El impacto fiscal y otras incognitas de la reforma a la salud

El impacto fiscal y otras incognitas de la reforma a la salud

En días pasados se describía en una nota de política la importancia de conocer el impacto fiscal de la reforma a la salud. En esa ocasión, se mencionó que le permitía a los congresistas tomar decisiones basadas en evidencia. El pasado 20 de marzo, el Ministerio de Hacienda presentó un concepto, en el que muestra los costos actualizados que tendría la reforma en caso de ser aprobada.

Ministro

Ministro de Hacienda de Colombia - Ricardo Bonilla

Con esta nota se busca describir el contenido del concepto emitido por el ministerio y hacer hincapié en algunas preguntas que surgen.

Contenido del concepto del Minhacienda

En el concepto emitido por el Ministerio de Hacienda el día de ayer, se menciona que la reforma a la salud le costará al país más de 143 billones de pesos durante los próximos nueve años. El primer año costaría 105 billones. También, señala que, el déficit iría disminuyendo anualmente, pasando de tres billones en 2025 a 872 mil millones en 2033. En total, el déficit estaría alrededor de los 15 billones de pesos.

Preguntas y cuestionamientos que surgen

En primer lugar, aunque en el concepto del Ministerio de Hacienda se señala que, los costos de la reforma son compatibles con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, da a entender que falta la aprobación del Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS) sobre ajustes en los gastos de funcionamiento e inversión que el gobierno en turno quiera hacer en otros rubros o áreas para financiar la reforma. No obstante, no hay claridad sobre aspectos específicos que implican costos adicionales como, los que se destinarán a capacitación del talento humano, incentivos a la contratación de profesionales, desarrollo e implementación del sistema integrado de información y otros incluidos en el proyecto.  Los ajustes mencionados en el concepto de Minhacienda  pueden significar recortes en otros sectores que aún no se han especificado. Por lo tanto, los recursos no serían suficientes y de ahí la importancia del déficit durante más de nueve años.

En segundo lugar, por un lado, hay costos que el concepto del Ministerios no tiene en cuenta, entre ellos el análisis de siniestralidad y la suficiencia de la UPC, que han sido seriamente cuestionadas durante los últimos meses. Por el otro, se sobrestiman algunos ingresos con los que no se cuenta hoy.

En tercer lugar, no está clara la financiación de los CAPS. La razón, hasta la fecha el Ministerio de Salud no ha definido el Plan Maestro de Infraestructura. En este sentido la duda está también en cómo aportarán estos Centros de Atención Primaria en Salud, a reducir los costos de operación del sistema de salud, lo cual ha sido reiterado por el gobierno durante el trámite de la reforma.

Llama la atención que ni en el proyecto de Ley ni en los documentos que ha publicado el Ministerio de Salud y Protección Social se hace alusión a la sostenibilidad de estos cambios en el largo plazo, ni a la posibilidad de fortalecer las fuentes de financiación del sistema de salud.

Conclusiones

Aunque el llamado al gobierno ha sido permanente, el concepto del Ministerio de Hacienda no resuelve las preguntas que se le han formulado al proyecto sobre su sostenibilidad ni los costos en los que deberá incurrir el país para su implementación.

No se han abordado aún los aspectos de fondo de los recursos del sistema, como los relacionados con la financiación del plan de beneficios mediante la UPC y las tendencias en el aumento del gasto por la siniestralidad y por las condiciones socio demográficas y epidemiológicas del país.

Hace falta mucha más información sobre el impacto que algunas intervenciones anunciadas podrán tener en las finanzas del sistema y cómo se resolverá el déficit que se abrirá en los primeros años posteriores a su aprobación.

La Corte Constitucional ordena al Gobierno cumplir “presupuestos máximos” para financiar servicios de salud

La Corte Constitucional ordena al Gobierno cumplir “presupuestos máximos” para financiar servicios de salud

En 2008, la Corte Constitucional emitió la Sentencia T-760. Esta Sentencia tuvo como objetivo, en su momento, analizar diferentes aspectos “Derecho a la Salud” con el fin de valorar las implicaciones que este tiene respecto a la garantía del goce universal equitativo y efectivo de este derecho.

A diferencia de otros pronunciamientos de la Corte, esta sentencia compiló situaciones en las cuales el derecho a la salud fue perjudicado. Los criterios para considerar estas situaciones fueron, por ejemplo, la negación en un procedimiento médico, la libertad de elección de la entidad encargada de prestar los servicios y los obstáculos que evitaron el acceso a ciertos médicos.

