por INNOS | Jul 30, 2024 | Noticias
Durante el periodo legislativo 2023-24, se discutieron y debatieron múltiples proyectos de ley enfocados en la reforma del sistema de salud en Colombia. Desde el inicio de su mandato, el presidente Gustavo Petro ha impulsado una agenda ambiciosa para transformar los sectores sociales fundamentales del país, con especial atención en la salud pública. Sin embargo, la implementación de estas reformas ha enfrentado varios desafíos, incluyendo la fragilidad de la coalición gubernamental y diversos escándalos que han afectado la favorabilidad del presidente.
Análisis Legislativo
En esta legislatura, se presentaron aproximadamente 61 proyectos de ley relacionados con temas de seguridad social y salud. De estos, un 85.2% correspondieron a proyectos de ley ordinaria, un 8.2% a proyectos de acto legislativo, y un 6.6% a proyectos de ley estatutaria. La mayoría de las iniciativas se enfocaron en ajustar y mejorar el marco legislativo existente, abordando áreas como salud mental, salud menstrual y discapacidad.
Aunque algunos proyectos importantes, como la reforma a la salud, fueron archivados durante el proceso legislativo, se lograron avances significativos en otros frentes. La aprobación de la reforma pensional y los primeros debates de la reforma laboral ilustran un panorama legislativo de disenso conciliador, con un “estancamiento moderado” similar al observado en la pasada legislatura.
Contexto y Balance Legislativo
El presidente Gustavo Petro asumió la meta de implementar reformas políticas destinadas a transformar los principales sectores sociales del país. Sin embargo, la fragilidad y la inconsistencia de la coalición gubernamental se hicieron evidentes con el hundimiento de la reforma a la salud. A esto se sumaron escándalos que deterioraron la imagen del presidente y una fallida negociación con los partidos, lo que llevó al gobierno a buscar acuerdos individuales con congresistas de partidos tradicionales.
Desempeño Legislativo en Seguridad Social y Salud
De los 61 proyectos de ley relacionados con seguridad social y salud, el 85.2% correspondieron a proyectos de ley ordinaria, el 8.2% a proyectos de acto legislativo, y el 6.6% a proyectos de ley estatutaria. Las iniciativas en esta área buscaron principalmente realizar modificaciones y mejoras dentro del marco legislativo existente. El 22.9% de estos proyectos fueron archivados debido a problemas de tránsito legislativo, mientras que otros fueron retirados por sus autores o archivados durante el debate.
Reformas y Retos
En la tercera legislatura que comenzó el 20 de julio, el gobierno enfrenta varios retos, incluyendo la reforma laboral, la presentación de un nuevo proyecto de reforma a la salud y la no muy clara Asamblea Nacional Constituyente. Además, el Congreso tendrá que avanzar en varias iniciativas legislativas clave.
Balance Judicial
Entre julio y diciembre de 2023, se interpusieron 412,117 tutelas, de las cuales el 26.2% correspondieron a servicios relacionados con la salud. Las principales reclamaciones se centraron en la práctica oportuna de procedimientos médicos, la asignación de citas médicas, la entrega oportuna de medicamentos y la prestación de un tratamiento integral. Estos datos reflejan las principales áreas de insatisfacción entre los pacientes.
Acciones del Gobierno
En abril de 2024, la reforma de la salud fue archivada, mientras que el gobierno intervenía dos de las EPS más grandes del país. Además, el gobierno emitió nueve decretos y publicó alrededor de 73 resoluciones relacionadas con el funcionamiento del sistema de salud.
Para una visión más detallada de estos temas y otros aspectos del desempeño legislativo en el sector salud durante el periodo 2023-24, te invitamos a leer el informe completo de nuestro equipo de pensadores:
Descarga aquí el Balance en salud del sistema político colombiano
Autora: María Margarita Martínez Garbiras
por INNOS | Jun 24, 2024 | Noticias
El sistema de salud colombiano continúa enfrentando una crisis que, lejos de resolverse, parece profundizarse cada vez más. Aunque esta situación puede explicarse por una combinación de problemas estructurales, un intento fallido de reforma, falta de consenso entre los actores del sector y decisiones administrativas, sus efectos están comenzando a afectar la atención de los usuarios y la continuidad del tratamiento de los pacientes. A pesar de que en los últimos meses se ha discutido ampliamente sobre las causas de la crisis y se han propuesto soluciones, un nuevo llamado de varios actores respecto a la crisis financiera de las IPS plantea un difícil escenario que merece la atención inmediata de todo el sector de la salud.
