por INNOS | Feb 13, 2025 | Noticias
En lo que podría considerarse una nueva derrota para el gobierno, su convocatoria a sesiones extraordinarias entre el 11 y el 13 de febrero, que buscaba avanzar rápidamente en la aprobación del proyecto de Ley 312 de 2024; no fue acatada por la presidencia de la Cámara, para evitar un vicio de trámite. Lo anterior debido a que no se ha resuelto formalmente el nombramiento del nuevo ministro del interior, quien no cuenta aún con el acto administrativo que lo designa en este cargo, incluso en calidad de encargado. No se entiende cómo, en plena crisis ministerial y en ausencia del presidente, se hace esta convocatoria sobre el tiempo, para terminar en un intento fallido de aprobar el proyecto.
Este hecho es el más reciente de una secuencia que ha sumado, en pocas semanas, varias situaciones que continúan profundizado la crisis del sistema de salud y que tienen relación también con una crisis de gobernabilidad que el país está percibiendo cada vez con mayor intensidad. El domingo anterior el presidente de la República les pidió renuncia protocolaria a todos sus ministros, poco después de la discusión que se generó al interior del Consejo de ministros de la semana pasada. Allí mismo, hubo algunas renuncias de colaboradores cercanos, que anticipaban en cierta forma, la crisis ministerial que se consolidó hace solo unos días.
Fue evidente para el país que existen profundas discrepancias al interior del gobierno nacional y que, como lo advertimos desde INNOS, la situación crítica del sistema de salud ni siquiera entró en la agenda del ya reseñado Consejo. Esto hace pensar que tal problemática, no está dentro de las prioridades a resolver y que todo el esfuerzo se concentra en presionar la aprobación de la reforma en la Cámara, para llevarla luego a su debate en el Senado. Solo unos días antes habíamos advertido, sobre las consecuencias que pudo haber generado la crisis diplomática con Estados Unidos para toda la economía nacional y para la continuidad de los programas sociales, lo cual se ha venido agravando con las decisiones que se tomaron posteriormente y de forma unilateral, en cuanto al cierre de la agencia de cooperación USAID; de la cual Colombia recibe una cantidad considerable de ayuda, mucha de esta destinada a programas de salud pública.
Otro de los episodios previos, fue el Auto de la Corte Constitucional, que se pronunció de fondo con respecto a la insuficiencia de los presupuestos máximos y de la Unidad de Pago por Capitación (UPC); que son las fuentes principales de recursos para el pago de la atención en salud en todas las instituciones públicas y privadas del país. Lo que inicialmente se valoró como una decisión positiva y alentadora para comenzar a resolver la crisis actual, ha sido relegada a segundo plano por el ministerio, que decidió aplazar sus respuestas y tomar más tiempo del dispuesto por la Corte, para resolver las fallas encontradas y para comenzar a cumplir las ordenes que allí le impartió al gobierno.
Entretanto, el déficit en las cuentas del sistema de salud no se ha resuelto, aumentan las críticas al gobierno por la gestión de los recursos y los pacientes han expresado una vez más su descontento convocando a una manifestación masiva hace algunos días, para reclamar su derecho a la atención en salud de manera digna, oportuna e integral. Ya se había advertido el inconformismo generalizado por parte de la propia Supersalud, que en su informe anual mostró una elevación importante del número de quejas y reclamos entre 2023 y 2024.
Al observar todo este panorama de forma general, es inevitable preguntarse ¿cuáles son las estrategias del gobierno nacional frente a la crisis del sector salud?. No es claro para la mayoría de los actores del sistema, de qué forma se va a cerrar el vacío que ha provocado la insuficiencia en los recursos y los retrasos en los pagos, agravados durante los dos últimos años. La Corte alertó sobre esta situación y mostró que este es un problema acumulado por mucho tiempo, a la vez que le ordenó al gobierno resolver de fondo estas inconsistencias. Las acciones que debe ejecutar el gobierno no se han producido y el país continúa a la espera.
De otra parte, una discusión apresurada del proyecto de reforma 312 2024 Cámara, con el propósito de conseguir su aprobación urgente y sin el análisis y el debate que la magnitud de esta reforma exige; deja serios interrogantes sobre lo que espera lograr el gobierno y, sobre lo que sería posteriormente su discusión en el Senado. Recordemos que, aunque en Cámara el gobierno ha conseguido avanzar con sus proyectos, el balance de fuerzas en el Senado no es el mismo y se enfrenta a posibles derrotas legislativas, más aún si los proyectos no cuentan con el consenso necesario para su aceptación.
