos de las tasas de mortalidad; en los casos en que se afecte el acceso oportuno y eficaz a medicamentos, insumos y tratamientos.
Desde el año pasado, diversos centros de pensamiento e investigación han advertido sobre la necesidad de que el gobierno adopte medidas urgentes para mitigar la crisis financiera del sistema de salud. En este contexto, el presupuesto del sistema inició con un déficit estimado en aproximadamente $9,2 billones, mientras que el ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) fue del 5,36 %, muy por debajo del 16,9 % requerido para cubrir los costos proyectados. Adicionalmente, las Entidades Promotoras de Salud (EPS) registraron pérdidas operativas acumuladas de $3,1 billones al cierre del tercer trimestre de 2024, siendo el régimen contributivo el principal factor de este déficit, con una participación del 64 %. Igualmente, El presupuesto máximo asignado para 2025 se establece en $502.000 millones, lo que representa una reducción significativa en comparación con los $2,3 billones ejecutados en 2024. Esta disminución supone un recorte del 78,2 %, lo que podría afectar la sostenibilidad financiera y la capacidad operativa del sistema en el corto y mediano plazo.
Así lo ha advertido la propia Superintendencia Nacional de Salud, que en un reporte publicado dos días atrás, ha alertado sobre un incremento de las quejas y reclamos de los usuarios por fallas en los procesos de atención en salud en el país. Las quejas aumentaron cerca de un 18% entre 2023 y 2024 (Tasa por 10.000 afiliados). Estos datos muestran que, en efecto, la percepción que los colombianos tienen sobre el desempeño del sistema de salud, está seriamente deteriorada, especialmente, porque han aumentado los casos de negación de citas médicas con especialistas, así como un incremento significativo de los tiempos de asignación de citas tanto de medicina general como de especialidades médicas y por una reducción palpable de la entrega de medicamentos, dispositivos médicos e insumos necesarios para el tratamiento de todo tipo de enfermedades, especialmente las crónicas y las raras.
Más allá de la discusión que se ha generado entorno al aumento de la UPC, los hechos recientes muestran que hay un deterioro real de la calidad de la atención en salud y que los mayores afectados son los pacientes y sus familias, que han tenido que asumir costos adicionales para proveer los medicamentos que no les son entregados, y con ello evitar un mayor deterioro en la condición clínica de sus allegados. Es el caso de los pacientes con enfermedades huérfanas, quienes no solo dependen de los recursos que el gobierno asigna mediante la UPC, sino que, además, han manifestado su preocupación por el descenso de los recursos de los presupuestos máximos, que justamente deben cubrir los gastos de la atención de estas patologías de baja frecuencia y alto impacto en la calidad de vida de pacientes y familiares. En 2024 fue permanente la denuncia del retraso en el giro de los presupuestos máximos por parte del gobierno, lo cual ha llevado a la pérdida de continuidad en los tratamientos y, en muchos casos, al abandono de estos por parte de los pacientes, según lo han reportado los grupos de expertos.
En este sentido se han expresado algunas asociaciones de pacientes e incluso, de profesionales de la salud, que han advertido sobre los efectos negativos que pueden derivarse de generar brechas de continuidad en la atención de patologías huérfanas y crónicas. De una parte, en el corto plazo, los pacientes podrían sufrir un deterioro de su situación personal que, de no ser resuelto adecuadamente, podría afectarles de forma irreversible. En el mediano y en el largo plazo, los pacientes que no reciben oportunamente su tratamiento quedan descompensados porque no acceden a los procedimientos y terapias que necesitan, lo cual va a producir, entre otros efectos, un aumento sobre los costos del sistema de salud y, lo que es más grave, un gran problema de salud pública para todo el país.
Son estos gremios los que han alertado reiteradamente sobre el deterioro generalizado en los procesos de atención, en la continuidad de los tratamientos y en la integralidad que requieren los pacientes con patologías más complejas. Según lo han expresado, no hay bases de datos confiables y accesibles que hagan posible acceder al diagnóstico temprano, a los medios diagnósticos más adecuados y a un seguimiento directo a los pacientes para que no queden aislados y cuenten con el apoyo médico y de salud mental que necesitan. Estas limitaciones se acentúan en los territorios periféricos de las grandes ciudades y en municipios y zonas dispersas.