Según la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), la deuda acumulada de las EPS y las entidades territoriales con las IPS supera los 16 billones de pesos a cierre de 2023, poniendo en peligro la sostenibilidad y el funcionamiento de 221 hospitales y clínicas en el país. Lo más preocupante es que, si no se corrigen los faltantes históricos y se ajusta el financiamiento según las necesidades reales del sistema, este déficit podría llegar a 26 billones en 2024. Juan Carlos Giraldo, director de ACHC, manifestó que las EPS del régimen contributivo concentran algo más del 50% de la deuda, las EPS del régimen subsidiado alrededor del 23%, mientras que el sector estatal y las aseguradoras del SOAT deben alrededor del 10%.
El impacto de esta deuda no solo se limita a los usuarios y pacientes, sino que también puede afectar a los trabajadores de la salud. En caso de que las IPS vean reducidos sus ingresos y se afecte su sostenibilidad financiera, los trabajadores deberán enfrentar retrasos en el pago de sus salarios. Además, proveedores de insumos médicos y farmacéuticos también se ven afectados, ya que los hospitales y clínicas tienen dificultades para pagar sus deudas, lo que puede llevar a una interrupción en el suministro de medicamentos y otros productos esenciales.
Las EPS han señalado que, si bien la crisis no es nueva, esta se ha agravado en los últimos años. En primer lugar, indican que la Unidad de Pago por Capitación (UPC) es insuficiente para cubrir los costos del Plan de Beneficios en Salud (PBS). Según un informe del portal Sectorial, la UPC debió incrementarse en un 20.5%, considerando la ampliación del PBS, la inflación real, que no fue igual a la inflación proyectada, y un aumento de la siniestralidad que se calcula en un 109.5% para 2023. Además, el mismo estudio señala que los giros de presupuestos máximos no se han realizado puntualmente y que aún hay pagos pendientes del Acuerdo de Punto Final establecido en el gobierno anterior.
A esto se suma el problema de la falta de transparencia y la mala gestión de recursos dentro del sistema de salud, que agravan aún más la situación. Casos de cuentas ocultas como las reportadas por la Supersalud en la Nueva EPS, o la sospecha de uso de fondos en tareas distintas a las definidas en la ley, son ejemplos de prácticas que afectan la eficiencia del sistema y minan la confianza de la población.
De esta manera, la crisis financiera del sector salud no es resultado de una sola decisión, sino que responde a una compleja interacción de factores, incluyendo la acumulación de deudas por parte de las EPS, la falta de pago por entidades gubernamentales, un cálculo inadecuado de la UPC por parte del gobierno, ineficiencias, problemas de corrupción no resueltos y mala gestión. Esto pone en peligro la viabilidad financiera de las IPS, afectando no sólo a los usuarios y pacientes, sino también al talento humano en salud, a los proveedores de servicios y demás actores de la cadena de valor del sistema. Este impacto compromete la capacidad de brindar servicios de calidad y cumplir con los tratamientos, además de abrir la puerta para que se incremente el gasto de bolsillo y el gasto catastrófico, afectando principalmente a las poblaciones más vulnerables y atentando contra los principios de equidad y calidad que deben ser centrales en cualquier sistema de salud.
Ante esta situación, se proponen varias acciones para contribuir a detener la crisis. Es necesario ajustar la UPC a los costos reales, ya que presenta un déficit desde 2022, lo que implica aumentar los recursos destinados al sistema de salud para garantizar su sostenibilidad. Se estima que para 2024 se requerirían casi 100 billones de pesos, pero sólo se presupuestaron alrededor de 90 billones, lo cual es particularmente preocupante ante los últimos resultados de recaudo presentados por el gobierno. También es crucial llegar a acuerdos entre todos los actores para saldar las deudas pendientes y acordar mecanismos de pago realizables que brinden certidumbre para la toma de decisiones. Adicionalmente, el gobierno debe explorar medidas administrativas que permitan el flujo adecuado de los recursos hacia las IPS.
Además, se debe implementar una estrategia que permita mejoras en el sector salud, fortaleciendo los mecanismos de control y auditoría, y promoviendo la transparencia en la administración de los recursos. También es fundamental fomentar la participación de la sociedad civil y los usuarios en la vigilancia y control de los recursos del sistema de salud, asegurando que estos se utilicen de manera eficiente y equitativa.