En ese entonces, la Corte hizo un llamado para que las entidades responsables corrigieran las diferentes fallas que presentaba el sistema de salud pública. En total para ese entonces, la corte acumuló alrededor de 22 acciones de tutela. En todas, los magistrados concluyeron que, cada uno de los casos tratados en ellas representaban violaciones originadas por problemas estructurales. De esta manera, la sentencia marcó un antes y un después para explicar las necesidades que debían solventarse en el sistema de salud. Algunos de los expedientes mencionados por la Sentencia son los siguientes:

  • Expediente T-1281247 (acceso de un menor a un servicio no incluido en el POS –implante coclear).
  • Expediente T-1310408 (acceso a un servicio de salud necesario para preservar la vida o la integridad personal no incluido en el POS, cuando no se tiene la capacidad económica para costearlo –Mamoplastia–).
  • Expediente T-1328235 (acceso a servicios de salud no incluidos en el POS –medicamentos para diabetes–, solicitud ante el Comité Técnico Científico).
  • Expediente T-1335279 (acceso a servicios de salud –exámenes diagnósticos– de persona vinculada al Sistema de salud).
  • Expediente T-1337845 (acceso a servicio de salud no incluido dentro del POSS – resonancia magnética de la columna)
  • Expediente T-1338650 (medios necesarios para que una persona vinculada acceda a un servicio de salud –trasplante de tráquea– en lugar distinto a su domicilio).

 

¿Quiénes interpusieron estas tutelas? Según la Corte Constitucional, 20 de las 22 tutelas interpuestas tuvieron como protagonistas usuarios del sistema, ciudadanos que consideraron que su derecho a la salud había sido vulnerado. Las dos restantes fueron interpuestas por Sanitas contra, por una parte, el consejo Superior de la Judicatura y, por la otra, del Ministerio de la Protección Social. La razón, Sanitas consideraba que ambas entidades no eran claras sobre las reglas de recobro por prestaciones no incluidas en el POS.

De esta manera, a medida que las tutelas eran interpuestas, la Corte decidió acumularlas por dos razones, la primera razón, lograr una muestra significativa sobre los diferentes tipos de problemas que se pueden presentar en el sistema de salud. En segundo lugar, la Corte buscó llevar a cabo un análisis profundo para entender los diferentes aspectos relacionados con el Derecho a la Salud. A través de este análisis la Corte evidenció tres tipos de problemas jurídicos, un problema en el cual las entidades encargadas de prestar los servicios de salud desconocen el derecho, porque el servicio no está incluido en el plan obligatorio o sencillamente, porque la persona no puede pagarlo. Un segundo problema, en el cual el la Corte reconoció que, en ocasiones, las entidades prestadoras de servicios no reconocen cuando un tratamiento o medicamente fue ordenado por un médico que no estaba adscrito a la entidad. El tercer problema jurídico es cuando las entidades niegan la prestación, porque la persona dejó de cotizar y ahora es desempleado.

Una vez analizados los tres problemas jurídicos mencionados con anterioridad, la Corte emitió 16 órdenes para que el Estado a través del sistema de salud no se constituyera en un obstáculo para la prestación de los servicios. Estas 16 órdenes quedaron compiladas en tres medidas: 1) medidas relacionadas con el plan de beneficios; 2) medidas con el derecho al recobro de servicios no POS; 3) medidas para la protección del derecho a la información en salud; carta de derechos y carta de desempeño.

En 2009, la Corte creó la Sala Especial de Seguimiento. Esta sala tiene como finalidad supervisar el cumplimiento de dicho fallo y desde su creación ha emitido un número importante de Autos, 16 Autos específicos y más de 100 Autos genéricos de seguimiento. Al respecto, el día primero de febrero de 2024 la Corte emitió el Auto 2881 de 2023. Este Auto ha centrado su atención en la suficiencia de los Presupuestos Máximos para la financiación de servicios y tecnologías en salud, excluidos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), específicamente, en garantizar si se esta haciendo lo suficiente en cuanto a fijación, reajuste y pagos de los presupuestos, ya que no hacerlo como establece la normatividad afecta a las EPS y a la liquidez del sistema.