Casos tan graves como la muerte en 2024 de dos pacientes en Bogotá, uno con enfermedad de Gaucher tipo 2 y otro con Epilepsia, debido a la falta de sus medicamentos; son un llamado de alerta y un recordatorio de que el acceso a medicamentos es un derecho fundamental. De igual manera, los pacientes trasplantados se encuentran en grave riesgo por el desabastecimiento y no entrega de medicamentos esenciales para mantenerse con vida.
Reconocemos la importancia del debate político y de la reflexión sobre los ajustes que el sistema requiere en cuanto a su diseño y su estructura. No obstante, es claro que no se podrá avanzar si no se cuenta con información confiable y oportuna sobre el desempeño y la sostenibilidad de todas y cada una de las instituciones que lo componen. Este es un llamado para que las autoridades, en cabeza del Ministerio de Salud y Protección Social y de la Superintendencia Nacional de Salud, hagan visibles los datos que están utilizando para tomar las decisiones que tienen efectos sobre todos los colombianos. Además, como se ha venido mencionando desde INNOS, es importante que los cálculos, por ejemplo, de la UPC se hagan de manera responsable, respondiendo no sólo a los factores propios del sistema de salud, sino también, de acuerdo con las características demográficas y epidemiológicas de la población colombiana, teniendo en cuenta, el envejecimiento progresivo de la población y efecto postpandemia que produjo el resurgimiento de enfermedades crónicas no trasmisibles. Es preocupante que sean las personas más vulnerables y con mayores necesidades en salud, quienes sufran de forma más rigurosa el impacto de la insuficiencia en los recursos y de las fallas administrativas que el sistema viene experimentando desde hace meses.
No es, por todo lo anterior, un panorama optimista el que se observa en este inicio del nuevo año. Ante una de las crisis más profundas que ha vivido el sistema de salud colombiano, se requieren respuestas eficaces y urgentes de parte del gobierno nacional, que reviertan la tendencia negativa de estos indicadores y que devuelvan la confianza de los actores, protegiendo de forma prioritaria a quienes más lo necesitan.
por INNOS | Jan 3, 2025 | Noticias
El reciente anuncio del gobierno del presidente Gustavo Petro sobre el incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2025 ha generado una fuerte controversia en el sector salud. Las expectativas previas al anuncio apuntaban a un aumento cercano al 16%, respaldado por gremios como la ANDI, la ANIF, y organizaciones como Pacientes Colombia, que enfatizaron la urgencia de ajustar la UPC en proporción a los crecientes costos operativos del sistema de salud. Sin embargo, la decisión del gobierno de establecer un aumento del 5,36%, claramente por debajo de estas recomendaciones, pone en evidencia una desconexión entre los análisis técnicos y las prioridades políticas que parecen haber guiado esta determinación.
El presidente Petro ha respondido a las críticas calificándolas de exageradas y afirmando que un aumento mayor beneficiaría principalmente a las EPS, a las que ha señalado reiteradamente por una presunta mala gestión de los recursos públicos. Sin embargo, estas declaraciones parecen priorizar un mensaje político sobre la eficiencia y transparencia del sistema, ignorando las recomendaciones técnicas y los aspectos humanitarios que deberían prevalecer en una decisión de esta magnitud. Este enfoque político no solo es cuestionable desde el punto de vista de la gestión pública, sino que también resulta alarmante en un contexto donde el sistema de salud ya enfrenta una crisis financiera que ha comenzado a restringir el acceso a servicios de salud y medicamentos. *Estas restricciones afectan de manera desproporcionada a los grupos más vulnerables, exacerbando inequidades y poniendo en riesgo a millones de colombianos que dependen del sistema.*
El incremento del 5,36% no solo es insuficiente para cubrir el impacto de la inflación y el crecimiento de costos en el sector, sino que también resulta incongruente con el aumento decretado para el salario mínimo, fijado en 9,54% para 2025. Mientras los costos laborales y operativos del sector salud se ajustan a este mayor incremento, los recursos asignados mediante la UPC no logran compensar la brecha financiera histórica ni las necesidades del contexto actual. Esta decisión, si bien puede interpretarse como una forma de contener el gasto público en el corto plazo, inevitablemente intensificará las dificultades de las EPS y las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), muchas de las cuales ya enfrentan serias limitaciones para mantener sus operaciones.