La figura de las IPS
Al igual que otros actores que componen el sistema de salud colombiano, antes de la crisis actual, las IPS también venían sufriendo los efectos de las presiones fiscales relacionadas con los recursos limitados, el envejecimiento de la población, el incremento de las enfermedades crónicas, los avances técnicos en el sector y el crecimiento de la demanda de servicios médicos en el país. Estas instituciones cumplen un rol esencial, haciendo posible que las EPS garanticen el acceso al plan de beneficios de todos los colombianos. En este sentido, realizan dos funciones: se encargan de la atención primaria en salud y prestan servicios hospitalarios especializados y de alta complejidad. Su naturaleza puede ser pública, privada y mixta.
Problemas de las IPS
Existen investigaciones que abordan los problemas de las IPS desde tres perspectivas. Una de ellas se relaciona con factores externos al funcionamiento propio de estas instituciones. Así, Bernal (2011), citado por Castro Figueroa (2020), menciona cuatro factores principales:
- Un sistema financiero negligente ante las necesidades de liquidez de las IPS.
- El manejo deficiente de los sistemas de información por parte de los entes que vigilan el sector.
- Infraestructura deficiente.
- Un entorno económico que trata al sector salud como cualquier otro de la economía nacional.
Otra perspectiva se enfoca en las causas de carácter normativo. Según Suárez y García (2014), las normas que regulan el funcionamiento y financiamiento de las IPS son complejas. En algunas ocasiones, la falta de claridad lleva a que este tipo de instituciones incurran en sobrecostos por endeudamiento.
Un tercer punto de vista se centra en el tema financiero, según el Observatorio de Cartera de la SNS, las IPS enfrentaban tres tipos de problemas, algunos relacionados con corrupción, manejo inadecuado de recursos e insuficiencia en los sistemas de control y vigilancia (Crispin et al., 2023). Al respecto, en agosto de 2023 el Banco de la República en la Revista Borradores de Economía presentó un análisis sobre la solidez financiera de las IPS a través de una evaluación del desempeño financiero a través del modelo CAMEL, en el cual se tuvieron en cuanta los siguientes indicadores: Capital (C), calidad del activo (A), administración (M), rentabilidad (E), y liquidez (L). Los investigadores hallaron lo siguiente (Crispin et al., 2023):
- Las IPS privadas tienen un mejor desempeño en rentabilidad.
- Las IPS públicas tienen la mejor calificación en la calidad del activo.
- En los indicadores asociados a la administración (gerencia), capital y liquidez los resultados tanto para las IPS públicas como privadas es similar.
En marzo de este año, la Superintendencia de Salud, a solicitud de la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes, envió un informe sobre la situación financiera del sistema de salud colombiano, con un enfoque especial en las Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS). El informe abordó el estado actual de la deuda del sistema de salud colombiano, las causas y factores que han contribuido a la acumulación de la deuda, y el impacto de esta deuda en la prestación de servicios de salud a la población colombiana.
Respecto a las cifras proporcionadas por el informe, se puede decir lo siguiente:
- Las cifras de cuentas por pagar totales a IPS varían considerablemente entre las diferentes EPS que la Superintendencia reporta en el informe. De esta manera, las EPS con las mayores cuentas por pagar son:
- Famisanar: 2.144.062.597
- Nueva EPS: 1.779.421.694
- Emssanar S.A.S.: 1.469.885.629
- Las cifras también presentan algunas diferencias importantes dependiendo de la naturaleza de las EPS, así:
- Las mayores cuentas por pagar a instituciones públicas las tiene la Nueva EPS con 365.158.851.
- Las mayores cuentas por pagar a instituciones privadas las tiene SANITAS con 1.321.042.937.
- Las mayores cuentas por pagar a instituciones mixtas las tiene FAMISANAR con 2.084.995.
- Si se observa por EPS, el resultado es el siguiente:
- Las mayores cuentas por pagar en la EPS SURA son a proveedores de servicios y tecnología en salud (18.856.416) y a instituciones públicas (16.993.038).
- En el caso de Salud Total las mayores cuentas por pagar se concentran en las instituciones públicas (21.574.901) y privadas (372.183.309).
- Las mayores cuentas por pagar en Sanitas son a instituciones privadas (1.321.042.937) y a proveedores de servicios y tecnología en salud (416.981.280).
- Para el caso de Famisanar, las mayores cuentas por pagar son a instituciones privadas (1.749.814.890) y a instituciones públicas (330.997.249).