En INNOS hemos insistido en la necesidad de construir una reforma al sistema de salud que resuelva las problemáticas ya identificadas, a la vez que se protegen y se refuerzan los logros que se han conseguido durante los últimos años. Los avances en cobertura y protección financiera, por citar solo algunos, no pueden ponerse en riesgo y no puede el sistema de salud que atiende a más de 50 millones de ciudadanos, quedar atrapado dentro de la crisis política que hoy en día tiene el gobierno. Por ello, reiteramos el llamado al ministro, hoy encargado de funciones presidenciales, así como a todos los demás actores institucionales, para que se comprometan a atender de forma inmediata y eficaz las problemáticas actuales, al tiempo que se reorienta la reforma del sistema con una participación amplia y efectiva, que avance realmente en el acceso a la salud y en la sostenibilidad del sistema a largo plazo.
por INNOS | Jan 30, 2025 | Noticias
Transcurridas apenas dos semanas del nuevo año, se percibe en el sector salud del país un estado de crisis continuada que amenaza con empeorar con el paso de los días. Recibimos el año con un anuncio que ha dejado muchas inquietudes, por lo que muchos consideran un aumento a todas luces, insuficiente de la Unidad de Pago por Capitación para este año. Se han generado por cuenta del anuncio del gobierno, toda serie de reacciones en contra del porcentaje que se decretó para incrementar los recursos que se pagan por cada afiliado al sistema, con el fin de garantizar su acceso en condiciones óptimas de calidad, a los servicios de salud que requiera.
Recordemos que con la UPC se cubre la totalidad de los servicios que demanda la población durante todo el año, desde las acciones individuales de promoción de la salud y prevención de las enfermedades, hasta el tratamiento, rehabilitación y paliación de aquellas patologías que así lo requieran. Por ello, la posible desfinanciación del plan de beneficios (PBS) constituye un enorme problema de salud pública para todo el país, con consecuencias muy graves en términos de incremento de morbilidad, crecimiento de la carga de enfermedad e incluso, posibles aumentos de las tasas de mortalidad; en los casos en que se afecte el acceso oportuno y eficaz a medicamentos, insumos y tratamientos.
Desde el año pasado, diversos centros de pensamiento e investigación han advertido sobre la necesidad de que el gobierno adopte medidas urgentes para mitigar la crisis financiera del sistema de salud. En este contexto, el presupuesto del sistema inició con un déficit estimado en aproximadamente $9,2 billones, mientras que el ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) fue del 5,36 %, muy por debajo del 16,9 % requerido para cubrir los costos proyectados. Adicionalmente, las Entidades Promotoras de Salud (EPS) registraron pérdidas operativas acumuladas de $3,1 billones al cierre del tercer trimestre de 2024, siendo el régimen contributivo el principal factor de este déficit, con una participación del 64 %. Igualmente, El presupuesto máximo asignado para 2025 se establece en $502.000 millones, lo que representa una reducción significativa en comparación con los $2,3 billones ejecutados en 2024. Esta disminución supone un recorte del 78,2 %, lo que podría afectar la sostenibilidad financiera y la capacidad operativa del sistema en el corto y mediano plazo.
Así lo ha advertido la propia Superintendencia Nacional de Salud, que en un reporte publicado dos días atrás, ha alertado sobre un incremento de las quejas y reclamos de los usuarios por fallas en los procesos de atención en salud en el país. Las quejas aumentaron cerca de un 18% entre 2023 y 2024 (Tasa por 10.000 afiliados). Estos datos muestran que, en efecto, la percepción que los colombianos tienen sobre el desempeño del sistema de salud, está seriamente deteriorada, especialmente, porque han aumentado los casos de negación de citas médicas con especialistas, así como un incremento significativo de los tiempos de asignación de citas tanto de medicina general como de especialidades médicas y por una reducción palpable de la entrega de medicamentos, dispositivos médicos e insumos necesarios para el tratamiento de todo tipo de enfermedades, especialmente las crónicas y las raras.
Más allá de la discusión que se ha generado entorno al aumento de la UPC, los hechos recientes muestran que hay un deterioro real de la calidad de la atención en salud y que los mayores afectados son los pacientes y sus familias, que han tenido que asumir costos adicionales para proveer los medicamentos que no les son entregados, y con ello evitar un mayor deterioro en la condición clínica de sus allegados. Es el caso de los pacientes con enfermedades huérfanas, quienes no solo dependen de los recursos que el gobierno asigna mediante la UPC, sino que, además, han manifestado su preocupación por el descenso de los recursos de los presupuestos máximos, que justamente deben cubrir los gastos de la atención de estas patologías de baja frecuencia y alto impacto en la calidad de vida de pacientes y familiares. En 2024 fue permanente la denuncia del retraso en el giro de los presupuestos máximos por parte del gobierno, lo cual ha llevado a la pérdida de continuidad en los tratamientos y, en muchos casos, al abandono de estos por parte de los pacientes, según lo han reportado los grupos de expertos.