El 2024 ha sido descrito por muchos actores del sector como el año más complejo desde la instauración del sistema de salud colombiano. Las consecuencias de un incremento de la UPC tan limitado en medio de esta crisis presagian que el 2025 será incluso más desafiante. Las proyecciones indican que las barreras en el acceso a servicios de salud y medicamentos continuarán agravándose, afectando de manera directa la calidad de vida de los pacientes, en especial aquellos de menores recursos.
Desde INNOS, hacemos un llamado a analizar esta decisión con criterios estrictamente técnicos, desprendidos de cualquier sesgo ideológico o intención populista. Es fundamental que actores como el Congreso de la República, la Procuraduría General de la Nación, las cortes y la academia ejerzan una vigilancia activa sobre las implicaciones de esta política, promoviendo una discusión constructiva que coloque a la salud, los pacientes y a la sociedad en el centro de las decisiones. Así mismo, insistimos en que el gobierno debe abrir espacios de diálogo con los diferentes actores del sistema, pacientes, gremios y expertos del sector para encontrar soluciones viables que garanticen la sostenibilidad financiera del sistema y el derecho a la salud de los colombianos.
La sostenibilidad del sistema de salud no puede seguir siendo relegada en favor de mensajes políticos. Es imperativo construir una estrategia integral que priorice el bienestar de los pacientes y asegure la viabilidad de un sistema que, aunque enfrenta grandes retos, sigue siendo un pilar fundamental para el desarrollo social y económico del país.
por INNOS | Dec 19, 2024 | Noticias
En medio de una de las mayores crisis financieras que ha enfrentado el sistema de salud colombiano, el Ministerio de Salud y Protección Social presenta su Política Pública del Talento Humano en Salud 2024-2034 para comentarios en consulta pública. Este documento, aunque ambicioso en su alcance, se aleja de la compleja realidad que viven a diario tanto el sistema como el personal de salud en todo el país. El diagnóstico es claro: el déficit de talento humano, las brechas en su distribución territorial y las condiciones laborales precarias son problemas estructurales que requieren intervención urgente. Sin embargo, lanzar una política de esta magnitud en un contexto donde los recursos financieros son insuficientes y la gobernabilidad del sistema está en entredicho, resulta un acto que puede distraer la atención de la urgencia de la sostenibilidad del sistema.
Uno de los pilares de esta política es el fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud (APS), un enfoque que compartimos y que ha sido ampliamente reconocido como la base para garantizar un sistema equitativo y eficiente. Se plantean estrategias como la formación de equipos interdisciplinarios, la atracción de talento humano hacia zonas rurales y la implementación de modelos de formación integral y continua. Pero aquí surge la primera gran contradicción: ¿cómo garantizar la implementación efectiva de estas líneas estratégicas si el sistema no tiene los recursos para asegurar la continuidad de los pagos a prestadores y profesionales de salud?
Además, a lo largo del documento se hace referencia constante a líneas estratégicas que se encuentran definidas en el anexo técnico: Documento de Política Pública del Talento Humano en Salud 2024-2034. Esta fragmentación hace que sea difícil realizar un análisis profundo y completo de la propuesta, ya que el documento no es no describe en su cuerpo estrategias concretas y obliga a consultar múltiples documentos no estructurados en formato XL. La falta de acceso al anexo técnico mencionado impide evaluar las acciones concretas para cada línea estratégica, lo que debilita la transparencia y dificulta su comprensión para los actores involucrados en la formación y desarrollo del talento humano en salud.
Si bien el documento reconoce los desafíos estructurales del talento humano, no aborda con suficiente claridad cómo articular estas propuestas con la reforma a la salud que se debate en el Congreso. La reforma propone centralizar los servicios y recursos bajo un modelo estatizado, mientras que la política de talento humano parece depender de una articulación territorial y de alianzas con actores públicos y privados. La desconexión entre ambas iniciativas muchas inquietudes, por ejemplo: ¿cómo se financiarán las nuevas estrategias de formación y distribución si el modelo propuesto por la reforma compromete la sostenibilidad del sistema?