El informe de la Superintendencia de Salud revela una situación de deuda significativa entre las EPS y las IPS en Colombia, con variaciones notables según el tipo de institución y la naturaleza de los proveedores. Esta deuda acumulada afecta la capacidad de las IPS para ofrecer servicios de salud de manera eficiente y oportuna, lo que repercute en la calidad y el acceso a la atención médica para la población colombiana en general.
Asimismo, las IPS, especialmente las privadas y mixtas, podrían reducir su oferta de servicios o simplemente podrían restringir la cobertura de ciertos tratamientos, medicamentos o procedimientos costosos, como, por ejemplo, ya se ha observado en la entrega de ciertos medicamentos.
Por todo lo anterior, urge que el gobierno asuma su responsabilidad ante la situación crítica que se está viviendo en el sector y que, de manera inmediata, convoque a todos los actores para resolver las problemáticas descritas, para evitar que se produzcan situaciones de negación de servicios o de cierre masivo IPS tanto públicas como privadas, debidas a la desfinanciación de clínicas y hospitales. Es el momento para que los gremios de profesionales de la salud participen más directamente y aporten a las soluciones que el sistema requiere, teniendo en cuenta que son otro eslabón de la cadena, que será perjudicado si las tendencias actuales continúan su curso.
por INNOS | Jun 18, 2024 | Noticias
El reciente webinar “Reactivación económica, política pública en salud y propiedad intelectual en Colombia” reunió a destacados expertos internacionales para discutir el papel crucial de la propiedad intelectual en la innovación y desarrollo del sector salud en Colombia. Entre los participantes estuvieron Emily Michiko Morris, Stephen Ezell, Mark Schultz, Juan Carlos Suárez, Carlos Felipe Escobar, quienes ofrecieron una visión profunda sobre las regulaciones y desafíos actuales en el país.
Juan Carlos Suárez abrió el debate destacando los recientes cambios en la normativa del sector salud en Colombia. Resaltó cómo actores tanto públicos como privados están promoviendo la innovación en salud. El Dr. Carlos Felipe Escobar, Director de INNOS, ofreció una visión amplia de la situación actual en Colombia, destacando que el país tiene ahora un gobierno de izquierda, liderado por el presidente Gustavo Petro. Este gobernante anunció, durante su campaña electoral, en primer lugar, la necesidad de reformas significativas en áreas como salud, pensiones, trabajo, educación, y ciencia, tecnología e innovación. Además, de una reindustrialización del país, especialmente sobre investigación en ciencia, innovación y tecnología, por medio de una iniciativa denominada “Serenidad Nacional de Salud”, que plantea generar más conocimiento y soluciones para el país, permitiéndole ser más autosuficiente en términos de tecnologías sanitarias y hacer la industria local más capaz para producir los recursos y tecnologías que la salud podría necesitar para salir adelante.
Emily Michiko Morris, investigadora principal en la Universidad de Akron, abordó la implementación de la licencia obligatoria en Colombia. Explicó que esta es una herramienta que permite a los países exigir a los titulares de derechos de propiedad intelectual que otorguen licencias a cambio de una compensación razonable, permitiendo la producción local de tecnologías patentadas. Sin embargo, Morris advirtió que la licencia obligatoria no solo implica la obtención de la patente, sino también la inversión en infraestructura y sistemas de fabricación. Países como Malasia y Brasil han otorgado licencias obligatorias sobre medicamentos patentados, pero luego enfrentaron dificultades para producir estos medicamentos de manera eficiente.
Los desafíos de implementar licencias obligatorias en Colombia fueron otro punto crucial del debate. Morris subrayó la importancia de considerar el uso a largo plazo de estas licencias, especialmente si se convierten en una práctica habitual. Mark Schultz, otro de los panelistas, agregó que la falta de protección de los derechos de propiedad intelectual puede disuadir a las empresas de hacer negocios en el país, lo que resultaría probablemente en una menor disponibilidad de medicamentos y otros productos esenciales.
Por su parte, Stephen Ezell destacó que los países tienen dos opciones en una economía global competitiva: adoptar una estrategia de atracción o una estrategia obligatoria. La estrategia de atracción implica crear un ambiente fuerte y atractivo para los inversores globales, mientras que las licencias obligatorias pueden llevar a que los inversores solo inviertan lo mínimo indispensable, excluyendo al país de mayores oportunidades de inversión. Para lograr un equilibrio entre la propiedad intelectual y el acceso a la innovación en salud, Morris recomendó explorar nuevas tecnologías para desarrollar terapias sanitarias y reducir los costos de desarrollo. Schultz añadió que es fundamental no socavar la inversión en productos farmacéuticos o nuevas licencias tecnológicas. En cambio, se debe construir infraestructura, establecer clínicas y formar a los proveedores de atención sanitaria.