De esta manera, la Corte responsabiliza a MinSalud y lo obliga a cumplir con una serie de condiciones, entre esas, dentro de los 45 días calendario siguientes a la comunicación de la providencia, cancele efectivamente los valores pendientes por concepto de reajustes a los presupuestos máximos reconocidos para la vigencia del año 2021, reconocer y pagar los valores pendientes por concepto de reajustes a los techos de la vigencia 2022. Igualmente, que MinSalud expida y notifique el acto administrativo de reconocimiento de los techos correspondientes a los meses octubre, noviembre y diciembre de 2023, así como, crear una metodología unificada de definición y reajuste de los Presupuestos Máximos y reajustes.

 

El gobierno deberá responder por el estado actual de 6 millones de vacunas

El gobierno deberá responder por el estado actual de 6 millones de vacunas

La Procuraduría General de la Nación le ha solicitado al Ministerio de Salud un reporte detallado del inventario actual de vacunas con que cuenta esa entidad, informando detalles como el laboratorio fabricante y la fecha de vencimiento de cada lote de vacunas.

Además de estos datos la PGN le pide al ministerio que informe los costos, presupuesto asignando y presupuesto aprobado para 2023 para la compra de vacunas contra Covid-19. El mismo ministerio de salud y protección social había informado que en su almacén tenía un inventario de más de 6 millones de vacunas de 3 laboratorios farmacéuticos, todas con fechas de vencimiento entre junio y noviembre de 2023.

El ministerio deberá informarle a la PGN cómo ha sido el proceso de distribución de estas vacunas por territorio y de igual forma, que precise cómo está el inventario para la vigencia 2024 y los planes de compra de nuevas vacunas.
Resultaría muy grave que, un gobierno que ha sustentado la reforma al sistema de salud en fortalecer las acciones preventivas y predictivas por encima de los tratamientos curativos deje vencer en sus bodegas un número tan grande de vacunas contra la más reciente pandemia. Esto se agudiza aún más si tenemos en cuenta que durante los meses de diciembre de 2023 y enero de 2024, se reportó por las autoridades de salud pública un incremento en el número de casos de Covid-19 en varias zonas del país.

Más allá del discurso de la prevención y de que se promuevan acciones para evitar que ocurran las enfermedades, hay que ejecutar las acciones de forma oportuna y hacerlo con base en una planificación organizada que utilice con transparencia el dinero público. En este caso, sería desastroso para la imagen del ministerio y para su credibilidad, que las autoridades competentes encuentren que hubo un detrimento patrimonial y que con ello, se puso en riesgo la salud de millones de personas que requieren esta vacuna.
Recordemos que un par de semanas atrás el mismo ministerio confirmó que se vencieron más de un millón de vacunas pediátricas contra Covid-19 que, según el comunicado, no fueron utilizadas por las entidades territoriales. El ministerio dice allí que 1’121.000 dosis de vacunas se entregaron a cada territorio y que la responsabilidad por no haberlas aplicado y por su vencimiento, recae en las secretarías de salud respectivas. En ese momento la cifra que se publicó de detrimento de recursos públicos fue de cerca de 18 millones de dólares.

Nuevamente preocupa no solo el mensaje contradictorio que esto le envía al país, cuando se defiende la prevención y se pierden vacunas que son una de las medidas más efectivas desarrolladas en salud pública, para evitar enfermedades tan graves como Covid-19.
Defender los recursos públicos y en especial los que se requieren para proteger la salud de las personas es un deber de todas las instituciones del Estado. Es inaceptable que ocurran estas situaciones y que no exista una responsabilidad política ni técnica clara para asumir la gestión con mayor sentido técnico y con mayor transparencia. El llamado al gobierno es a que le dedique el tiempo y el esfuerzo necesarios a la salud pública, que, como lo hemos advertido en otros análisis, se relegado a un segundo plano, como consecuencia del énfasis del ministerio en la defensa del proyecto de reforma al sistema de salud.

¿Cómo inicia el año para el sistema de salud colombiano?

¿Cómo inicia el año para el sistema de salud colombiano?

El pasado 25 de enero de 2024, realizamos el primer evento virtual del año para conversar sobre el panorama de las discusiones que avanzan en torno a la Reforma a la Salud y, en un sentido amplio, sobre el devenir del Sistema en los próximos meses. El panel de expertos estuvo compuesto por representantes de pacientes, EPS y voces académicas del sector.

La reforma a la salud espera su tercer debate en el Congreso; esta vez, iniciará en la Comisión del Senado y, de ser aprobada, será debatida en plenaria. El panorama parece alentador para el Gobierno, pues todo indica que cuenta con los números necesarios para que avance su proceso legislativo. Todo esto, en paralelo con las últimas y preocupantes noticias para el sector:

– Vencimiento de un millón de vacunas, denunció el Representante a la Cámara Andrés Forero.
– Desde diciembre, el INS ha reportado un aumento de casos de la nueva variante de Covid-19, asociado también a un incremento de casos de otros virus respiratorios.
– Interinidad continua en el INVIMA. Sigue sin haber cabeza en la institución.
– ACEMI alerta nuevamente sobre insuficiencia de la UPC y del incremento para 2024.