Por otro lado, la situación actual de las IPS y los profesionales que sostienen el sistema es crítica. Las deudas acumuladas por las EPS con hospitales y clínicas superan cifras alarmantes, llevando a circunstancias críticas de sostenibilidad a muchas instituciones. Esta falta de liquidez amenaza la prestación de servicios y ha precarizado las condiciones laborales del talento humano en salud. Mientras el documento menciona con énfasis la necesidad de ofrecer trabajo digno y decente, en la práctica, el personal de salud enfrenta contratos temporales, bajos salarios y condiciones de trabajo poco seguras, especialmente en zonas rurales y de difícil acceso, situación agravada hoy por la incertidumbre que viven muchas de las instituciones del sistema de salud de diferente índole. Es aquí donde la política pierde contacto con la realidad: no se puede hablar de “condiciones dignas y equitativas” cuando el propio sistema no tiene la capacidad financiera para responder a sus compromisos actuales.
Un aspecto crítico que la Política Pública del Talento Humano en Salud 2024-2034 pasa por alto es la grave brecha en la disponibilidad de especialidades médico-quirúrgicas, un problema que impacta profundamente la atención en salud en todo el territorio nacional. El documento no menciona estrategias específicas para abordar el déficit en especialidades y otras áreas esenciales que presentan una baja cobertura, especialmente en regiones rurales y apartadas. Este vacío es relevante, pues las especialidades médico-quirúrgicas son pilares del sistema de salud y, sin un plan claro para incentivar su formación, redistribución y retención, la política queda incompleta. Una respuesta integral debería incluir incentivos financieros y logísticos para los médicos en formación, además de alianzas entre universidades y hospitales que garanticen la ampliación de cupos y la creación de nuevas plazas en especialidades críticas.
Además, el documento aborda una visión tradicional del talento humano en salud, centrándose principalmente en los roles clínicos convencionales mientras ignora los campos emergentes que están transformando la forma en que se presta la atención en salud. Profesionales como bioingenieros, analistas de datos en salud, especialistas en inteligencia artificial aplicada, ingenieros sanitarios y gestores en innovación tecnológica son cruciales para enfrentar los desafíos contemporáneos del sistema. La ausencia de estrategias dirigidas a promover y desarrollar estas áreas limita la capacidad del sistema de adaptarse a las exigencias del siglo XXI.
Por otro lado, el documento promueve la ampliación del Servicio Social Obligatorio (SSO) y su rediseño como herramienta estratégica. Aunque esto podría cerrar algunas brechas de disponibilidad, la implementación carece de incentivos que garanticen su efectividad. Atraer y retener talento en zonas rurales no puede limitarse a propuestas normativas; se requieren incentivos financieros, acceso a tecnologías que faciliten su trabajo, y programas de soporte emocional ante la presión de trabajar en contextos complejos.
Adicionalmente, la política resulta ajena a la crisis de la educación superior, particularmente en relación con las dificultades que atraviesa el ICETEX. Esta crisis afecta el acceso a la educación superior de miles de estudiantes, incluidos aquellos que buscan formación en áreas de la salud. Las universidades privadas, que juegan un rol fundamental en la formación de profesionales de la salud en Colombia, no son mencionadas ni reconocidas como actores estratégicos. Desconocer esta realidad es contradictorio con el interés de fortalecer la formación del talento humano, especialmente cuando la educación superior privada representa una de las principales alternativas de acceso en regiones donde la oferta pública es insuficiente y donde la expansión de oferta por parte de las instituciones de alta calidad existentes es una de las oportunidades más obvias de atender el cierre de brechas que requiere la formación y oferta de talento humano en salud. En ese sentido, la universidades públicas también deben seguir fortaleciéndose en acceso, equidad, sostenimiento, calidad y sobre todo en el trabajo colaborativo con las universidades privadas.
Asimismo, en la política no se está abordando la ausencia de estrategias para la atracción del talento humano fugado del país. En los últimos años, la migración de profesionales altamente calificados ha aumentado debido a la falta de oportunidades, condiciones laborales inadecuadas y el contexto de incertidumbre económica. Recuperar este talento, así como posicionar a Colombia como un destino atractivo para la formación de profesionales extranjeros, podría mejorar la disponibilidad de talento humano local y contribuir al desarrollo académico y tecnológico del país.
Por otra parte, la política no aborda un tema central: las condiciones de regulación de la docencia-servicio y los mecanismos de financiamiento asociados a ella en Colombia. La formación de profesionales de la salud depende de un modelo en el que la relación entre universidades e instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) es clave. Sin embargo, este modelo enfrenta costos elevados, complejidad en los procesos de aprobación de cupos y trabas burocráticas impuestas por la Comisión Intersectorial de Talento Humano en Salud, integrada por los Ministerios de Salud y Educación.