A continuación, se planteó la cuestión de los desafíos que enfrenta un país como Colombia al tratar de implementar este tipo de licencias. Emily respondió que es importante considerar la utilización a largo plazo de una licencia obligatoria, especialmente si se hace de manera habitual. Mark agregó que, si los derechos de propiedad intelectual de las empresas no están protegidos, estas pueden evitar hacer negocios donde saben que pueden perder su dinero, donde pueden perder sus inversiones. En el caso de los productos farmacéuticos, cuando una empresa farmacéutica decide no hacer negocios, los medicamentos no llegan al país. Estos aportes reflejan que el abuso del uso de licencias obligatorias puede desalentar esta inversión extranjera directa y, como resultado, puede perjudicar seriamente a las industrias nacionales.
A esto, Stephen señaló que los países tienen probablemente dos opciones para competir en una economía global altamente competitiva: pueden adoptar una estrategia de atracción o una estrategia obligatoria. La estrategia de atracción implica presentar a los inversores globales un ambiente fuerte y atractivo para invertir en industrias de tecnología avanzada. Por otro lado, las licencias obligatorias esencialmente logran con esta estrategia es que los inversores globales solo inviertan el mínimo indispensable requerido en ese país, haciendo que el país se excluya a sí mismo.
Asimismo, se planteó una nueva pregunta, sobre diferentes recomendaciones para el país que puedan generar un balance entre la Propiedad Intelectual y el acceso a la innovación en salud, a esto Michiko respondió que es necesario explorar nuevas formas, en particular nuevas tecnologías, para desarrollar terapias sanitarias, pero reduciendo los costos de desarrollo de estos productos. Mark añadió que la mejor manera de desarrollar un sistema de atención sanitaria es no socavar la inversión en productos farmacéuticos o nuevas licencias tecnológicas. Por tanto, debemos romper con la tendencia a buscar respuestas fáciles y debemos salir al campo, construir infraestructura, establecer clínicas y formar a los proveedores de atención sanitaria. Por último, Stephen concluyó que, para compartir tecnologías a nivel global, se deben promover las licencias voluntarias, un ejemplo de esto es el proyecto de Mark “Innovar para la Salud que destacan cómo los empresarios y países en desarrollo están trabajando para resolver los problemas de salud global.
Finalmente, en los últimos aportes de la conversación se resaltó la intervención de Emily, en tanto señaló como las personas que no trabajan en el ámbito jurídico y tramitan una patente para obtener derechos de autor no conocen realmente las distinciones entre los tres tipos de derechos de propiedad. Sin embargo, recomendó no estar constantemente a la defensiva, sino tratar de explicar por qué esta industria hace lo que hace, o por qué utiliza su propiedad intelectual de una manera particular, brindando soluciones competitivas. Por otro lado, Stephen presentó otro enfoque, señalando que una cosa es que los responsables políticos se aprovechen de los derechos de propiedad intelectual de una gran corporación sin rostro como las grandes farmacéuticas, y otra muy distinta es que vean las especificaciones de los verdaderos empresarios e innovadores colombianos. A estos últimos es necesario incentivarlos a crear soluciones para el beneficio y la salud a largo plazo.
Consulta el webinar completo en: https://www.youtube.com/watch?v=IAlJcUGnG2c&t=1s
por INNOS | Jun 18, 2024 | Noticias
El pasado 11 de junio, INNOS organizó un webinar titulado “Reactivación económica, política pública en salud y propiedad intelectual”, que contó con la destacada participación de Stephen Ezell, Vicepresidente de Política de Innovación Global en la Fundación de Tecnología de la Información e Innovación (ITIF). Esta fundación, reconocida mundialmente por su papel en la promoción de políticas que contribuyen al crecimiento económico basado en la innovación, presentó ideas cruciales para el futuro de la innovación global.