En este sentido se han expresado algunas asociaciones de pacientes e incluso, de profesionales de la salud, que han advertido sobre los efectos negativos que pueden derivarse de generar brechas de continuidad en la atención de patologías huérfanas y crónicas. De una parte, en el corto plazo, los pacientes podrían sufrir un deterioro de su situación personal que, de no ser resuelto adecuadamente, podría afectarles de forma irreversible. En el mediano y en el largo plazo, los pacientes que no reciben oportunamente su tratamiento quedan descompensados porque no acceden a los procedimientos y terapias que necesitan, lo cual va a producir, entre otros efectos, un aumento sobre los costos del sistema de salud y, lo que es más grave, un gran problema de salud pública para todo el país.
Son estos gremios los que han alertado reiteradamente sobre el deterioro generalizado en los procesos de atención, en la continuidad de los tratamientos y en la integralidad que requieren los pacientes con patologías más complejas. Según lo han expresado, no hay bases de datos confiables y accesibles que hagan posible acceder al diagnóstico temprano, a los medios diagnósticos más adecuados y a un seguimiento directo a los pacientes para que no queden aislados y cuenten con el apoyo médico y de salud mental que necesitan. Estas limitaciones se acentúan en los territorios periféricos de las grandes ciudades y en municipios y zonas dispersas.
Casos tan graves como la muerte en 2024 de dos pacientes en Bogotá, uno con enfermedad de Gaucher tipo 2 y otro con Epilepsia, debido a la falta de sus medicamentos; son un llamado de alerta y un recordatorio de que el acceso a medicamentos es un derecho fundamental. De igual manera, los pacientes trasplantados se encuentran en grave riesgo por el desabastecimiento y no entrega de medicamentos esenciales para mantenerse con vida.
Reconocemos la importancia del debate político y de la reflexión sobre los ajustes que el sistema requiere en cuanto a su diseño y su estructura. No obstante, es claro que no se podrá avanzar si no se cuenta con información confiable y oportuna sobre el desempeño y la sostenibilidad de todas y cada una de las instituciones que lo componen. Este es un llamado para que las autoridades, en cabeza del Ministerio de Salud y Protección Social y de la Superintendencia Nacional de Salud, hagan visibles los datos que están utilizando para tomar las decisiones que tienen efectos sobre todos los colombianos. Además, como se ha venido mencionando desde INNOS, es importante que los cálculos, por ejemplo, de la UPC se hagan de manera responsable, respondiendo no sólo a los factores propios del sistema de salud, sino también, de acuerdo con las características demográficas y epidemiológicas de la población colombiana, teniendo en cuenta, el envejecimiento progresivo de la población y efecto postpandemia que produjo el resurgimiento de enfermedades crónicas no trasmisibles. Es preocupante que sean las personas más vulnerables y con mayores necesidades en salud, quienes sufran de forma más rigurosa el impacto de la insuficiencia en los recursos y de las fallas administrativas que el sistema viene experimentando desde hace meses.
No es, por todo lo anterior, un panorama optimista el que se observa en este inicio del nuevo año. Ante una de las crisis más profundas que ha vivido el sistema de salud colombiano, se requieren respuestas eficaces y urgentes de parte del gobierno nacional, que reviertan la tendencia negativa de estos indicadores y que devuelvan la confianza de los actores, protegiendo de forma prioritaria a quienes más lo necesitan.
por INNOS | Dec 10, 2024 | Noticias
La situación financiera del sistema de salud colombiano continúa deteriorándose como consecuencia de fallas estructurales no resueltas y presiones emergentes. A los históricos problemas de deudas acumuladas y la falta de acuerdos entre el gobierno, las EPS y las IPS sobre los pasivos existentes, se suman decisiones gubernamentales recientes que han incrementado el déficit. Medidas relacionadas con el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y la asignación de Presupuestos Máximos (PM), en un contexto de incremento de los costos, han llevado al sistema a gastar más de lo que recibe.