Otro aspecto que merece atención es la gobernanza. El documento insiste en la necesidad de planificación, rectoría y monitoreo del talento humano, lo cual resulta acertado. Pero el contexto político actual añade una capa de incertidumbre. Aún hoy el país carece de un observatorio cierto que sustente las brechas de oferta de talento humano en los diferentes territorios. De otra parte, el manejo de la crisis ha generado serios cuestionamientos hacia el Ministro de Salud, hasta el punto de que su continuidad en la cartera ha sido puesta en duda. Esto no es un detalle menor. La implementación de políticas públicas requiere estabilidad política, continuidad en la gestión y liderazgo sólido.
Asimismo, preocupa la ausencia de estrategias innovadoras para preparar al talento humano en competencias emergentes. La formación debe alinearse con la transformación tecnológica global, incorporando programas robustos de reentrenamiento en áreas como medicina personalizada, inteligencia artificial, biotecnología y analítica de grandes datos en salud. Ignorar estos avances pone en riesgo la pertinencia y calidad de los profesionales formados en el país frente a las exigencias de un entorno cada vez más tecnificado y digital, proyectándose entonces desaprovechar las oportunidades de transformación e innovación que hoy concentran las estrategias de “re-skilling” de los equipos profesionales de salud en muchos países del mundo.
En medio de esta complejidad, es necesario que una política pública sobre el talento humano del sector tenga en cuenta el estado crítico del sistema de salud. Los pacientes con enfermedades de alto costo y crónicas sufren las consecuencias de un sistema que no puede garantizar tratamientos oportunos. Los hospitales están al borde del cierre, y el personal de salud, exhausto y subvalorado, continúa sosteniendo con sacrificio un sistema que cada vez le cuesta más sostenerse.
Así las cosas, la discusión de la Política Pública del Talento Humano en Salud debe aplazarse. Antes de hablar de estrategias a largo plazo, el gobierno debe priorizar la resolución de la crisis financiera que hoy amenaza la sostenibilidad del sistema de salud y garantizar que exista una visión integral y realista del talento humano. Es necesario que esta política sea reformulada, incorporando estrategias que respondan a los desafíos de la educación superior, las nuevas tecnologías, y la movilidad internacional del talento humano, mientras aborda las barreras burocráticas y financieras que limitan el desarrollo de la docencia-servicio en el país.
Recomendaciones
La formulación de una Política Pública del Talento Humano en Salud debe partir de un proceso profundamente técnico, inclusivo y colaborativo, que permita integrar las múltiples perspectivas de los sectores académico, público y privado en todos los niveles de la educación terciaria. Es indispensable que esta política refleje las necesidades reales del sistema de salud colombiano y cuente con el respaldo de los actores clave para garantizar su implementación efectiva. A continuación, presentamos recomendaciones propositivas para guiar esta discusión:
- Articulación entre formación y necesidades del sistema de salud
Incorporar un análisis detallado del déficit de especialidades médico-quirúrgicas y diseñar estrategias específicas para cerrarlo, incluyendo incentivos financieros, logísticos y educativos para los profesionales en formación. Ampliar la oferta de especialidades debe ser una prioridad, especialmente en regiones donde la falta de especialistas limita la capacidad resolutiva del sistema.
- Ampliación de la perspectiva del talento humano
Reconocer y promover la importancia de los campos emergentes del talento humano en salud, como bioingenieros, analistas de datos en salud, expertos en inteligencia artificial aplicada, ingenieros sanitarios y gestores en innovación tecnológica. Estos perfiles son fundamentales para abordar los retos contemporáneos y deben ser incluidos como actores estratégicos en la política de talento humano.
- Fortalecimiento de la docencia-servicio y su financiamiento
Abordar las barreras estructurales relacionadas con la regulación de la docencia-servicio, incluyendo los costos asociados y los procesos burocráticos de aprobación de cupos. Es necesario establecer mecanismos de financiación sostenibles y ágiles que permitan a las universidades y a las instituciones prestadoras de servicios de salud cumplir con su rol en la formación de talento humano.
