Salud Pública en el Contexto del VIH/SIDA en Colombia: Alerta Epidemiológica ante la Interrupción de Servicios de la Principal IPS Especializada
JOSE VLADIMIR GUZMAN RIVERA
Candidato a Doctor en Salud Pública, Magister en Epidemiología, Especialista en Gerencia en Salud Ocupacional, Enfermero
El análisis del comportamiento histórico del VIH y de su evolución en Colombia permite dimensionar la magnitud de los retos actuales. Desde 1981, cuando surgieron los primeros casos de inmunodeficiencia en Estados Unidos, hasta hoy, el mundo ha sido testigo de avances científicos y transformaciones sustanciales en los sistemas de salud. Lo que inicio como una enfermedad asociada a alta mortalidad, estigma y desconocimiento, se convirtió progresivamente en una condición crónica manejable gracias al desarrollo del tratamiento antirretroviral en 1987 y, de manera decisiva, con la llegada de la terapia antirretroviral de gran actividad en 1996. Esta transformación constituye uno de los logros más significativos de la medicina moderna.
En Colombia, según el Instituto Nacional de Salud, durante 2024 se notificaron 19.344 casos de personas que viven con VIH (PVV) confirmados por laboratorio, una reducción del 2,5 % frente a los 19.833 registrados en 2023. Sin embargo, esta tendencia no es similar en el territorio nacional: ciudades como Neiva, Cúcuta, Pereira, Ibagué, Valledupar, Bucaramanga y Medellín reportaron incrementos en las notificaciones respecto al año anterior. De acuerdo con estimaciones de ONUSIDA y el Ministerio de Salud, en el país viven alrededor de 185.954 personas con VIH, de las cuales cerca del 70 % conocen su diagnóstico, el 64 % reciben tratamiento antirretroviral y aproximadamente el 57 % logran supresión viral. Aunque estos indicadores reflejan avances, evidencian también una brecha considerable frente a la meta internacional 95-95-95 para 2030. El cual busca que, para esa fecha, el 95% de las personas que viven con el VIH conozcan su estado serológico, el 95% de ellas reciban terapia antirretroviral, y el 95% de las que reciben tratamiento tengan supresión viral.
Los avances terapéuticos han sido determinantes: actualmente existen medicamentos con menor toxicidad y esquemas que facilitan la adherencia y mejoran la calidad de vida. Asimismo, la evidencia científica ha demostrado que una persona con carga viral indetectable no transmite el virus, lo que representa un hito para la reducción del estigma y la prevención. Sin embargo, estos logros dependen de un elemento esencial: la continuidad, oportunidad y calidad de la atención en salud. La interrupción del tratamiento, incluso por lapsos breves, puede revertir años de control clínico y comprometer la salud individual y colectiva.
En este contexto, preocupa de manera particular la posible suspensión de los servicios que la IPS SIES Salud presta a los afiliados de Nueva EPS. La atención especializada para personas que viven con VIH/SIDA no puede ser reemplazada de forma inmediata ni en condiciones equivalentes, y su interrupción implica riesgos clínicos severos: aumento de la carga viral, aparición de resistencias, progresión a SIDA y mayor mortalidad. En pacientes con supresión viral, la suspensión del tratamiento compromete la estabilidad lograda; en quienes inician proceso terapéutico, afecta la etapa crítica de adherencia.
Estas interrupciones también deterioran la confianza en el sistema de salud, incrementan la ansiedad de los pacientes y profundizan las barreras de acceso, especialmente en poblaciones vulnerables. Desde la perspectiva epidemiológica, las consecuencias son aún más graves: el aumento de la carga viral en los pacientes que viven con VIH eleva el riesgo de transmisión y amenaza con hacer retroceder los avances alcanzados durante más de dos décadas. La literatura internacional señala que la discontinuidad del tratamiento antirretroviral, incluso por pocas semanas, puede incrementar la transmisión entre un 12 % y 15 % en escenarios urbanos de alta prevalencia.
Para el sistema de salud colombiano, la eventual salida de un prestador especializado como SIES Salud generaría una sobrecarga para otras instituciones, afectaría la cadena de suministro de medicamentos y obligaría a un proceso complejo de reasignación de miles de pacientes. Esto suele traducirse en retrasos, pérdida de seguimiento clínico y deterioro de la calidad de la atención. En este marco, la continuidad del tratamiento antirretroviral es un derecho fundamental protegido por el artículo 49 de la Constitución Política, además la Ley Estatutaria 1751 de 2015, regula este derecho, estableciendo que la salud es un derecho fundamental autónomo y que los servicios deben ser garantizados con oportunidad, continuidad, eficacia y calidad.
La experiencia internacional demuestra que los sistemas de salud que han hecho avances sostenidos frente al VIH se caracterizan por modelos de atención integrados, estables y centrados en la persona. Mientras países como Brasil y Argentina operan con provisiones estatales robustas, Colombia continúa dependiendo de modelos fragmentados y de prestadores privados cuya capacidad técnica y financiera es variable. En este escenario, una eventual interrupción de los servicios de SIES Salud no constituiría una reestructuración administrativa, sino un evento de alto impacto clínico y epidemiológico con riesgo de aumentar la morbilidad, la mortalidad, la transmisión del virus y el retroceso en indicadores de salud pública.
El país no puede permitir retrocesos epidemiológicos evitables ni interrupciones en la atención de una condición que requiere continuidad absoluta. Es por esto que desde la academia hacemos un llamado urgente a los tomadores de decisiones del país para que se adopten las medidas necesarias que eviten la interrupción de los servicios prestados por SIES Salud, una situación que podría desencadenar una crisis mayor en el sistema de salud dada la eventual suspensión de una red de atención especializada. Es indispensable fortalecer las políticas públicas, consolidar modelos de atención estables y garantizar que los avances terapéuticos construidos durante cuatro décadas no se vean comprometidos por fallas administrativas o estructurales. En un país donde miles de personas dependen diariamente de la continuidad de su tratamiento.