Este panorama se da en un escenario marcado por un nuevo intento del gobierno de reformar el sistema de salud, después de que la primera propuesta fuera archivada por la comisión séptima del Senado en abril de 2024. Recientemente, se presentó un nuevo proyecto al Congreso que busca resolver las problemáticas del sistema, incluyendo las financieras. Sin embargo, varios analistas han señalado que las reformas propuestas no garantizan la solución de los problemas estructurales y, en algunos casos, podrían incluso agravarlos.
Desde INNOS, consideramos necesario aportar un análisis para enriquecer el debate. Es fundamental que los tomadores de decisiones y los actores clave cuenten con información suficiente que les permita orientar sus acciones hacia el beneficio colectivo. La sostenibilidad financiera no es solo un tema técnico; es un elemento fundamental de la equidad, la eficiencia y la calidad en la prestación de servicios. Cuando un sistema de salud no es sostenible financieramente, los más afectados son los usuarios y pacientes, quienes deben asumir mayores costos de su bolsillo o, en el peor de los casos, limitar el acceso a los servicios indispensables. Por ello, presentamos este análisis con el objetivo de contribuir a decisiones informadas que fortalezcan el sistema de salud y garanticen su sostenibilidad en el tiempo.
¿Cuál es la situación financiera del sistema de salud?
En primer lugar, es importante señalar que el sistema de salud colombiano enfrenta un déficit acumulado que amenaza la continuidad en la prestación de los servicios. Según un estudio realizado por ANIF y Afidro, entre 2022 y 2024 el sistema acumuló un desbalance de 19,7 billones de pesos, lo que representa un serio problema para garantizar la sostenibilidad del sistema y, por tanto, la adecuada prestación y acceso a los servicios de salud. Según ese mismo estudio, este panorama pone en especial riesgo a más de 15 millones de personas en situación de pobreza, quienes dependen directamente del régimen subsidiado para acceder a la atención. Esto, desde luego, supone un reto enorme en términos de equidad, la cual es considerada como uno de los principales logros del sistema en los últimos 30 años.
Una de las principales causas de este déficit es la subestimación de la UPC, que es el valor que el Gobierno colombiano paga a las EPS por la atención en salud de cada afiliado. Desde 2021, los aumentos decretados para la UPC han sido insuficientes para cubrir los costos reales de los servicios de salud. En 2024, por ejemplo, ésta debía incrementarse en un 15,6% para reflejar el aumento en los costos; sin embargo, el Gobierno solo autorizó un ajuste del 12%. Esta brecha genera un faltante de recursos para las EPS, limitando su capacidad de brindar una atención adecuada y aumentando, en consecuencia, las barreras de acceso a los servicios de salud.
Por supuesto, el déficit del sistema también está estrechamente relacionado con los problemas económicos de las EPS, cuyo patrimonio ha disminuido significativamente en los últimos años. En 2023, varias EPS, incluidas algunas de las más grandes del país, experimentaron una marcada reducción en su patrimonio debido al incremento de las deudas acumuladas y a la creciente presión por la demanda de servicios. Esta situación ha llevado al Gobierno a intervenir algunas EPS con serios problemas financieros, llegando incluso a casos de liquidación. Estas intervenciones generan un impacto significativo en el sistema, ya que los usuarios deben ser trasladados a otras EPS, lo que incrementa aún más la presión financiera sobre estas últimas. Además, la gestión ineficiente de los recursos por parte de algunas EPS ha agravado su situación económica, generando deudas acumuladas, problemas de liquidez y un deterioro patrimonial que repercute directamente en la calidad de la atención prestada. Esto genera incertidumbre, minando la confianza entre todos los actores involucrados.
Otro factor que ha afectado las finanzas es la insuficiencia de los PM, destinados a pagar la atención de enfermedades huérfanas y de alto costo, así como otros procedimientos y servicios no cargados a la UPC. Se estima que solo en 2024 hay un faltante de 1,9 billones de pesos, mientras que entre 2022 y 2024 el déficit acumulado asciende a 4,6 billones de pesos. Esta brecha limita el acceso a tratamientos esenciales para pacientes con enfermedades complejas, poniendo en riesgo su calidad de vida y, en muchos casos, su supervivencia.
De acuerdo con la revista Cambio, cerca de 90.000 pacientes con enfermedades huérfanas en Colombia enfrentan serias dificultades debido a la falta de financiamiento y al desabastecimiento de medicamentos. Organizaciones como Fecoer y Enhu, que agrupan a 73 asociaciones de pacientes, han expresado una profunda preocupación por la crisis que atraviesa el sistema de salud. Esta crisis se refleja en el desfinanciamiento, el desabastecimiento y los obstáculos crecientes para que los pacientes con enfermedades accedan a tratamientos. Al final, la falta de recursos ha generado escasez de medicamentos, cancelación de citas y aumento en los tiempos de espera para la atención médica.