Ezell, autor del libro “Economía de la innovación: la carrera por la ventaja global”, plantea una preocupante realidad: el mundo no está produciendo tanta innovación como podría. En su presentación, propuso que, además de analizar políticas nacionales, es esencial identificar los marcos económicos que maximicen los resultados de la innovación a nivel global. Inspirado por el economista Joseph Schumpeter, subrayó que la eficiencia productiva es clave, lo que implica políticas económicas que fomenten la productividad y la innovación, alejándose de la estandarización de precios y fortaleciendo asociaciones público-privadas inteligentes.
Los responsables de la formulación de políticas no deben enfocarse exclusivamente en los fallos del mercado, sino también en los fallos sistémicos. Los beneficios de la innovación, señaló, no siempre recaen en los innovadores, sino en otras empresas y en la sociedad en general. Por tanto, es crucial crear créditos fiscales centrados en la investigación y el desarrollo (I+D) para incentivar a las empresas a innovar, mejorando así la calidad de vida en la sociedad.
Sin embargo, Ezell destacó que la innovación no está distribuida de manera uniforme entre las naciones. Es necesario aplicar políticas de crecimiento económico basadas en la localización y ayudar a las empresas, especialmente a las pequeñas, a adaptar tecnologías probadas. También es fundamental definir el papel adecuado del gobierno en el apoyo a la innovación.
De ahí la importancia del llamado “Triángulo de la Innovación”, basado en tres pilares: el entorno empresarial, el entorno regulatorio y el entorno de políticas de Innovación y Tecnología. El primer pilar se enfoca en la destrucción creativa, la disposición para asumir riesgos y la capacidad de mantener habilidades de gestión y emprendimiento. El segundo pilar se refiere a la transparencia y los derechos de propiedad intelectual, promoviendo una competencia saludable y regulaciones antimonopolio. El tercer pilar se centra en las condiciones que respaldan las inversiones en investigación y la comercialización de una amplia gama de tecnologías. Según Ezell, mientras Europa tiene un sólido entorno de políticas de innovación, Estados Unidos destaca en su entorno empresarial, aunque ambos necesitan mejorar su pilar regulatorio.
Ezell también introdujo el concepto de las 8 “i” de la innovación: inspiración, intención, insights, incentivos, instituciones, inversión, implementación tecnológica y propiedad intelectual. Hizo especial énfasis en los derechos de propiedad intelectual, destacando que estos derechos proporcionan a los innovadores la confianza necesaria para llevar a cabo procesos costosos y riesgosos, como la creación de nuevos medicamentos.
Los derechos de propiedad intelectual han demostrado ser un factor clave en el aumento de las exportaciones nacionales, la I+D interna y la inversión extranjera directa (IED). Esto ha permitido que las multinacionales introduzcan sus tecnologías avanzadas en los países en desarrollo, aumentando en más del 90% la productividad en estos países. Además, existe evidencia sólida de que el fortalecimiento de los derechos de patentes está asociado con un aumento en las importaciones farmacéuticas y las interacciones entre medicamentos en los países en desarrollo.
Finalmente, para avanzar en las recomendaciones hacia una política de innovación: es necesario el desarrollo de una estrategia de innovación y productividad, el uso de las universidades como catalizadores de la innovación, otorgar a las universidades derechos sobre la propiedad intelectual de las actividades de I+D financiadas públicamente, promover licencias empresariales para estudiantes y profesores, instaurar créditos fiscales para la I+D colaborativa entre universidades e industria, diseñar incentivos fiscales para motivar la inversión empresarial en I+D universitaria, mejorar la formación laboral y el uso de equipos avanzados, y aprovechar las capacidades del país para la innovación biomédica. Asimismo, enfatizó la importancia de identificar oportunidades para generar valor en el desarrollo de medicamentos, garantizar un sistema eficiente de aprobación regulatoria de medicamentos, ser innovadores en ciencias biológicas dentro del G20 y asegurar derechos sólidos de propiedad intelectual.
La presentación de Ezell resalta la importancia de una política de innovación integral y efectiva, que no solo impulse el crecimiento económico, sino que también mejore la calidad de vida y promueva un desarrollo equitativo a nivel global. La innovación, como eje central del progreso, requiere un enfoque coordinado y estratégico que involucre a todos los actores de la sociedad.
Consulta el webinar completo en: https://www.youtube.com/watch?v=IAlJcUGnG2c&t=1s
por INNOS | Jun 15, 2024 | Proyecto
Texto: Conoce sobre la implementación de las buenas prácticas regulatorias de productos farmacéuticos recomendadas por la OMS en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y Perú.
Desde: 2022
Hasta: 2026
Enlace: https://www.observatoriobpr.com/