- Alineación con la educación superior y sus desafíos actuales
Considerar las dificultades del ICETEX y su impacto en el acceso a la educación superior, especialmente para estudiantes de áreas rurales y disciplinas de salud. La política debe incluir estrategias para mitigar estas barreras, reforzando el papel de las universidades privadas como actores clave en la formación de talento humano en salud.
- Estrategias para la atracción y retención de talento humano
Diseñar programas que promuevan el retorno del talento humano migrado y posicionen a Colombia como un destino atractivo para la formación de profesionales de otros países. Esto no solo aumentaría la disponibilidad local de talento, sino que también fortalecería el sistema educativo y la capacidad tecnológica del país.
- Innovación en la formación y reentrenamiento
Incorporar tecnologías digitales y estrategias innovadoras en los programas de formación y educación continua, adaptando al talento humano a un sistema de salud híbrido que combine atención presencial y virtual. Esto incluye el reentrenamiento en áreas como inteligencia artificial, medicina personalizada, biotecnología y analítica de datos, esenciales para la modernización del sistema.
- Estructura accesible y autocontenida del documento de política
Garantizar que la política sea un documento autocontenido, evitando referencias fragmentadas a anexos técnicos no disponibles. Una estructura clara y completa facilitará su análisis, comprensión y discusión por parte de los actores involucrados.
- Un enfoque colaborativo y multisectorial
Convocar un espacio de diálogo amplio, técnico y participativo que incluya a las universidades, colegios profesionales, asociaciones científicas, IPS, EPS, gobiernos locales y actores internacionales. Este enfoque permitirá construir una política representativa, con base en evidencia y adaptada a las necesidades de todos los actores del sistema.
- Plan de implementación con priorización de acciones urgentes
Establecer un plan de implementación escalonado que priorice acciones inmediatas para responder a la crisis actual, mientras desarrolla estrategias a largo plazo. Esto incluye garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de salud y el fortalecimiento institucional necesario para implementar la política.
- Monitoreo y evaluación participativa
Diseñar un sistema de monitoreo y evaluación continua, con indicadores claros y acceso a información pública. Este sistema debe incluir la participación activa de la academia y los actores del sector para asegurar que los avances sean medibles, transparentes y alineados con los objetivos propuestos.
A manera de conclusión, resaltamos que la construcción de una política de talento humano en salud debe ser un proceso participativo e integral, donde la colaboración entre los sectores público, privado y académico asegure una política que no solo sea técnicamente sólida, sino también ampliamente representativa. Estas recomendaciones buscan orientar un debate profundo y propositivo, generando una política que responda a los desafíos actuales y proyecte un futuro sostenible y equitativo para el sistema de salud colombiano.
Colombia necesita una política de talento humano que sea más que un marco teórico. Debe ser una herramienta real, respaldada por recursos concretos, estabilidad institucional y un compromiso firme con la transformación estructural que el sistema de salud demanda. Mientras no se resuelvan las urgencias inmediatas, esta política corre el riesgo de ser un ejercicio estéril, desconectado de las prioridades que el país necesita enfrentar hoy.
por INNOS | Nov 15, 2024 | Noticias
El proyecto radicado en la última semana de octubre tuvo ya su primer debate y votación de artículos en la comisión séptima de la Cámara de Representantes. La semana pasada se rechazó la ponencia negativa y con ello, comenzó la discusión del proyecto del gobierno que, hasta el martes 12 de noviembre, había aprobado 21 artículos de 58 que contiene la iniciativa.
La comisión ha aprobado en primera instancia algunos artículos que no tuvieron modificaciones ni proposiciones en la revisión y unificación de los proyectos de gobierno y partido Alianza Verde, que dieron como resultado este nuevo proyecto. Entre estos artículos aprobados se resalta la posibilidad de movilizar recursos de las Cajas de Compensación Familiar para pagar deudas de servicios de salud, cuando los han ofrecido estas entidades. De forma similar, se aprobó el traslado de recursos excedentes del SGP para pago de deudas de atención en salud a población pobre no afiliada y a personas migrantes que han sido atendidas sin afiliación. Así mismo se aprobaron los servicios complementarios en salud, que buscan atender transporte, hospedaje y servicios de cuidado.