Hay que tener en cuenta que esta situación se da en un contexto de aumento de la demanda de servicios de salud. El envejecimiento de la población y la mayor prevalencia de enfermedades crónicas provocan un incremento en la solicitud de atenciones en todos los niveles. Este aumento no ha sido acompañado por un incremento proporcional en los recursos del sistema, lo que ha generado presiones financieras adicionales. El estudio de ANIF menciona que la cobertura de la mayoría de los afiliados está a cargo de las EPS más grandes, que también son las que más usuarios reciben por traslados. Según el portal Sectorial, en 2023, la relación entre costos e ingresos en el aseguramiento arrojó una siniestralidad de 104,9% y, al analizar la siniestralidad combinada con los gastos, esta subió al 109,5% para todo el sistema. El comportamiento de la siniestralidad es una consecuencia de la insuficiencia de la Unidad del Pago de Capitación y de su pérdida de valor en términos reales.
¿Cuáles pueden ser las consecuencias de esta difícil situación?
Las dificultades financieras que enfrenta actualmente el sistema de salud pueden tener profundas repercusiones en la calidad y el acceso a los servicios. Además, el déficit ascendente podría desestabilizar el funcionamiento del sistema, afectando negativamente su organización y las capacidades desarrolladas por los diferentes actores en los últimos años. Si no se implementan medidas oportunas y específicas, las consecuencias podrían ser graves tanto para los pacientes como para los usuarios, minando la confianza en el sistema y ampliando las brechas de inequidad.
En primer lugar, la falta de recursos y la presión financiera sobre las instituciones prestadoras de servicios de salud pueden traducirse en un deterioro significativo de la calidad de atención. Esto se refleja, por ejemplo, en el aumento de la mortalidad hospitalaria, ya que la sobrecarga de trabajo y el cierre de servicios dificultan que los equipos médicos brinden una atención adecuada y oportuna. Asimismo, la reducción de la oferta de servicios limita la atención integral que los pacientes necesitan.
Por otro lado, el acceso a los servicios de salud también se ve gravemente afectado. Muchas personas, especialmente en zonas rurales y comunidades vulnerables, podrían quedar sin acceso a servicios esenciales debido al cierre de prestadores de baja y media complejidad. La disminución de la capacidad del sistema genera tiempos de espera más prolongados; un ejemplo de esto es el caso de Medimás, donde los tiempos de espera aumentaron en un 14,4 % tras su intervención. Adicionalmente, los pacientes enfrentan mayores costos relacionados con el traslado hacia lugares alejados para recibir atención médica, lo que incrementa los gastos y desincentiva la prevención de enfermedades. Esto último puede llevar al agravamiento de condiciones crónicas que requieren un manejo continuo para garantizar la salud y la calidad de vida de los pacientes.
Otro problema que puede surgir de esta crisis es la concentración del mercado. La salida de varios prestadores reduce la competencia, lo que facilita que las pocas instituciones restantes incrementen los costos de la atención, haciendo el sistema menos accesible. También se puede presentar un desabastecimiento generalizado de medicamentos esenciales. En este sentido, el Invima reportó el desabastecimiento de 13 medicamentos de alto costo y el riesgo de desabastecimiento de otros 9.
Finalmente, la crisis financiera está llevando a la cancelación de servicios neurálgicos, como cirugías, las cuales han aumentado un 30,7% en cancelaciones por falta de recursos en las instituciones prestadoras. Esta situación pone en peligro la vida de pacientes que necesitan intervenciones inmediatas. Además las continuas dificultades en el acceso y la incertidumbre, está llevando a muchos usuarios a contratar planes de medicina prepagada y seguros de salud, una situación que incrementa el gasto de bolsillo y genera incentivos en los prestadores que pueden terminar afectando el sistema financiado con recursos públicos.
¿Cuáles son los principales retos para el 2025?
En el 2025, el sistema de salud colombiano enfrenta el reto de garantizar su sostenibilidad financiera frente a un creciente déficit acumulado. Para abordar este desafío, es fundamental ajustar el cálculo de la UPC, de tal manera que refleje los costos reales de los servicios, así como la demanda creciente. Además, es necesario incorporar mecanismos de ajuste por riesgo que aseguren una distribución equitativa de los recursos. Paralelamente, se deben explorar nuevas fuentes de financiamiento y fortalecer las herramientas de información y auditoría para prevenir la corrupción y los malos manejos de los recursos públicos. En este sentido, mejorar la transparencia y desarrollar sistemas de información operativos permitirá a todos los actores del sistema monitorear su gestión de manera efectiva.