Por su parte, el Ministro de Salud continúa realizando temerarias declaraciones. En medio de un debate en la Comisión Primera del Senado de la República que tuvo lugar el pasado 28 de noviembre, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, manifestó que “todos los colombianos que están vacunados sirvieron para el más grande experimento que se haya hecho en toda la historia de la humanidad”. Estas declaraciones han causado gran malestar entre aquellos que han investigado de cerca la seguridad y eficacia de las vacunas. De hecho, muchos científicos y organizaciones no se quedaron callados y manifestaron su inconformidad frente a estas declaraciones que ponen en duda la seguridad de las vacunas contra el COVID-19.

La ACIN, la Asociación Colombiana de Inmunología, la Sociedad Colombiana de Pediatría, la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología ACHO, la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica, etc., rechazan de plano lo dicho por el [ministro Jaramillo](https://www.minsalud.gov.co/Portada2021/index.html): “Como asociaciones científicas de Colombia e involucradas en la prevención y tratamiento de pacientes, rechazamos enfáticamente el concepto de que los colombianos que se vacunaron contra el Covid-19 fueron parte de un experimento”.

La Asociación de Epidemiología de Colombia ASOCEPIC manifiesta “total desacuerdo con las afirmaciones hechas por el señor ministro de salud Guillermo Alfonso Jaramillo respecto a las vacunas usadas en el plan nacional de vacunación contra la Covid-19. Estas afirmaciones son contrarias a la evidencia científica, desinforman y menoscaban la confianza de la ciudadanía en la vacunación. Consideramos que afirmaciones como estas, por parte del señor ministro de salud, van en contra de la responsabilidad y conocimiento que conlleva su cargo”.

En las últimas semanas, el Gobierno Nacional empezó a realizar movimientos de alistamiento hacia la implementación de la eventual reforma, incluyendo el anuncio por parte del MinInterior sobre la construcción de Centros de Atención Primaria (CAPS), la asignación de recursos para equipos territoriales o la declaración de emergencia en La Guajira.

Durante el webinar, Denis Honorio, vocero de las asociaciones de pacientes, expresó su inquietud por la falta de participación de la sociedad civil en la construcción de soluciones para el sistema de salud. Honorio enfatizó la importancia de colocar a los pacientes en el centro del sistema y abogó por una mayor transparencia y participación de todos los actores involucrados. Su perspectiva puso de manifiesto la necesidad de abordar las preocupaciones y necesidades de los pacientes de manera más efectiva en la toma de decisiones relacionadas con la salud.

Por otro lado, Mario Cruz, de ACEMI, abordó la situación actual de los servicios de salud, señalando los costos elevados, los problemas de financiación y la necesidad de una gestión tecnológica más eficiente. Cruz hizo hincapié en la importancia de la equidad y la capacidad de transformación del sistema para asegurar la accesibilidad y calidad de los servicios. Sus aportes resaltaron la urgencia de mejorar la eficiencia y la sostenibilidad financiera del sistema de salud.

Los participantes se involucraron activamente en discusiones sobre diversos escenarios futuros, desde la posible aprobación de la reforma en el Senado hasta las implicaciones de las elecciones regionales. Se subrayó la importancia de una reforma participativa que refleje las necesidades y preocupaciones de la población. Además, se llamó la atención sobre las posibles consecuencias económicas y sociales que podrían surgir a raíz de la implementación de cambios en el sistema de salud.

Sin embargo, se señaló que existe una brecha significativa entre la teoría y la práctica, ya que las invitaciones a participar a menudo se extienden a personas con opiniones similares. Los pacientes, a pesar de insistir y desear hacer aportes, sienten que no son escuchados, y la fase del ministro de salud ha sido caracterizada por acusaciones y maltrato hacia los actores del sistema. Esta falta de diálogo y el matoneo político en la conversación han llevado a que los actores se sientan reticentes a manifestarse y comunicar sus preocupaciones.

Para ver todo el webinar completo: https://www.youtube.com/live/Ly6hTdb36VA?si=FRVzNRO2Lox-4URL

Convocatoria abierta: Latam Health Champions 2025

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