Una de las críticas que se ha hecho a esta primera fase de discusión, es la votación de artículos en bloque, lo cual ha generado rechazo por parte de algunos representantes, quienes consideran que no se ha hecho el análisis requerido y que se ha impuesto su aprobación por la bancada que es afín al proyecto, con el apoyo del gobierno. Hasta el momento, los artículos aprobados son más de un tercio del articulado propuesto. Cómo se sabe desde el punto de vista técnico, votar de esta forma puede significar un desgaste de la democracia interna de los partidos, pues no se tiene en cuenta la voz y el voto de los miembros de las organizaciones políticas. Asimismo, puede desincentivar la colaboración y el intercambio de ideas entre partidos, pareciendo que el proceso legislativo sea menos incluyente. Ahora, para efectos de esta reforma puede existir un riesgo importante cuando se toman decisiones apresuradas, no solo afectando la calidad de la legislación, sino reviviendo el fantasma del impacto fiscal por el cual se archivó el primer intento de reforma.
En medio de las críticas a las intervenciones de las EPS que, de alguna manera, sirven como referencia para entender la forma como operará el sistema de salud, una vez aprobada la reforma, crecen las preocupaciones de algunos sectores por la concentración del poder y de la administración de los recursos en manos de entidades públicas, justamente por los riesgos de malversación que se hicieron evidentes recientemente. Una situación que evidenció INNOS hace un par de días cuando se analizó el texto en el cual se acumularon los proyectos de ley presentados por el gobierno y el Partido Verde, en el cual no se mantuvo la propuesta del Proyecto de Ley 135 (proyecto de ley Partido Verde) de dejar en manos de las EPS algunas funciones como aseguradoras.
De otra parte, se ha señalado que no se incorporaron cambios en cuanto al régimen laboral y salarial del talento humano en salud, que ha sido uno de los principales propósitos de la reforma y que estaba en la propuesta de la Alianza Verde.
El gobierno defiende que la aprobación de este primer grupo de artículos promueve la prestación de servicios sociales y complementarios para ampliar las condiciones de acceso a servicios de salud, en los casos en que las personas se deben desplazar a otros territorios para recibir atención especializada, por ejemplo. Al respecto, sobresale el artículo 37 que hace referencia al sistema de referencia y contrarreferencia. De igual manera se defiende que el gobierno, en especial el presidente, tendrá facultades para crear el régimen especial de los trabajadores de salud del sector público, sin incluir a quienes laboran en las entidades privadas, quienes son la mayoría de la fuerza laboral del sistema. Está decisión podría generar, por ejemplo, una centralización excesiva de parte del Ejecutivo, así cómo un impacto negativo en términos de sostenibilidad financiera, pues un régimen especial podría implicar mayores costos para el Estado.
Igualmente, en la discusión del martes no se profundizó sobre las implicaciones de abordar en bloque los artículos de los servicios complementarios, los créditos para que las IPS salden deudas, así cómo, el posible uso de los recursos clasificados como excedentes para el saneamiento financiero del sistema. Sobre este último punto, INNOS considera importante mencionar que, la Corte Constitucional ha abordado en algunas sentencias el uso de excedentes para garantizar el derecho a la salud, siempre que estos recursos se destinen de forma prioritaria a mejorar el sistema de salud, así cómo, favorecer las condiciones de sostenibilidad y transparencia. Valdría la pena recordar la Sentencia T-760 de 2008 con la cual se hace un llamado para llevar a cabo ajustes en el sistema de salud con el fin evitar crisis recurrentes y reiterar la obligación de garantizar una financiación adecuada y sostenible del sistema.
La discusión de la reforma se reanudó el miércoles 13 de noviembre, pero la sesión se tornó tensa y fue suspendida sin avances en artículos importantes como aquellos que abordan el modelo basado en APS, el aseguramiento social y la identificación única del talento humano. Ese mismo día, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC) emitió un comunicado en el que cuestiona el proyecto de ley y su discusión, señalando que lo aprobado hasta ahora no representa un avance real en las condiciones laborales del sector. La ACSC advirtió que el proyecto no aborda problemas medulares como la precarización y la vulneración de derechos de los trabajadores de la salud, manteniendo así las condiciones laborales injustas.
El debate deberá continuar en las próximas sesiones de la comisión, y es fundamental que se escuchen las voces de todos los actores involucrados para lograr acuerdos que fortalezcan el sistema. Alcanzar consensos es esencial para construir un modelo de salud que responda a las necesidades actuales del país y garantice el derecho a la salud de manera sostenible y equitativa.