Sin embargo, inyectar más recursos no será suficiente si no se garantiza su uso eficiente e innovador. Esto requiere promover esquemas de pago basados en resultados, que incentiven un uso racional de los recursos. Asimismo, es indispensable mejorar la distribución del talento humano en salud para garantizar una atención oportuna y equitativa en todas las regiones del país. En el ámbito de los medicamentos, es deseable implementar estrategias para fortalecer la producción nacional, negociar precios más accesibles y establecer un sistema eficiente de monitoreo del abastecimiento.
Por último, tal como lo han señalado diversos analistas, es prioritario fortalecer las estrategias de atención primaria. Estas estrategias pueden contribuir con la reducción de la demanda de servicios de alta complejidad y permitir la detección temprana de enfermedades, lo que facilita intervenciones oportunas y más costo-efectivas. Estas acciones deben complementarse con modelos de financiamiento innovadores que involucren a todos los actores del sistema, alineando sus intereses mediante incentivos adecuados y promoviendo la generación de valor compartido.
Solo a través de una estrategia integral, que combine sostenibilidad financiera, eficiencia en el uso de recursos y fortalecimiento de la atención primaria, será posible enfrentar los desafíos actuales y construir un sistema de salud más sólido, equitativo y sostenible para todos los colombianos.
por INNOS | Nov 21, 2024 | Noticias
Actualmente, en el Congreso de la República se discute el Proyecto de Acto Legislativo 018, que busca reformar la Constitución en lo referente al Sistema General de Participaciones (SGP). Este análisis normativo tiene como objetivo aclarar los puntos principales de esta reforma y destacar algunas de las implicaciones para el sector salud, uno de los más sensibles a los cambios en la estructura del SGP y que podría verse impactado por esta iniciativa.
La reforma al SGP, liderada por el partido En Marcha y apoyada por organizaciones como la Federación Nacional de Departamentos y Asocapitales, busca fortalecer la autonomía de los municipios, distritos y departamentos mediante el aumento gradual de las transferencias de ingresos corrientes de la Nación (ICN) del 20% al 46,5% para el año 2034. Este Proyecto de Acto Legislativo pretende equilibrar el centralismo con una mayor responsabilidad fiscal y administrativa de las regiones, garantizando que los recursos adicionales se acompañen de una redistribución de competencias y funciones.
En los últimos días, y tras varios debates, se lograron algunos acuerdos para avanzar en la aprobación de la iniciativa. Según el senador Ariel Ávila, ponente del proyecto, se redujo el porcentaje de las transferencias a las entidades territoriales del 46,5% al 39,5%, y se amplió el plazo de transición de 10 a 12 años. Además, se estableció que la reforma no entrará en vigor hasta que el Congreso apruebe una ley de competencias, lo que asegura que las regiones asuman las nuevas responsabilidades de manera ordenada. También se pactaron ajustes en salud y educación para cerrar brechas en las regiones más vulnerables, y se estableció un límite de seis meses para que el Gobierno presente dicha ley al Congreso.
El SGP, creado por la Constitución de 1991, agrupa los recursos que la Nación transfiere a las entidades territoriales según lo dispuesto en los artículos 356 y 357 (modificados posteriormente por los Actos Legislativos 01 de 2001 y 04 de 2007). Estos recursos están destinados a sectores prioritarios como educación, salud, agua potable y saneamiento básico, entre otros servicios esenciales. Su distribución es regulada por normas como las Leyes 715 de 2001 y 1176 de 2007.
En términos generales, el 96% de los recursos del SGP se asigna a sectores específicos: educación (58,5%), salud (24,5%), agua potable (5,4%) y propósitos generales (11,6%). Este último porcentaje incluye actividades como servicios públicos, infraestructura, medio ambiente, deporte y seguridad, entre otras. Dentro del sector salud, los recursos se dividen principalmente en tres componentes: financiación del régimen subsidiado (87%), prestación de servicios de salud (3%) y salud pública (10%).
La estructura del SGP ha sido ajustada a lo largo de los años mediante diferentes normas. En 2007, la Ley 1122 introdujo modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, enfocándose en mejorar la prestación de servicios y en fortalecer la promoción y prevención en salud pública. Más tarde, en 2011, la Ley 1438 buscó garantizar la cobertura universal del aseguramiento en salud y reforzó los controles sobre el uso de los recursos destinados a este sector. En 2020, durante la emergencia sanitaria por COVID-19, el Decreto 800 permitió una reorientación temporal de los recursos del SGP para atender las necesidades inmediatas de la pandemia, como la compra de insumos médicos y la implementación de medidas preventivas.
Una cuestión fundamental en la reforma del SGP es la relación entre las competencias de las entidades territoriales y los recursos asignados. Desde la Ley 715 de 2001, se definieron las responsabilidades municipales, distritales y departamentales en áreas como la dirección del sector salud, la prestación de servicios, la salud pública y el aseguramiento de la población. Sin embargo, estas competencias han sufrido modificaciones con el tiempo y requieren ser revisadas para garantizar una gestión más eficiente que esté alineada con las demandas actuales del sistema.
El Proyecto de Acto Legislativo 018 plantea varios desafíos en términos de sostenibilidad fiscal. Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, advirtió que un aumento del 65% en las transferencias del SGP significaría $60 billones adicionales por año, un monto superior al presupuesto de inversión para 2025, que es de $44 billones. En un debate de control político en la Comisión IV Constitucional del Senado, Mejía señaló que incluso eliminando por completo la inversión del Gobierno nacional, no sería posible financiar un aumento de esta magnitud.
Aunque reconoció la importancia de fortalecer la autonomía de las entidades territoriales, Mejía sugirió ajustar el proyecto para que la participación del SGP en los ingresos corrientes aumente al 30%, en vez del 46,5% propuesto inicialmente. “Este porcentaje supera el promedio histórico del periodo 2000-2019 y se sitúa 10 puntos por encima de lo observado en 2023”, destacó el director de Fedesarrollo.
Más allá de la cantidad de dinero que se destine a un sector específico o a una intervención determinada, es fundamental que se aclaren las competencias de departamentos, distritos y municipios en cuanto a esos sectores, aclarando dudas sobre lo que deben y pueden hacer las entidades territoriales y, de otra parte, definir con absoluta claridad los mecanismos de control del uso de esos recursos. Esta es una de las mayores preocupaciones que conlleva un incremento de las trasferencias económicas a los alcaldes y gobernadores.
El acto legislativo, de aprobarse, tendrá que ser acompañado de leyes que aclaren con total precisión y con criterios técnicos, los usos apropiados de los recursos, los procesos de monitoreo, vigilancia y control que se aplicarán para evitar su desvío y la eficiencia en su utilización, de forma tal que haya transparencia y no se repitan experiencias pasadas de corrupción con los dineros de la salud y de los demás sectores que requieren inversiones permanentes.
A pesar de la gran trascendencia que tiene este proyecto de Acto Legislativo, el concepto emitido por el ministerio de salud, no profundiza en los aspectos de fondo del proyecto, que implican los que previamente se han mencionado en este análisis, como las competencias, destinación, vigilancia y control, y la relación con otras fuentes de financiación del sector, como las que están incluidas en el Sistema de Salud actualmente (régimen contributivo, promoción y prevención, SOAT) al igual que las nuevas que se han propuesto en los proyectos de reforma.
Garantizar la continuidad de los recursos, establecer una correlación efectiva entre competencias y responsabilidades, y reforzar los mecanismos de vigilancia son prioridades que deben ser atendidas para que esta reforma sea una solución y no un agravante para los problemas que actualmente tiene el sistema de salud. En un contexto de crisis, resulta necesario incrementar los recursos y gestionar su uso de manera eficiente y transparente para evitar que se conviertan en oportunidades para la corrupción presente en el sistema.
Referencias
por INNOS | Nov 15, 2024 | Noticias
El proyecto radicado en la última semana de octubre tuvo ya su primer debate y votación de artículos en la comisión séptima de la Cámara de Representantes. La semana pasada se rechazó la ponencia negativa y con ello, comenzó la discusión del proyecto del gobierno que, hasta el martes 12 de noviembre, había aprobado 21 artículos de 58 que contiene la iniciativa.
La comisión ha aprobado en primera instancia algunos artículos que no tuvieron modificaciones ni proposiciones en la revisión y unificación de los proyectos de gobierno y partido Alianza Verde, que dieron como resultado este nuevo proyecto. Entre estos artículos aprobados se resalta la posibilidad de movilizar recursos de las Cajas de Compensación Familiar para pagar deudas de servicios de salud, cuando los han ofrecido estas entidades. De forma similar, se aprobó el traslado de recursos excedentes del SGP para pago de deudas de atención en salud a población pobre no afiliada y a personas migrantes que han sido atendidas sin afiliación. Así mismo se aprobaron los servicios complementarios en salud, que buscan atender transporte, hospedaje y servicios de cuidado.
Una de las críticas que se ha hecho a esta primera fase de discusión, es la votación de artículos en bloque, lo cual ha generado rechazo por parte de algunos representantes, quienes consideran que no se ha hecho el análisis requerido y que se ha impuesto su aprobación por la bancada que es afín al proyecto, con el apoyo del gobierno. Hasta el momento, los artículos aprobados son más de un tercio del articulado propuesto. Cómo se sabe desde el punto de vista técnico, votar de esta forma puede significar un desgaste de la democracia interna de los partidos, pues no se tiene en cuenta la voz y el voto de los miembros de las organizaciones políticas. Asimismo, puede desincentivar la colaboración y el intercambio de ideas entre partidos, pareciendo que el proceso legislativo sea menos incluyente. Ahora, para efectos de esta reforma puede existir un riesgo importante cuando se toman decisiones apresuradas, no solo afectando la calidad de la legislación, sino reviviendo el fantasma del impacto fiscal por el cual se archivó el primer intento de reforma.
En medio de las críticas a las intervenciones de las EPS que, de alguna manera, sirven como referencia para entender la forma como operará el sistema de salud, una vez aprobada la reforma, crecen las preocupaciones de algunos sectores por la concentración del poder y de la administración de los recursos en manos de entidades públicas, justamente por los riesgos de malversación que se hicieron evidentes recientemente. Una situación que evidenció INNOS hace un par de días cuando se analizó el texto en el cual se acumularon los proyectos de ley presentados por el gobierno y el Partido Verde, en el cual no se mantuvo la propuesta del Proyecto de Ley 135 (proyecto de ley Partido Verde) de dejar en manos de las EPS algunas funciones como aseguradoras.
De otra parte, se ha señalado que no se incorporaron cambios en cuanto al régimen laboral y salarial del talento humano en salud, que ha sido uno de los principales propósitos de la reforma y que estaba en la propuesta de la Alianza Verde.
El gobierno defiende que la aprobación de este primer grupo de artículos promueve la prestación de servicios sociales y complementarios para ampliar las condiciones de acceso a servicios de salud, en los casos en que las personas se deben desplazar a otros territorios para recibir atención especializada, por ejemplo. Al respecto, sobresale el artículo 37 que hace referencia al sistema de referencia y contrarreferencia. De igual manera se defiende que el gobierno, en especial el presidente, tendrá facultades para crear el régimen especial de los trabajadores de salud del sector público, sin incluir a quienes laboran en las entidades privadas, quienes son la mayoría de la fuerza laboral del sistema. Está decisión podría generar, por ejemplo, una centralización excesiva de parte del Ejecutivo, así cómo un impacto negativo en términos de sostenibilidad financiera, pues un régimen especial podría implicar mayores costos para el Estado.
Igualmente, en la discusión del martes no se profundizó sobre las implicaciones de abordar en bloque los artículos de los servicios complementarios, los créditos para que las IPS salden deudas, así cómo, el posible uso de los recursos clasificados como excedentes para el saneamiento financiero del sistema. Sobre este último punto, INNOS considera importante mencionar que, la Corte Constitucional ha abordado en algunas sentencias el uso de excedentes para garantizar el derecho a la salud, siempre que estos recursos se destinen de forma prioritaria a mejorar el sistema de salud, así cómo, favorecer las condiciones de sostenibilidad y transparencia. Valdría la pena recordar la Sentencia T-760 de 2008 con la cual se hace un llamado para llevar a cabo ajustes en el sistema de salud con el fin evitar crisis recurrentes y reiterar la obligación de garantizar una financiación adecuada y sostenible del sistema.
La discusión de la reforma se reanudó el miércoles 13 de noviembre, pero la sesión se tornó tensa y fue suspendida sin avances en artículos importantes como aquellos que abordan el modelo basado en APS, el aseguramiento social y la identificación única del talento humano. Ese mismo día, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC) emitió un comunicado en el que cuestiona el proyecto de ley y su discusión, señalando que lo aprobado hasta ahora no representa un avance real en las condiciones laborales del sector. La ACSC advirtió que el proyecto no aborda problemas medulares como la precarización y la vulneración de derechos de los trabajadores de la salud, manteniendo así las condiciones laborales injustas.
El debate deberá continuar en las próximas sesiones de la comisión, y es fundamental que se escuchen las voces de todos los actores involucrados para lograr acuerdos que fortalezcan el sistema. Alcanzar consensos es esencial para construir un modelo de salud que responda a las necesidades actuales del país y garantice el derecho a la salud de manera sostenible y equitativa.
